Los firmantes de este documento queremos llamar la atención de las autoridades electas, de los poderes del estado, de las fuerzas armadas, de las instituciones políticas, organizaciones de la sociedad y de la población en general, por cuanto, se están dando condiciones que pueden llevar al país a un callejón sin salida. Amando la Libertad, llamamos a la reflexión que las violaciones a la Constitución Política, la desarticulación del Estado de Derecho y el irrespeto a la institucionalidad democrática, nos pueden conducir una vez más a la violencia.
La Constitución Política fue escrita con tinta por la razón de los representantes del pueblo, pero su espíritu, sus fines y objetivos obedecen al sacrificio y al dolor de los nicaragüenses. En fin, nuestra Carta Magna responde a la sangre y a los intereses de nuestra sufrida gente. Citamos: “La Soberanía Nacional reside en el pueblo y la ejerce a través de instrumentos democráticos, decidiendo y participando a través de sus representantes Libremente elegidos “. Entendemos que La Soberanía Popular, El Mandante Soberano, está refrendado como categoría constitucional, así como la soberanía del Estado y los derechos Territoriales Soberanos del País.
La imposición de la reelección del Presidente Daniel Ortega, mediante artificios que pretenden ser legales, violan flagrantemente la constitución en su artículo 147 acápite a), y otros relacionados: 51, 130, 132, 138, 147, 182, 183 y 187 y por tanto, desdice los derechos de su Mandante, el Pueblo Soberano. La pretendida resolución espuria de la Corte Suprema de Justicia es ilegal, inexistente e inmoral. Se expone en la declaración de principios constitucionales que: “Cualquier Intento de menoscabo de los derechos atenta contra la vida del Pueblo. Es nuestro deber preservar y defender estos derechos “. También expresa que: “El pluralismo político asegura la existencia y participación de todas las organizaciones políticas en los asuntos económicos, políticos y sociales del País, sin restricciones ideológicas, excepto aquellas que pretenden el restablecimiento de todo tipo de dictadura o de cualquier sistema antidemocrático “. En consecuencia vemos con profunda tristeza que existen claros signos autoritarios, totalitarios e imposiciones de hecho que apuntan en esta dirección.
Somos un grupo de ciudadanos que participamos activamente en las dos últimas guerras civiles que se desataron al final del siglo recién pasado. Fuimos testigos de los horrores de la guerra, primero combatiendo a la Guardia Nacional de la dinastía somocista, para derrocar esa oprobiosa dictadura que nos costó más de 50 Mil vidas. Después, como oficiales del EPS enfrentamos militarmente a la Resistencia Nicaragüense. Esa guerra contó con el respaldo de potencias extranjeras y en ella nos enfrentamos los nicaragüenses, como una extensión del conflicto Este-Oeste, produciendo un saldo de más de 100 mil muertos. De ellos estimados; alrededor de 25 Mil reclutas, casi 30 Mil reservistas y Milicianos y un poco mas de 3 Mil miembros permanentes del Ejército. La guerra nos dejó, además pérdidas materiales y morales incalculables.
De parte de los comandos de la resistencia se estima perdieron la vida más de 20 Mil combatientes y miembros de sus bases de apoyo. En los teatros de operaciones se dio la desaparición de miles de campesinos y de víctimas inocentes de la población civil. Se cuentan también decenas de miles de heridos en ambos bandos, muchos de ellos lisiados de guerra, quedaron inhabilitados al perder capacidades físicas o psicológicas. Madres de caídos y huérfanos son también parte irreparable de las secuelas atroces que no podemos permitir se repitan. Varios miles de retirados del ejército y desmovilizados de la contra, esperan aun lograr su reinserción a la vida productiva del país y demandan la efectividad de programas de asistencia. Miles de Retirados de las Fuerzas Armadas reclaman el derecho de pensiones dignas, que 21 años después aun se les niegan.
Honor y gloria a los Héroes caídos por conquistar la democracia. Expresamos admiración por el valiente guerrero y aun más, debemos rendir respeto por las víctimas inocentes. Pero mayor es el mérito que debemos reconocer al pacífico ciudadano, que con fe en el porvenir y la paz, vive producto de su trabajo honrado y confía en el beneficio de vivir en democracia. Tres generaciones de nicaragüenses traicionados han perdido riqueza espiritual y material así como centenares de miles de compatriotas se han visto obligados a emigrar. La esperanza de los jóvenes se ha desvanecido ante la corrupción o es manipulada por el populismo clientelista.
