UN VIAJE SIN RETORNO

Tal a como se suponía, aunque mucho antes de lo previsto y con el total desconocimiento de la bancada opositora, fueron aprobadas en segunda legislatura y en la misma sesión, las Reformas a la Constitución Política y las Reformas al Código de Organización, Jurisdicción y Previsión Social Militar (Código de Organización Militar), en un verdadero golpe de mano de parte de la bancada orteguista, enviando al traste las argumentaciones de que un cargo en la Junta Directiva de la Asamblea Nacional sirve para conocer de antemano las maniobras que se cuecen en la sala de máquinas del oficialismo. Lección para los inocentes, el orteguismo hará lo que se le venga en gana, cuando le venga en gana, pues la vocación totalitaria y dictatorial está en su ADN. La aprobación de las Reformas dieron el campanazo de salida a un viaje del que será muy difícil, para los que se han embarcado en el mismo, retornar.

Aunque en ocasiones anteriores nos hemos referido a las Reformas, sobre todo a las del Código de Organización Militar, es importante continuar denunciando y advirtiendo las implicaciones y alcances de las mismas, pues con ellas Ortega ha abierto una puerta que peligrosamente condena a la nación entera a sufrir un nuevo ciclo de violencia. Hasta la saciedad se ha explicado que la historia nicaragüense da cuenta de dictadores y aprendices de dictadores que para satisfacer sus ambiciones desmedidas, reformaron a su gusto y antojo la Carta Magna y también la misma historia nos enseña las consecuencias que tuvieron que pagar quienes así obraron, no sin antes arrastrar al país a guerras, conflictos y atrasos.

ORIGEN Y FIN DE LAS REFORMAS.

Si algo ha quedado suficientemente claro, es que las reformas aprobadas a matacaballo por los 64 miembros de la bancada orteguista (63 + Wilfredo Navarro del PLC) únicamente persiguen dos cosas: Proteger las riquezas acumuladas en estos 7 años de gobierno y Salvaguardar el poder de la familia gobernante. Mantener el poder para seguir haciendo plata y hacer plata para continuar manteniendo el poder. Simple, sencillo y brutal. Para cumplir estos fines, Ortega ha dispuesto dos instrumentos: nuevas misiones y una doctrina. 

PRIMER INSTRUMENTO. LAS MISIONES.

Para proteger el capital que han venido construyendo a partir del usufructo de la cooperación venezolana, readecúan el papel y las misiones del Ejercito, hasta convertirlo en guardianes de las empresas de “Capital Mixto”, esto es, en palabras aún más claras, de todos los sub proyectos derivados del Gran Proyecto Canalero: El canal húmedo (si se llega a construir), el canal seco, el oleoducto, dos aeropuertos, dos puertos de aguas profundas, las dos zonas de libre comercio y cualquier otra infraestructura que se considere necesaria. Es obvio, que las empresas construidas alrededor de ALBANISA se verán beneficiadas por semejante “protección”.

Esto, como se ha explicado en otras ocasiones, solo será posible a través del incremento del Ejército, tanto en fuerzas como en medios, lo que supondría una violación a los Acuerdos de Esquipulas, mismos que establecían el Balance Razonable de Fuerzas en la Región Centroamericana como una de las condiciones para acabar los conflictos bélicos que se vivieron en los años 80`s. Es previsible que para el crecimiento señalado se utilicen varias modalidades: una de ellas, el reclutamiento masivo y asalariado de jóvenes para que permanezcan al menos dos años dentro del Ejercito; una segunda modalidad sería el llamado a la “Reserva”, la cual ni siquiera está reglamentada aun, por lo que es de suponer que en el corto plazo se promulgue la ley que la regule; una tercera modalidad sería la utilización de la Juventud Sandinista como fuente de reclutamiento, bajo el argumento de que esta sería una nueva misión partidaria a cumplir, dándole continuidad a las “misiones” que han venido cumpliendo en Harbour Head. 

SEGUNDO INSTRUMENTO. LA DOCTRINA.

Para preservar el poder de la familia gobernante, se dota al ejército de una doctrina: La Doctrina de Seguridad Nacional, en una adaptación nicaraguanizada u orteguizada de la vieja doctrina diseñada por los Estados Unidos en tiempos de la Guerra Fría. Bajo esta, se ordena al ejercito “Disponer de sus fuerzas y medios para combatir las amenazas a la seguridad y defensa nacional, y cualquier actividad ilícita que pongan en peligro la existencia del Estado nicaragüense, sus instituciones y los principios fundamentales de la nación”. Ahora, los peligros que acechan a Nicaragua no estarán fuera de las fronteras, sino que también estarán dentro del país y estos enemigos son todos aquellos que no comulguen con el régimen, todos los que de alguna forma se opongan al gobierno o a sus políticas, todos los que se llamen o los llamen de oposición y a juicio del gobierno y el Ejercito, pongan en peligro el poder que detentan o propaguen ideas en contra del modelo de sociedad nacional que ellos han definido: El Estado Socialista, Cristiano y Solidario. En este sentido, el ejército controlaría la FRONTERA IDEOLÓGICA, vigilando y controlando todas las actividades políticas que realice la ciudadanía, organizada o no en partidos políticos, reprimiendo las actividades que ellos consideren “subversivas”, manteniendo un férreo control sobre la sociedad civil y la vida privada de los ciudadanos “sospechosos”. Dicho en pocas palabras, la legalización del espionaje y la represión. La vieja Dirección General de Seguridad del Estado, DGSE, resucitada en una fortalecida Dirección de Información para la Defensa, DID,  legalizada y autorizada a hacer el mismo trabajo que aquella hacía en los 80`s y más todavía, porque en aquellos duros años de guerra algunos no habían sacado a flote sus aberraciones capitalistas.

Con estas reformas, todos somos culpables mientras no demostremos lo contrario. Lo único bueno de esto, es que la mayoría de la ciudadanía es quien se encuentra en tal condición: pequeños y medianos productores cafetaleros que resienten el abandono gubernamental; pequeños productores de frijoles, papas y tomates que ven como los precios de venta no alcanzan para cubrir sus costos de producción; ganaderos que están obligados a venderle al monopolio del ALBA para que sean estos quienes se lleven la tajada del león cuando comercializan la carne en Venezuela; cooperativas, pequeños, medianos y grandes productores lecheros que ven cómo se abren las puertas a poderosos consorcios lácteos internacionales constituyendo la amenaza más grande para el sector; las miles y miles de amas de casa que tienen que hacer enormes malabares para ajustar los tres tiempos de comida en la mesa; los miles de desempleados que no encuentran un trabajo digno para poder llevar el pan a sus hogares; todos los ciudadanos que a diario echan combustible en sus vehículos y saben que artificialmente están pagando los precios más altos de Centroamérica y encima enriqueciendo cada día mas a la familia gobernante; y en general, todos los ciudadanos que estamos conscientes de que vivimos en medio de una dictadura que ha demolido la Institucionalidad, la Democracia y el Estado de Derecho.