Luego de las firmes y directas declaraciones de la recién nombrada Embajadora de los Estados Unidos Sra. Phyllis Powers, en relación a la dificultad de que sean aprobadas este año las famosas Dispensas (Waivers) que posibilitan la ayuda económica bilateral entre ambos países, la situación en el campamento del gobierno, de sus aliados políticos y empresariales es de extremada alarma y justificada preocupación, ya que por primera vez el régimen inconstitucional de Ortega enfrenta su primer serio desencuentro con el país del norte, luego que sus relaciones durante el periodo anterior fueron de mutuo respeto y estricto cumplimiento de los compromisos acordados, uno vigilaba los tres problemas fundamentales del otro, a saber: narcotráfico, terrorismo e inmigración ilegal y el otro respetaba la actuación del gobierno, evitando micro administrar la política interna del país. Hay que recordar que esto continuó luego del fraude electoral de las elecciones municipales del 2008 y a pesar de haber suspendido indefinidamente la Cuenta Reto del Milenio, los Waivers de ese año y los posteriores nunca estuvieron en duda.
Esta vez, parece que
la cosa va en serio, y lo que habíamos advertido a comienzos del año se ha
hecho realidad, Nicaragua se volvió tema de campaña en las elecciones
norteamericanas debido a las presiones de los Republicanos y la atención hacia
nuestro país, disipada luego de la finalización del conflicto bélico, se
reactiva nuevamente y para desgracia nuestra, con el mismo protagonista de
antes. Ahora sí es objeto de atención el fraude electoral del 2011 y
repentinamente nos hemos vuelto noticia de primera plana en los medios
internacionales. Con la nominación del candidato Republicano, el proceso
electoral en los Estados Unidos estaría próximo a iniciar y es previsible que
el tema Nicaragua - Ortega – Democracia se torne todavía más incisivo y obligue
a los demócratas a ser mucho más firmes en su tolerancia con el comandante
Ortega, lo que sería el presagio de nuevas malas noticias para su régimen
inconstitucional.
Se habla en público y
en privado, que Ortega tiene la llave del candado que representa la aprobación
de las dispensas norteamericanas, toda una alegoría a la popular canción
mexicana “La Puerta Negra”, solo que esta puerta Made in USA no tiene tres candados, sino solamente uno y no está
tan remachada ya que la llave que lo abre se encuentra en sus propias manos. Con
lo que no se contaba, es la repentina aparición de oficiosos cerrajeros, que
solícitamente han viajado a Washington a cabildear y solicitar la llave del
famoso candado, sin exigir compromisos inequívocos a quien los ha enviado, de
Retorno a la Democracia, Respeto a las Instituciones, Restablecimiento de la
Institucionalidad y Regreso al Estado de Derecho.
Todo parece indicar,
que los cerrajeros en cuestión están más interesados en los negocios que les ha
representado en todos estos años de maridaje con Ortega la cooperación internacional,
en especial la norteamericana, sumada a las no pocas migajas que recogen de la
privatizada ayuda venezolana, que contribuir a reencausar al país en la senda
democrática, abandonada desde el 10 de Enero del 2007. Todavía no comprenden
que en un país donde impera la democracia, la institucionalidad y el estado de
derecho, el clima de negocios facilita de mejor manera el desarrollo de la
actividad empresarial. Habría que recordarles a estos cerrajeros voluntarios,
que hacen causa común con el gobierno, que uno de los Pilares más importantes
que miden el clima de negocios de un país es el referido a las Instituciones
Públicas, desglosándose este en los siguientes Indicadores: Derecho de
propiedad; Protección a la propiedad intelectual; Independencia judicial;
Eficiencia del marco legal en resolución de conflictos; Costos comerciales del
terrorismo; Costos comerciales del crimen y violencia; Fiabilidad de los
servicios policiales y Protección de los accionistas minoritarios.
Sería importante
conocer de estos individuos, que muy eficientemente cumplieron su rol de
cabilderos del régimen inconstitucional de Ortega, qué criterio tienen en
cuanto al cumplimiento de algunos de los indicadores enunciados anteriormente,
muy especialmente los referidos al derecho a la propiedad, independencia
judicial, lo relativo a la resolución de conflictos y a los servicios
policiales. Posiblemente la opinión de estos difiera notablemente de la que
tenga la familia Buhler, dueña del complejo turístico Punta Teonoste, o de la
familia Solórzano, dueños de Laboratorios Solka, o de la familia Arévalo –
Gutiérrez, dueña de las valiosas tierras ubicadas frente a Galerías en Managua,
o de tantos otros cuyas propiedades han sido usurpadas por la maquinaria
estatal.
Se ufanan de haber
consensuado 53 leyes con el gobierno, lo que no hace más que confirmar su
alianza con un régimen que ha demolido sistemáticamente la gobernabilidad que
durante 16 años, mucho o poco, se logró avanzar en el país. Exigieron, en el
colmo del descaro, tener oficinas en la Asamblea Nacional, como si de un grupo
político se tratara, para cabildear de manera directa con el gobierno –y no con
la oposición- las iniciativas de ley antes de que estas lleguen al plenario.
Sin embargo, dice el adagio popular que “mal
paga el diablo a quien bien le sirve”, ya que a pesar de haber ido
velozmente a Washington a abogar por el gobierno, éste, en una repetición de su
histórico proceder y manteniendo la concepción de que con los empresarios es
una alianza táctica, de corto plazo, les clava la daga en la espalda con la
aprobación unilateral de la Unidad de Análisis Financiero, UAF, una verdadera
espada de Damocles que desde ahora penderá sobre sus cabezas por si pretenden
salirse del redil que Ortega les ha construido. Complacientes y timoratos,
ahora tendrán que tragar gordo pues no hay almuerzo gratis y compartir el
festín del erario público, sea en la participación del pastel energético o en
las exenciones tributarias, tiene sus costos.
Ojalá y esta puñalada
trapera sirva para incentivarlos a exigir con la misma vehemencia que han
exigido la aprobación de los Waivers, el CAMBIO TOTAL de los magistrados del Consejo Supremo Electoral, de
la Corte Suprema de Justicia, de la Contraloría y la Fiscalía General de la
Republica, del Procurador General y el de Derechos Humanos, instituciones y funcionarios
que están completamente al servicio de Ortega, cumpliendo roles partidarios y totalmente
alejados de los mandatos constitucionales; que exijan el respeto a la
institucionalidad y al carácter apartidario de los cuerpos armados de la NACION;
que exijan una profunda investigación en las instituciones del estado que
salieron salpicadas por el escándalo narco mas reciente: el CSE, la CSJ y la PN
y que exijan un verdadero Diálogo Nacional con TODAS las fuerzas políticas,
sociales, religiosas y económicas de la nación, donde se pongan en agenda los
temas pendientes de este inconstitucional gobierno: democracia, estado de
derecho, gobernabilidad, institucionalidad, elecciones libres y transparentes,
transparencia en el uso de los recursos del estado, incluida la cooperación
internacional, entre los más importantes.
Nunca es tarde para
rectificar y sólo los soberbios no reconocen los errores cometidos. El Gran
Capital, las cúpulas empresariales aliadas del gobierno y los supuestos líderes
de la oposición todavía están a tiempo de marchar con el pueblo y con la
historia. Nunca está demás recordar los últimos años del régimen somocista y
aquella máxima de George Santayana que sabiamente dice que “quien no aprende de la historia está
condenado a repetirla”.
(Nota del Autor: Foto sacada del diario La Prensa)
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