viernes, 31 de julio de 2020

FEROZ ATAQUE A LA IGLESIA CATOLICA



El día de hoy, viernes 31 de Julio, se conoció del alevoso ataque a la Iglesia Católica, mediante el lanzamiento de una bomba incendiaria, posiblemente un Coctel Molotov, en una de las imágenes más veneradas, no solo de Managua, sino del país entero: la Sangre de Cristo. Son miles de católicos los que desfilan fervorosamente ante su santuario en la Catedral de Managua y aunque ya se han hecho normales los ataques, sobre todo después de la Crisis de Abril, la feligresía nunca esperó una agresión de tal magnitud. Una imagen que de acuerdo al Cardenal Brenes tiene más de 300 años, toda una reliquia sacra y el epicentro del peregrinaje de los managuas. 

Realmente, los ataques a la Iglesia Católica son de larga data, despuntaron desde los años 80’s con agresiones directas a obispos y sacerdotes, expulsiones del país en helicópteros en plena oscuridad, montajes burdos para ridiculizarlos o exponerlos como agentes de la Contrarrevolución, asaltos y vejaciones. Luego en los años 90’s, bajo la mano ejecutora de Carlos Fonseca Terán y siguiendo orientaciones de las fuerzas tenebrosas, desató una serie de acciones terroristas en contra de varios templos, mediante la colocación de bombas que no solo expusieron a los fieles, sino que causaron destrozos al interior de los mismos. En los primeros años del nuevo milenio, la “operatividad” en contra de la Iglesia Católica fue por la vía del robo y el sacrilegio, en casi todos los templos atacados la constante era la misma, el robo de los Cálices con hostias consagradas. Muchos “mal pensados” aseguraban que se trataba de proporcionar a “alguien” los insumos para los rituales satánicos que se hacían a fin de cambiar el rumbo esquivo que mostraba el regreso al poder. No soy versado en estas cosas tan oscuras, pero algunos conocedores plantean que para ritos de mayor nivel son necesarios estos símbolos sagrados. 

Ya en el poder, después de mucho bregar para someter, ya sea por miedo o por cansancio a la ciudadanía nicaragüense ansiosa de paz y tranquilidad, Ortega retornó al poder de la mano de su esposa, Rosario Murillo, conocida practicante del ocultismo y fiel seguidora de la secta del acusado en su momento de pederasta, Said Baba. Las primeras acciones fue acercarse al Cardenal Obando y tomarlo como rehén por hechos que salieron de la mano de los mismos agentes de la Seguridad del Estado que en los 80’ y 90’s fabricaron pruebas, montaron falsos positivos, etc. Esto le aseguraba al menos la neutralidad de la Iglesia, sin embargo una legión de valerosos sacerdotes se mostraban reacios al dominio de quienes solo pensaban en manipularlos para sus propios fines. Primero utilizaron la lisonja y el halago, luego la amenaza y finalmente los ataques. En agosto del año 2011 las fuerzas tenebrosas asesinaron al Padre Marlon Pupiro, cura párroco de La Concha, utilizando el montaje característico del libreto de los órganos de la Seguridad del Estado. El mensaje era más que claro, bajaban el tono o las consecuencias iban a ser contundentes. Monseñor Mata, Solórzano y Álvarez sufrieron la persecución y la ira del poder. Monseñor Báez sufrió dos intentos de agresión, en el segundo de ellos, penetraron hasta el cuarto donde supuestamente iba a encontrarse durmiendo, Gracias a Dios no se encontraba ahí, por lo que el intento fue fallido. 

