A
raíz de la derrota electoral del FSLN a manos de la UNO en 1990, se implementó
por parte del partido derrotado una estrategia para la recuperación del poder,
la cual tenía dos concepciones: La primera de ellas propugnaba por fortalecer
un Sandinismo de las Mayorías, lo cual significaba volver a las raíces del
sandinismo histórico, recuperar la mística perdida y la confianza popular, que
había quedado seriamente dañada por los 10 años de guerra anteriores. La
segunda concepción implicaba la oposición a ultranza al nuevo gobierno, la toma
de las calles y hacer efectiva la amenaza de “Gobernar desde Abajo” dicha por
Daniel Ortega, pero también implicaba la recuperación de los espacios sin
importar el cómo. Las circunstancias históricas quisieron que se haya impuesto
la segunda alternativa, lo cual significó en la práctica la génesis del actual
orteguismo, que consecuente con la tesis de la recuperación de espacios, dio
inicio a un proceso de infiltración, cooptación, chantaje, amenazas y pactos
para copar las instituciones del estado y revertir la mayoría en todos ellos,
relegando a los gobiernos liberales a ser socios de segunda categoría. Al día
de hoy y gracias a esta estrategia, Daniel Ortega controla TODAS las
instituciones del Estado y del Gobierno, teniendo el y su esposa el mando
absoluto del país, lo que le permite gobernar prácticamente sin oposición, gracias
a una mayoría espuria en la Asamblea Nacional y debido al fraude electoral del
2012, controlar casi todos los municipios del país.
LA
COOPTACION DEL CSE Y LA SÓRDIDA HISTORIA DE RRR
Fueron
dos instituciones las claves para el retorno al poder de Ortega y antes que eso,
la recuperación del control de ellas durante los gobiernos liberales de Arnoldo
Alemán y Enrique Bolaños: El Poder Judicial y el Poder Electoral. Con el Poder
Electoral, el mecanismo utilizado fue la cooptación de los magistrados
liberales y el reclutamiento de Roberto Rivas Reyes, actual Magistrado
Presidente del CSE. Conocedores de la madeja de corrupción creada por el
Hacedor de Milagros desde COPROSA, una ONG de la Conferencia Episcopal de
aquella época, en la que el Cardenal Miguel Obando era su presidente y que
defraudaba al fisco de diversas formas, conquistar al Cardenal y subordinar a
Rivas era pan comido, toda vez que este, a través de la mencionada ONG,
iniciaba una carrera de enriquecimiento ilícito, con la impunidad que le
proporcionaba ser el protegido del Cardenal.
De
acuerdo a informaciones de aquella época, Ortega logró a través de un
confidente fortuito, el acceso a toda la documentación que demostraba la
corrupción de Rivas Reyes al frente de COPROSA. Lo demás es historia, con el
control del Poder Judicial que Ortega ejercía, le garantizaba la cárcel o la
libertad a Rivas, siempre y cuando ambos se pasaran a las filas orteguistas.
Optaron por la segunda alternativa y Rivas Reyes era nombrado Magistrado
Presidente del CSE, en tanto que el Cardenal Obando y Bravo asumía una
revitalizada Comisión Nacional de Verificación, Paz y Justicia, se nombraban
avenidas en su nombre y era objeto de múltiples halagos. La vanidad, el pecado
favorito del demonio (en la película “El abogado del diablo”) completaba el
trabajo de Ortega y sus operadores de inteligencia. Los resultados de esta
maniobra fueron los fraudes electorales de las elecciones del 2006 (al día de
hoy no aparece del 8.5 % de los resultados de ese sufragio electoral); de las
elecciones municipales del 2008; de las elecciones nacionales del 2011; de las
elecciones municipales del 2012 y de las tres elecciones regionales en la Costa
Caribe Norte y Sur.
LAS
ELECCIONES DEL 2011 Y LA OBSERVACIÓN INTERNACIONAL
Las
elecciones nacionales del 2011 fue el punto culminante del abuso gubernamental
para lograr, a troche y moche, la reelección presidencial. Era una urgencia de
Hugo Chávez Frías para poder tener la seguridad de que el proyecto del
Socialismo del Siglo XXI y la plata que lo acompañaba, vería sus frutos en
Nicaragua. No podía pasar lo de Honduras, donde no cuajó el mentado proyecto
debido al golpe de estado incruento que dieron las Fuerzas Armadas al
presidente Mel Zelaya. Violando flagrantemente la Constitución Política, que establecía
un doble candado a las pretensiones de Ortega, el Poder Judicial declaró, en la
práctica, inconstitucional a la Constitución Política y cedió a sus ambiciones
reeleccionistas. Urgencia y necesidad para poder garantizar la continuidad del
enorme flujo de dólares que llegaban desde Venezuela. Al igual que ahora,
urgencia y necesidad de ganar las elecciones en noviembre de este año para
legitimar el inmenso capital acumulado.
