lunes, 21 de febrero de 2022

BOLETIN A FONDO CON ROBERTO SAMCAM. EDICION N° 15

 


EDITORIAL: JUAN ORLANDO HERNANDEZ: DE CASA PRESIDENCIAL A LA CARCEL

Por: Ing. Roberto Samcam Ruiz. Mayor en Retiro

Casi de manera literal, la caída del expresidente Juan Orlando Hernández, JOH, como acostumbraban a llamarlo, ha sido dramática, prácticamente salió de Casa Presidencial hacia una celda en prisión preventiva. Bastaron apenas veinte días, luego de la toma de posesión de su sucesora Xiomara Castro, para que se llevara a cabo la orden de detención del expresidente Hernández, a solicitud expresa del Gobierno de los Estados Unidos de América, por presuntos delitos vinculados al narcotráfico. Las fotos del otrora hombre fuerte de Honduras, saliendo de su residencia con grilletes en muñecas y tobillos, es el reflejo de quien ha caído a menos en las cúpulas del poder en ese país, y como se dice popularmente, “a Rey muerto, Rey puesto”, solo que en este caso sería Reina puesta.

De acuerdo con la solicitud de extradición, la principal acusación hecha a Hernández es de conspiración para el tráfico de 500 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos en un periodo de aproximadamente 20 años, siendo señalado en varios juicios en los que, narcotraficantes en poder de las autoridades norteamericanas, declararon haber sobornado al ahora expresidente, a fin de poder gozar de su poder e influencias para la producción, trasiego y traslado de drogas hacia el norte. Una de las bases de la acusación, parte de declaraciones de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo Guzmán”, en ese entonces Jefe del Cartel de Sinaloa, quien aseguró en una corte federal estadounidense, de haberle entregado millonarios sobornos a través de su hermano, el entonces diputado Antonio “Tony” Hernández, sentenciado a cadena perpetua por una corte federal norteamericana. Así mismo, el narcotraficante hondureño, Giovanni Fuentes Ramírez, procesado y condenado en Estados Unidos, declaró haber entregado grandes sumas de dinero en sobornos, tanto a Juan Orlando como a su hermano Antonio “Tony” Hernández, para facilitar las operaciones de los grupos narcotraficantes en ese país.

El caso de Honduras es el reflejo de un país, en el que sus principales autoridades habrían sido cooptadas por el narcotráfico internacional desde hace muchos años atras. La corrupción y los sobornos de los capos de los carteles nacionales e internacionales, prácticamente lo convirtieron en un narco estado, donde los niveles más altos del poder, llámese Congreso Nacional, Policía, Ejercito o Casa Presidencial, respondían a los intereses del Crimen Organizado. Basta leer el libro escrito por la periodista mexicana Anabel Hernández, “El Traidor”, para confirmar lo dicho anteriormente. Vicente Zambada Niebla, “Vicentillo”, hijo de Ismael “El Mayo” Zambada, considerado el verdadero Jefe del Cartel de Sinaloa, narra en el libro en mención, los sobornos hechos a prominentes figuras políticas hondureñas, tales como el expresidente José Manuel “Mel” Zelaya Rosales, presidente del partido LIBRE, en el poder, y actual asesor de la presidenta Xiomara Castro. De acuerdo con “Vicentillo”, el narcotraficante Héctor Emilio Fernández Rosa, pagando condena en Estados Unidos, le entregó a Zelaya 2 millones de dólares. Así mismo se lee (pág. 175) del financiamiento hecho a la campaña política del diputado Roberto Micheletti, quien asumió la presidencia en el 2009. En otras publicaciones, se señala al expresidente Porfirio Lobo Sosa como vinculado al desaparecido Cartel hondureño “Los Cachiros”, de quien habría recibido cuantiosos sobornos para poder operar con tranquilidad. Un hijo de Lobo Sosa, de nombre Fabio Lobo, fue sentenciado a 24 años de prisión por delitos de narcotráfico en una corte federal norteamericana. La familia de Porfirio Lobo, incluido él mismo, están impedidos de entrar a Estados Unidos, y el expresidente está incluido en la “Lista Engels”, Ley de Compromiso Reforzado entre los Estados Unidos y el Triángulo del Norte, cuyo objetivo es sancionar a los actores involucrados en actos de corrupción y ataques a la democracia en la región centroamericana.


