NARCOTRAFICO E INSTITUCIONALIDAD

“¿Han dicho, las evidencias son estas?

No, no lo han dicho. Han especulado, nada más,

puras especulaciones y ahí me parece que no es correcto

porque se está ensuciando el nombre de una persona”.

Magistrada Alba Luz Ramos

Presidenta de Facto de la CSJ

(En defensa de Henry Fariñas)

A pesar de los esfuerzos gubernamentales de levantar una cortina de humo sobre las serias acusaciones que penden sobre la cabeza del CSE, producto de la Narco trama en que se ha visto envuelta la Institución a partir de la captura del Magistrado Suplente Julio Cesar Ozuna, cada día que pasa salen a flote nuevos elementos que permiten tejer una serie de suposiciones acerca de qué tan profundo han penetrado los tentáculos del narcotráfico en las instituciones del estado nicaragüense.

La defensa inicial que la Magistrada Presidenta de Facto de la Corte Suprema de Justicia Alba Luz Ramos hizo en relación a la supuesta inocencia de Henry Fariñas se ha venido al piso y ha estallado en la propia cara de la misma institución, toda vez que al ahora acusado se le ha comprobado su pertenencia a una célula del Cartel de la Familia Michoacana, a la que también pertenece el “ciudadano nicaragüense” cuya cédula de identidad corresponde al nombre de José Fernando Treminio Díaz, conocido como Alejandro Jiménez, (a) El Palidejo, con domicilio conocido en el Km. 10 ¾ de la Carretera Sur, en el sector conocido como El Refugio, vecino inmediato de la Escuela de la Policía Nacional “Walter Mendoza”. Cédula extendida, como todos sabemos, en trámite rápido y expedito por el Consejo Supremo Electoral a través del Magistrado Suplente Ozuna, subordinado directo de Roberto José Rivas Reyes, ambos de Facto.

Los elementos anteriores cubren con un manto de duda a tres instituciones, Sin embargo, hay varios hechos que se hace necesario profundizar para que la opinión pública, que con sus impuestos paga a los funcionarios del estado, tenga una visión mas amplia y pueda por consiguiente hacer una mejor valoración de los acontecimientos. En primer lugar, el Poder Judicial se ha visto vulnerado en su actuar ante las denuncias de trámites de reposición de partidas de nacimiento, con testigos inexistentes y madres que procrearon hijos a los 9 años. Una total colusión entre jueces y narcotraficantes que confirma todas las denuncias hechas durante la campaña electoral acerca de la manipulación de los registros civiles de las personas en muchas alcaldías del país, para extender partidas de nacimientos a menores de edad, con fechas alteradas a fin de que pudieran tramitar sus cédulas y votar por el partido de gobierno. El sacrificado resultó ser el Juez Local Civil de Tipitapa, pero este caso amerita una profunda revisión en TODOS los juzgados civiles del país para ver en cuantos de ellos se han tramitado las reposiciones famosas. Dejamos a criterio de la gente la valoración de la acérrima defensa hecha por la Magistrada Ramos acerca de la inocencia de Henry Fariñas, aunque quedan dos preguntas en el ambiente: Porqué estaba tan segura de su inocencia? Y ahora que se ha demostrado su involucramiento en una célula narco, Cuál es su posición al respecto?

Luego tenemos al Consejo Supremo Electoral, la madre del cordero en todo este relajo. Si ya existían antecedentes de trámites de cédulas a personeros de la narco guerrilla de las FARC colombianas, Cómo es posible que se haya continuado la práctica de seguir extendiendo cedulas a cualquiera que pueda pagar 300 córdobas, ya no digamos 1,500 dólares, sin los debidos controles que esto requiere. Se informa por parte de la Policía Nacional en el curso de las investigaciones iniciales, que el Magistrado de Facto Ozuna salió innumerables veces del país utilizando hasta tres y cuatro vehículos oficiales del CSE para trasladar dinero del narcotráfico a Costa Rica y otros países centroamericanos. Nadie en el Consejo controlaba este excesivo uso de los vehículos del estado? Quién en el Gobierno, donde no se mueve ni una hoja sin que lo sepa y autorice la Primera Dama, sabía de los constantes viajes al extranjero de Ozuna?  Migración no informaba de sus constantes salidas con varios vehículos oficiales? Roberto Rivas lo autorizaba o sencillamente no sabía nada de las andanzas de su subordinado? Si lo sabía habría que pensar que era cooperador necesario, según la jerga policial, y si no lo sabia, habría que destituirlo, no por tener cargo vencido o por corrupción, sino por inoperante e incapaz, ya que le montaron en sus propias barbas y bigotes una célula narco que lo enloda a él mismo y a toda la institución que mal dirige.

