Un importante porcentaje de los más grandes capitales latinoamericanos fueron construidos y desarrollados en base a una receta sencilla y altamente efectiva: poder político, privatizaciones y monopolios. Bajo el amparo del poder, se privatizaron las empresas públicas más grandes, las más eficientes y las que generaban mayores ganancias, en beneficio de los grupos económicos y familiares más cercanos a los gobernantes de turno, mediando por supuesto, las correspondientes mordidas y coimas millonarias que enriquecieron las arcas personales de presidentes y ministros. Bajo esta nefasta combinación, se crearon grandes monopolios empresariales que permitieron desarrollar los capitales originales.
Adicional a esto, pusieron en marcha otra terrible receta para mejorar la “competitividad” de los inmensos consorcios, siempre con el apoyo gubernamental: disminuir los salarios de los trabajadores, afectar en detrimento de estos sus beneficios sociales, la legislación laboral que los amparaba y la organización sindical. De norte a sur los ejemplos abundan: monopolios de las comunicaciones, del cemento, de los hidrocarburos, del estaño, del acero, etc. Todos ellos bajo la protección del estado a través de los resortes y facilidades que brinda el poder político, el tráfico de influencias y la colusión entre los intereses públicos y privados de quienes tienen la “suerte” de ser los escogidos para engrosar la reducida lista de multimillonarios latinoamericanos.
Nicaragua no ha estado ajena a estas formas primitivas de hacer capital. La familia Somoza, durante los 45 años que gobernó al país, acumuló una riqueza calculada en unos 1,200 millones de dólares utilizando el poder político y los monopolios sobre determinadas industrias. Líneas aéreas, marítimas, pesca, tabaco, banca, cemento, entre otras, fueron las actividades sobre las que descansaron en gran medida los orígenes de dicha fortuna. Todas estaban protegidas por el gobierno y por el gobernante, operaban libre de impuestos y gozaban de la preferencia del estado en sus contratos millonarios. Demás decir que la condición indispensable para esta acumulación de capital la determinó el mantenimiento férreo del poder político en su forma más simple y rudimentaria, la dictadura militar.
Durante la década de los 80´s, la revolución fue la mampara que sirvió para que algunos dirigentes aprovecharan su paso por el estado e iniciaran sus particulares procesos de acumulación de capitales, a partir de la privatización o repartición de empresas que se decían eran propiedad del pueblo, de gran cantidad de propiedades urbanas y rurales, de dinero en efectivo que manejaban con total discrecionalidad, de maquinarias, industrias, armas, negocios y un largo etcétera, cuyo colofón fue lo que conocimos como “La Piñata”, pero que no necesariamente se dio al final del periodo revolucionario. Algunos, malos administradores, se diluyeron, otros, en el ocaso de sus vidas, han empezado a vender sus vastas propiedades, y otros más, asociados con empresarios legítimos y oportunistas, han crecido como la espuma y se conservan exitosos bajo el amparo del poder político de antes y de ahora.
Durante el periodo de la post revolución y de los gobiernos neo liberales, sobresalió el intento hecho durante la administración del Dr. Arnoldo Alemán de conformar un poderoso polo económico al amparo del gobierno. Se pretendió la recuperación del capital confiscado al somocismo y establecer un nuevo centro de poder con hegemonía liberal. Se calcula que pasaron a manos de este grupo no menos de 500 millones de dólares provenientes de las arcas públicas. Debido a la naturaleza depredadora de sus principales actores, no consolidaron sus capitales, sino que más bien optaron por sacar el dinero del país junto a sus familiares, dejando atrás al caudillo liberal quien no tuvo otro camino que negociar su libertad y buscar el perdón de sus compinches.
La Nicaragua de hoy, Cristiana, Solidaria y Socialista nos encuentra con una casta gobernante, que sigue al pie de la letra la vieja receta para volverse millonario. Privatización de la cooperación venezolana, monopolio de la importación del petróleo y del comercio con el país del sur y el uso y abuso del poder político en beneficio propio. El acuerdo energético entre Venezuela y el Estado nicaragüense ha sido privatizado por la familia gobernante, lo que ha permitido que las empresas de dicha familia manejen con absoluta discrecionalidad ganancias que se calculan ya en más de 1,500 millones de dólares. La familia Ortega - Murillo a través de las empresas del ALBA, son los únicos importadores de petróleo en el país, los mayores distribuidores de combustible y por consiguiente los únicos receptores del concesional acuerdo de suministro del crudo venezolano, que otorga el 50 % de la factura petrolera anual de aproximadamente 10 millones de barriles, a un plazo de 23 años, mas dos de gracia y a un interés del 2 % anual. Estos 10 millones de barriles a un precio promedio de 80 dólares el barril, significan 400 millones de dólares libres de polvo y paja en las arcas privadas de nuestros cristianísimos gobernantes, sin incluir los márgenes de ganancia por la comercialización del crudo. Adicional a esto, mantienen una suerte de Tratado de Libre Comercio privado con Venezuela, que les permite a sus empresas ser las únicas exportadoras hacia ese país. El volumen comercial de dichas exportaciones en el 2010 ascendió a casi 300 millones de dólares.
Son muchos millones de dólares que debieran estar beneficiando a casi 6 millones de nicaragüenses si pasaran por el presupuesto de la república y no solo a una cúpula familiar y partidaria, quienes para guardar las apariencias dejan caer migajas del festín en forma de “bonos solidarios” de menos de 600 córdobas mensuales para los trabajadores del estado. Millones de dólares que debieran estar subsidiando los precios del combustible, el segundo más caro de Centroamérica y que incide negativamente en casi toda la actividad económica del país. Un subsidio que podría estar beneficiando a miles de transportistas por la vía del congelamiento de los precios a niveles razonables, tal a como lo propuso recientemente la bancada del MRS en la Asamblea Nacional y que fue rechazado por el presidente de la Comisión Económica, el diputado diriambino Wálmaro Gutiérrez Mercado.
Millones de dólares que debieran mantener bajos los precios de la energía eléctrica para toda la población, sobre todo si tomamos en cuenta que Venezuela y Taiwán donaron al pueblo de Nicaragua plantas eléctricas y que también fueron privatizadas por “La Familia”. Millones de dólares que dejan toneladas de plumas de un inmenso gallinero que es robado todos los días en nuestras propias narices, puesto que todos los días conocemos de las fechorías que hacen los funcionarios socialistas del estado cristiano y solidario a costa del erario público. Millones de dólares que tendrán que ser recuperados en un gobierno de hombres y mujeres honestos y firmes, que se den a la tarea de devolver a las futuras generaciones la dignidad y el honor perdidos por la sed insaciable de dinero fácil.