REPERCUSIONES DE LA CAPTURA DE JUAN ORLANDO HERNANDEZ PARA ORTEGA

Desde la Redacción.

Cuando todos creían que el expresidente hondureño y ahora reo en custodia, Juan Orlando Hernández, pasaría a engrosar la lista de políticos centroamericanos “exiliados” en Nicaragua, incluso más de algún despistado aseguró verlo entrando a la residencia de Ortega en El Carmen, repentinamente es mostrado por la televisión, saliendo de su residencia acompañado de un aparatoso despliegue policial, ya no para protegerlo por su anterior investidura, sino todo lo contrario, para conducirlo  esposado de pies y manos hacia la sede de las Fuerzas Especiales de la Policía, el “Batallón Cobra”, al mando directo del Ministro de Seguridad, el Ex General Ramon Sabillón, quien dirigió el operativo de su captura y a la postre quien denunció en el 2016 los vínculos entre su hermano, Antonio “Tony” Hernández y el narcotráfico.

La captura y eventual extradición de JOH tiene en vilo a muchos políticos, empresarios, oficiales de la policía y el ejército en varios países de Centroamérica, pero más en concreto en la Nicaragua de Daniel Ortega, la del “Muro de Contención”.  Los vínculos de Ortega con JOH son diversos, basta recordar que desde el 2020, Francisco “Chico” López, tesorero de la mafia en el poder en Nicaragua y sancionado por la Ley Magnistky, inició el proceso de traslado de muchas empresas vinculadas a ALBANISA a tierras catrachas, como un mecanismo de evasión de las sanciones norteamericanas y europeas al conglomerado creado a expensas de la Cooperación Petrolera Venezolana. En Honduras se asoció con familiares de Juan Orlando Hernández, entre los que sobresale uno de sus hermanos, José Amílcar Hernández Flores, y un protegido del expresidente, de nombre Gerardo Arcángel Meraz Puerto, con quienes ha creado una gran cantidad de empresas en distintos rubros.

El otro vinculo es el del narcotráfico, en el que ambos países parecieran ser una subsidiaria del venezolano “Cartel de los Soles”, desde donde se envían los mayores cargamentos de droga producida en Colombia hacia los Estados Unidos, cuyo paso por Centroamérica es casi obligatorio, toda vez que las principales rutas, tanto terrestres, marítimas, como aéreas, tienen que atravesar los países del istmo para poder llegar a México, lugar donde es trasladada hacia el mercado final de destino, los Estados Unidos. De acuerdo con informes del Departamento de Estado norteamericano en el 2020, la ruta terrestre por Centroamérica es la principal de las tres, en vista del accionar del Comando Sur de los Estados Unidos, quien ha golpeado severamente los traslados aéreos y marítimos, en coordinación con las fuerzas antidrogas de países seriamente comprometidos con la lucha contra este flagelo, tales como Colombia, Panamá, Costa Rica y El Salvador.

La caída de Juan Orlando Hernández deja el camino libre para un nuevo reacomodo de las principales fichas del Cartel de los Soles en Centroamérica, alineadas política e ideológicamente con el gobierno venezolano, quien es el socio mayoritario de todas las empresas vinculadas a PDVSA y que surgieron al amparo de los flujos de dinero que llegaban a borbotones, tanto hacia El Salvador (ALBA PETROLEOS), mientras estuvo en el poder el FMLN, y a Nicaragua (ALBANISA), bajo el poder del FSLN desde el 2007, y ahora en Honduras con el intempestivo traslado de Francisco “Chico” López hacia ese país. Con la salida del escenario del FMLN en El Salvador, el papel de Honduras se vuelve estratégico para los planes venezolanos, interesados en mantener dicha plaza a su servicio.

