Luego de la Operación Limpieza y el desmantelamiento de los tranques en julio del 2018, el régimen ha venido implementando una política de Terrorismo de Estado con varios objetivos, entre ellos los siguientes:
a.- Evitar por todos los medios una nueva escalada de protestas que repita la salida masiva a las calles de la población y por consiguiente la perdida de estas por parte del gobierno, tal a como ocurrió durante los meses de abril a junio del 2018.
b.- Evitar la posibilidad de que la población identificada como adversa al régimen, caracterizada por los operadores de Inteligencia como Azul y Blanco, puedan organizarse libremente en expresiones territoriales y se vinculen a las estructuras opositoras que tratan de aglutinar a la población en Nicaragua.
c.- Entorpecer al máximo las posibilidades de que las estructuras opositoras puedan capitalizar el descontento de la ciudadanía nicaragüense y puedan organizarse como una alternativa electoral en las eventuales elecciones de noviembre del 2021, evitando las reuniones políticas donde se comparte el mensaje político.
d.- Evitar la estructuración del tendido electoral que permita conformar la red nacional de fiscales electorales de la oposición en Nicaragua, lo que evidentemente facilitaría las condiciones para desarrollar un fraude electoral en las eventuales elecciones del 2021.
Esta política de Terrorismo de Estado tiene varios elementos de soporte para su operativización y ejecución, siendo estos los siguientes:
a.- El Ejercito Nacional. El principal aporte del ejército consiste en desarrollar la labor de inteligencia al servicio de dicha política, disponiendo de todo el tendido territorial que posee la Dirección de Información para la Defensa, DID, además de la técnica de radioescucha y espionaje político que llevan a cabo al interior del país. Toda esta información es procesada en la Comité de Inteligencia Nacional, CIN, y elevada al Presidente de la Republica para la toma de decisiones. El CIN está integrado por Néstor Moncada Lau, en su calidad de Asesor de Seguridad Nacional del Presidente Ortega; Roger Ramírez Guzmán, en su calidad de Viceministro de Gobernación; Luis Cañas Novoa, en su calidad de Viceministro de Gobernación; General de Brigada Rigoberto Boanerge Balladares Sandoval, en su calidad de Jefe de la Dirección de Información para la Defensa, DID, del Ejercito Nacional; General de Brigada Leonel Jose Gutiérrez López, en su calidad de Jefe de Inteligencia Militar y Jefe de Contrainteligencia, CIM, y el Comisionado General Adolfo Marenco Corea, en su calidad de Subdirector y Jefe de Inteligencia de la Policía Nacional.
b.- La Policía Nacional. Luego de la sanción del gobierno de los Estados Unidos de América, a través del Departamento del Tesoro[1] señalándola en la práctica como organización terrorista por el “uso de municiones contra manifestantes pacíficos, de conformar batallones de la muerte y de llevar a cabo matanzas extrajudiciales, desapariciones y secuestros”, la policía ha profundizado su desmantelamiento institucional convirtiéndose en un cuerpo armado al servicio de los intereses de la familia presidencial, cómplice y ejecutor directo de Crímenes de Lesa Humanidad de acuerdo a las conclusiones del Tribunal de Conciencia “La violencia sexual como Crimen de Lesa Humanidad”[2] llevado a cabo los dias 8 al 11 de septiembre del 2020 en San Jose, Costa Rica, cómplice de actividades de narcotráfico, pero sobre todo, como el principal elemento de represión y control social de la ciudadanía nicaragüense que no comulga con el régimen.
