EDITORIAL:
JUAN ORLANDO HERNANDEZ: DE CASA PRESIDENCIAL A LA CARCEL
Por:
Ing. Roberto Samcam Ruiz. Mayor en Retiro
Casi
de manera literal, la caída del expresidente Juan Orlando Hernández, JOH,
como acostumbraban a llamarlo, ha sido dramática, prácticamente salió de Casa
Presidencial hacia una celda en prisión preventiva. Bastaron apenas veinte
días, luego de la toma de posesión de su sucesora Xiomara Castro, para que se
llevara a cabo la orden de detención del expresidente Hernández, a solicitud
expresa del Gobierno de los Estados Unidos de América, por presuntos delitos vinculados
al narcotráfico. Las fotos del otrora hombre fuerte de Honduras, saliendo de su
residencia con grilletes en muñecas y tobillos, es el reflejo de quien ha caído
a menos en las cúpulas del poder en ese país, y como se dice popularmente, “a
Rey muerto, Rey puesto”, solo que en este caso sería Reina puesta.
De
acuerdo con la solicitud de extradición, la principal acusación hecha a
Hernández es de conspiración para el tráfico de 500 toneladas de cocaína hacia
Estados Unidos en un periodo de aproximadamente 20 años, siendo señalado en
varios juicios en los que, narcotraficantes en poder de las autoridades
norteamericanas, declararon haber sobornado al ahora expresidente, a fin de
poder gozar de su poder e influencias para la producción, trasiego y traslado de
drogas hacia el norte. Una de las bases de la acusación, parte de declaraciones
de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo Guzmán”, en ese entonces Jefe del Cartel de
Sinaloa, quien aseguró en una corte federal estadounidense, de haberle
entregado millonarios sobornos a través de su hermano, el entonces diputado Antonio
“Tony” Hernández, sentenciado a cadena perpetua por una corte federal
norteamericana. Así mismo, el narcotraficante hondureño, Giovanni Fuentes Ramírez,
procesado y condenado en Estados Unidos, declaró haber entregado grandes sumas
de dinero en sobornos, tanto a Juan Orlando como a su hermano Antonio “Tony” Hernández,
para facilitar las operaciones de los grupos narcotraficantes en ese país.
El
caso de Honduras es el reflejo de un país, en el que sus principales
autoridades habrían sido cooptadas por el narcotráfico internacional desde hace
muchos años atras. La corrupción y los sobornos de los capos de los carteles
nacionales e internacionales, prácticamente lo convirtieron en un narco estado,
donde los niveles más altos del poder, llámese Congreso Nacional, Policía,
Ejercito o Casa Presidencial, respondían a los intereses del Crimen Organizado.
Basta leer el libro escrito por la periodista mexicana Anabel Hernández, “El
Traidor”, para confirmar lo dicho anteriormente. Vicente Zambada Niebla,
“Vicentillo”, hijo de Ismael “El Mayo” Zambada, considerado el verdadero Jefe
del Cartel de Sinaloa, narra en el libro en mención, los sobornos hechos a
prominentes figuras políticas hondureñas, tales como el expresidente José
Manuel “Mel” Zelaya Rosales, presidente del partido LIBRE, en el poder, y
actual asesor de la presidenta Xiomara Castro. De acuerdo con “Vicentillo”, el
narcotraficante Héctor Emilio Fernández Rosa, pagando condena en Estados Unidos,
le entregó a Zelaya 2 millones de dólares. Así mismo se lee (pág. 175) del
financiamiento hecho a la campaña política del diputado Roberto Micheletti,
quien asumió la presidencia en el 2009. En otras publicaciones, se señala al
expresidente Porfirio Lobo Sosa como vinculado al desaparecido Cartel hondureño
“Los Cachiros”, de quien habría recibido cuantiosos sobornos para poder operar
con tranquilidad. Un hijo de Lobo Sosa, de nombre Fabio Lobo, fue sentenciado a
24 años de prisión por delitos de narcotráfico en una corte federal
norteamericana. La familia de Porfirio Lobo, incluido él mismo, están impedidos
de entrar a Estados Unidos, y el expresidente está incluido en la “Lista Engels”,
Ley de Compromiso Reforzado entre los Estados Unidos y el Triángulo del Norte,
cuyo objetivo es sancionar a los actores involucrados en actos de corrupción y
ataques a la democracia en la región centroamericana.