Uno de los problemas grandes que tiene Daniel Ortega, es que una eventual extradición de JHO hacia los Estados Unidos pondría en riesgo todos los negocios ilícitos del Cartel de los Soles y el de El Carmen, ya que tratará de negociar penas mas suaves, si es que es extraditado, entregando toda la información que posee y conoce, de las operaciones de ambas organizaciones criminales, no solo en territorio hondureño, sino que en el resto de Centroamérica. El otro problema será lidiar en Honduras con un personaje con fama de incorruptible, el Ex General Ramon Sabillón, Ex Director de la Policía y actual Ministro de Seguridad de Honduras, defenestrado en el 2016 por Hernández y obligado a irse al exilio en los Estados Unidos durante 5 años. Es de esperar que este se resista a meterse en los “enredos” bolivarianos del principal asesor de la Presidenta Xiomara Castro, José Manuel “Mel” Zelaya, quien como anotamos en el Editorial del Boletin A Fondo, es señalado por el hijo de Ismael “El Mayo” Zambada, Jefe del Cartel de Sinaloa, Vicente Zambada Niebla, alias “Vicentillo”, de recibir 2 Millones de dólares de dicho Cartel.

 


ALBANISA EN RUINAS Y JOH A PUNTO DE SER EXTRADITADO A EEUU

Por: Stylianos Ramos

Cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los EE. UU., aplicó sanciones a la empresa Petróleos de Venezuela, S.A (PDVSA), por su involucramiento en el financiamiento de acciones violatorias de los DDHH y lavado de dinero, provocó un efecto dominó y se trajo abajo a su socia minoritaria Alba de Nicaragua, S.A (ALBANISA). Oficialmente, ALBANISA se creó con el 51% de las acciones propiedad de PDVSA y el 49% restante propiedad de PETRONIC, con la aparente finalidad de administrar el suministro de petróleo, donde el 50% se convirtió en deuda pública y el otro 50% se subdividió en un 25% en fondos de PETROCARIBE y el restante 25% destinado para proyectos sociales.

Sin embargo, la voracidad desplazó cualquier aparente sentimiento noble, porque en realidad no lo había, todo fue una operación para el enriquecimiento ilícito, de manera que rápidamente el esquema tomó un rumbo mafioso que fue combinado con una utilización política con la que, a través de distintas triquiñuelas legales, el chavismo y el orteguismo estafaron a sus pueblos. De esa manera ALBANISA, se convirtió en realidad en un HOLDING, o sea, una sociedad mercantil que a su vez es propietaria de un conjunto de empresas, a través de las cuales se ha venido construyendo el grupo económico perteneciente a la familia Ortega-Murillo, y que los incautos “militantes” del FSLN, por cuestiones de disciplina partidaria se han creído el cuento de que se trata de “empresas del partido”.

Con la muerte de Hugo Chávez y el ascenso de Nicolás Maduro, todo el conjunto de empresas de ALBANISA tomaron un rumbo aún más “glotón” pues, aparte de robarse el dinero venezolano, también se convirtieron en el principal grupo empresarial suministrador de bienes y servicios del Estado de Nicaragua, convirtiéndose de esa manera en una gigantesca operación de LAVADO DE DINERO, frente a las narices de la flamante Unidad de Análisis Financiero, UAF, dirigida por dos fanáticos orteguistas, uno que viene de las filas del ejército y el otro de las filas policiales (dos zorros cuidando el gallinero), que no dijeron nada, ni vieron nada. Las sanciones de la OFAC acabaron con ALBANISA, y han terminado liquidando al personal en Nicaragua de manera generosa para comprarles su silencio.

