viernes, 6 de marzo de 2020

ACERCA DE LAS SANCIONES A LA POLICIA DE ORTEGA


Creo que ha quedado más que claro el compromiso de la Administración Norteamericana con la búsqueda de una salida pacífica a la crisis que se vive en nuestra patria. Muchos comparan la situación nuestra con la venezolana, sin embargo, la intención manifiesta de Daniel Ortega es cubanizar Nicaragua, esto es provocar el hastío y el cansancio en la ciudadanía, que poco a poco se vaya normalizando la represión y se “conviva” con esta situación, bajo la idea que “no queda de otra” más que habituarnos a que habrá Ortega para rato y represión para ese “rato”. Que los paramilitares serán una “especie” con la que habrá que convivir permanentemente, igual que con las cámaras que espían desde los postes de luz los movimientos de la gente en muchos municipios. Que hay que habituarse al Estado de Sitio casi permanente que se vive al interior del país y en Managua cada vez que se anuncia alguna actividad por parte de la oposición a Ortega, independientemente se esta es a puertas cerradas, dentro de una iglesia o en plena calle. 

Mucha gente se encontraba hasta antes de las últimas sanciones, con un sentimiento de desesperanza, de rechazo a las alternativas pacificas de solución a la crisis y pensando que Ortega solo saldrá muerto o a balazos. Sin embargo, el mensaje de los Estados Unidos es contundente, no habrá “atornillamiento” en el poder, no habrá ningún paralelismo con Venezuela, mucho menos con Cuba, no habrá sucesión dinástica, ni ningún “Rene Schick” que le permita gobernar desde en medio, disfrutando a sus anchas del saqueo hecho durante más de 12 años. Estas sanciones cambian drásticamente el panorama existente y vienen a reforzar la exigencia, no solo de los Estados Unidos, sino de la Comunidad Internacional, de salir a la crisis mediante elecciones limpias, cuya hoja de ruta pasa previamente  por Reformas Electorales, no al gusto de Ortega, sino negociadas con la verdadera oposición de Nicaragua. A muchos no les gustará esta vía, pero los que hemos vivido los tres últimos ciclos de violencia en nuestro país, sabemos que los ríos de sangre que han corrido en montañas y ciudades no pueden ser repetidos nuevamente.  

El mensaje que la Administración Trump le envía a Daniel Ortega es que la institución en la que ha hecho descansar de manera directa la represión al pueblo nicaragüense es la “responsable o cómplice, o ser responsable de ordenar, controlar o instruir de otra forma, o partícipe a sabiendas en forma directa o indirecta, en relación con actos significativos de violencia o conductas que constituyen abusos graves o violaciones de derechos humanos contra personas vinculadas con las manifestaciones que empezaron en Nicaragua el 18 de abril de 2018”. Así mismo le recuerda que esta policía “ha usado municiones reales contra manifestantes, ha participado en escuadrones de la muerte y perpetrado ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y detenciones arbitrarias”. Y para que no quede duda alguna le señala que “las fuerzas parapoliciales es un grupo paramilitar integrado por voluntarios que suelen ser agentes de la Policía Nacional vestidos de civil, operan con impunidad siguiendo instrucciones de la Policía”.

Dicho en pocas palabras, los “azules favoritos” pasan a ser una banda delincuencial (como les gusta llamar desde el poder a quienes se oponen a la dictadura), proscrita, señalada y acusada de ser una Organización Criminal, lo que vale la pena resaltar. Esta organización criminal empezará a tener serios problemas a partir del 6 de Mayo, fecha en que caducan las licencias emitidas por el Departamento del Tesoro para que ciudadanos estadounidenses finalicen sus transacciones con la misma. Es de esperar que dicha organización criminal proceda a desarrollar un entramado de mecanismos para burlar las sanciones, ya que afectan a sus proveedores de bienes y servicios, siendo el más importante los servicios financieros. Cualquier banco se expone a sufrir las represalias norteamericanas si hacen caso omiso a la Orden Ejecutiva 13851. Esta más que claro que los proveedores de bienes que utiliza la organización criminal sancionada saldrán de las empresas personales y familiares que durante estos años de latrocinio, asalto al erario público y a la cooperación petrolera venezolana se han ido construyendo. Es seguro que habrá mucho efectivo y pronto veremos más “incautaciones” de dólares a supuestos narcotraficantes que dejan abandonada la plata y que nunca aparecen. 

El peligro de todo esto, y hay que señalarlo sin ambigüedades, es que Ortega hará pagar al pueblo esta decisión norteamericana, es lo usual, su estilo, su forma de reaccionar, predecible desde los años 80’s, a menos que haya alguien en su entorno que le prevenga y lo desestimule a actuar como muchos sabemos y creemos que lo hará. Desatar el caos, los asaltos en las calles, los secuestros de ciudadanos vinculados a la oposición, las violaciones a mujeres, multas de tránsito al por mayor, robos y agresiones a turistas, elevando la parada a los Estados Unidos con el mensaje de que ese es el costo a pagar por haber atacado de manera tan contundente a los celosos Guardianes de la Dictadura. Veremos cuál será la decisión de un Ortega que ni en sus peores pesadillas contemplaba esta acción del “Imperio”.  

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