Durante los últimos días
hemos visto acciones desesperadas del comandante Ortega intentando le
legitimidad de su inconstitucional tercer periodo, no solo al interior de su
desgastada militancia, sino también dirigida hacia el exterior, en la búsqueda
afanosa de recuperar la confianza perdida por la comunidad internacional,
Europa y Estados Unidos fundamentalmente, originada por los tres fraudes
consecutivos en sendos procesos electorales: Elecciones Municipales del 2008, Elecciones
Regionales del 2010 y Elecciones Nacionales del 2011.
En efecto, primero fue la
iniciativa de ley conocida como Ley 50 – 50, un invento que roza con la Ley
Electoral, dirigido a aplacar el descontento de las mujeres, el sector más
golpeado por las constantes e inalcanzables alzas de la canasta básica, que según
fuentes oficiales del BCN, al mes de Marzo se encontraba en C$ 10,095.40, habiéndolo recibido en C$ 2,937.70 de manos del Presidente
Bolaños. Son las mujeres, la inmensa mayoría pobres, las que más están
sufriendo el impacto del elevado costo de la vida, a partir de la llegada de
Ortega al poder en el 2007, ya que son ellas las que tienen que hacer malabares
para que alcance el presupuesto familiar, con el agravante de que lograr un
empleo digno y estable es cada día más difícil de conseguir, amén de los
salarios de hambre a los que hay que conformarse. Son las mujeres las que
tienen que soportar la inmensa carga de ser padre y madre en una buena parte de
los hogares nicaragüenses, sea porque los hombres están fuera del país buscando
el empleo que no encuentran aquí o sencillamente por irresponsabilidad. Sin
embargo, esta ley está muy lejos de servir de consuelo a miles y miles de
mujeres que no alcanzarán en las listas del partido para aspirar a cargos
públicos, toda vez que sean los comisarios políticos quienes escogerán a las
elegidas para vivir del erario público.
Pero esto no bastaba, el
asunto de quedar bien con las mujeres estaba zanjado, ahora el problema estaba
en meter a la mayor cantidad posible de ellas y como dice la canción “Nuay cama
pa´tanta gente”, por lo que surgió la genial idea de triplicar los concejales
en todos los municipios. Con esto se solventaba el problema interno y se hacía
espacio para incluir también a los aliados que harán el coro en el próximo
circo electoral del 4 de Noviembre. Se asegura que no habrá incremento del
presupuesto, ni mayores gastos por la iniciativa, algo que ni ellos mismos se
lo creen, a menos que los candidatos a ocupar las concejalías y los nuevos
cargos que acechan bajo el anuncio de “Concejos Ampliados”, se conformen con
recibir migajas salariales en momentos en que el comandante Ortega está
solicitando un aumento de salarios a sus funcionarios del gobierno central. O
habría que preguntarle a la militancia que, igual que la mayoría de la
población atraviesa difíciles condiciones económicas, si es ejemplar que la
cúpula se enriquezca desproporcionadamente e incursionen en cuanto negocio se
les ocurra gracias a los petrodólares
chavistas y a ellos les pidan que el poco salario que ganan como concejales,
ahora lo tengan que repartir entre tres. Socialista, Cristiana y Solidaria la
petición, pero el ejemplo que dan los de “arriba” en nada se parece a lo que les
están pidiendo a los de “abajo”.
Resuelto, aparentemente, el
problema a lo interno, queda lo más complicado, convencer a la comunidad
internacional que las recomendaciones hechas a raíz del fraude electoral por
las Misiones de Observación Electoral de la Unión Europea y de la OEA serán
atendidas. La situación internacional, decíamos en Editoriales anteriores, es
la que se le presenta a Ortega más complicada. 1) Serios señalamientos hechos
por parte de la Unión Europea motivados por el fraude electoral del pasado 6 de
Noviembre, lo que ha alentado a que mas
países y agencias de cooperación anuncien su decisión de suspender la ayuda a
nuestro país, la última de ellas, la Agencia de Cooperación Catalana; 2) la
amenaza del rechazo a la aprobación de los dos Waiver previstos para este año
por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos, lo que repercutiría
en el acceso a los fondos concesionales del Banco Mundial, el FMI y el BCIE,
entre otros; 3) la precaria salud de Hugo Chávez, quien al parecer ya asumió la
irreversibilidad de su situación personal, lo que dejaría un complicado
escenario político en Venezuela, ya que el chavismo tendría que optar por
nombrar al sucesor de Chávez en el más breve plazo o ir a las elecciones de
Octubre próximo con un candidato moribundo, lo cual, en ambos casos no es
garantía de victoria electoral, a menos que de Nicaragua se envíe en calidad de
refuerzo a Roberto Rivas para “asesorar” a los que contarán los votos en
Venezuela. El cuarto elemento de la situación internacional lo representa la
crisis económica mundial, que a como se está viendo, tendrá un efecto muy fuerte
en Nicaragua, ya que somos excesivamente dependientes de muy pocos productos de
exportación, mismos que están viendo disminuidos sus precios en el mercado
externo.
Ante este sombrío panorama
internacional, Ortega tomó la iniciativa enviando a su Canciller a Bruselas
para anunciarles el paquete de reformas electorales que se introducirían a la
Asamblea Nacional, en la búsqueda de calmar los ánimos de los europeos y tratar
de disminuir las eventuales presiones económicas que es de esperar sean
ejecutadas si no se atienden las recomendaciones hechas por la Misión de
Observación Electoral. Con esto pretende “matar dos pájaros de un tiro”, ya que
también seria la carta de presentación que le mostraría a la nueva Embajadora
de los Estados Unidos, próxima a venir al país, como una muestra de su
repentina reconversión e interés por la democracia, las elecciones libres,
justas y transparentes.
Sin embargo habrá que ver si
ellos permitirán que les den “atol con el
dedo” a como pretende Ortega, acostumbrado a dárselo a los nicaragüenses,
ya que la principal demanda nacional e internacional y condición sine qua non para devolver la esperanza electoral a la nación, es
la salida inmediata de TODOS los magistrados del Consejo Supremo Electoral, los
que, además de ser funcionarios de facto, están señalados con pruebas
fehacientes, masivas y documentadas, de violentar la decisión soberana del
pueblo en los tres últimos procesos
electorales y para rematar el asunto, su presidente, el magistrado de
facto Roberto Rivas Reyes, ha sido señalado de innumerables actos de corrupción
al frente de la institución que dirige y está siendo esperado en Costa Rica
para que responda a las acusaciones de enriquecimiento ilícito que se le
imputan, ya que en Nicaragua goza de la total impunidad que le garantiza el
mismo Ortega, por los mismos delitos por los que es acusado en la vecina del
sur.
Finalmente, pareciera ser
que esta ofensiva diplomática y legislativa está dejando por fuera a aquellos
que pretendían ser los interlocutores de un nuevo pacto, el que aparentemente ya
no es del interés de Ortega, debido a que considera que está lo suficientemente
fuerte a nivel nacional y asume que con la debilidad mostrada por la oposición,
la comunidad internacional se verá obligada a tener que entenderse con él. A
los que ansiaban convertirse en los sucesores de Arnoldo Alemán, solamente les quedará
la triste misión de aprobar todo lo que el dictador envíe a la Asamblea
Nacional, sumándose al coro vergonzante del “Grupo de los 63”, so pena de no
agarrar los cargos que de seguro ya les tienen escogidos.