El año 2015 marcó un hito en la historia de las relaciones entre el gobierno de Daniel Ortega y la Iglesia Católica, con la salida a luz pública del documento “En Búsqueda de Nuevos Horizontes para una Nicaragua Mejor[1]”, un contundente escrito entregado en las propias manos del Presidente y su vicepresidente, donde reseñaba, a la luz del evangelio todos los señalamientos que nadie se atrevía a decirle al gobierno, mucho menos en su propia cara. Fue la pauta para que Ortega buscara un mayor acercamiento con el liderazgo de las iglesias evangélicas, muy propensos a los halagos del poder. La Crisis de Abril selló el destino de las relaciones con los gobernantes y el clero católico, como debía ser estos se alinearon con las demandas del pueblo nicaragüense que era masacrado en las calles de Managua y otros municipios, sin embargo Ortega los llamó para que mediaran en un dialogo con las fuerzas opositoras que tenían paralizado el país. Conseguido sus fines, tomó aire y la emprendió de nuevo contra el pueblo en la fatídica Operación Limpieza de Julio de ese año, cerró los espacios de diálogo con la Jerarquía Católica y dejó solamente al Nuncio Apostólico como única puerta de comunicación. Continuó con la agresión a los sacerdotes, utilizando esta vez a las turbas fanatizadas, quienes la emprendieron en contra de los párrocos de las iglesias de Diriamba, Jinotepe y Masaya. Nuevamente Monseñor Báez fue el blanco de la furia y la venganza de los gobernantes, hasta lograr finalmente su salida del país. El sacerdote Edwin Román fue otro de los destinatarios del odio ciego de la pareja presidencial. No se salvó tampoco el sacerdote Mario Guevara de la Catedral de Managua, quien fue bañado con ácido por una fanática que cumplía órdenes de los mismos de siempre. Dicho sea de paso, tanto el que se auto incriminó como asesino del Padre Pupiro, como la fanática que agredió al padre Guevara están en libertad, gracias a las “bondadosas” amnistías concedidas por el régimen. 

Esta vez han escalado la violencia en contra de la Iglesia Católica, atacando una venerada imagen e impulsando el secuestro de la imagen de Santo Domingo de Guzmán, en una burda copia del evento que hace muchos años atrás escenificara el ya desaparecido Lisimaco Chávez. Da la impresión que el gobierno hace lo imposible para provocar al pueblo nicaragüense a que salga nuevamente a las calles y reeditar la masacre que comenzó en Abril del 2018. La Pandemia no les ha dado resultado porque la mayoría de la gente ha seguido las recomendaciones de resguardarse en sus casas. La represión, si bien es cierto mantiene al pueblo amenazado, no ha significado la domesticación y el sometimiento de la gente. Las encuestas les llegan y les duelen sus resultados mucho más que las sanciones internacionales. Perciben y sienten el desprecio del pueblo, por lo tanto solo les queda provocarlo con lo más sagrado que tiene el catolicismo nicaragüense, su Fe, sus guías espirituales, su devoción y sus imágenes. No hay que caer en la trampa, pero si no hay que olvidar todos estos vejámenes. Llegará el momento en que tendrán que pagar sus agravios y sus crímenes.


[1] https://www.envio.org.ni/articulo/4856

domingo, 26 de julio de 2020

UNA NUEVA CRISIS DE LA MANO DE ORTEGA


Nuevamente y de la mano de Daniel Ortega se cuece una crisis más en Costa Rica, teniendo como protagonistas a los refugiados nicaragüenses que por distintas razones han tomado la decisión de retornar al país que los vio nacer. La crítica situación económica de la mayoría de los refugiados políticos llegados como consecuencia de la Crisis de Abril, sumada a los tremendos efectos derivados de la Pandemia, han profundizado aún más la situación de vulnerabilidad que ya existía, obligando a muchos a tomar tal decisión. Ortega, ni corto ni perezoso ha aprovechado la ocasión para desatar su venganza, tanto en contra de los que intentan regresar, como del Gobierno de Costa Rica, a quien culpa de haberles dado acogida luego de lo que ellos llaman el “Fallido Golpe de Estado”. Dos golpes en una sola acción. 

El régimen de Daniel Ortega, posterior a la criminal Operación Limpieza ejecutada en Julio del 2018, desató una feroz persecución de todos aquellos ciudadanos que consideraba sospechosos de haberse levantado en su contra, obligando a miles de nicaragüenses a salir de su patria en un éxodo sin precedentes en la historia política nacional, cuando en apenas dos años más de 100 mil compatriotas fueron forzados a migrar. Desgraciadamente, se llegó a un país con sus propios problemas, tanto políticos como económicos. Habían cerrado el 2019 con un nivel de desempleo del 12.4 %, lo que equivalía a casi 300 mil costarricenses en esa condición y con la Pandemia, los niveles han aumentado en más del 20 %, agregando 200 mil desempleados más aproximadamente, a los que ya habían. Esto, sumado al alto costo de la vida, ha incrementado la condición de vulnerabilidad de la inmensa mayoría de refugiados nicaragüenses, que prefieren el retorno a la patria, por demás inseguro que este sea y no exento de la represión que el régimen ha desatado en todo el país. 