REPERCUSIONES DE LA CAPTURA DE JUAN ORLANDO HERNANDEZ PARA ORTEGA
Desde
la Redacción.
Cuando
todos creían que el expresidente hondureño y ahora reo en custodia, Juan
Orlando Hernández, pasaría a engrosar la lista de políticos centroamericanos
“exiliados” en Nicaragua, incluso más de algún despistado aseguró verlo
entrando a la residencia de Ortega en El Carmen, repentinamente es mostrado por
la televisión, saliendo de su residencia acompañado de un aparatoso despliegue
policial, ya no para protegerlo por su anterior investidura, sino todo lo
contrario, para conducirlo esposado de
pies y manos hacia la sede de las Fuerzas Especiales de la Policía, el
“Batallón Cobra”, al mando directo del Ministro de Seguridad, el Ex General
Ramon Sabillón, quien dirigió el operativo de su captura y a la postre quien
denunció en el 2016 los vínculos entre su hermano, Antonio “Tony” Hernández y
el narcotráfico.
La
captura y eventual extradición de JOH tiene en vilo a muchos políticos,
empresarios, oficiales de la policía y el ejército en varios países de
Centroamérica, pero más en concreto en la Nicaragua de Daniel Ortega, la del “Muro
de Contención”. Los vínculos de Ortega
con JOH son diversos, basta recordar que desde el 2020, Francisco “Chico” López,
tesorero de la mafia en el poder en Nicaragua y sancionado por la Ley
Magnistky, inició el proceso de traslado de muchas empresas vinculadas a
ALBANISA a tierras catrachas, como un mecanismo de evasión de las sanciones
norteamericanas y europeas al conglomerado creado a expensas de la Cooperación
Petrolera Venezolana. En Honduras se asoció con familiares de Juan Orlando
Hernández, entre los que sobresale uno de sus hermanos, José Amílcar Hernández
Flores, y un protegido del expresidente, de nombre Gerardo Arcángel Meraz
Puerto, con quienes ha creado una gran cantidad de empresas en distintos
rubros.
El
otro vinculo es el del narcotráfico, en el que ambos países parecieran ser una
subsidiaria del venezolano “Cartel de los Soles”, desde donde se envían los
mayores cargamentos de droga producida en Colombia hacia los Estados Unidos,
cuyo paso por Centroamérica es casi obligatorio, toda vez que las principales
rutas, tanto terrestres, marítimas, como aéreas, tienen que atravesar los
países del istmo para poder llegar a México, lugar donde es trasladada hacia el
mercado final de destino, los Estados Unidos. De acuerdo con informes del
Departamento de Estado norteamericano en el 2020, la ruta terrestre por
Centroamérica es la principal de las tres, en vista del accionar del Comando
Sur de los Estados Unidos, quien ha golpeado severamente los traslados aéreos y
marítimos, en coordinación con las fuerzas antidrogas de países seriamente
comprometidos con la lucha contra este flagelo, tales como Colombia, Panamá,
Costa Rica y El Salvador.
La
caída de Juan Orlando Hernández deja el camino libre para un nuevo reacomodo de
las principales fichas del Cartel de los Soles en Centroamérica, alineadas
política e ideológicamente con el gobierno venezolano, quien es el socio
mayoritario de todas las empresas vinculadas a PDVSA y que surgieron al amparo
de los flujos de dinero que llegaban a borbotones, tanto hacia El Salvador
(ALBA PETROLEOS), mientras estuvo en el poder el FMLN, y a Nicaragua (ALBANISA),
bajo el poder del FSLN desde el 2007, y ahora en Honduras con el intempestivo
traslado de Francisco “Chico” López hacia ese país. Con la salida del escenario
del FMLN en El Salvador, el papel de Honduras se vuelve estratégico para los
planes venezolanos, interesados en mantener dicha plaza a su servicio.
