sábado, 31 de octubre de 2015

UN GOBIERNO A LA DEFENSIVA


Observando el comportamiento del gobierno en las últimas semanas, pareciera indicar que debido al incremento de las luchas sociales, la corrupción interna, el descontento popular, el fracaso de los mega – proyectos, la ampliación de la fractura en las filas orteguistas y la incertidumbre de la continuidad de la cooperación petrolera venezolana, el régimen de los Ortega – Murillo ha entrado en una actitud reactiva, casi en un franco estado defensivo, que lo vuelve aún más peligroso por cuanto aumenta la tendencia de ver en todas las justas protestas, incluso de sus propios partidarios, planes de desestabilización, manos pachonas y conspiraciones de todo tipo. Sin embargo, una cosa es lo que dicen hacia afuera, para no dar muestras de debilidad ante una masa cada vez más cansada, desorientada y dubitativa, y otra, lo que puertas adentro manejan.

De repente, han echado marcha atrás en algunas situaciones críticas que tenían todas las trazas de convertirse en verdaderas crisis sociales, dando la falsa imagen de un gobierno conciliador, dialogante y respetuoso del medio ambiente y de los derechos de los demás. Realmente, han retrocedido para no tener tantos frentes abiertos en una lucha que en momentos se les torna cuesta arriba, reflejada en el abandono de las filas partidarias de miles de simpatizantes, que ven con desagrado, molestia y repugnancia tantos casos de corrupción en una enorme cantidad de alcaldías municipales, amparados en la impunidad y complicidad de los comisarios políticos departamentales y municipales. Pero además, en comunidades como Mina El Limón y Rancho Grande la población ha comprobado en carne propia como sus recursos naturales han sido negociados y entregados a las transnacionales. Todas las comunidades afectadas por el fracasado proyecto canalero están a la expectativa de que antes de declarar la inviabilidad ambiental del mismo, ocurra un enorme proceso de contrarreforma agraria, traspasando mediante falsas titulaciones, compras ilegales y en última instancia, utilizando los mecanismos de confiscación que les proporciona la Ley 840, lo que provocaría y de hecho está ocurriendo ya, una gran concentración de vastas extensiones de tierra en pocas manos, precisamente las manos de quienes tienen el poder y los millones de la cooperación venezolana.

FRENTES ABIERTOS Y CERRADOS

El conflicto entre colonos e indígenas en la Costa Caribe Norte es uno de los frentes que permanecen abiertos y del cual hay poca información, precisamente porque la noticia de Mina El Limón y la Marcha en Contra del Canal de Ortega y Wang Jing la opacó. Todavía la semana pasada se hablaba de fuertes enfrentamientos entre ambos grupos. Nadie ha querido identificar quienes están detrás de este conflicto, aunque obviamente suenan nombres de jerarcas del partido gobernante y líderes indígenas oportunistas, que a través de los años se han venido lucrando y aprovechando de su condición de intermediarios entre el poder y las comunidades indígenas. Pareciera ser que en este conflicto el gobierno no quiere que se conozca mucho, precisamente por los personajes que se encuentran involucrados y la pesada lápida del silencio ha sido la mejor solución encontrada. 

Otro frente abierto y en vías de cerrarlo es el conflicto de Mina El Limón, donde pudo más la soberbia de la empresa minera y el entreguismo del gobierno, que la razón, el dialogo y la sensatez. Luego de los negros resultados obtenidos en esta comunidad, marcha de luto incluida por la “muerte del comandante”, pretenden restaurar el daño ocasionado haciendo al final lo que tenían que hacer primero. A pesar de la orden de negociar, reintegrar trabajadores despedidos y liberar a los detenidos, la población tiene que tener presente quizás el problema mayor en Mina El Limón: la tercerización de los servicios.

Han logrado cerrar el frente que tenían en Rancho Grande, cuando en una “piadosa y magnánima” decisión le dieron la espalda a la B2GOLD, aunque no hay a la fecha ningún documento oficial del Ministerio de Energía y Minas, MEM, que respalde dicha decisión, por lo que los pobladores de este municipio deben recordar la vieja maña del ahora Pueblo Presidente: Firmar me harás, Cumplir jamás! De repente aparecieron como los mayores defensores del medio ambiente, olvidándose de los estragos que una empresa propiedad de ellos hace en Bosawás.