Los
informes de las Misiones de Observación Electoral de la Organización de Estados
Americanos, OEA y de la Unión Europea, UE, que se hicieron presentes en
noviembre del 2011, una en calidad de observadora y otra como acompañante, fueron
contundentes y exageradamente explícitos. Ambos señalaban de manera directa a
los magistrados del CSE como copartícipes de todas las “irregularidades” que se
dieron durante el proceso electoral y que al final concluyó en un fraude,
anunciado por muchos desde antes.
De
hecho, la Misión de la Unión Europea señaló en su informe sobre estas
elecciones, que el progresivo abandono del pluralismo en la selección de los
magistrados los vinculaba de manera cada vez más palpable al oficialismo. “Este carácter monocolor se ha repetido en
los escalones inferiores de la administración electoral… en los que los
representantes de la oposición han sido sistemáticamente excluidos y
postergados”. La misma misión recomendaba a la Asamblea Nacional “la introducción en la ley electoral,
preferiblemente de manera consensuada entre la mayoría legislativa y la
oposición, de requisitos de elegibilidad y mecanismos de selección que
promuevan y garanticen la elección de magistrados del CSE de acreditado prestigio profesional y perfil
independiente y neutral”. Señalaban en ese entonces, sin ambigüedades,
la escasa transparencia y neutralidad del CSE en la administración del proceso
electoral, su escasa independencia respecto al oficialismo y la generación de
condiciones de competición desfavorables para la oposición.
Dante
Caputo, ex canciller argentino y Jefe de la Misión de Observadores de la OEA,
hizo célebre aquello del radar tapado, cuando expresó que en su labor habían “navegado sin rumbo y no porque se nos haya
roto el radar, sino porque nos lo han tapado”. Manifestaba entonces que en
el 20 % de las JRV que pensaban visitar no se les permitió la entrada a las
mismas, lo cual distorsionaba toda la observación electoral. Sin embargo, José
Miguel Insulza, entonces Secretario General de la OEA, felicitaba a Daniel Ortega y
expresaba que el proceso electoral “era
un avance hacia la democracia y la paz en Nicaragua”. Eran los días en que
una llamada de Caracas resolvía cualquier entuerto electoral. Eran los días en
que Chávez dominaba la OEA, su
Ministerio de Colonias del Socialismo del Siglo XXI.
LA
COLUSION DEL CSE EN LAS TRAMPAS ELECTORALES
De
hecho, y demostrado desde el 2006, el CSE se ha coludido con el partido
orteguista para fraguar los fraudes que desde ese año se han venido dando en
nuestro país. Han sido numerosas y documentadas las trampas que el Consejo de
Roberto Rivas acostumbra tender a la ciudadanía que no comulga con el partido
de gobierno, para entorpecer y amañar el ejercicio de su derecho constitucional
a tener elecciones libres, transparentes y competitivas. Veamos entonces algunas de las
trampas de Robertito José.
CEDULACION:
El proceso de cedulación es dirigido por el partido de gobierno a nivel
municipal en cada uno de los municipios del país. Son los Secretarios Políticos
Departamentales y Municipales los que dirigen personalmente esta actividad. De
acuerdo a los resultados del Proceso de Caracterización que se
llevó a cabo en todo el país a comienzos de este año, en esa medida se
extenderán las cédulas a los ciudadanos que no las tengan y la soliciten,
siempre y cuando sean partidarios del FSLN o bien opositores suaves que puedan
cooptarse.
PADRÓN
ELECTORAL: El CSE elabora dos tipos de padrones, el Padrón Activo y el Padrón
Pasivo. El pasivo contiene la información (supuestamente) de los ciudadanos
fallecidos o que no han votado en dos elecciones y serían eliminados, sin
embargo el Padrón Activo es el que contiene la información más veraz y
actualizada de los votantes y esa es la que maneja permanentemente el partido
de gobierno y a la que no tienen acceso los partidos de oposición sino hasta
que el orteguismo lo autoriza.
CONCEJOS ELECTORALES DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES: El
CSE violenta la normativa para la constitución de los Consejos Electorales
Departamentales establecida en la Ley Electoral (Capitulo III). Para las elecciones del 2011, en los Concejos
Electorales Departamentales que estaban presididos por el partido que ocupó el
segundo lugar en las pasadas elecciones, el CSE creo la figura del
Administrador del CED, quitándole todas las atribuciones al Presidente y
dándoselas a este “Administrador”, en una violación flagrante a la Ley
Electoral. En la mayoría de los casos, ni oficina les dieron a estos
Presidentes Departamentales eliminándoles toda autoridad ante los miembros del
Concejo.