Uno
de los problemas grandes que tiene Daniel Ortega, es que una eventual
extradición de JHO hacia los Estados Unidos pondría en riesgo todos los
negocios ilícitos del Cartel de los Soles y el de El Carmen, ya que tratará de
negociar penas mas suaves, si es que es extraditado, entregando toda la
información que posee y conoce, de las operaciones de ambas organizaciones
criminales, no solo en territorio hondureño, sino que en el resto de
Centroamérica. El otro problema será lidiar en Honduras con un personaje con
fama de incorruptible, el Ex General Ramon Sabillón, Ex Director de la Policía
y actual Ministro de Seguridad de Honduras, defenestrado en el 2016 por
Hernández y obligado a irse al exilio en los Estados Unidos durante 5 años. Es
de esperar que este se resista a meterse en los “enredos” bolivarianos del
principal asesor de la Presidenta Xiomara Castro, José Manuel “Mel” Zelaya,
quien como anotamos en el Editorial del Boletin A Fondo, es señalado por el
hijo de Ismael “El Mayo” Zambada, Jefe del Cartel de Sinaloa, Vicente Zambada
Niebla, alias “Vicentillo”, de recibir 2 Millones de dólares de dicho Cartel.
ALBANISA
EN RUINAS Y JOH A PUNTO DE SER EXTRADITADO A EEUU
Por:
Stylianos Ramos
Cuando
la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés)
del Departamento del Tesoro de los EE. UU., aplicó sanciones a la empresa
Petróleos de Venezuela, S.A (PDVSA), por su involucramiento en el
financiamiento de acciones violatorias de los DDHH y lavado de dinero, provocó
un efecto dominó y se trajo abajo a su socia minoritaria Alba de Nicaragua, S.A
(ALBANISA). Oficialmente, ALBANISA se creó con el 51% de las acciones propiedad
de PDVSA y el 49% restante propiedad de PETRONIC, con la aparente finalidad de
administrar el suministro de petróleo, donde el 50% se convirtió en deuda
pública y el otro 50% se subdividió en un 25% en fondos de PETROCARIBE y el
restante 25% destinado para proyectos sociales.
Sin
embargo, la voracidad desplazó cualquier aparente sentimiento noble, porque en
realidad no lo había, todo fue una operación para el enriquecimiento ilícito,
de manera que rápidamente el esquema tomó un rumbo mafioso que fue combinado
con una utilización política con la que, a través de distintas triquiñuelas
legales, el chavismo y el orteguismo estafaron a sus pueblos. De esa manera
ALBANISA, se convirtió en realidad en un HOLDING, o sea, una sociedad mercantil
que a su vez es propietaria de un conjunto de empresas, a través de las cuales
se ha venido construyendo el grupo económico perteneciente a la familia
Ortega-Murillo, y que los incautos “militantes” del FSLN, por cuestiones de
disciplina partidaria se han creído el cuento de que se trata de “empresas del
partido”.
Con
la muerte de Hugo Chávez y el ascenso de Nicolás Maduro, todo el conjunto de
empresas de ALBANISA tomaron un rumbo aún más “glotón” pues, aparte de robarse
el dinero venezolano, también se convirtieron en el principal grupo empresarial
suministrador de bienes y servicios del Estado de Nicaragua, convirtiéndose de
esa manera en una gigantesca operación de LAVADO DE DINERO, frente a las
narices de la flamante Unidad de Análisis Financiero, UAF, dirigida por dos
fanáticos orteguistas, uno que viene de las filas del ejército y el otro de las
filas policiales (dos zorros cuidando el gallinero), que no dijeron nada, ni
vieron nada. Las sanciones de la OFAC acabaron con ALBANISA, y han terminado
liquidando al personal en Nicaragua de manera generosa para comprarles su silencio.
Pero
ALBANISA no se quedó solo operando en Nicaragua, se expandió hacia El Salvador,
donde los petrodólares venezolanos han sido fundamentales (a como lo fueron con
Ortega en Nicaragua) para el acceso al poder del FMLN. También lo hizo,
inicialmente con Manuel Zelaya, quien se enredó en su propia madeja, y lo ha
sido para afianzar en Honduras a la mafia que rodea al expresidente Juan
Orlando Hernández (JOH). Así, desde que ALBANISA y sus principales cabezas
visibles fueron sancionados por la OFAC, las empresas de dicho Holding
encontraron un buen refugio en Honduras, mutando con nuevas razones sociales y
creando una amplia red de testaferros.