Pero ALBANISA no se quedó solo operando en Nicaragua, se expandió hacia El Salvador, donde los petrodólares venezolanos han sido fundamentales (a como lo fueron con Ortega en Nicaragua) para el acceso al poder del FMLN. También lo hizo, inicialmente con Manuel Zelaya, quien se enredó en su propia madeja, y lo ha sido para afianzar en Honduras a la mafia que rodea al expresidente Juan Orlando Hernández (JOH). Así, desde que ALBANISA y sus principales cabezas visibles fueron sancionados por la OFAC, las empresas de dicho Holding encontraron un buen refugio en Honduras, mutando con nuevas razones sociales y creando una amplia red de testaferros.

Sin embargo, la llegada al gobierno de Xiomara Castro, cuya campaña fue financiada con fondos ALBA, no significa ninguna garantía para la familia Ortega-Murillo de que sus fondos estén seguros en suelo catracho, dado que la necesidad de mantener buenas relaciones con EE. UU. es una de sus prioridades. De ahí que la velocidad con la que fue detenido y procesado JOH haya puesto excesivamente nervioso a Ortega, al punto que a través de uno de sus voceros oficiosos (el activista William Grigsby) amenazó a Castro y Zelaya, que de continuar es esa posición entreguista” habría consecuencias.

Hay fundadas razones para ese temor de Ortega de concretarse la extradición de JOH hacia EEUU, la información que éste maneja sobre el lavado de dinero y el tráfico de drogas por Nicaragua, dejaría a Ortega en la condición de potencial extraditado. Ortega lo sabe, por ser de la misma calaña, que la divisa de “Sálvese quien pueda”, es la predominante entre este tipo de cafres, donde no existe fraternidad, ni motivación política, ni ideológica que valga; porque todo vale a cambio de una sustancial reducción de pena.

 


DICTADURA ORTEGA –MURILLO, REALIZÓ CAMBIOS DE JEFES POLICIALES SANDINISTAS, PERO MANTIENE COMO JEFE EN LEÓN AL ALGUACIL DE LA MUERTE, EL SICARIO FIDEL DOMÍNGUEZ

Corresponsal en la Zona de Occidente.

La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ordenaron movimientos en las jefaturas de la sancionada policía sandinista, en los departamentos de Nicaragua, pero el único que no fue removido fue el “Alguacil de la Muerte” y sancionado por el departamento del Tesoro de los Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, Fidel de Jesús Domínguez Álvarez, por violar los derechos humanos de los nicaragüenses.

El llamado “Sicario de León”, Fidel Domínguez, se ha encargado de asediar y dar persecución a los excarcelados del departamento de León, y a sus familiares, entre ellos Byron Corea Estrada y Amaya Coppens y de haber secuestrado al opositor José Pallais Arana, por órdenes de la pareja dictatorial. Asimismo, ha irrumpido, usando la fuerza, en las viviendas de las familias opositoras de la ciudad de León, entre ellas, la familia Alonso Reyes, agrediendo a los integrantes de esa misma, y bajo intimidación, los obligó a que dijeran mediante un vídeo que no seguirían protestando cívicamente en contra de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ni tampoco contra ningún miembro del partido orteguista y que la “paz se respeta”.

El “Alguacil de la Muerte”, ha mantenido en asedio y persecución a los periodistas independientes, asimismo de miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco y de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) territoriales, en detrimento de sus derechos cívicos y políticos. Opositores de la ciudad de León, que pidieron protección a su identidad por temor a represalias, dijeron que Daniel Ortega y Rosario Murillo no quitaron a Fidel Domínguez de jefe policial en el departamento de león, porque les garantiza la represión y el supuesto control de los opositores en el departamento, además por su fidelidad perruna y entrega sin condición a la dictadura orteguista.