VERIFICACIÓN Y CONFORMACIÓN DEL PADRÓN ELECTORAL
FINAL POR JRV: El Proceso de Verificación consiste en
que la ciudadanía se presenta al Centro de Votaciones donde normalmente ha
votado en las elecciones pasadas y verifica que aparece en el Padrón Electoral y
comprueba la JRV a la que pertenece. El CSE permite un proceso de verificación
paralelo que realiza el partido de gobierno en casas particulares de militantes
de confianza y cercanas a los CV, normalmente estos son miembros de los
Concejos del Poder Ciudadano (CPC) o miembros de los Consejos de Liderazgo
Sandinistas (CLS), proporcionándoles el Padrón Activo actualizado y el Padrón
Fotográfico. Durante este proceso se llenan los datos de las boletas que luego
se introducirán en las urnas de votaciones, las famosas Urnas Preñadas, lo que
garantiza que aunque no vayan a votar sus militantes, siempre aparecerán las
boletas ya marcadas de previo. Por eso se encuentran JRV con más de 400
votantes, que es el máximo que permite la Ley Electoral.
CONFORMACIÓN DE LAS JUNTAS RECEPTORAS DE VOTOS (JRV):
Las JRV son conformadas de manera excesivamente
inclinadas a favorecer al partido de gobierno. La pretensión es dejar en franca
minoría a los miembros de los partidos de oposición frente a los restantes
miembros de la JRV. Normalmente conforman la Junta con miembros de partidos
afines al FSLN, irrespetando el principio de equidad y participación plural que
establece la Ley Electoral, esto con el fin de tener mayoría y poder hacer
cualquier fechoría el día de las elecciones. Además de los fiscales de los
partidos topos o quinta columnas que se prestan a entregar el tendido electoral
por cargos en el gobierno o por dinero, han aumentado la “seguridad” de cada
JRV, con la inclusión de hasta tres policías electorales, quienes pueden echar
de la Junta a cualquier fiscal de los partidos de oposición o simplemente
intimidarlos para que eviten protestar cuando están ocurriendo situaciones
anómalas. También facilitan el proceso de cooptación o compra de fiscales
dentro de la JRV.
ACREDITACIÓN DE FISCALES: La
acreditación de fiscales es una función que el CSE se apropió con el fin de
poder incidir negativamente en el proceso de fiscalización de los partidos
políticos. Lo que hacen es detener la entrega de credenciales, cambiar fotos o
nombres en las mismas para evitar que dichos fiscales sean debidamente
acreditados en la JRV. En el 2011 cambiaron el 30 % de los documentos de
acreditación, más de 9 mil fiscales, lo que creo un desconcierto mayúsculo en
las filas de la oposición, al no poder tener presencia de fiscales en una gran
cantidad de Juntas.
OBSERVACIÓN ELECTORAL: El
CSE ha declarado a conveniencia que no existe Observación Electoral, solamente
Acompañamiento, con el objetivo de limitar el debido control que puedan ejercer
los observadores nacionales e internacionales en el proceso. Esto se suma al
hecho de que la observación no está presente en TODO el proceso, ya que la
mayoría de los observadores se concentran en el Día “D”, el propio día del
sufragio electoral, dejando el resto de etapas a discrecionalidad del CSE. No
hay incidencia de la observación electoral en las restantes etapas, que son
claves en la construcción de los sucesivos fraudes electorales que han
caracterizado a los procesos electorales a partir del 2007.
VOTACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL EJÉRCITO Y LA POLICÍA: Los
miembros del Ejército y la Policía han servido para inclinar la balanza a favor
del partido de gobierno en lugares donde la población opositora es mayoritaria.
Normalmente el CSE y el FSLN conocen los lugares donde están en minoría,
producto del proceso de caracterización que previamente se realizó, por lo que
destacan hacia esos lugares fuertes contingentes militares sin razón alguna, lo
que les permite obtener resultados favorables en las JRV seleccionadas de
previo.