Sin
embargo, la llegada al gobierno de Xiomara Castro, cuya campaña fue financiada
con fondos ALBA, no significa ninguna garantía para la familia Ortega-Murillo
de que sus fondos estén seguros en suelo catracho, dado que la necesidad de
mantener buenas relaciones con EE. UU. es una de sus prioridades. De ahí que la
velocidad con la que fue detenido y procesado JOH haya puesto
excesivamente nervioso a Ortega, al punto que a través de uno de sus voceros
oficiosos (el activista William Grigsby) amenazó a Castro y Zelaya, que de
continuar es esa posición entreguista” habría consecuencias.
Hay
fundadas razones para ese temor de Ortega de concretarse la extradición de JOH
hacia EEUU, la información que éste maneja sobre el lavado de dinero y el
tráfico de drogas por Nicaragua, dejaría a Ortega en la condición de potencial
extraditado. Ortega lo sabe, por ser de la misma calaña, que la divisa de
“Sálvese quien pueda”, es la predominante entre este tipo de cafres, donde no
existe fraternidad, ni motivación política, ni ideológica que valga; porque
todo vale a cambio de una sustancial reducción de pena.
DICTADURA ORTEGA –MURILLO, REALIZÓ CAMBIOS DE JEFES POLICIALES SANDINISTAS, PERO MANTIENE COMO JEFE EN LEÓN AL ALGUACIL DE LA MUERTE, EL SICARIO FIDEL DOMÍNGUEZ
Corresponsal
en la Zona de Occidente.
La
dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ordenaron movimientos en las
jefaturas de la sancionada policía sandinista, en los departamentos de
Nicaragua, pero el único que no fue removido fue el “Alguacil de la Muerte” y
sancionado por el departamento del Tesoro de los Estados Unidos, Canadá y la
Unión Europea, Fidel de Jesús Domínguez Álvarez, por violar los derechos
humanos de los nicaragüenses.
El
llamado “Sicario de León”, Fidel Domínguez, se ha encargado de asediar y dar
persecución a los excarcelados del departamento de León, y a sus familiares,
entre ellos Byron Corea Estrada y Amaya Coppens y de haber secuestrado al
opositor José Pallais Arana, por órdenes de la pareja dictatorial. Asimismo, ha
irrumpido, usando la fuerza, en las viviendas de las familias opositoras de la
ciudad de León, entre ellas, la familia Alonso Reyes, agrediendo a los
integrantes de esa misma, y bajo intimidación, los obligó a que dijeran
mediante un vídeo que no seguirían protestando cívicamente en contra de Daniel
Ortega y Rosario Murillo, ni tampoco contra ningún miembro del partido
orteguista y que la “paz se respeta”.
El
“Alguacil de la Muerte”, ha mantenido en asedio y persecución a los periodistas
independientes, asimismo de miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco y de
la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) territoriales, en
detrimento de sus derechos cívicos y políticos. Opositores de la ciudad de
León, que pidieron protección a su identidad por temor a represalias, dijeron
que Daniel Ortega y Rosario Murillo no quitaron a Fidel Domínguez de jefe
policial en el departamento de león, porque les garantiza la represión y el supuesto
control de los opositores en el departamento, además por su fidelidad perruna y
entrega sin condición a la dictadura orteguista.