De manera cínica y desvergonzada, el régimen de Daniel Ortega alega que negar la entrada de los refugiados que cada día aumentan en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua, obedece a criterios de salud, para evitar que ingrese gente infectada de Covid 19, olvidándose que desde el inicio de la Pandemia, su gobierno ha provocado, irresponsable y criminalmente, el contagio masivo de la población nicaragüense bajo el supuesto absurdo y fallido de la “Inmunización de Rebaño” a propuesta de Gustavo Porras, flamante Presidente de la Asamblea Nacional y sempiterno dirigente del sindicato blanco de la salud, FETSALUD. Ortega pretende hacer creer a la comunidad internacional que sigue al pie de la letra las recomendaciones de la OMS, cuando realmente ha sido todo lo contrario, ya que desde las instancias gubernamentales han impulsado miles de actividades masivas entre la población, desoyendo y desacatando toda la lógica de protección para evitar llegar al contagio comunitario, sumado al hecho de que desde el inicio de la crisis sanitaria ha ocultado toda la información oficial de las muertes, contagios y la afectación en general que esta ha producido. 

No contento con esto, en su continuado afán de provocar daño a la vecina Costa Rica y con la complicidad del Ejercito Nacional, han permitido y alentado el cruce por puntos ciegos de miles de migrantes irregulares, los que han sido devueltos hacia territorio nicaragüense por las autoridades costarricenses posterior a su captura. No se explica de otra forma, sobre todo si tomamos en cuenta la fanfarria gubernamental y militar del 25 de marzo de este año, cuando anunciaban pomposamente el despliegue de los militares para el “resguardo” de la línea fronteriza y el cierre de todos los puntos fronterizos no autorizados (puntos ciegos), sin embargo, como dice el refrán popular que “la mentira tiene patas cortas”, muy pronto se destaparon las evidencias de que estos mismos militares eran quienes participaban en el lucrativo negocio del “coyotaje”, cuando en un video de una televisora local se observaba el tráfico de migrantes y el cobro a los mismos por cruzarlos hacia territorio tico por parte de los militares. De esto ya había evidencias en el 2016 cuando se dio la crisis de migrantes extra continentales, ya que después de hacer tremenda alharaca con los africanos, cubanos y haitianos, que incluso fueron reprimidos violentamente en Peñas Blancas, posteriormente aparecieron en México una vez que se “enfrió” el asunto. En esa ocasión, Ortega en su infinita incoherencia, aparecía como el “Border Patrol” de la Administración Obama en Centroamérica, un contrasentido para el eterno y trasnochado “anti imperialista” de los discursos. Igual que ahora, las evidencias apuntaron a que fueron los mismos militares y algunos policías quienes se lucraron a manos llenas por el traslado hacia Honduras de dichos migrantes a fin de que continuaran su viaje hacia los Estados Unidos. 

La Comunidad Internacional debe tomar nota de todas las acciones del régimen de Daniel Ortega en contra de sus propios ciudadanos y sus intentos de desestabilización, por ahora, de Costa Rica. Los Organismos Multilaterales, sobre todo el BCIE, quien ha estado financiando al régimen después de la Crisis de Abril, deberían proporcionar los recursos suficientes al gobierno tico para garantizar de manera gratuita las pruebas Covid 19 que está exigiendo Ortega y quitarle así el pretexto que ahora enarbola, recordando que en el colmo de la desfachatez, está ofreciendo las pruebas que han llegado como donación al pueblo nicaragüense, a un costo de 150 dólares cada una. El dictador nicaragüense intenta hacer quedar mal al vecino país creándole una crisis artificial, el gobierno de Don Carlos Alvarado debería pagarle con la misma moneda decretando un bloqueo al paso del transporte desde Nicaragua, hasta tanto este no entre en razón, cumpla lo que demanda la Constitución Política y permita a sus ciudadanos el ingreso a su propio país. Ortega no entiende otro idioma más que el de la presión y de la fuerza, por lo que habría que devolverle el reto de exportar crisis a Costa Rica en su mismo idioma.

martes, 21 de abril de 2020

MIGRACION EN TIEMPOS DE COVID 19


De acuerdo a los resultados de la Encuesta Continua de Empleo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC[1], Costa Rica presenta una población total de 5, 075,372 habitantes, una fuerza de trabajo de 2, 492,283 personas, de ellas 2, 182,818 personas ocupadas y 309,465 desempleados, equivalente a una tasa de desempleo del 12.4 %, una masa de sub empleados del 11.1 % y en el empleo informal el 46.5 %. Si estos números eran los indicadores al finalizar el año 2019, es evidente que al día de hoy y sumada la crisis de salud que vivimos producto de la pandemia del COVID 19, estas cifras han crecido mucho más y me refiero en específico al número de desempleados, sub empleados y trabajadores en la informalidad, con el agravante que las medidas sanitarias orientadas por las más altas autoridades del país, disminuyen o dificultan las posibilidades de que estos puedan agenciarse el gasto diario de sus hogares. Esta situación es mucho más complicada para los refugiados nicaragüenses que disponían de empleos precarios, sin la legalidad laboral exigida, mucho menos con prestaciones de ley o acceso al sistema de salud.   