APERTURA Y CIERRE DE LAS JRV: En
la apertura de las JRV es donde se aplica la trampa de las “Urnas Preñadas”, la
cual consiste en introducir boletas marcadas previamente a favor del partido de
gobierno. Otra de las trampas es abrir las Juntas sin la presencia de fiscales
de la oposición, lo que permite anomalías tales como tener urnas que no fueron
verificadas de previo y luego aparezcan con más de 400 boletas, cuando la Ley
Electoral establece que el número de votantes por cada JRV es de 400
ciudadanos. En el proceso de cierre ocurren grandes anomalías, ya que no
entregan las copias de las actas de escrutinio a los partidos opositores,
cambian cifras de los votos de cada partido, favoreciendo a los del partido de
gobierno, expulsan a los fiscales opositores para poder actuar impunemente,
impugnan de manera ilegal los resultados donde el oficialismo no ha salido
favorecido y también expulsan o no permiten el acceso a los observadores a esta
crucial etapa del sufragio.
TRASLADO DE DATOS DE LA JRV - CEM – CED: El
traslado de los resultados de cada JRV al Consejo Electoral Municipal y de aquí
al Consejo Electoral Departamental permite realizar los cambios en las actas,
toda vez que se limita el acceso a los fiscales y miembros de los mencionados
Consejos. Aquí se da lugar a las Impugnaciones ilegales, a los cambios en las
cifras para lo cual se coluden los partidos topos y quinta columna, la pérdida
de actas o simplemente la agresión física por parte de los grupos de choque del
partido de gobierno a simpatizantes opositores en las afueras de los CEM y CED
para posibilitar el fraude.
DIGITALIZACION DE DATOS EN EL CENTRO NACIONAL DE
CÓMPUTO: En esta fase es donde han ocurrido los
mayores robos de votos por parte del FSLN. Mediante diversas estratagemas
cambian los resultados de las actas que se están digitalizando. En algunas
ocasiones cooptan al fiscal, en otras los seducen con mujeres preparadas para
tal fin, en otras les dan alimentos contaminados para sacarlos de escena. La
idea es cambiar los datos procedentes de las actas que provienen de los
municipios y departamentos y que al final van a sumar la cantidad de votos
obtenidos por cada partido político. Dado que el Presidente del CSE ha decidido
por sí y ante si no dar los resultados junta por junta, los votantes deben y
tienen que creer, cual si fuera un Dogma de Fe, en los números y la palabra de
Robertito José. No hay forma de comparar con cifras oficiales, los números del
CSE y los números de los partidos políticos, estos últimos de acuerdo a las
actas que cada uno posee.
FINANCIAMIENTO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL: El
CSE y el gobierno presionan a los bancos para que no financien la campaña
electoral a los partidos y alianzas políticas opositoras. Igualmente “motivan”
con la DGI y la DGA a los empresarios privados para que eviten “meterse” en política
y apoyen económicamente a los partidos y alianzas contrarias al gobierno. Lo
anterior deja a los partidos en total vulnerabilidad a las presiones del CSE de
no certificar los resultados de votos obtenidos, en caso de que algún banco
haya sido “autorizado” a financiarlos, a cambio del reconocimiento de la
victoria del partido de gobierno, así hayan sido resultados fraudulentos.
Certificación a cambio de reconocimiento, un chantaje vulgar, en la que está de
por medio la cantidad de votos necesarios para pagar las deudas contraídas.
PROCLAMACIÓN DE VENCEDORES: La
proclamación de vencedores siempre ha estado precedida de tristes negociaciones
entre el partido de gobierno y la oposición. El CSE presiona a los partidos
políticos y a sus delegados a reconocer los resultados fraudulentos a cambio de
diputaciones o certificaciones del número de votos obtenidos para poder
entregar los reembolsos de la campaña y proceder a hacer los pagos a los bancos
que prestaron dinero para la misma. Nadie o casi nadie de las misiones de
observación electoral están presente, ya que se han ido apresurados a sus
países de origen, dejando este relajo al libre arbitrio del CSE y del gobierno.
Los pocos observadores que se quedan son para certificar la “pulcritud” del
proceso y la “legitimidad” de los vencedores, siendo estos por lo general los
enviados de UNASUR, los enviados por los “compañeros” venezolanos y los
“acuciosos” observadores electorales del CNU que dirige el ponderado, imparcial
e infalible Rector Magnífico don Telemaco Talavera.
Esta
es una síntesis de las “acciones” que facilita el CSE que dirige Robertito
José, en abierta colusión fraudulenta y delictiva con el partido de gobierno,
un verdadero rosario de fechorías que lacera la voluntad popular de votar por sus gobernantes, mediante el sufragio libre y secreto. Seguro que existen muchísimas
más, de la que pueden dar fe todos aquellos fiscales, que cada vez que hay
procesos electorales, confían en sus partidos políticos, en sus dirigentes y
defienden el voto a capa y espada en cada Junta Receptora de Votos.