Entre los cambios   de jefes de la sancionada policía sandinista   están, los Comisionados   Generales orteguistas, Sergio Gutiérrez, trasladado al departamento de Matagalpa, Yuri Valle Olivares, como nuevo jefe de Carazo; Juan Chávez Chávez, asumió la jefatura del Caribe Norte, Oswaldo Pérez Woo fue designado como jefe policial de Granada y Félix Villareal es el nuevo jefe en Rivas. Otros nombramientos en las estructuras de la policía sandinista, es la de los comisionados mayores, Pedro Rodríguez Argüeta, quien asumió la Policía en el Triángulo Minero, Manuel Zambrana es el nuevo jefe del Distrito Uno de Managua; Luis Moncada asumió la jefatura en el Distrito Ocho de Managua; Luis Gómez asume el Distrito Dos de Managua. Asimismo, Ramón Gómez, es el nuevo jefe de Madriz; Iván Escobar Ramírez, es el jefe de la Dirección de Investigaciones Económicas, mientras que la comisionada General Vilma Reyes, será la jefa de la brigada de tránsito, el sancionado Juan Valle Valle, anterior jefe de dicha brigada, asumió la Dirección de Seguridad Pública y el Comisionado Mayor Julio Pérez, la Dirección de Servicios Tecnológicos. Los medios de propagandas de la dictadura Ortega- Murillo, no han informado los motivos por los cuales la pareja dictatorial ordenó los cambios de jefes de la sancionada policía sandinista.

 


 LOS DILEMAS DEL CIERRE DE LAS PLANTAS “CHE GUEVARA”

Por: Corresponsal en Managua.

El jueves recién pasado, se propagó por las Redes Sociales el comunicado firmado por el sancionado Ramón Humberto Calderón Vindell, Mayor General en Retiro, vicepresidente de ALBANISA y presidente de la sancionada ENIMINAS, en el cual manifiesta el cierre de las plantas generadoras de energía “Che Guevara”. Estas plantas fueron donadas al pueblo nicaragüense por el Gobierno de Taiwán, siendo posteriormente robadas y privatizadas por la familia Ortega – Murillo. Se trataba de una cooperación de gobierno a gobierno, como un gesto amistoso del Gobierno de la Isla de Formosa hacia el nuevo gobierno que encabezaba Daniel Ortega y que se instalaba en Managua después de 16 años de estar en la oposición. Los taiwaneses pretendían contribuir a paliar un poco la situación energética que sufría el pueblo nicaragüense debido a los constantes apagones de luz, precisamente por no contar con una infraestructura de generación energética capaz de abastecer la demanda del país. Sin embargo, lo que no se dice, es que fue el FSLN, quien desde la Asamblea Nacional y durante los 16 años de gobiernos democráticamente electos, siempre se opuso a la inversión en este rubro estratégico para la economía nacional, limitando a 5 Mega Watts dichas inversiones, con el objetivo de mantener la zozobra e inestabilidad social en contra de dichos gobiernos. Una vez llegados al poder, la ley que regulaba lo anterior, fue derogada muy diligentemente por los diputados rojo y negros, los verdaderos causantes de tantos apagones durante la década de los 90’s.

Las plantas “Che Guevara”, fabricadas por la empresa Hyundai, tiene una capacidad instalada nominal de 200 MW y 160 MW de capacidad efectiva, pueden funcionar a base de Bunker y Diesel y mientras estuvieron funcionando recibieron los beneficios de ser empresas de la mafia en el poder, lo que les permitió recibir el famoso “Pago por Potencia”, un adefesio inventado en el INE y avalado por la Asamblea Nacional, que consistía en entregar 14. 0352 dólares por Kilowatt / hora de potencia instalada (la capacidad instalada nominal) a las plantas generadoras. El Pago por Energía era otro asunto, es decir, el pago de lo que realmente generaban y entregaban al Despacho Nacional de Carga a precios “generosamente” altos, lo que no le permitía al país competir en el mercado regional a través del Interconectado Centroamericano. Para tener una idea del jugoso negocio que hacían los “vivianes y avezados” empresarios energéticos sandinistas a costa del bolsillo de los nicaragüenses, solamente las Plantas “Che Guevara”, recibían por Potencia Instalada la bicoca de 33.6 Millones de dólares anuales aproximadamente libres de polvo y paja, y el convenio fue pautado a 15 años.