Entre
los cambios de jefes de la sancionada
policía sandinista están, los Comisionados Generales orteguistas, Sergio Gutiérrez,
trasladado al departamento de Matagalpa, Yuri Valle Olivares, como nuevo jefe
de Carazo; Juan Chávez Chávez, asumió la jefatura del Caribe Norte, Oswaldo
Pérez Woo fue designado como jefe policial de Granada y Félix Villareal es el
nuevo jefe en Rivas. Otros nombramientos en las estructuras de la policía
sandinista, es la de los comisionados mayores, Pedro Rodríguez Argüeta, quien
asumió la Policía en el Triángulo Minero, Manuel Zambrana es el nuevo jefe del
Distrito Uno de Managua; Luis Moncada asumió la jefatura en el Distrito Ocho de
Managua; Luis Gómez asume el Distrito Dos de Managua. Asimismo, Ramón Gómez, es
el nuevo jefe de Madriz; Iván Escobar Ramírez, es el jefe de la Dirección de
Investigaciones Económicas, mientras que la comisionada General Vilma Reyes,
será la jefa de la brigada de tránsito, el sancionado Juan Valle Valle,
anterior jefe de dicha brigada, asumió la Dirección de Seguridad Pública y el
Comisionado Mayor Julio Pérez, la Dirección de Servicios Tecnológicos. Los
medios de propagandas de la dictadura Ortega- Murillo, no han informado los
motivos por los cuales la pareja dictatorial ordenó los cambios de jefes de la
sancionada policía sandinista.
Por:
Corresponsal en Managua.
El
jueves recién pasado, se propagó por las Redes Sociales el comunicado firmado
por el sancionado Ramón Humberto Calderón Vindell, Mayor General en Retiro,
vicepresidente de ALBANISA y presidente de la sancionada ENIMINAS, en el cual
manifiesta el cierre de las plantas generadoras de energía “Che Guevara”. Estas
plantas fueron donadas al pueblo nicaragüense por el Gobierno de Taiwán, siendo
posteriormente robadas y privatizadas por la familia Ortega – Murillo. Se
trataba de una cooperación de gobierno a gobierno, como un gesto amistoso del
Gobierno de la Isla de Formosa hacia el nuevo gobierno que encabezaba Daniel
Ortega y que se instalaba en Managua después de 16 años de estar en la
oposición. Los taiwaneses pretendían contribuir a paliar un poco la situación
energética que sufría el pueblo nicaragüense debido a los constantes apagones
de luz, precisamente por no contar con una infraestructura de generación
energética capaz de abastecer la demanda del país. Sin embargo, lo que no se dice,
es que fue el FSLN, quien desde la Asamblea Nacional y durante los 16 años de
gobiernos democráticamente electos, siempre se opuso a la inversión en este
rubro estratégico para la economía nacional, limitando a 5 Mega Watts dichas
inversiones, con el objetivo de mantener la zozobra e inestabilidad social en
contra de dichos gobiernos. Una vez llegados al poder, la ley que regulaba lo
anterior, fue derogada muy diligentemente por los diputados rojo y negros, los
verdaderos causantes de tantos apagones durante la década de los 90’s.
Las
plantas “Che Guevara”, fabricadas por la empresa Hyundai, tiene una capacidad instalada
nominal de 200 MW y 160 MW de capacidad efectiva, pueden funcionar a base de Bunker
y Diesel y mientras estuvieron funcionando recibieron los beneficios de ser
empresas de la mafia en el poder, lo que les permitió recibir el famoso “Pago
por Potencia”, un adefesio inventado en el INE y avalado por la Asamblea
Nacional, que consistía en entregar 14. 0352 dólares por Kilowatt / hora de
potencia instalada (la capacidad instalada nominal) a las plantas generadoras.
El Pago por Energía era otro asunto, es decir, el pago de lo que realmente
generaban y entregaban al Despacho Nacional de Carga a precios “generosamente”
altos, lo que no le permitía al país competir en el mercado regional a través
del Interconectado Centroamericano. Para tener una idea del jugoso negocio que
hacían los “vivianes y avezados” empresarios energéticos sandinistas a costa
del bolsillo de los nicaragüenses, solamente las Plantas “Che Guevara”,
recibían por Potencia Instalada la bicoca de 33.6 Millones de dólares anuales
aproximadamente libres de polvo y paja, y el convenio fue pautado a 15 años.
