REFORMAS
PARA INSTAURAR EL TOTALITARISMO DEL SIGLO XXI
En el pronunciamiento “Justicia,
Democracia y Paz” del 15 de Marzo del año 2011, advertimos que el
capricho reeleccionista de Daniel Ortega, al reeditar la imposición de una
Dictadura, iba a someter al país a un proceso de polarización política; que
acarrearía el cierre de espacios democráticos y cauces civilistas, exponiéndonos
a graves conflictos internos, al riesgo de intereses geopolíticos y al peligro
del derramamiento de sangre de hermanos nicaragüenses. Somos testigos de la actuación
intolerante del régimen que excluye, impone y coacciona; hace persecución, disuasión
y amenazas a adversarios políticos, criminaliza la protesta ciudadana,
señalando como enemigos políticos y partidarios a los que asumen posiciones
críticas adversas al poder, al partido de gobierno o al régimen. Restringe la
protesta social y abusa de la ley.
Reprime selectivamente con el uso de fuerzas de choque, con la complaciente complicidad
de la Policía junto a unidades del Ejército durante los procesos electorales,
instalando de facto el estado de sitio.
La Dictadura Institucional
del Orteguismo se ha consolidado con un método silencioso de cooptación y
control de los distintos poderes del estado; con sutileza y mediante chantaje, halagos,
prebendas y bochornosas compras. Ha demolido la institucionalidad democrática,
el estado de derecho, el imperio de la Ley y la Seguridad Jurídica, desvirtuando
la esencia de la democracia representativa y participativa. Ha reducido la participación
ciudadana, los procesos de autonomía, transparencia y el control de los asuntos
públicos. Disminuyó el rol de los partidos políticos y de las organizaciones de
la Sociedad Civil. Erosionó la confianza al proceso de sufragio libre, justo,
trasparente, universal y directo, y ha influido gravemente en la credibilidad
del Voto, como expresión de la voluntad popular, fuente de legitimidad y
expresión de la Soberanía Popular. Rompió la esencia de la división y balance
de poderes, donde el Soberano delega su poder en representantes libremente
electos. Pese a las Prohibiciones Constitucionales Taxativas y las Obligaciones
Patrióticas y Nacionalistas entregó una Concesión Canalera, lesionando la
Soberanía Nacional, La Integridad Territorial y La Dignidad Nacional, en un
acto que sólo puede calificarse de ALTA TRAICION A LA PATRIA.
El pasado 31 de Octubre,
Daniel Ortega presentó una propuesta de reformas a la Constitución Política a
través una bancada espuria, ya que la misma procede del fraude impuesto en el
2011. Las reformas planteadas son un
cambio total y profundo al fondo y contenido fundamental de la Carta Magna,
Interrumpiendo la transición y consolidación democrática, Incumpliendo los
acuerdos de Esquipulas, los Acuerdos de Paz y Cese del Conflicto Armado para la
Desmovilización y lograr el balance razonable de Fuerzas y estabilidad del Área
Centroamericana.
El sistema político es
transformado en su totalidad, repitiendo la receta chavista de utilización de
espacios democráticos para implantar un modelo totalitario, dotando al Dictador
de poderes omnímodos sobre cualquier institución del estado y la sociedad misma.
Cambian los principios de la nación nicaragüense y nos imponen un totalitarismo
opresor de corte fascista y corporativista, un estado policíaco con mecanismos
de control social para - partidario.
Luego de un proceso de
alianzas con el Gran Capital, se pretende desarrollar un modelo corporativista,
como mampara para consolidar una dictadura familiar. El planteamiento de un
estado socialista, esconde un capitalismo salvaje de estado, atado a los
intereses dinásticos de una familia, de la nomenclatura burocrática y la casta
militar. Basado en una alianza oligárquica de viejos y nuevos ricos, es un contrasentido
y un engaño político, ya que se pretende mantener en la sumisión y resignación a
los sectores más pobres de la sociedad, sobre todo a los sectores campesinos, a
los pequeños y medianos productores y a la clase media, mientras otros se enriquecen al amparo del
poder. Las reformas pretenden además, legitimar todos los abusos, atropellos e
ilegalidades cometidas desde que Ortega asumió el poder en el año 2007.