Hay dos elementos que justifican la “quiebra” y cierre de las plantas mencionadas, el primero de ellos obedece a evitar una demanda del Gobierno de Taiwán, que, aunque fue el donante de las mismas, puede denunciar el destino que tuvieron, al ser privatizadas por la familia en el poder, lo cual no era el objetivo de la donación. Es evidente que las relaciones que tenían con Nicaragua y que les permitía el reconocimiento diplomático en detrimento de China Continental, era motivo suficiente para “mirar a otro lado” y dejar pasar el arribismo y la sinvergüenzada de los Ortega – Murillo, sin embargo, una vez finalizada la relación y por la forma en que se dio, nada impide que los gobernantes taiwaneses demanden internacionalmente al gobierno de Managua, no solo por las plantas, sino también por el edificio donde funcionaba la sede de la embajada de Taiwán, los vehículos que donaron a los trabajadores, y que, tanto la Policía Nacional Orteguista, PNO, y otros funcionarios “recuperaron” de sus legítimos dueños, quedándose con ellos.

La otra arista del cierre de las plantas generadoras obedece al impacto de las sanciones norteamericanas, canadienses, europeas y del Reino Unido. Las empresas que proporcionaban el mantenimiento a las plantas mencionadas dejaron de hacerlo por temor a ser sancionadas también, sumándose los constantes problemas técnicos, la falta de repuestos, la poca eficiencia y el costo relativamente alto del Bunker y el Diesel, las convirtieron en una carga para la empresa “dueña” de las mismas, ALBA GENERACION, por lo que el camino que han decidido tomar es liquidar a los trabajadores y probablemente, como primera opción, como ya ha pasado con los delincuentes en el poder, venderlas al estado, su legítimo dueño original, a como hicieron con DNP – PETRONIC, para al menos “salvar algo”, total, son los “propietarios” del estado y desde la Asamblea Nacional, la moderna y putrefacta “Chanchera”, pueden hacer las leyes que quieran.

Una segunda opción que contemplan es la reconversión de las plantas a Gas Natural, tratando de convencer a China, sus nuevos aliados, para que haga una inversión de poco más de 200 Millones de dólares y hacer una empresa conjunta, con lo que supuestamente evadirían las sanciones norteamericanas y se librarían de una eventual demanda de Taiwán, ya que, al renegar de sus anteriores aliados, tuvieron que repetir el “Mantra” obligatorio: “La China de Jin Ping es el único Dios verdadero”. La tercera opción que estarían manejando, es venderlas a la nueva empresa norteamericana New Fortress Energy, la que generará energía a base de Gas Natural, inyectando cerca de 300 MW a la capacidad de generación del país, las que al agregar las 200 de las “Che Guevara” estarían en capacidad de ofertar 500 MW al mercado nacional y regional.

Como puede apreciarse, las ventajas de ser el “Gobierno de los Pobres” permite todas estas posibilidades de negocios. Mientras la mayoría de la población nicaragüense se debate entre la miseria o el exilio económico, los que viven de los pobres no duermen, pensando en lo que van a robar mañana, para seguir engordando sus ya abultados bolsillos.

 


CÁRCEL O MUERTE PARA LOS DEFENSORES DE LA DEMOCRACIA EN NICARAGUA

Por: Christy Melissa

Como criminales y delincuentes, el régimen de Daniel Ortega ha catalogado a líderes de la oposición en Nicaragua, retomando los juicios en contra de 36 presos políticos encarcelados desde 2021 en la Dirección de Auxilio Judicial, DAJ, conocida como “El Chipote”.

 Las celdas de la DAJ, supuestamente preventivas, de “El Chipote” es conocido como uno de los centros de tortura de la dictadura de Ortega-Murillo, donde actualmente el régimen mantiene a aspirantes a la presidencia, campesinos, empresarios, líderes estudiantiles y ex guerrilleros de la revolución sandinista, entre ellos a Hugo Torres, General de Brigada del Ejército (en retiro), quien falleció el pasado 12 de febrero después de meses de encarcelamiento y tortura, producto de una enfermedad progresiva detonada por la mala alimentación, aislamiento, negación de atención médica y tratamiento, así como la negligencia estatal de cara a su grave estado de salud.

