Finalizando el periodo legislativo actual y entrando ya en la recta final del 2011, nos preparamos para lo que será el tercer periodo presidencial de Daniel Ortega, en abierta violación, y por partida doble, a la Constitución Política (segundo periodo consecutivo y tercero en general, Arto. 147), lo que significa, en muy pocas palabras, que el Presidente Ortega asumirá su mandato enfrentando una crisis de legitimidad que no podrá ser resuelta, ni mucho menos, por el hecho de que los diputados electos en la Casilla 13 asuman sus curules, pero además, confrontado a un entorno que luce altamente desfavorable a sus intereses.
Efectivamente, el próximo 10 de Enero, un día después de que sean acreditados los diputados de la próxima Asamblea Nacional, legítimos y fraudulentos por igual, el Presidente Ortega tomará posesión de su altamente cuestionada investidura con el escaso reconocimiento internacional (menos de una docena de países lo han reconocido como presidente electo) y con el rechazo de amplios sectores de la población nicaragüense, que con meridiana claridad han puesto en duda los resultados electorales del 6 de Noviembre.
Organizaciones de la Sociedad Civil; organizaciones juveniles; Conferencia Episcopal; sectores empresariales; los partidos políticos que participaron en la contienda electoral, exceptuando el APRE, que en la voz de su muy solícito Presidente reconoció como válido los fraudulentos resultados electorales; amplios sectores de los llamados independientes; instituciones de reconocido prestigio en temas de observación electoral como IPADE y Ética y Transparencia, entre otros, rechazan por inauditables las cifras antojadizas que el Consejo Supremo Electoral decidió que eran las que le daban el triunfo a Ortega y sus diputados. Eso crea a lo interno del país una crisis de legitimidad, independientemente de que los sectores afines al gobierno y el partido de gobierno mismo persistan en no verlo. Gobernará entonces Ortega su próximo periodo, con el fardo a cuestas de la ilegalidad, la inconstitucionalidad y la ilegitimidad.
Con estas credenciales, sumadas al hecho de tener la mayoría absoluta en el Asamblea Nacional, por virtud del fraude, el reto es mayúsculo. Él y solamente él será el responsable de todo cuanto pase en Nicaragua. Carestía del costo de la vida y desmejoramiento de la calidad de vida de los nicaragüenses, incremento de la tarifa de los servicios públicos, incremento de la inseguridad ciudadana, aumento de los niveles de desempleo y por consiguiente mas éxodo de ciudadanos en busca de trabajo en otros países, desintegración familiar, tomas de tierras y los consiguientes problemas de propiedad, deslegitimación de la Policía Nacional, cooptación del Ejercito Nacional, institucionalización del paramilitarismo, ahogamiento de los pocos medios de comunicación independientes, mayor acoso a la Iglesia Católica, cercenamiento de las libertades individuales de los opositores, férreo control a las organizaciones de la sociedad civil, afectación económica a los jubilados, entre muchas otras, serán las tentaciones a las que Ortega tendrá que sucumbir o evitar, para profundizar o no, su ilegitimidad ante la población.
Si en los años 80´s se derrumbó el Estado de Derecho y la Institucionalidad que construyó el somocismo durante su larga estadía, siendo la Revolución “fuente de derecho”, durante los años 90´s al 2006 se trató de restablecer y construir el andamiaje de legalidad e institucionalidad que no existió en el periodo anterior, sin embargo, lo poco que se había logrado durante los 16 años de gobiernos de la post guerra fue demolido en los cinco correspondientes al segundo periodo de gobierno del Presidente Ortega, ante la mirada complaciente de parte de la clase política, que con un cinismo inaudito mejor decidió ser cómplice de semejante barbaridad. Ahora, la decisión que tendrá en sus manos el mismo Ortega es muy simple: o profundiza la ilegalidad y volvemos nuevamente a la tesis de que la II Etapa de la Revolución (o tercera, ya ni se sabe) será otra vez “fuente de derecho”, o, desde la ilegitimidad de su elección, en virtud del fraude electoral del 6 de Noviembre, restablece el imperio de la ley, reconstruye (destruido por él mismo) el Estado de Derecho y afianza de verdad la Institucionalidad en nuestra nación. Por sus antecedentes y lo visto en las elecciones, es de dudar que se decida por lo segundo.
La crisis de legitimidad a lo interno, que pretende subsanarla torpemente con la excusa de que los diputados hayan aceptado lo que legítimamente conquistaron mediante el voto de la población, está siendo rebasada por la crisis de ilegitimidad a lo externo. Quizás este será el mayor problema que tendrá que enfrentar, toda vez que las eventuales condiciones de represión interna dificulten en el futuro inmediato la movilización de la población.
Existen varios elementos del entorno internacional con los que tendrá que lidiar y en condiciones desventajosas.
1) Una posible victoria republicana en las elecciones del 2012 en los Estados Unidos significará, muy probablemente, el acoso permanente a su gobierno. Si durante la época de Reagan la estrategia fue de Guerra de Baja Intensidad, posiblemente esta vez será de ahogamiento económico de alta intensidad.
2) La crisis europea, en especial la de los países de la zona euro, contribuye a dar el marco perfecto para la excusa de reducir la ayuda a nuestro país. Cuando Europa busca en la China continental el apoyo financiero para mitigar su propia crisis, difícilmente estará en condiciones de seguir apoyando al gobierno. Claramente lo han dicho, será reducida sustancialmente la ayuda y reorientada para que llegue directamente a la población mas necesitada.
3) La agresividad del gobierno de Costa Rica responde al respaldo que sienten tener de parte de los Estados Unidos. La carretera en la ribera del Rio San Juan no es más que los primeros síntomas de una escalada mayor, que indefectiblemente traerá presiones de carácter militar, bajo la excusa del combate al narcotráfico. Es de suponer que esta sirva para la instalación de bases militares con la intención de crear el muro de contención en su frontera norte.
4) El endurecimiento de la política hondureña presionada por los militares de ese país, quienes no olvidan el respaldo militante de Ortega a Mel Zelaya y la irresponsable facilitación de nuestro territorio para el reclutamiento y preparación militar de seguidores del depuesto presidente hondureño.
5) Finalmente y el trago mas amargo para el Presidente Ortega será el desenlace del factor Chávez, de quien depende política y económicamente para poder sustentar su política clientelar y populista. La suerte de Hugo Chávez, ya sea por no ser reelecto o bien por el agravamiento de su salud, dictará en el 2013 los pasos a seguir por parte del Presidente Ortega, toda vez que en un acto de realismo político durante el 2012 actúe con mucho sigilo tratando de rescatar la legitimidad perdida. De la suerte de Chávez también dependen los países del ALBA y muy probablemente la recién nacida CELAC, en quienes Ortega ha depositado todas sus esperanzas.
Como se puede apreciar, no todo será miel sobre hojuelas para quien, a través del abuso de las instituciones del estado nicaragüense, cooptadas a mas no poder, se ha recetado un fantástico 62% de los votos en una elección, de acuerdo al lenguaje diplomático, plagada de irregularidades, poco transparentes, inauditables y muy poco creíbles. Dicho en buen cristiano: Fraudulentas.
Queda por ver qué haremos los nicaragüenses para ser los verdaderos protagonistas del rescate de la democracia en nuestro país y no dejar que sea el factor internacional quien dicte nuestra suerte. Siempre que ha pasado esto, los platos rotos al final los ha pagado el pueblo.
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