DESESPERADA BUSQUEDA DE LEGITIMIDAD

Durante los últimos días hemos visto acciones desesperadas del comandante Ortega intentando le legitimidad de su inconstitucional tercer periodo, no solo al interior de su desgastada militancia, sino también dirigida hacia el exterior, en la búsqueda afanosa de recuperar la confianza perdida por la comunidad internacional, Europa y Estados Unidos fundamentalmente, originada por los tres fraudes consecutivos en sendos procesos electorales: Elecciones Municipales del 2008, Elecciones Regionales del 2010 y Elecciones Nacionales del 2011.

En efecto, primero fue la iniciativa de ley conocida como Ley 50 – 50, un invento que roza con la Ley Electoral, dirigido a aplacar el descontento de las mujeres, el sector más golpeado por las constantes e inalcanzables alzas de la canasta básica, que según fuentes oficiales del BCN, al mes de Marzo se encontraba en C$ 10,095.40, habiéndolo recibido en C$ 2,937.70 de manos del Presidente Bolaños. Son las mujeres, la inmensa mayoría pobres, las que más están sufriendo el impacto del elevado costo de la vida, a partir de la llegada de Ortega al poder en el 2007, ya que son ellas las que tienen que hacer malabares para que alcance el presupuesto familiar, con el agravante de que lograr un empleo digno y estable es cada día más difícil de conseguir, amén de los salarios de hambre a los que hay que conformarse. Son las mujeres las que tienen que soportar la inmensa carga de ser padre y madre en una buena parte de los hogares nicaragüenses, sea porque los hombres están fuera del país buscando el empleo que no encuentran aquí o sencillamente por irresponsabilidad. Sin embargo, esta ley está muy lejos de servir de consuelo a miles y miles de mujeres que no alcanzarán en las listas del partido para aspirar a cargos públicos, toda vez que sean los comisarios políticos quienes escogerán a las elegidas para vivir del erario público.

Pero esto no bastaba, el asunto de quedar bien con las mujeres estaba zanjado, ahora el problema estaba en meter a la mayor cantidad posible de ellas y como dice la canción “Nuay cama pa´tanta gente”, por lo que surgió la genial idea de triplicar los concejales en todos los municipios. Con esto se solventaba el problema interno y se hacía espacio para incluir también a los aliados que harán el coro en el próximo circo electoral del 4 de Noviembre. Se asegura que no habrá incremento del presupuesto, ni mayores gastos por la iniciativa, algo que ni ellos mismos se lo creen, a menos que los candidatos a ocupar las concejalías y los nuevos cargos que acechan bajo el anuncio de “Concejos Ampliados”, se conformen con recibir migajas salariales en momentos en que el comandante Ortega está solicitando un aumento de salarios a sus funcionarios del gobierno central. O habría que preguntarle a la militancia que, igual que la mayoría de la población atraviesa difíciles condiciones económicas, si es ejemplar que la cúpula se enriquezca desproporcionadamente e incursionen en cuanto negocio se les ocurra  gracias a los petrodólares chavistas y a ellos les pidan que el poco salario que ganan como concejales, ahora lo tengan que repartir entre tres. Socialista, Cristiana y Solidaria la petición, pero el ejemplo que dan los de “arriba” en nada se parece a lo que les están pidiendo a los de “abajo”.

Resuelto, aparentemente, el problema a lo interno, queda lo más complicado, convencer a la comunidad internacional que las recomendaciones hechas a raíz del fraude electoral por las Misiones de Observación Electoral de la Unión Europea y de la OEA serán atendidas. La situación internacional, decíamos en Editoriales anteriores, es la que se le presenta a Ortega más complicada. 1) Serios señalamientos hechos por parte de la Unión Europea motivados por el fraude electoral del pasado 6 de Noviembre,  lo que ha alentado a que mas países y agencias de cooperación anuncien su decisión de suspender la ayuda a nuestro país, la última de ellas, la Agencia de Cooperación Catalana; 2) la amenaza del rechazo a la aprobación de los dos Waiver previstos para este año por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos, lo que repercutiría en el acceso a los fondos concesionales del Banco Mundial, el FMI y el BCIE, entre otros; 3) la precaria salud de Hugo Chávez, quien al parecer ya asumió la irreversibilidad de su situación personal, lo que dejaría un complicado escenario político en Venezuela, ya que el chavismo tendría que optar por nombrar al sucesor de Chávez en el más breve plazo o ir a las elecciones de Octubre próximo con un candidato moribundo, lo cual, en ambos casos no es garantía de victoria electoral, a menos que de Nicaragua se envíe en calidad de refuerzo a Roberto Rivas para “asesorar” a los que contarán los votos en Venezuela. El cuarto elemento de la situación internacional lo representa la crisis económica mundial, que a como se está viendo, tendrá un efecto muy fuerte en Nicaragua, ya que somos excesivamente dependientes de muy pocos productos de exportación, mismos que están viendo disminuidos sus precios en el mercado externo.

Ante este sombrío panorama internacional, Ortega tomó la iniciativa enviando a su Canciller a Bruselas para anunciarles el paquete de reformas electorales que se introducirían a la Asamblea Nacional, en la búsqueda de calmar los ánimos de los europeos y tratar de disminuir las eventuales presiones económicas que es de esperar sean ejecutadas si no se atienden las recomendaciones hechas por la Misión de Observación Electoral. Con esto pretende “matar dos pájaros de un tiro”, ya que también seria la carta de presentación que le mostraría a la nueva Embajadora de los Estados Unidos, próxima a venir al país, como una muestra de su repentina reconversión e interés por la democracia, las elecciones libres, justas y transparentes.

Sin embargo habrá que ver si ellos permitirán que les den “atol con el dedo” a como pretende Ortega, acostumbrado a dárselo a los nicaragüenses, ya que la principal demanda nacional e  internacional y condición sine qua non para devolver la esperanza electoral a la nación, es la salida inmediata de TODOS los magistrados del Consejo Supremo Electoral, los que, además de ser funcionarios de facto, están señalados con pruebas fehacientes, masivas y documentadas, de violentar la decisión soberana del pueblo en los tres últimos procesos  electorales y para rematar el asunto, su presidente, el magistrado de facto Roberto Rivas Reyes, ha sido señalado de innumerables actos de corrupción al frente de la institución que dirige y está siendo esperado en Costa Rica para que responda a las acusaciones de enriquecimiento ilícito que se le imputan, ya que en Nicaragua goza de la total impunidad que le garantiza el mismo Ortega, por los mismos delitos por los que es acusado en la vecina del sur. 

Finalmente, pareciera ser que esta ofensiva diplomática y legislativa está dejando por fuera a aquellos que pretendían ser los interlocutores de un nuevo pacto, el que aparentemente ya no es del interés de Ortega, debido a que considera que está lo suficientemente fuerte a nivel nacional y asume que con la debilidad mostrada por la oposición, la comunidad internacional se verá obligada a tener que entenderse con él. A los que ansiaban convertirse en los sucesores de Arnoldo Alemán, solamente les quedará la triste misión de aprobar todo lo que el dictador envíe a la Asamblea Nacional, sumándose al coro vergonzante del “Grupo de los 63”, so pena de no agarrar los cargos que de seguro ya les tienen escogidos.