“Aquí no hay ningún rico que tenga más que el ALBA. Ninguno.
Ni sumados todos los bancos juntos llegás a tener la capacidad
económica que significa la importación de petróleo.
¿Cómo se maneja? ¿Quién la maneja? ¿Dónde se invierte?
¿Cómo se va a pagar? Ese el verdadero misterio que hay que resolver,
por razones de interés nacional,
porque algún día se va a tener que pagar eso”
Dionisio (Nicho) Marenco.
Una vez en el poder y
empezando a manejar un enorme y cada vez más creciente flujo de efectivo
constante y sonante, la privatización del convenio no se hizo esperar y los
inmensos beneficios empezaron a fluir en las arcas de la familia, quienes quizás
influenciados por las viejas enseñanzas de los dinosaurios del PRI mexicano,
vieron de inmediato la oportunidad de oro que se presentaba y dieron inicio a
la veloz carrera por tratar de consolidar el modelo clásico de unir al Poder con
el Dinero y construir un proyecto político hegemónico de largo plazo. Del
desorden administrativo inicial, se pasó a la construcción de una gran corporación,
el Grupo de Empresas del ALBA, una suerte de Holding empresarial millonario que
abarca y abarcará todos o casi todos los giros de negocios que se les ocurra, dirigido
directamente por los principales miembros de la familia gobernante, en la que juegan
un rol importante muchos altos mandos militares pasados a retiro.
El esquema es
sencillo: primero, a través del abuso del poder, garantizar la hegemonía política,
con el agregado de que los errores del pasado han sido aprendidos. Segundo, con
el dinero de la cooperación venezolana, consolidar el grupo empresarial más
grande y poderoso del país, que facilite acceder a la hegemonía económica. El
proyecto político, por razones que solamente la familia conoce, pero muchos
intuyen, lo encabeza la primera dama, quien construye una plataforma de dominio
del estado, del gobierno y de las alcaldías municipales, estas últimas serán agregadas
el próximo 4 de Noviembre en no menos de 135 de las 153 municipalidades en
juego. Control total y absoluto en todas las instancias del poder político
nacional y territorial, basando su fuerza en una juventud sin memoria histórica,
fácilmente moldeable y sin espíritu crítico que cuestione las orientaciones de
la “compañera Rosario”.
No caben en este
proyecto las viejas generaciones de sandinistas, combatientes de la lucha
contra la dictadura somocista y de la guerra de los años 80’s. La vieja guardia
que estuvo en ambas gestas heroicas no tiene cabida, pues compiten con amplia
ventaja frente a una juventud sin historia ni trayectoria y en el viejo Frente Sandinista
la preferencia la tienen los que combatieron. En este nuevo experimento
familiar-político-ideológico, la preferencia la tienen los nacidos durante los años
80s, que no por casualidad serán aproximadamente el 65 % de los votantes en el
2016. Bajo esta perspectiva y cálculos, las expresiones, tímidas por ahora, de
impulsar la candidatura de doña Rosario a la presidencia, se verán a partir del
2013 con mayor fuerza, en detrimento del “otro grupo” de sandinistas que, abierta
o solapadamente, la adversan.
El proyecto económico
es más sencillo aun. Se basa en la consolidación de un monopolio en una
industria estratégica para la economía nicaragüense, que prácticamente nos convertiría
en rehenes de los propietarios del mismo. Petróleo y Energía, son las fuentes
de poder que hacen de la familia Ortega – Murillo, por amplio margen, la más
rica y poderosa de Nicaragua y una de las primeras en Centroamérica. El inmenso
cuerno de la abundancia viene de la mano del monopolio de la importación del petróleo
venezolano, 12 millones de barriles anuales, que a 100 dólares promedio el
barril dejan en los bolsillos Cristianos, Socialistas y Solidarios la bicoca de
600 millones de dólares al año, los restantes 600 hay que pagarlos. A medida en
que baja el precio del petróleo, bajan las ganancias de la familia y para
compensar las pérdidas disponen del 30 % de la capacidad de distribución de combustibles,
cuyos precios al consumidor no bajan al ritmo de la baja del barril de crudo. Según
especialistas en el tema, la facturación mensual del Grupo por la distribución de
combustible es de aproximadamente 21 millones de dólares.
Aparte del monopolio
de la importación de petróleo y la enorme cuota de mercado en la distribución,
tienen el monopolio del almacenamiento del crudo que viene de Venezuela, lo que
les permite tener en sus manos dos de tres elementos claves de esta industria;
el tercero, el del procesamiento no lo necesitan por ahora, ya que la refinería
existente garantiza el trabajo de convertir el petróleo en combustible. Pero además,
otro además más, al día de hoy disponen de una capacidad instalada de 600 MW de
generación de energía eléctrica, lo que los convierten en el mayor generador
del país, pudiendo abastecer, solo ellos, casi por completo la demanda nacional.
Plantas que fueron donadas por Taiwán y Venezuela y que deberían de estar
beneficiando al pueblo nicaragüense, no enriqueciendo a la familia. Plantas
cuyo pago millonario por “inversión” cuesta a los usuarios del servicio eléctrico
y que es abonado mes a mes en la factura de energía, siendo materialmente
imposible que el costo de la energía baje, al menos en los próximos quince años,
plazo estipulado para cancelar la “inversión” realizada por la instalación de
las plantas.
Vistas así las cosas,
el proyecto pretende volver imprescindibles en la vida económica y política del
país a la familia Ortega – Murillo, ya sea por el monopolio que manejan, por
las deudas que ilegalmente el estado ha contraído con el Grupo, por el inmenso poder
político que tendrán a lo largo y ancho de toda la geografía nacional o sencillamente
porque nada se moverá en Nicaragua sino están ellos de por medio. Un proyecto hegemónico
y perverso, cuyo sueño o quizás desvelo, es convertir a Nicaragua entera en el
patrimonio exclusivo de la familia.