Los casi dos siglos de independencia, de nuestra joven Republica, han sido de sufrimiento por el flagelo de constantes pugnas políticas que devinieron en violencia y atraso a nuestro desarrollo institucional, social y económico. Apenas hemos tenido unas pocas décadas de justicia, democracia y paz, para dar prosperidad y bienestar a nuestra Nación. Una vez más se cumple un ciclo agónico producto del capricho reeleccionista de un caudillo que demanda más tiempo para seguir cumpliendo sus designios egoístas. Intenta así, confundir Elección de Autoridades, con Referéndum y con el Plebiscito para manipular el Sistema Político. Es inconcebible que el Frente Sandinista de Liberación Nacional, como partido de larga trayectoria, no cuente en sus filas y en su institucionalidad con hombres y procedimientos incluyentes, para nombrar un candidato que los represente, habiendo numerosos hombres y mujeres destacados que cuentan con trayectoria, formación, prestigio y éxitos en la vida pública del País.
La inminente solución de esta crisis de legitimidad y del conflicto político-legal tiene que ser resuelta en los cauces civilistas. El mecanismo sagrado de la elección debe ser asegurado para hacer valer el voto ciudadano. Preocupan los estándares dudosos de los dos últimos procesos, sobre todo los reclamos de fraude en las elecciones municipales del 2008. La observación electoral tiene que ser garantizada, debe legitimarse el Consejo y nombrarse magistrados electorales honorables y creíbles. Queremos alertar que nuevos intentos de burlar la voluntad popular en las próximas elecciones generará la profundización de la crisis, se aumente el malestar en la Sociedad y desencadene la ira popular.
Acentuamos que el pueblo tiene pleno derecho de expresarse, protestar y exigir sus demandas. En este contexto es loable que el Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército, Julio Cesar Avilés Castillo haya expresado, recientemente, que la institución castrense no es represora y “que jamás disparará contra su pueblo”. Sería del agrado de los ciudadanos oír lo mismo de la Policía Nacional. No obstante, de la fuerza pública garante del orden interno y de la seguridad de los ciudadanos, deploramos que no se mantenga como observadora parcializada de la violencia callejera. Es público el actuar de bandas paramilitares que han golpeado, garroteado, lapidado, lacerado, baleado y mortereado a ciudadanos, manifestantes o representantes de signos políticos contrarios al partido de gobierno. Esas fuerzas de choque también han destruido propiedad privada ante la mirada pasiva y complaciente de las autoridades policiales.
Recordamos que no está sujeto a interpretaciones constitucionales el que “El Ejército de Nicaragua es la institución armada para la defensa de la soberanía, de la independencia y la integridad territorial. Solo en casos excepcionales el Presidente de la República, en Consejo de Ministros podrá, en apoyo a la Policía Nacional, ordenar la intervención del Ejército de Nicaragua cuando la estabilidad de la Republica estuviere amenazada por grandes desordenes internos, calamidades o desastres naturales. …” (Art. 92 CN); El Ejército de Nicaragua;…”es una institución nacional, de carácter profesional, apartidista, apolítica, obediente y no deliberante. … “(art. 93 CN); “… se regirá en estricto apego a la Constitución Política, a la que guardará respeto y obediencia. Estará sometido a la autoridad civil que será ejercida directamente por el Presidente de la Republica, en su carácter de Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, o a través del ministerio correspondiente. No pueden existir más cuerpos armados en el territorio nacional, ni rangos militares que los establecidos por la ley. “(art. 95 CN).
Finalmente exhortamos a reflexionar acerca de los temas que se imponen en el mundo moderno sobre la credibilidad, legalidad y legitimidad de los gobiernos. Y como gobernados nos preguntamos: ¿Quien es el soberano? ; ¿Que soberanía es la que se defiende?; ¿A quién deberán sujetarse las Fuerzas Armadas en orden de autoridad si el Presidente persiste en irrespetar la Constitución?; ¿Debe El Presidente renunciar con antelación y asumir su Vicepresidente?; ¿Guardar Respeto y Obediencia a la Constitución, en ilegalidad e ilegitimidad? ¿Se abrió el debate para interpretaciones de lo mandatado? Queda claro que estamos frente a una crisis institucional y de legitimidad que divide a la Nación y pone en riesgo la Paz.
Queremos reafirmar que en la Sociedad hay suficiente carácter, autoridad, reserva moral y dignidad para demandar se exija respeto al orden constitucional y sean advertidas las consecuencias de su ruptura. En 1979, TODOS LOS NICARAGUENSES sacamos al último dictador descendiente de la estirpe sangrienta que asesino a Sandino. Aun con esa historia reciente, persistimos en abusos y errores en los ochenta y conquistamos justicia, democracia y paz en 1990. No tropecemos con la misma piedra, no permitamos una nueva dictadura.
FIRMAMOS
Carlos Ramón Brenes Sánchez, Coronel (R).
Irving René Dávila Escobar, Teniente Coronel (R).
Francisco Antonio Henríquez Torrentes, Teniente Coronel (R).
Roberto Danilo Samcam Ruiz, Mayor (R).
Sergio Rafael Martínez Vega, Capitán (R).
Pedro Rivas Guatemala, Capitán (R).
Sergio Benito Cabrales Pérez, Teniente Primero (R).
