sábado, 5 de mayo de 2012

ESTRATEGIA DEL ORTEGUISMO PARA LAS ELECCIONES MUNICIPALES


La semana anterior el magistrado presidente (de facto) del fraudulento Consejo Supremo Electoral, solicitado además por la justicia costarricense por acusaciones de Enriquecimiento Ilícito, Roberto Rivas Reyes, hizo la atrasada convocatoria a participar en las elecciones municipales del próximo 4 de Noviembre. Con la soberbia y pedantería que le caracteriza, anunció con bombos y platillos el calendario electoral y como de si algo nuevo se tratara, exigió la entrega del famoso documento de intenciones que en las elecciones nacionales recién pasadas también obligó a firmar a las alianzas participantes, con la intención de dar, adentro y afuera, una imagen de legalidad y pretender el tan rebuscado reconocimiento de los partidos políticos al gobierno y al adefesio de institución que mal dirige, desprestigiada a más no poder por los fraudes perpetrados a la voluntad popular en las últimas tres elecciones organizadas por estos impresentables personajes.

Luego del desastre nacional e internacional en que se convirtieron los pasados comicios, los que resultaron en la ilegal investidura presidencial del candidato inconstitucional por el también ilegal Rivas Reyes, el desprestigio institucional del Consejo Supremo Electoral es aún mayor, ya que los informes de las Misiones de Observación Electoral, tanto de la OEA como de la Unión Europea, lo convierte en el ojo del huracán del colosal fraude cometido a vista y paciencia, incluso de los mismos observadores nacionales e internacionales. La demanda de TODOS los que participaron como vigilantes de lo que debería haber sido un proceso justo, limpio y transparente, es la salida inmediata de TODOS los “magistrados”, que no está demás repetir, TODOS se encuentran con periodos vencidos, por lo que son ILEGALES, DE FACTO Y AL MARGEN DE LA CONSTITUCION. Otra cosa es que, en el reinado de la ilegalidad y la inconstitucionalidad en que ha caído nuestro país a partir del 2007, año en que inició la demolición del Estado de Derecho en Nicaragua, ellos no desentonen y estén al mismo nivel que se encuentran 38 funcionarios de los “poderes del estado”, presidente incluido.

Ahora y a pesar de cargar con semejante baldosa anti ética, inmoral y poco técnica, se pretende continuar con el circo electoral puesto en escena desde el 2008, en un intento de “normalizar” la situación del país y aparentar legitimidad a partir de la famosa carta de intenciones que obligatoriamente tendrían que entregar los partidos políticos, so pena de perder sus personerías jurídicas. Bajo este chantaje político y jurídico, el gobierno a través del Consejo Supremo Electoral armaría la comparsa del próximo 4 de Noviembre. Sin embargo, existen algunas consideraciones que desde ya se están barajando para garantizar las “nuevas victorias” previstas en las elecciones municipales.

En primer lugar está la participación del PLI, que como segunda fuerza electoral en virtud de los resultados de Noviembre del 2011, la Ley Electoral lo faculta para contar los votos con la primera fuerza, el FSLN. No hace falta devanarse los sesos para prever que, al igual que hizo con ALN, el orteguismo le dará la personería jurídica del PLI a alguien que “cuente” los votos como a ellos les interesa que se cuenten. En este sentido, se baraja formalizar la idea de aquella medida salomónica que tanto se habló después de las elecciones pasadas: respetar los diputados de la Alianza PLI, pero entregar la personería a una de las tres facciones que reclaman la legitimidad. En este caso, se menciona insistentemente que los premiados serán los que están alrededor del caudillo Virgilio Godoy, con la salvedad que la representación legal se la entregarían a quien en su momento fue el “Delfín” del anciano líder liberal, el célebre Wilfredo Navarro, esto posterior a su renuncia o expulsión del PLC y su reincorporación a la facción del PLI Godoyista. Esta movida garantizaría al orteguismo que nadie se dispare por su propia cuenta a la hora del conteo de los votos o que pretenda cobrar mas de lo debido por el tendido electoral, como el caso aquel conocido por todos, y trataría de atraer a algunos diputados de la bancada democrática. Navarro trataría de consolidar una bancada del PLI Godoyista, la que tendría el apoyo incondicional del orteguismo en la Asamblea Nacional. Se matan dos pájaros de un tiro: por un lado se garantiza el “correcto” conteo de los votos para que la Alianza de Ortega - Murillo conquiste al menos 135 alcaldías, con una abrumadora mayoría de concejales provenientes de los CPC en cada una de ellas y por otro lado, se fracciona la bancada democrática y por consiguiente, “la oposición” a Ortega.

En segundo lugar, se permitiría la participación de  ALN, quien de acuerdo a la Ley Electoral perdió su personería jurídica debido a la mísera cantidad de votos que obtuvo en Noviembre pasado. En este caso se alegaría jurisprudencia por otros casos similares en el pasado para garantizar que corran legalmente en la contienda municipal. Esta situación sería prácticamente igual para el Partido Conservador, quien perdió también su personería jurídica por las mismas razones de ALN. Ambos partidos correrían solos en las elecciones y si se preguntan quién financiaría a ambos después del desastre del 2011, la respuesta es la misma que todos están pensando. Del mismo cuero salen todas las coyundas, dice el refrán muy nicaragüense.

En tercer lugar y para dar la sensación de masiva participación en el proceso electoral, que ellos lo leen como apoyo y confianza en las autoridades electorales y a la gestión del gobierno, ademas entrarían al circo electoral: 1) La Resistencia Nicaragüense, con la promesa de cederle algunas alcaldías en el corredor de la guerra; 2) El PLC, quien todavía aspira, de la mano de un “reingenierizado” Arnoldo Alemán, a convertirse en la segunda fuerza política del país o al menos a ser recompensado por favores prestados en el pasado reciente, y 3) Algunos partidos satélites del orteguismo, sobre todo los vinculados a denominaciones religiosas evangélicas, con la promesa de que van a ganar unos cuantos concejales, de los no tan milagrosamente multiplicados.

Con esta estrategia, pretenden dar la sensación de que las “instituciones políticas” del país han dejado atrás los alegatos de fraude electoral y que, dada la “confiabilidad” del Consejo Supremo Electoral, estarían dando un voto de confianza a esta institución. Se da por descontado que toda esta trama contaría con la bendición del Gran Capital, los más interesados en alcanzar la estabilidad que tanto necesitan los negocios. Con el paso inicial dado por Ortega, de enviar a aprobación de la Asamblea Nacional las insustanciales reformas electorales, estaría dejando para una eventual negociación, mas de cara al exterior, el cambio de algunos rostros en el CSE. Esa sería su carta debajo de la manga, en caso de que los Estados Unidos y la Unión Europea presionen por la transformación de tan desprestigiada institución. Tal a como se maneja públicamente, porque no han tenido empacho en anunciar sus mezquinas ambiciones personales, algunos diputados dizque opositores, ya estarían listos para “sacrificarse por la patria” y asumir las magistraturas que tenga a bien Ortega concederles.

Habría que ver que de esto aprobaría el pueblo nicaragüense, harto del tradicionalismo político del que han hecho gala muchos filibusteros de la política criolla durante tantos y tantos años. Es casi seguro que, al igual que don Fabio Gadea, la inmensa mayoría se quede en sus casas contemplando como, en otra repetición del fraude del 2008, el orteguismo anuncia con bombos y platillos un nuevo triunfo electoral el 4 de Noviembre.   

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