El tema de la migración nicaragüense se ha visto expuesta con la crisis actual, en ocasiones con alguna razón, en otras con rasgos de xenofobia o aporofobia. La historia de las migraciones hacia Costa Rica data desde muchos años atrás, al extremo de que la población nicaragüense constituye para algunos estudiosos del tema el 7 % (350,000 personas) y para otros el 10 % (500,000 personas). El científico social Alberto Cortes Ramos caracteriza en su estudio “La inmigración nicaragüense en Costa Rica desde una perspectiva de larga duración: trayectoria y desafíos[2] el flujo migratorio en tres grandes periodos: 

Ø  El primero, desde finales del Siglo 19 hasta mediados del Siglo 20, vinculado a la construcción del ferrocarril, la explotación minera y la instalación definitiva de las plantaciones bananeras.
Ø  El segundo, desde 1975 hasta 1990, pasando de una migración laboral a una de carácter política, que abarca los periodos de la dictadura de los Somoza, la Revolución Popular Sandinista y la llegada de la democracia en 1990.
Ø  El tercer periodo, abarcaría desde 1990 hasta el 2005 aproximadamente, transformándose nuevamente en una migración económica, luego de la aplicación de los programas de ajustes estructurales promovidos por el Fondo Monetario Internacional, FMI, en los tres gobiernos de la post revolución.

Todo este fenómeno migratorio sirvió para fortalecer la economía costarricense en general y la economía familiar en particular. La agricultura intensiva, con mucha mano de obra nicaragüense, favoreció el desarrollo de la agro exportación. La construcción, igualmente con la mayoría de obreros nicaragüenses, permitió la modernización arquitectónica de la Gran Área Metropolitana, fundamentalmente en San José la capital del país, con el surgimiento de condominios, malls, centros comerciales, edificios de apartamentos, etc. Los hogares costarricenses fueron beneficiados grandemente, toda vez que les permitía, sobre todo a las mujeres, desarrollarse profesionalmente sabiendo que el cuido de los niños, las labores domésticas y la atención a los adultos mayores recaía en las empleadas domésticas nicaragüenses. Muchos sectores con educación media, abandonaron las áreas de la economía que requerían mano de obra poco calificada para mejorar su preparación y desarrollarse en otras actividades más remuneradas, tales como la informática y el sector turístico. Las cifras actuales indican que la población migrante contribuye con el 12 % a la producción nacional (OCDE 2018)

A partir de abril del 2018, se marcó un hito en los procesos migratorios entre Nicaragua y Costa Rica. Por primera vez en la historia, un volumen inmenso de perseguidos políticos ingresaba al país para salvaguardar la vida e integridad personal y familiar. En menos de un año, era el 20 % del total que existía desde décadas atrás, calculándose que a mediados del 2019 habían ingresado cerca de 70 mil refugiados nicaragüenses. A la fecha, las autoridades de Migración y Extranjería calculan en 100 mil la cantidad total. Una nueva crisis política, en el hilo interminable de los ciclos de violencia de nuestra historia nacional, era la causa fundamental de tal éxodo masivo. Atrás quedaba la complacencia de gobiernos y empresarios, nacionales y extranjeros, con el modelo de consenso impulsado por el Presidente Daniel Ortega, hoy señalado de cometer crímenes de lesa humanidad. La matanza perpetrada por el régimen descubría la verdadera esencia de quien meses antes era alabado como el nuevo paradigma del desarrollo económico, al mantener un crecimiento sostenido del PIB superior al 4 % y grandes niveles de desigualdad social. Era el fin de la burbuja. 

