UNA INSTITUCIONALIDAD HECHA AÑICOS

Si hay algo que ha quedado plenamente evidenciado con la actuación de la Policía Nacional durante los días previos y el propio día de la Marcha Contra la Reelección Inconstitucional del Presidente Daniel Ortega el pasado 2 de Abril, es que su Institucionalidad quedó prácticamente en escombros, al ceder sus más altos mandos, Primera Comisionada incluida, a los caprichos no solo del mismo Presidente Ortega, sino también del grupo de facinerosos que desde fuera de la institución se han apoderado de la misma, pasando inclusive por encima de la cadena de mando superior, que deberían ser por lógica los que comanden y tomen las decisiones de carácter estratégico en todo en lo relacionado con el orden interno, la  seguridad de los ciudadanos, la prevención y persecución del delito y sobre todo en garantizar el respeto a los derechos de toda la población y no solo de una parte de ella.

De lo anterior se ha hablado mucho, pero poco se ha dicho en torno a dos elementos, uno real y otro ficticio, que estuvieron presentes en las ya famosas marchas. El primero de ellos, real, fue la movilización en los alrededores de la Plaza del Fraude, de un grupo armado que se movilizaba en motocicletas perteneciente a las fuerzas paramilitares que son dirigidas desde la Secretaria del FSLN. Esto fue expresado por la propia Primer Comisionada Aminta Granera y fue grabado por todos los medios que estuvieron presentes, durante su intento frustrado de diálogo con algunos representantes de los marchistas.

Lo anterior debería de ser motivo de alarma para todos los nicaragüenses, ya que si la misma Jefa de la Policía Nacional lo reconoció el mismo día de la marcha y hasta ubicó los lugares donde estos se desplazaban, el no haber tomado medidas drásticas, urgentes e inmediatas para “evitar el baño de sangre” que ella misma pronosticaba si se dejaba pasar a los opositores al gobierno, deja en muy mal predicado no solo a su persona, sino que a la institución misma. El Artículo 95 de nuestra Constitución Política establece que: “No pueden existir mas cuerpos armados en el territorio nacional ni rangos militares que los establecidos por la ley”. El grupo de paramilitares armados y motorizados que denunció la Comisionada Granera está claramente al margen de la ley, independientemente de que gocen de la venia y protección de quienes quieren someter al país a un proyecto fascistoide.

El otro elemento, ficticio, fue la trasnochada denuncia de los corifeos del orteguismo, que se estaba gestando una conspiración para derrocar al gobierno del Presidente Ortega aprovechando la marcha. Posiblemente, el llamado hecho a la ciudadanía el día anterior por los Militares Patrióticos Retirados del EPS y Comandantes de la Resistencia Nicaragüense para participar cívicamente en la marcha, haya sido interpretado por los cabezas calientes de siempre, como un llamado a la insurrección. En el colmo de la estupidez, hasta denunciaron que la Policía Nacional tenía información de supuestas “fuentes de inteligencia”, que se estaba fraguando un levantamiento al estilo de Túnez o Egipto. Ni lo uno ni lo otro. El llamado fue público, a través de los principales medios de comunicación y respaldado por el Artículo 54 de nuestra Constitución Política, que literalmente refiere: “Se reconoce el derecho de concentración, manifestación, movilización pública de conformidad con la ley”. De la conspiración, la única que se hizo patente fue la de los motorizados – armados - orteguistas, quienes, de acuerdo a lo dicho por la Comisionada Granera, estaban prestos a provocar un baño de sangre, si los marchistas opuestos a la reelección ilegal e inconstitucional del presidente Ortega rebasaban la última línea de contención de las fuerzas del orden. 

La actuación de la Policía Nacional, “cuerpo armado de naturaleza civil”, según reza la Constitución, ha dejado mucho que desear durante este caso y muchos otros anteriores a este. Para muestra tres botones. El primero: Se ha denunciado hasta la saciedad la repentina aparición de asaltantes motorizados, ¡vaya coincidencia!, en todas partes del país. Motos sin placas, viajando en parejas, armados y con cascos para no ser reconocidos. Algunos conocedores del tema plantean que el súbito boom de este tipo de delincuencia, tiene la finalidad de acostumbrar rápidamente a la población en esta modalidad de delito y que pronto la misma degenerará en el sicariato político, toda vez que las ambiciones reeleccionistas del Presidente Ortega peligren.

El segundo: Varios días lleva ya el asalto, por dos tipos armados de pistolas, a la residencia de Monseñor Silvio Báez, cuyas escuetas revelaciones del hecho hacen suponer una de dos cosas: O que intentaban asesinarlo o al menos amenazarlo para que “baje el tono de sus declaraciones” en contra de la ilegal e inconstitucional reelección del Presidente Ortega. La feligresía católica que quiere y respeta a Monseñor Báez, no conoce todavía de capturado alguno o de investigación en curso. Muchos suspicaces consideran que si este asalto hubiera sido en la casa del Magistrado de Facto Roberto José Rivas Reyes, los perpetradores no solo estuvieran presos, sino condenados a cadena perpetua.

El tercero: Recientemente se denunció la paliza que un joven opositor leonés sufrió a manos de los escoltas del Ex Coronel Lenin Cerna ante la mirada impasible, cómplice y complaciente de oficiales de la Policía que estaban presentes junto a Cerna. Ninguno de ellos ayudó al muchacho.

Finalmente, los incisos III y IV de la parte correspondiente a los Principales Lineamientos del documento “Proyecto Socialismo del Siglo XXI, Hermandad Revolucionaria” elaborado en la Secretaría del FSLN en Enero del 2009, dejan absolutamente claras las pretensiones del orteguismo en relación a la Policía y al Ejército, de este enfermizo proyecto hegemónico, totalitario y dictatorial en una supuesta Nicaragua Cristiana, Solidaria y Socialista. Ambos plantean textualmente lo siguiente: “Transformar a las instituciones del estado en bastiones inexpugnables del sandinismo, cumplirlo lo más secreto posible, incluyendo a las Fuerzas Armadas: Policía y Ejército, vinculándolos directamente con el partido y sus organizaciones del Poder Ciudadano. Rápidamente se tiene que volver a sentir entre el pueblo a las Fuerzas Armadas del Poder Ciudadano. Para esto implementar jornadas revolucionarias nacionales, en donde participen juntos sin ninguna delación, militantes, militares y policías junto al pueblo”. “Romper el vínculo que pueda existir de los miembros de las Fuerzas Armadas con la derecha y adoctrinarlos en nuevos conceptos revolucionarios, bajo la cooperación de nuestros hermanos venezolanos y cubanos”.

Así que todos los nicaragüenses quedamos claros de lo que se viene para que después nadie se llame a engaño, inclusive aquellos que desde una supuesta inocencia o silencio cómplice dan todavía su voto de confianza al Presidente Ortega, pues a como dice el viejo refrán: “En guerra avisada no mueren soldados”.