Hay
dos elementos que justifican la “quiebra” y cierre de las plantas mencionadas, el
primero de ellos obedece a evitar una demanda del Gobierno de Taiwán, que,
aunque fue el donante de las mismas, puede denunciar el destino que tuvieron,
al ser privatizadas por la familia en el poder, lo cual no era el objetivo de
la donación. Es evidente que las relaciones que tenían con Nicaragua y que les
permitía el reconocimiento diplomático en detrimento de China Continental, era
motivo suficiente para “mirar a otro lado” y dejar pasar el arribismo y la
sinvergüenzada de los Ortega – Murillo, sin embargo, una vez finalizada la
relación y por la forma en que se dio, nada impide que los gobernantes
taiwaneses demanden internacionalmente al gobierno de Managua, no solo por las
plantas, sino también por el edificio donde funcionaba la sede de la embajada
de Taiwán, los vehículos que donaron a los trabajadores, y que, tanto la
Policía Nacional Orteguista, PNO, y otros funcionarios “recuperaron” de sus
legítimos dueños, quedándose con ellos.
La
otra arista del cierre de las plantas generadoras obedece al impacto de las
sanciones norteamericanas, canadienses, europeas y del Reino Unido. Las
empresas que proporcionaban el mantenimiento a las plantas mencionadas dejaron
de hacerlo por temor a ser sancionadas también, sumándose los constantes
problemas técnicos, la falta de repuestos, la poca eficiencia y el costo
relativamente alto del Bunker y el Diesel, las convirtieron en una carga para
la empresa “dueña” de las mismas, ALBA GENERACION, por lo que el camino que han
decidido tomar es liquidar a los trabajadores y probablemente, como primera
opción, como ya ha pasado con los delincuentes en el poder, venderlas al
estado, su legítimo dueño original, a como hicieron con DNP – PETRONIC, para al
menos “salvar algo”, total, son los “propietarios” del estado y desde la
Asamblea Nacional, la moderna y putrefacta “Chanchera”, pueden hacer las leyes
que quieran.
Una
segunda opción que contemplan es la reconversión de las plantas a Gas Natural,
tratando de convencer a China, sus nuevos aliados, para que haga una inversión
de poco más de 200 Millones de dólares y hacer una empresa conjunta, con lo que
supuestamente evadirían las sanciones norteamericanas y se librarían de una
eventual demanda de Taiwán, ya que, al renegar de sus anteriores aliados,
tuvieron que repetir el “Mantra” obligatorio: “La China de Jin Ping es el
único Dios verdadero”. La tercera opción que estarían manejando, es
venderlas a la nueva empresa norteamericana New Fortress Energy, la que generará
energía a base de Gas Natural, inyectando cerca de 300 MW a la capacidad de
generación del país, las que al agregar las 200 de las “Che Guevara” estarían
en capacidad de ofertar 500 MW al mercado nacional y regional.
Como
puede apreciarse, las ventajas de ser el “Gobierno de los Pobres” permite todas
estas posibilidades de negocios. Mientras la mayoría de la población
nicaragüense se debate entre la miseria o el exilio económico, los que viven de
los pobres no duermen, pensando en lo que van a robar mañana, para seguir
engordando sus ya abultados bolsillos.
CÁRCEL O MUERTE PARA LOS DEFENSORES DE LA DEMOCRACIA EN NICARAGUA
Por: Christy Melissa
Como criminales y delincuentes, el régimen de
Daniel Ortega ha catalogado a líderes de la oposición en Nicaragua, retomando
los juicios en contra de 36 presos políticos encarcelados desde 2021 en la
Dirección de Auxilio Judicial, DAJ, conocida como “El Chipote”.
Por:
Alex Aguirre
A casi
4 años de la insurrección de Abril de 2018, que encendió todas las alarmas de
la comunidad internacional, la incidencia y la presión por parte de los
sectores opositores sigue en pie. A pesar de la permanente persecución que el
régimen Ortega - Murillo despliega en el territorio, en las redes y en la arena
diplomática hay una Nicaragua que no se vende, ni se rinde.
El
régimen, hasta febrero 2022, tiene 167 personas presas de conciencia, sin
distingo ideológico y político, en sus centros de tortura están estudiantes,
activistas juveniles, feministas, precandidatos presidenciales, campesinos,
empresarios, trabajadores, exfuncionarios diplomáticos y políticos; entre estos
prisioneros destacan casi una centena de exguerrilleros que fueron parte de la
Revolución Sandinista antes y después del 79.
Debido
a las condiciones de tratos inhumanos, crueles y degradantes en los cuales se
encuentran los prisioneros, el 12 de febrero el mundo supo del deceso de Hugo
Torrez, exguerrillero sandinista, quien murió en custodia del régimen
sandinista.
