A partir del 2007, año del inicio del gobierno del presidente Ortega, nuestro país ha venido sufriendo un proceso acelerado de lumpenización de la sociedad nicaragüense, promovido desde las más altas esferas del partido de gobierno y desde la presidencia misma, que lleva a Nicaragua, irremediablemente, a la descomposición social y moral que sufrirán con mayor embate las futuras generaciones.
A pesar de que en los años 80´s Nicaragua vivió un conflicto bélico que arrastró a lo mejor de su juventud, en el campo y la ciudad, a tomar parte por uno de los bandos en pugna, la sociedad nicaragüense no sufrió en el período de post guerra, los traumas que sufre hoy en día, la sociedad salvadoreña, cuyo país vivió paralelamente otro conflicto bélico de iguales proporciones al nuestro. Los sociólogos que han analizado el fenómeno de las Maras Salvadoreñas, coinciden en que la conjunción del fenómeno propio del fin de la guerra, la exclusión socio - económica y la deportación masiva de delincuentes de origen salvadoreño desde los Estados Unidos, fueron los elementos fundamentales que dieron origen a estos grupos delictivos, cuyos niveles de criminalidad han puesto en jaque a la sociedad salvadoreña, se han extendido a toda Centroamérica y amenazan la estabilidad social del istmo.
En nuestro país, una vez finalizada la guerra civil que se mantuvo durante casi toda la década de los 80´s, la sociedad nicaragüense experimentó un lento y difícil proceso de reconciliación, iniciado por la Ex Presidenta Violeta de Chamorro, a pesar de los intentos del entonces ex presidente Daniel Ortega de sabotear sistemáticamente dicho proceso. Todos recordamos la lapidaria frase dicha por Ortega de “Gobernar desde Abajo”, inmediatamente después de perder el poder; frase que significó durante 16 años la subversión del orden social en contra de tres gobiernos legítimamente constituidos. Dicha subversión fue hecha consistentemente, echando mano de cuanto grupo social descontento se podía, quienes eran apoyados por las nacientes pandillas juveniles, que en su mayoría provenían de los barrios y asentamientos más pobres.
En efecto, un día eran los transportistas liderados por el tristemente célebre Sindicato Parrales Vallejos, quienes ponían en jaque no solo al gobierno de turno, sino que a la capital entera, ya que decretaban en la práctica, un boicot a todo el transporte público. Dicho sindicato, uno de los más violentos del país, siempre se hacía acompañar de jóvenes marginados de los barrios, quienes al inicio actuaban a título individual y motivados por la posibilidad de descargar durante las jornadas de protesta, su frustración por el permanente estado de exclusión social. Otro día eran los estudiantes universitarios, quienes al igual que ahora, siempre han sido manipulados. Unas veces era por el 6 % (que nunca se cumplió en los años 80´s), otras por el alza del transporte público, otras por que el invierno era malo, en fin, por cualquier cosa había que movilizarlos, para mantener en vilo la estabilidad del gobierno, que no cedía a los caprichos del líder de la oposición, el Comandante Daniel Ortega. Todos los sectores aledaños a los recintos universitarios sufrían las consecuencias de las protestas, las que cada vez eran más violentas, debido en parte, a la participación de elementos ajenos a las universidades. Otras veces, se recurría a los campesinos sin tierra, en la peor de las manipulaciones que se pueda hacer del hambre de los pobres, para obligar al gobierno a ceder a las exigencias del de siempre. Se acarreaba a los campesinos del norte, para trancar las carreteras y exigir tierras o titulaciones de fincas, las que siempre terminaban en manos de los instigadores de las protestas, la naciente burguesía terrateniente orteguista, que contaba con los recursos necesarios para poder comprar las fincas entregadas a los campesinos. Una vez que el gobierno cedía, los campesinos eran montados en camiones, devueltos a su pobreza y abandono y a esperar la próxima asonada.
El nuevo Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, que tomó posesión en enero del 2007, despuntó con la vieja retórica de subvertir el orden, llamando ahora a la lucha de clases y azuzando al Movimiento de los No Pago a actuar en contra de las microfinancieras, prometiendo apoyo a sus demandas, en un acto irresponsable que posiblemente era motivado por la fuerza de la costumbre, consecuencia de los 16 años de vivir en la oposición. Desconocía quizás el Presidente Ortega, que en algunas de estas instituciones, figuraban entre sus directivos prominentes miembros de su partido, devenido ahora en un fuerte grupo empresarial. Prontamente, este movimiento fue abandonado a su suerte y el consejo fue que negociaran con sus acreedores y pagaran. Los tiempos han cambiado y los negocios son los negocios. Con la plata no se juega.
Los nuevos actos del proceso de descomposición de la sociedad nicaragüense, que consistentemente ha venido propiciando el presidente Ortega, pasan por la desnaturalización de la dignidad de los trabajadores del estado, quienes son obligados a enfrentarse a otros nicaragüenses por defender los delirios de poder de la cúpula orteguista; continúan con la degradación del Poder Judicial, devenido en una mara política que a vista y paciencia de nacionales y extranjeros, infundieron el terror en días recién pasados en algunos lugares de Managua y llega hasta los manipulados de siempre, los estudiantes universitarios, los que nuevamente son instigados por el orteguismo, para causar la zozobra en los recintos universitarios, en una protesta irracional y que al parecer escapó de las manos de sus auspiciadores, ya que las escenas vistas por la televisión esta semana, han causado el rechazo de toda la sociedad nicaragüense. Dichas escenas desnudan la falacia de Reconciliación y Unidad Nacional que pregona el gobierno y pone al descubierto su verdadera esencia lumpesca.
Todo este fenómeno de descomposición social e intentos de lumpenización de la sociedad nicaragüense, ha evolucionado desde los años 90´s a la fecha, en un novedoso y peligroso “sector empresarial”, ya que estos grupos juveniles que se mantienen al margen de la ley, ahora actúan bajo contrato durante los conflictos que provoca el orteguismo, los que cada día son mayores y más seguidos, en la medida que aumenta la escalada de la crisis que provoca el gobierno. Lo triste de esta evolución, es que en estos últimos tres años y meses, actúan enfrente, al lado o en apoyo de las autoridades policiales, en un pasmoso, terrible y peligroso retroceso de la seguridad ciudadana.
Posiblemente Nicaragua le deba al Presidente Ortega, el nacimiento de las pandillas juveniles como fenómeno organizado de grupos delictivos, que ojalá y no evolucionen en los niveles que sufre y padece la sociedad salvadoreña.