 Asimismo, el régimen mantiene encarcelados a más integrantes de la oposición con edad avanzada y padecimientos de salud graves, que no están siendo tratados como corresponde, deteriorando gravemente su salud. Debido a lo anterior, la población nicaragüense dentro y fuera del país ejerció una presión al gobierno para dar respuesta sobre el estado de salud de las y los presos políticos, no solo los que actualmente se encuentran en el chipote, sino también los más de 130 presos políticos de las distintas cárceles del país, como “La Modelo” o “La Esperanza”.

 Ante la presión internacional de distintos grupos y organizaciones defensoras de Derechos Humanos, el régimen ha permitido el ingreso de la Cruz Roja a las dos cárceles antes mencionadas y ha decretado un cambio de medida cautelar para tres de los presos políticos del chipote de mayor edad; Francisco Aguirre Sacasa, José Pallais Arana y Arturo Cruz Sequeira, pero manteniendo aún a Edgar Parrales y Violeta Granera, cuyos familiares han manifestado poseer un muy delicado estado de salud, temiendo por su vida.

 Por otro lado es importante señalar que las sentencias condenatorias dictaminadas por jueces como Rolando Sanarrusia Munguía o Ulisa Tapia, van entre los 10 y 15 años de cárcel, como el caso de Lesther Alemán, condenado a 13 años de cárcel e inhibición para ejercer cargos públicos por su voz fuerte en contra del régimen, Ana Margarita Vijil, condenada a 10 años de cárcel por su amplia trayectoria en la oposición nacional y Yoel Ibzán por su trabajo mediático, oponiéndose al irrespeto de los Derechos Humanos y la Constitución Política de la República, con un proceso desproporcionado, ilegal y totalmente violatorio al debido proceso.

 Cabe señalar que Yoel pasará la fecha de su cumpleaños, este 28 de febrero, encerrado injustamente en “El Chipote”, fecha en la que John Cerna cumple 2 años encarcelado arbitrariamente, condenado a 12 años de cárcel desde 2020, así como Kevin Solís, quien recientemente cumplió también su segundo año en prisión en su segundo encarcelamiento, así mismo, Samantha Jirón Padilla cumplió sus 22 años el pasado mes de enero, en las celdas de la cárcel de mujeres “La Esperanza”.

 El régimen Ortega Murillo solo conoce de muerte y represión, no le importa demostrar su nulo interés en las violaciones al debido proceso, a los derechos humanos y a la misma vida. La comunidad nacional e internacional no debe pasar por alto las acciones emprendidas por el regimen, especialmente cuando este atenta contra la vida de ciudadanos nicaragüenses encarcelados por simplemente demandar un futuro mejor.

 


 EL PEOR ERROR DEL RÉGIMEN FUE ASESINAR A UN HÉROE SANDINISTA EN SUS CÁRCELES

Por: Alex Aguirre

A casi 4 años de la insurrección de Abril de 2018, que encendió todas las alarmas de la comunidad internacional, la incidencia y la presión por parte de los sectores opositores sigue en pie. A pesar de la permanente persecución que el régimen Ortega - Murillo despliega en el territorio, en las redes y en la arena diplomática hay una Nicaragua que no se vende, ni se rinde.

El régimen, hasta febrero 2022, tiene 167 personas presas de conciencia, sin distingo ideológico y político, en sus centros de tortura están estudiantes, activistas juveniles, feministas, precandidatos presidenciales, campesinos, empresarios, trabajadores, exfuncionarios diplomáticos y políticos; entre estos prisioneros destacan casi una centena de exguerrilleros que fueron parte de la Revolución Sandinista antes y después del 79.

Debido a las condiciones de tratos inhumanos, crueles y degradantes en los cuales se encuentran los prisioneros, el 12 de febrero el mundo supo del deceso de Hugo Torrez, exguerrillero sandinista, quien murió en custodia del régimen sandinista.

