Para nadie es un secreto que los precios del petróleo son los que definen el costo de la vida en nuestro país. De este depende el costo de la tarifa eléctrica, que es la que determina de manera importante los costos de producción y por consiguiente el precio final de lo que compramos en el mercado. Si sube el petróleo, sube el costo de la tarifa eléctrica y si sube la luz, sube todo aquello que usa energía eléctrica para producirse.
La famosa Matriz Energética, que no es más que la relación existente entre las distintas fuentes de generación eléctrica, todavía nos hace excesivamente dependientes del petróleo para generar energía. En Nicaragua, aproximadamente el 75 % de la energía que se genera es a base de derivados del petróleo y el 25 % restante es generación Hidroeléctrica, Eólica, Biomasa y Geotérmica. Mientras esto no cambie, seguiremos condenados a sufrir en carne propia las alzas constantes del precio del crudo, cuya tendencia en el mediano plazo es a continuar incrementándose ya que son recursos no renovables, independientemente de que se anuncie del descubrimiento de nuevos yacimientos petroleros. Cualquier alza en el precio del petróleo, impacta en los precios de los combustibles, ya sea el que se utiliza en el transporte o el que se utiliza para generar electricidad, Fuel Oil o Bunker y esto a su vez impacta en los precios de la canasta básica, el dolor de cabeza de la población nicaragüense.
Si la leche es refrigerada, sube el precio del litro de leche en la pulpería porque el pulpero tiene que pagar más en su recibo de luz debido al incremento del mismo por usar la mantenedora, la refrigeradora o el freezer. Suben las verduras y los vegetales porque el costo del transporte ha subido debido al alza semanal del combustible. Sube el precio del arroz porque el costo de la energía que utilizan los equipos de riego aumentó y ese costo lo tiene que pagar el consumidor no el productor. Suben los frijoles porque, además de la escasez del producto debido a las exportaciones, hay que sumarle el costo del transporte para llevarlo del productor al mercado, debido al alza del diesel o de la gasolina. En fin, los ejemplos abundan para clarificar que dependemos del petróleo como el pez del agua y que cualquier movimiento alcista del barril de crudo nos afecta de manera directa.
El alza puede ser debido a mayores costos de producción en los países donde se extrae o debido a la especulación que los grandes intermediarios mundiales hacen para inflar el precio y sacar las mayores ganancias posibles. Se calcula que el costo de producir un barril de petróleo son aproximadamente 15 dólares. La especulación se puede originar por noticias alarmantes o sencillamente por hechos que a lo mejor nada tienen que ver con la realidad. La guerra en Irak, la posibilidad de que Israel ataque a Irán y la amenaza de bloquear el Estrecho de Ormuz, inclusive el lanzamiento de un cohete norcoreano ha servido de excelente excusa para elevar artificialmente los precios del barril de petróleo a nivel mundial. Igualmente se puede aumentar el precio del barril cuando hay un convenio entre privados y ambos, comprador y vendedor, deciden poner un sobreprecio a su valor real, como pareciera ser que ocurre entre Nicaragua y Venezuela, ya que estamos pagando desde el año pasado mas de US $ 15 dólares por barril encima del precio fijado al crudo de Texas (WTI) que es el que sirve como referencia a esta parte del mundo. Los países que no producen petróleo, como el nuestro, están condenados a sufrir el impacto del vaivén de los precios en sus economías, ya sea por las condiciones de los productores o por el capricho voraz de los agentes intermediarios y comercializadores.
En el caso de Nicaragua, desde el año 2007 fue suscrito un convenio petrolero con Venezuela, supuestamente de Estado a Estado, que nos garantizaría el suministro del crudo en condiciones súper favorables, ya que la factura petrolera se pagaría el 50 % a tres meses y el restante 50 % a 25 años. Esto significaba la posibilidad de tener combustible a menores precios y que el cambio de la matriz energética se diera al menor costo posible para todos nosotros, ya que el gobierno no estaría agobiado, a como lo estuvieron los anteriores, por pagar de inmediato el petróleo importado, una factura que ha sido una pesada carga en nuestra débil economía. Habría un compás de espera que serviría como un colchón para amortiguar la transición tan esperada entre la generación a base de derivados del petróleo y la generación mediante fuentes más baratas y renovables.
La famosa Matriz Energética sería finalmente transformada y las economías familiares a su vez serían altamente beneficiadas. Una bendición para los nicaragüenses, que no solamente se despedirían de los famosos apagones que nos atormentaron durante 26 años, sino que la mejoría de las condiciones de vida estaba a la vuelta de la esquina, ya que lo que pudiera considerarse como un ahorro, podría ser dirigido hacia otras áreas que habían estado esperando ser atendidas: infraestructura vial y productiva, salud, educación, viviendas, inversión en desarrollo tecnológico, desarrollo de la agroindustria, etc. etc.
Sin embargo, hay cosas que son demasiado buenas para ser verdad y lo que en realidad pasó fue que un convenio entre dos estados soberanos se convirtió de la noche a la mañana en un convenio privado entre el Estado venezolano y un grupo familiar, que poco a poco se fue convirtiendo en el mayor emporio empresarial del país y por cosas de la vida, este grupo familiar resultó ser también la familia gobernante. Del 2007 a la fecha se calcula, según cifras oficiales venezolanas, que el usufructo del convenio en mención ronda los U$ 2,500 MILLONES DE DOLARES, sin incluir las ganancias provenientes de la privatización ilegal de las plantas donadas por Venezuela y Taiwán, las que basadas en el convenio con el Ministerio de Energía y Minas, MEM, se tiene que pagar a los “inversionistas” US $ 14.0352 por Kilowatt hora de potencia instalada durante los quince años que dure el convenio, independientemente de si generen o no energía, el pago por generación es aparte. La capacidad instalada nominal de acuerdo a la información del INE es la siguiente: las plantas Hugo Chávez 291.20 MW y las plantas Che Guevara 231.20 MW, sumadas ambas disponen de 522.4 MW, equivalente al 47.76 % de la capacidad instalada nacional. Para tener una idea de lo que esto significa, durante el año 2011 la demanda máxima anual en promedio fue de 569.5 MW.
Haciendo números nos daríamos también una idea de las ganancias actuales y futuras por las famosas plantas generadoras, a las que habría que agregar las correspondientes al manejo del monopolio de la importación del petróleo. Estas ganancias deberían estar siendo usufructuadas por el pueblo nicaragüense, no por un grupo empresarial familiar. Deberían de estar contribuyendo al desarrollo del país, no enriqueciendo a una casta de nuevos empresarios inescrupulosos. Deberían de estar incidiendo en disminuir los precios del combustible tanto para el transporte público como el privado. Deberían estar subsidiando el costo de la tarifa eléctrica para dar un respiro a la economía familiar de todos los nicaragüenses, en vez de estar financiando al estado para convertir en deuda pública una deuda privada. De ser una bendición para el país, el convenio petrolero con Venezuela se ha convertido en una maldición que nos condena a vivir endeudados quien sabe por cuantos años con el prestamista de la familia que, con la misma plata del petróleo, le presta al estado nicaragüense para supuestamente subsidiar combustible y luz, préstamo que tendrá que ser pagado por los consumidores, ya sea con el aumento de la tarifa eléctrica o a través del presupuesto de la nación. Un negocio mas que redondo en el que muy pocos participan y en donde el pueblo es el invitado de piedra a cuyo nombre, igual que siempre, se conquistan nuevas victorias.
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