¿Quién
es Hugo Torrez?
Nicaragua
lo ve nacer en 1948 entre las montañas de Madriz, hijo de Isabel Jiménez y
Cipriano Torrez subteniente de la Guarda Nacional de Somoza. desde los cinco
años vivió y estudió en el barrio El Calvario, León, se dice que vecino de
Rigoberto Lopez Perez quien ejecutó a Somoza García en 1965.
Torres
participó en varios combates del Frente Sandinista de Liberación Nacional
(FSLN), a finales de 1974 fue uno de los 13 guerrilleros que realizó una
operación para secuestrar a altos funcionarios del régimen somocista durante
una fiesta en honor al embajador estadounidense en Managua, Turner Shelton y
pedir la excarcelación de presos políticos en poder de Anastasio Somoza
Debayle. También estuvo como segundo al mando en la gesta histórica de la toma
del Palacio Nacional el 22 de agosto de 1978. Desde entonces es una figura
emblemática de la izquierda democrática Nicaraguense y Latinoamericana, del
1995 hasta 2022 fue directivo de UNAMOS el partido socialdemócrata conformado
en los 90´s por disidentes del FSLN cooptado por Ortega y Murillo.
Estrategia
de represión sin límites.
La
muerte de Hugo Torrez no fue convencional, ya que él se encontraba en custodia
de la policía nacional, es decir, su muerte es responsabilidad del estado. El
deterioro de su salud fue dirigido por el régimen como parte de su estrategia
de tortura aplicada a opositores en el Complejo Policial “Evaristo Vásquez”, de
la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como “El Nuevo Chipote”, es
decir, fue una ejecución inducida desde la cárcel.
No es
la primera vez que pasan afectaciones dirigidas y consentidas en las mazmorras
del régimen. Eddy Montes Praslin, ciudadano norteamericano y veterano del
Cuerpo de Marines del Ejercito de los Estados Unidos, fue ultimado por su
custodio en la Sistema Penitenciario Nacional “Jorge Navarro”, conocido como
“La Modelo”, ubicado en Tipitapa, Managua el 16 de mayo de 2019. Juan Rafael Lanzas
Maldonado perdió sus dos pies debido a una infección adquirida en un centro de
detención en 2018. Todo a vista, paciencia y aprobación del sistema judicial y
el sistema penitenciario controlado por la dictadura.
Estos
hechos han sido conocidos por la comunidad internacional y los resultados
atroces de la estrategia de tortura del régimen Ortega – Murillo entierra cada
día más la credibilidad del sistema de justicia y policial de Nicaragua,
evidenciando su completa carencia de independencia, profesionalismo y respeto a
la humanidad de los detenidos.
Estos
crímenes de lesa humanidad, además de exponer con pruebas fehacientes, que
Nicaragua dejó de tener una estructura de estado que garantizara derechos desde
hace varios años, expone al régimen ante la comunidad internacional y sigue
manteniendo el tema en agenda. En los últimos días hemos visto como los grupos
políticos de la izquierda democrática en América del Sur y el bloque social
demócrata en Europa han lamentado la ejecución dirigida de Hugo Torrez y han
elevado la voz en los principales foros políticos del globo. Tanto así, que el
18 de febrero en el Consejo Permanente de la Organización de Estados
Americanos, OEA, por medio de la Relatoría de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, CIDH, elevó el tono de las declaraciones nombrando de forma
reiterada al régimen ORMU como un gobierno ilegítimo, torturador, perpetrador
de crímenes de lesa humanidad y además posicionándolo como amenaza regional.
Hugo a
través de su entrega a Nicaragua, apoyó hasta el último momento a su patria, su
muerte expone aún más al régimen y su sistema de tortura, pero, además, debido
a los avances que este hecho generó, el 18 de febrero, tres presos políticos de
la tercera edad (Francisco Aguirre Sacasa, Arturo Cruz Sequeira y José Pallais
Arana) fueron trasladados del Chipote a sus casas con prisión
domiciliar. Hugo aún después de su muerte sigue liberando presos
políticos, aunque les duela a sus verdugos, Daniel Ortega y Rosario Murillo.