Finalmente tenemos a la Policía Nacional, como el tercer vértice de este triángulo, que poco a poco se va pareciendo al de Las Bermudas. Al igual que las otras dos, la CSJ y el CSE, la Policía está también pegada, como se dice popularmente, en la trama hecha pública en Nicaragua sólo hasta después de las investigaciones llevadas a cabo en Guatemala y Costa Rica a raíz de la muerte de Facundo Cabral. Vamos a apartar algunos elementos de corrupción que en el pasado han sido admitidos como casos puntuales y que involucran a altos mandos de la Policía, tales como el tráfico de vehículos robados en los años 90´s, la muerte de Jerónimo Polanco y las asiduas visitas al “establecimiento” del occiso, vínculos con el narcotráfico en Rivas, pago a soplones con droga incautada a los propios narcos, inconsistencias entre el dinero capturado a los narcos y lo reflejado en los informes, entre otros. El caso que nos ocupa es de mucha mayor repercusión que los anteriormente citados, puesto que de continuar esta situación nos encaminaríamos sin ninguna duda hacia lo que podríamos presagiar como un Narco Estado o en el menor de los casos a un Estado Fallido, en el que, además de la demolición de la Institucionalidad y el Estado de Derecho por obra y gracia de quienes nos desgobiernan, estaríamos padeciendo, desde las mismas instituciones del Estado, el flagelo del narcotráfico.

La Policía Nacional tiene mucho que explicar en torno al involucramiento de varios de sus mandos superiores con Henry Fariñas y sus familiares. Cómo es que, conociendo que éste estaba involucrado en una célula del narcotráfico, eran “Clientes VIP – Todo Incluido” del negocio de Fariñas? No lo sabían? Desconocían que tanto Fariñas y El Palidejo eran vecinos de la Escuela Nacional Walter Mendoza? Si ambas cosas no eran del conocimiento de los altos mandos de la Policía, entonces estamos ante una institución cuyos oficiales de Inteligencia son totalmente inoperantes en la penetración del narcotráfico en las instituciones del estado, pero altamente efectivos en darle seguimiento a las andanzas de los líderes de la oposición a Ortega, tanto a nivel nacional como territorial. La politización de la Policía, subordinada totalmente al orteguismo, trae este tipo de consecuencias. Pareciera ser, de acuerdo a las evidencias, que la lucha contra la oposición es más importante que la que se debiera hacer contra el Crimen Organizado. La denuncia de Karla, la hermana de Henry, involucra a muchos altos mandos de la Policía en actos ilícitos, por lo que la población demanda una amplia y profunda investigación a lo interno para saber a qué atenerse.

Independientemente de que se quieran minimizar los hechos y se pretenda arrojar sobre la opinión publica las famosas sondas a que nos tienen acostumbrados la maquinaria mediática del gobierno, para que, o un nuevo escándalo dirija la atención hacia otros temas o una nueva noticia salvadora mande al olvido el escándalo actual, el pueblo necesita conocer la verdad. Solo así se podrá devolver la confianza y rescatar algunas instituciones que se suponen están al servicio y protección de la ciudadanía. Con otras ni siquiera vale la pena intentarlo y lo único que cabría es su desaparición total y el encausamiento de sus cabecillas, que contrario al precepto legal, son culpables hasta que no demuestren lo contrario y ya saben a quienes nos referimos.  

(Las fotos utilizadas fueron tomadas del diario La Prensa)