Las reformas plantean
solamente las necesidades políticas del régimen y no abordan la problemática de
la nación. Militarizar el estado no reduce la pobreza, no genera empleos
productivos, no reduce la informalidad, tampoco incrementa la producción y la
productividad del país, mucho menos fortalece la institucionalidad y el estado
de derecho en Nicaragua. Las reformas son altamente disociadoras e introducen
elementos de control, intromisión y vigilancia, propios de países con modelos políticos
totalitarios y se pretende transformar las costumbres y creencias religiosas de
los nicaragüenses.
Hace tres años advertimos y
denunciamos las consecuencias de la ruptura del orden constitucional. Ahora
vemos con profunda preocupación, como en el norte del país nuevamente suenan
los tambores de la guerra, que inexorablemente nos aproxima a otro ciclo de
violencia que todos conocemos perfectamente. Una vez más, la obcecación de un
dictador nos pone en el camino equivocado e incita al conflicto armado que se
profundiza cada día. La aparición de grupos armados motivados por razones
políticas, entre ellas la falta de cedulación, padrón amañado y demás
mecanismos de los fraudes electorales, la persecución y exclusión política, el
control de los CPC, la represión policial, partidaria y paraestatal a quienes
no están con el gobierno, son una trágica consecuencia de lo que denunciamos.
La militarización del estado
como conclusión del proceso de cooptación del ejército iniciado desde antes del
2007, pretende sellar con un compromiso de orden jurídico y legal, la
subordinación única y directa al proyecto dictatorial. A 19 años del inicio de
la institucionalización y profesionalización del Ejército Nacional, estamos
ante un nuevo proceso de readecuación de los conceptos de Defensa y Soberanía,
regresando a las tesis de las políticas de Seguridad Nacional de los años
Ochenta. A Fines del 2010, en esa dirección, ordenó la influencia política y deliberativa
de la Comandancia y Altos Mandos militares en La Asamblea Nacional, para imponer
Las Tres leyes militaristas que iniciaron este proceso. La violación flagrante
a la orden constitucional de No deliberar, ni asumir posiciones políticas, como
ya lo hicieron por orden del Comandante en Jefe, desvirtúa su carácter
profesional, nacional y apartidario, avalando graves violaciones e ilícitos que
están expuestos en la actual Constitución Política y que son propuestos en LA
CONTRAREFORMA. El Dictador y los altos mandos están conduciendo al Ejército
Nacional a una suerte de Suicidio Institucional y Profesional, deslegitimando sus
raíces patrióticas, nacionalistas y de dignidad histórica.
El redimensionamiento del EN
por la vía del reequipamiento militar, su readecuación técnica y doctrinaria,
la transformación de los papeles y misiones, convertirían al cuerpo armado en
instrumento partidario de dominio nacional, que junto a asesores militares,
políticos e ideológicos de los viejos y nuevos aliados del campo socialista,
Cuba, Venezuela, China y Rusia, nos involucrarían en las tensiones geo-políticas
internacionales, utilizando como pretexto el proyecto canalero. Otro riesgo es
el crecimiento del ejército y el uso de Milicias para crear un cuerpo paralelo,
donde contingentes juveniles enmascaren un nuevo SMP.
Desde la perspectiva de los
más importantes grupos sociales, políticos y económicos que se han pronunciado
y desde nuestra propia visión, las actuales reformas han concitado el rechazo y
el criterio unánime que no son una necesidad de la nación, por lo que
consideramos, que en estos momentos negociar es legitimar las pretensiones del
régimen. Con 63 diputados, el orteguismo solo necesita la cooperación necesaria
de la bancada de oposición para legitimarse dentro y fuera del país, dando una
apariencia de respaldo y discusión democrática. En el escenario actual, lo
único que cabe es mantener posiciones patrióticas, dignas y decorosas. La sola
presencia de los diputados en el hemiciclo el día de la discusión, ya no
digamos votar en contra, justificaría las pretensiones de legalidad de lo
actuado.
Ante las reformas
constitucionales del orteguismo, la única respuesta posible es el fortalecimiento
de una oposición coherente. En estos momentos se hace necesario un cambio de
mentalidad en los partidos y organizaciones políticas. Reafirmamos que en este
momento lo que cabe no son reformas constitucionales, sino cumplir con la
Constitución Política actual. Existen muchas ideas del país que queremos y
necesitamos, pero hay poca coherencia entre el discurso y la práctica. Al igual
que con el atraco canalero, nuevamente la torpeza del régimen nos da otra
oportunidad de levantar las banderas de la unidad. La unidad de todos los
sectores de la nación que queremos, que exigimos, un país para todos.
MANAGUA,
27 DE NOVIEMBRE DEL 2013.
Quienes firman por favor?
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