El recién pasado 30 de Agosto, Ex Oficiales del EPS y del Ministerio del Interior, Ex Comandantes de la Resistencia (Contras), así como veteranos combatientes de ambos bandos, que en los años 80´s estuvieron confrontados en una sangrienta y desgastante guerra civil, suscribieron un pronunciamiento en el que se advierte el peligro inminente que se cierne sobre nuestro país, si las pretensiones del fraude orteguista iniciado tiempo atrás, llega a infeliz término el próximo 6 de Noviembre.
El documento hace referencia en primera instancia, a los dos Artículos Constitucionales, 2 y 5, que establecen entre otras cosas, que la soberanía nacional reside en el pueblo, ejercido a través de sus representantes libremente elegidos por el voto popular y la restricción de aquellas organizaciones que pretendan restablecer todo tipo de dictaduras o sistema antidemocrático.
El orteguismo, haciendo una interpretación antojadiza del primero de ellos, quiere imponer a todos los nicaragüenses una candidatura ilegal por inconstitucional, violatoria del Artículo 147 de la Constitución Política, mismo que le pone un doble candado a sus ilegítimas aspiraciones. Consideran que por el cansancio de la gente a continuar los ciclos de violencia de nuestra historia recién pasada, es posible transgredir la Carta Magna de nuestro país, de tal modo que el pueblo acepte, como el menor de los males, dicha candidatura ilícita. Pareciera que el mensaje que se quiere transmitir, muy propio de Ortega, es tan sencillo como brutal, o se acepta que “El Comandante” corra como candidato, independientemente de su ilegalidad, o se abre un nuevo ciclo de violencia. Una vez más Nicaragua entre la espada y la pared, por la obcecación de un caudillo a perpetuarse en el poder.
Es necesario decirlo con claridad, no puede haber una elección libre, cuando uno de los candidatos, en este caso Daniel Ortega, violenta todo el andamiaje legal, que se supone, sustenta a la nación. No puede haber una elección libre, cuando uno de los candidatos, en este caso Daniel Ortega, dispone a su antojo de todas las instituciones del país para que tuerzan las leyes, declaren inconstitucional la Constitución y le permitan, a troche y moche, correr en las elecciones del 6 de Noviembre. Por consiguiente, declarar nulos todos los votos obtenidos por un candidato ilegal, ilícito e inconstitucional, en una Nicaragua en donde se respete el orden jurídico e institucional a partir de Enero del 2012, es un escenario a contemplar y perfectamente viable.
Pero además de esto, todos los hechos y actuaciones durante estos cuatro años y medio de gobierno orteguista, han conducido a la instalación de un gobierno dictatorial en nuestro país, en abierta violación al mencionado Artículo 5 Constitucional. Ortega ha prescindido del ordenamiento jurídico y de la legislación vigente para ejercer la autoridad en Nicaragua. Ha concentrado el poder en torno a su figura, aunque a manera de broma, se ríe de todos los nicaragüenses al afirmar que el 50 % del poder lo ejerce su esposa, en una distribución familiar y muy equitativa, como para respetar un enfoque de género muy sui generis.
Accedió al poder por la vía democrática, a través de las elecciones del 2006, sin embargo, el gobierno que dirige es de Facto, donde no existe, ni por asomo, la división de poderes, ya que todos ellos son un intrascendente apéndice, prestos a repetir cuanta consigna sea necesario corear o a desempeñar el papel que les toque en una obra mal escrita, independientemente de si este rebasa la propia dignidad como personas o como instituciones.
Pretende impedir que la verdadera oposición llegue al poder por medios institucionales y constitucionales, al disponer a su antojo de un árbitro que en vez de conducir el proceso de manera limpia y transparente, pone cuanta zancadilla es posible inventar, para desmotivar, desalentar y desmovilizar a los miles y miles de ciudadanos que quieren Justicia, Democracia y Paz. El sistema somocista se desarrolló cumpliendo estrictamente todos estos señalamientos, pretendió dar a los nicaragüenses una “estabilidad económica” a costa de limitar, confiscar o suprimir los derechos más elementales de la población, e invariablemente, devino en una dictadura dinástica que se extendió durante 45 años y costó cerca de 50 mil muertos la sangría del pueblo nicaragüense para salir de ella.
Es por esto que el documento “Todos a Defender Nuestra Democracia”, llama a desconocer una candidatura Nula de Nulidad Absoluta y en consecuencia Legalmente Insubsanable. Los peligros que se ciernen sobre la Nación así lo exigen. Pero además de ello, estamos frente a una candidatura que pretende una reelección que va en contra de la democracia, en contra de la historia y en contra de la razón. Una vuelta al somocismo con todos los peligros que esto entraña. Una vuelta al pasado con todas las consecuencias que desde ya podemos imaginar. El documento señala que: “Se repite el hecho reeleccionista ilegal y continuista, mediante el cual, un caudillo egoísta, autoritario, corrupto y hegemonista trata de mantenerse a toda costa y sobre toda prohibición”.
Los nicaragüenses tenemos la oportunidad de evitar que la amenaza de consolidación de una dictadura en ciernes se haga realidad. La Constitución nos da esa oportunidad haciendo uso de nuestro derecho a votar. El proceso electoral, a pesar de estar sometido a cuanto manoseo ha sido posible, por parte de quienes deberían estar llamados a mantenerlo pulcro, diáfano y transparente, no está cuestionado. Es nuestro Derecho Constitucional para cumplir con lo mandatado en el Artículo 2 citado al inicio. Es el principio de que el poder político lo ejerce el pueblo por medio de las autoridades que elige libremente por medio del sufragio universal, igual, directo y secreto. “Los nicaragüenses debemos votar para que se recobre el valor de nuestra Constitución y el estado de derecho sea restablecido, para que logremos salir del desastre ético y moral”, plantean los suscriptores del Pronunciamiento.
El voto no está cuestionado, ni el derecho de los nicaragüenses a votar tampoco. Lo que está cuestionado es la candidatura de uno de los que participan en el proceso electoral. Es uno de ellos el que está al margen de la Constitución y de las leyes. Es el mismo que, invariablemente a través del tiempo, se opone a que Nicaragua sea libre, democrática, independiente y soberana. Es el mismo que desde hace 32 años mantiene como rehén a los nicaragüenses bajo la amenaza de la violencia. Es el mismo que ha renegado del legado de Sandino y Fonseca, traicionando los ideales, valores y principios del verdadero sandinismo. Es el mismo que quiere consolidar una dictadura bajo el amparo de un falso cristianismo, de un socialismo a la medida de sus ambiciones y de una solidaridad que reparte solamente las migajas del festín. Es el mismo que hace gala de una cuantiosa fortuna obtenida de manera obscena, ilícita e inmoral. Es el mismo al que el próximo 6 de Noviembre, en las urnas, en secreto y acompañados solamente con nuestra conciencia y un lápiz le diremos: Democracia Si, Dictadura No!.