LA LUCHA EN CONTRA DEL CANAL: EL FRENTE ESCOGIDO

Dada la decisión de los campesinos de no doblegarse ante los cantos de sirena del coro gubernamental que prometen el paraíso terrenal en Nicaragua con la construcción del canal interoceánico y el esfuerzo y dedicación de miles de ciudadanos, organizaciones de Sociedad Civil, Movimientos Sociales y algunos partidos políticos, que han creado un gran frente de lucha por restablecer la Soberanía Nacional, el gobierno ha visto cómo el negocio del siglo está haciendo aguas. Primero fue la inauguración de la Obra más Grande de la Humanidad en este siglo, más para venderse afuera y engañar a los bobos de adentro: un desfile de maquinarias alquiladas para la ocasión. Continuaron con la licitación de las “Primeras Obras de Construcción del Gran Canal”: un par de callejones sin cunetas que con las lluvias de estos días pasaron a mejor vida. Luego fue la presentación en Miami de los estudios ambientales: un fracaso monumental que no pasó el examen de reconocidos científicos invitados por ellos mismos. Después fue el golpe directo al bolsillo del concesionario Wang Jing, quien perdió más del 80 % de su capital debido al descalabro bursátil chino. Finalmente, la caída de la avioneta de la empresa australiana contratada para desarrollar la topografía aérea de la ruta canalera escogida, fue la gota que rebalsó el vaso del descrédito y las dudas al proyecto.

Llegar al 2016 con semejante mochila de incertidumbres se ve complicado para el comandante, sumando a esto la situación incierta en Venezuela, que el 6 de diciembre podría marcar el principio del fin del chavismo en ese país y el descalabro del otro Mega Proyecto: Tumarin, abortado prematuramente por la enorme corrupción brasileña que tiene en el filo de la navaja al gobierno de Dilma Russeff. Por eso es que no se podían dar el lujo de permitir que el 27 recién pasado llegaran a Managua miles de campesinos y pusieran la gran interrogante en el pueblo nicaragüense acerca de quién es el dueño de las calles, derecho que el partido gobernante y el gobierno mismo consideran como propiedad particular. Hubiera sido un pésimo precedente para finalizar el año 2015 e iniciar el 2016, año electoral. Por eso es que usaron todo cuanto tenían a su alcance represivo para impedir la marcha: Policía, Ejército, MTI, paramilitares, bandas motorizadas, turbas, empleados públicos, estudiantes becados, deportistas mercenarios o agradecidos por los volados recibidos. Por eso la contra marcha, pues era preferible la amenaza de un baño de sangre a la presencia masiva de campesinos de la Nicaragua Profunda que hubiera cuestionado seriamente al poder en el propio corazón de este, que hubiera disputado el dominio de las calles en la propia Avenida Bolívar. Y por eso los provocadores internos, que intentaron por todos los medios llevar la sangre al río a costa de los hermanos campesinos. Los mismos provocadores de los miércoles de protesta. Los mismos infiltrados y topos de todos los años activados para estas ocasiones. Los mismos conocidos y reconocidos de siempre.   

INICIAR EL 2016 EN CONDICIONES MAS PROPICIAS

En estas condiciones, no pueden dar signos de debilidad de cara a su militancia, sería un grave precedente para sus aspiraciones electorales del próximo año, el verdadero objetivo de la familia Ortega Murillo, para consolidar, legitimar y resguardar el capital acumulado durante todos estos años. Necesitan de un proceso electoral sin frentes abiertos, sin cuestionamientos ni conflictos que hagan dudar a la militancia. Estarían dispuestos a sacrificar el proyecto canalero, bajándose de él con la escalera ambiental, ya dieron el primer paso en Rancho Grande, aunque eso sí, tendríamos que compensar los gastos hechos por el chinito, que según sus cuentas (y las del comandante por supuesto) andan entre 500 y 900 millones de dólares. Por eso han cerrado o están tratado de cerrar todos los frentes abiertos. No pueden con todos, ni hay capacidad política, ni fortaleza institucional.

Se están quedando rápida y únicamente con el Ejército, la Policía y su alianza con el Gran Capital. A las Fuerzas Armadas, Ejército y Policía, los están dotando de los colmillos y garras necesarias mediante la Ley de Seguridad Soberana, para tener el respaldo jurídico que legalice toda la represión que se pueda desatar en las luchas que se avecinan, una de ellas la electoral. Con el Gran Capital y los empresarios aliados pende la amenaza de la susodicha ley, ya que no se explica de otra forma que estén dentro de la estructura del Sistema de Seguridad Soberana la Unidad de Análisis Financiero, UAF, la Dirección General de Aduanas y la Superintendencia de Bancos, SIBOIF. Se trata de enseñarles el garrote en caso de que no haya más zanahorias que compartir. Cuántos en la oposición real al régimen son importadores, grandes empresarios, con cuentas bancarias importantes en el sistema financiero nacional? Ortega conoce de la volatilidad del Gran Capital a la hora que las luchas sociales los amenacen también a ellos. Para Ortega no es desconocido que en los estertores del somocismo, fueron los primeros en abandonar el barco dejándolo a merced de la furia popular. Lo sabe y está tomando todas las previsiones necesarias, por eso no solo la oposición está amenazada por un régimen que poco a poco se va quedando solo y aislado a nivel nacional, también los que hoy son sus mejores aliados. Tiempo al Tiempo…



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