El exilio político consecuencia de la Crisis de Abril tomaba a los costarricenses con una economía frágil, un histórico 12.4 % de desempleo, los precios de los commodities en descenso y con el inicio de una fractura social vinculada a temas políticos. A pesar de que la actual oleada migratoria presenta características diferentes a las anteriores, por ejemplo, el nivel académico, el 53 % son estudiantes universitarios, técnicos medios y superiores y profesionales[3], las posibilidades de inserción laboral son muy limitadas. El peligro latente es la exacerbación de falsos nacionalismos, xenofobia o simplemente la protesta de sectores ciudadanos, que actualmente están en el desempleo, en contra del gobierno por “favorecer” con empleo a inmigrantes nicaragüenses por encima de los trabajadores ticos.

 Esta situación se agrava con la pandemia actual del COVID 19, ya que las medidas que obligatoriamente tienen que tomar las autoridades nacionales para combatirla, provocan mayor desempleo y desestabilización de la economía costarricense, al igual que en el resto del mundo. Según cifras del Banco Mundial, el PIB global latinoamericano descenderá, como consecuencia de la pandemia, en 4.6 % y pronostica una contracción del 3.3 % para Costa Rica[4]. Una de las medidas tomadas es el cierre total de la frontera norte para evitar el ingreso de migrantes irregulares provenientes de Nicaragua, sobre todo como una prevención debido a las políticas irresponsables y hasta criminales del gobierno de Daniel Ortega en el tema de salud, ya que han hecho caso omiso a las recomendaciones de la OMS y en cambio desarrollan acciones que propician el contagio masivo. 
 
Los últimos acontecimientos en la frontera tico – nica son altamente preocupantes. Muchos nicaragüenses en calidad de migrantes irregulares pretenden cruzar a Costa Rica, en momentos en que el país ha tomado todas las previsiones para evitar la expansión de los contagios. No se puede permitir exponer a la población a un potencial contagio y el gobierno hace lo correcto. Existe una presencia policial como nunca antes se había visto, ni siquiera durante la guerra contra la dictadura de Somoza, que incluye helicópteros, avionetas y drones. De pronto aparecen personajes que se ocultan cobardemente detrás de un pasamontañas y “fusilito” en mano llaman ridículamente a las armas en contra de la “invasión” de nicaragüenses. Otros, de manera alarmante hablan de miles y miles de irregulares que cruzan la frontera hacia las plantaciones agrícolas, pero culpan a las autoridades nacionales en lugar de apuntar sus acusaciones a los empleadores, que con tal de evadir sus responsabilidades patronales, prefieren saltárselas para conseguir mano de obra barata.  

No se explica cómo llegan tantos compatriotas, logrando la mayoría cruzar la guardarraya, ya que por fuentes del mismo gobierno de Managua se conoció que el Ejército Nacional estaba dislocado en toda la frontera para evitar la salida de migrantes hacia el país vecino[5], sin embargo, según fuentes gubernamentales costarricenses, han sido rechazados cerca de 6000 migrantes irregulares en territorio tico, lo que no hace más que sembrar la duda sobre las verdaderas intenciones de Ortega, ya que una vez más se confirma que el famoso “Muro de Contención” del que tanto se vanaglorian los jerarcas militares y policiales, no es más que mera propaganda para el consumo internacional.
Si asumimos esta “efectividad” para detener la migración irregular hacia Costa Rica, ya podremos imaginarnos lo que pasa en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Habría que esperar un mayor repunte de este flagelo, aprovechando la crisis del Coronavirus y la laxitud (o complicidad) de las autoridades nicaragüenses. En estos momentos y desde la mayor responsabilidad posible, es importante plantear a nuestros connacionales, aquí y en Nicaragua, que hay que permanecer en casa, ni aquí la situación es favorable para el ingreso, hablando en términos económicos y de salud para los que quieren venir, ni allá es seguro hablando en términos de salud y seguridad personal para los que quieren irse.   




[1] https://www.inec.cr/encuestas/encuesta-continua-de-empleo
[2] https://www.academia.edu/4106231/Conferencia_CIICLA_La_inmigraci%C3%B3n_nicarag%C3%BCense_en_Costa_Rica_desde_una_perspectiva_de_la_largaduraci%C3%B3n_trayectoria_y_desaf%C3%ADos
[3] De la represión al exilio. Caracterización sociodemográfica, organización y agenda de apoyo. Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano.  
[4] https://www.dw.com/es/coronavirus-crisis-del-covid-19-sumir%C3%A1-a-latinoam%C3%A9rica-en-fuerte-recesi%C3%B3n/a-53101689
[5] https://www.laprensa.com.ni/2020/03/25/politica/2655329-ejercito-de-nicaragua-cierra-de-forma-discreta-los-puntos-ciegos-de-la-frontera-con-costa-rica