c.- La Fuerza Paramilitar. Luego de la Operación Limpieza en julio del 2018, la Fuerza Paramilitar creada por la orden directa de Daniel Ortega dada al Comandante Guerrillero y de Brigada Edén Atanasio Pastora Gómez, de acuerdo con su propia confesión (a partir del minuto 37) en una entrevista televisiva al medio noticioso Izquierda Visión, de filiación sandinista[3], pasó a convertirse en una estructura aglutinante de las estructuras de la vieja guardia sandinista, la mayoría de los cuales habían participado en esa fatídica matanza ejecutada en contra del pueblo nicaragüense. Esta agrupación paramilitar, ha mutado en varios nombres: batallones defensores del sandinismo histórico, batallones estructurados para la defensa del poder revolucionario o batallones de la paz, sin embargo, la tónica es darle forma orgánica al paramilitarismo sandinista en Nicaragua, con la misión principal de enfrentar una eventual nueva oleada de protestas en el país, para lo cual no solamente han conservado el armamento que les proveyó el Ejercito Nacional, sino que su nivel organizativo se ha visto potenciado, así como el entrenamiento, para lo cual han participado en conjunto con la policía, en los cursos básicos de tácticas militares, impartidos por oficiales del Ejército. Una segunda misión es el mantenimiento del control social en los territorios, encargándose de la vigilancia estricta de los excarcelados políticos y de los ciudadanos identificados como líderes territoriales opositores. De acuerdo con información de fuentes de estas estructuras brindadas al autor, una de las misiones al momento de un levantamiento popular consiste en aniquilar a estas personas.
d.- Las Fuerzas Parapoliciales. Provienen de las estructuras partidarias asentadas en los barrios y comarcas. Son los chivatos colaboradores del gobierno a través del partido. Actualmente reciben entrenamiento en conjunto con la policía de parte de oficiales del ejército en un Curso Básico de Tácticas Militares. Mantienen el control y espionaje de la población opositora a nivel de manzana, barrio, municipio, comarcas.
e.- Los reos comunes recién liberados. El régimen, en su desesperación de mantener y profundizar el control de los territorios, ha liberado a más de 23 mil reos comunes en menos de un año[4]. Una parte de ellos ha engrosado las filas policiales, otra parte han sido reclutados por el Ejercito y el resto ha sido provisto de armas cortas por la Policía Nacional, a través de la Dirección de Armas, Explosivos y Municiones, DAEM, con el visto bueno de las autoridades para que ejerzan su labor de delinquir y mantener el terror y la zozobra entre la ciudadanía, que vería como altamente peligroso movilizarse por las calles, sobre todo en horas de la noche. Esto le permite a la policía el refresco necesario, evitando el patrullaje nocturno tan desgastante para ellos.
f.- La judicialización de la protesta y organización popular. Mediante la implementación de leyes draconianas que intentan llevar el temor y la zozobra a la población y eviten que se organicen de cara al proceso electoral previsto para noviembre del 2021. Hay tres leyes que el régimen de Ortega amenaza con ser aprobadas en la Asamblea Nacional, la que prácticamente es un apéndice del Ejecutivo: Ley de Crímenes de Odio; Ley de Agentes Extranjeros y Ley de Ciberdelitos. La primera de ella amenaza con la pena de cadena perpetua a quienes cometan “Crímenes de Odio”, reservándose ellos la tipificación de estos. La segunda ley intenta frenar el flujo de efectivo que proviene del exterior hacia los organismos de la sociedad civil que adversan al gobierno y la última ley pretende darle el poder al gobierno sobre lo que se publique en las redes sociales.
[1] https://ni.usembassy.gov/es/nota-de-prensa-del-departamento-del-tesoro-de-los-ee-uu-el-tesoro-sanciona-a-la-policia-nacional-de-nicaragua-y-comisionados-de-policia/
[2] https://drive.google.com/file/d/1YRhn4OR4bXbRrbQbW5DN1B_CDkbxlb3B/view?fbclid=IwAR0SuGXha6V1FeGBSDdqTb1LhnroMyYQ2pmMb8Z549TwO-Z9fFknPKgLH2o
[3] https://www.youtube.com/watch?v=p6FNwT7GT7o&feature=youtu.be
[4] https://www.laprensa.com.ni/2020/09/01/nacionales/2715336-regimen-ha-excarcela-a-mas-de-22-mil-reos-comunes-sin-explicar-los-mecanismos-utilizados