¿Quién es Hugo Torrez?

Nicaragua lo ve nacer en 1948 entre las montañas de Madriz, hijo de Isabel Jiménez y Cipriano Torrez subteniente de la Guarda Nacional de Somoza. desde los cinco años vivió y estudió en el barrio El Calvario, León, se dice que vecino de Rigoberto Lopez Perez quien ejecutó a Somoza García en 1965.

Torres participó en varios combates del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), a finales de 1974 fue uno de los 13 guerrilleros que realizó una operación para secuestrar a altos funcionarios del régimen somocista durante una fiesta en honor al embajador estadounidense en Managua, Turner Shelton y pedir la excarcelación de presos políticos en poder de Anastasio Somoza Debayle. También estuvo como segundo al mando en la gesta histórica de la toma del Palacio Nacional el 22 de agosto de 1978. Desde entonces es una figura emblemática de la izquierda democrática Nicaraguense y Latinoamericana, del 1995 hasta 2022 fue directivo de UNAMOS el partido socialdemócrata conformado en los 90´s por disidentes del FSLN cooptado por Ortega y Murillo.

Estrategia de represión sin límites.

La muerte de Hugo Torrez no fue convencional, ya que él se encontraba en custodia de la policía nacional, es decir, su muerte es responsabilidad del estado. El deterioro de su salud fue dirigido por el régimen como parte de su estrategia de tortura aplicada a opositores en el Complejo Policial “Evaristo Vásquez”, de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como “El Nuevo Chipote”, es decir, fue una ejecución inducida desde la cárcel.

No es la primera vez que pasan afectaciones dirigidas y consentidas en las mazmorras del régimen. Eddy Montes Praslin, ciudadano norteamericano y veterano del Cuerpo de Marines del Ejercito de los Estados Unidos, fue ultimado por su custodio en la Sistema Penitenciario Nacional “Jorge Navarro”, conocido como “La Modelo”, ubicado en Tipitapa, Managua el 16 de mayo de 2019. Juan Rafael Lanzas Maldonado perdió sus dos pies debido a una infección adquirida en un centro de detención en 2018. Todo a vista, paciencia y aprobación del sistema judicial y el sistema penitenciario controlado por la dictadura.

Estos hechos han sido conocidos por la comunidad internacional y los resultados atroces de la estrategia de tortura del régimen Ortega – Murillo entierra cada día más la credibilidad del sistema de justicia y policial de Nicaragua, evidenciando su completa carencia de independencia, profesionalismo y respeto a la humanidad de los detenidos.

Estos crímenes de lesa humanidad, además de exponer con pruebas fehacientes, que Nicaragua dejó de tener una estructura de estado que garantizara derechos desde hace varios años, expone al régimen ante la comunidad internacional y sigue manteniendo el tema en agenda. En los últimos días hemos visto como los grupos políticos de la izquierda democrática en América del Sur y el bloque social demócrata en Europa han lamentado la ejecución dirigida de Hugo Torrez y han elevado la voz en los principales foros políticos del globo. Tanto así, que el 18 de febrero en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, por medio de la Relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, elevó el tono de las declaraciones nombrando de forma reiterada al régimen ORMU como un gobierno ilegítimo, torturador, perpetrador de crímenes de lesa humanidad y además posicionándolo como amenaza regional.

Hugo a través de su entrega a Nicaragua, apoyó hasta el último momento a su patria, su muerte expone aún más al régimen y su sistema de tortura, pero, además, debido a los avances que este hecho generó, el 18 de febrero, tres presos políticos de la tercera edad (Francisco Aguirre Sacasa, Arturo Cruz Sequeira y José Pallais Arana) fueron trasladados del Chipote a sus casas con prisión domiciliar. Hugo aún después de su muerte sigue liberando presos políticos, aunque les duela a sus verdugos, Daniel Ortega y Rosario Murillo.

 

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