A partir de Enero del 2007, los nicaragüenses hemos venido siendo testigos de un proceso acelerado de corrupción que corroe las más altas esferas del gobierno y del partido en el poder. Esta epidemia de codicia desatada tiene su origen en la privatización de la cooperación venezolana, a raíz del convenio energético y suministro de petróleo suscrito entre Venezuela y ALBANISA, el que, de acuerdo a la interpretación de los dueños de esta última, la familia Ortega - Murillo, es una operación entre una empresa privada nacional, ellos mismos, por un lado y una empresa autónoma estatal venezolana, PDVSA, por el otro.
Los usufructos de esta operación han dejado a la familia presidencial y su entorno inmediato, no menos de 1,200 Millones de dólares, aunque de acuerdo a denuncias de la oposición en el Congreso venezolano, los montos son superiores a los 4,000 Millones de dólares. Según la denuncia hecha pública esta semana por los diputados del MRS en la Asamblea Nacional, una parte del dinero de la cooperación venezolana está depositado en tres bancos nacionales, BANPRO, BDF Y BANCENTRO, en un monto aproximado a los 10,000 millones de córdobas, cifra que correspondería al incremento de los depósitos a partir del 2009, los que según los datos de la Secretaría Ejecutiva del Mercado Común Centroamericano, SEMCA, se ubicaban en el orden de los 4,000 Millones de córdobas en esa fecha.
Otra parte de la inmensa fortuna acumulada por la familia presidencial en estos casi cuatro años de la “Segunda Etapa de la Revolución” está invertida en la compra de un sinnúmero de empresas en operación, en préstamos a entes autónomos y empresas estatales, sobre todo las ligadas al sector energético, en la creación de nuevas empresas y nuevos negocios, inversiones en los grandes proyectos hidroeléctricos y posiblemente una parte considerable esté depositada en bancos extranjeros.
En un país tan pequeño, en que los niveles de pobreza y pobreza extrema sobrepasan holgadamente el 70 % de la población, ocultar esta inmensa fortuna es una tarea harto difícil. Difícilmente se podrían esconder tantas plumas en un vecindario con tan pocas gallinas. Sin embargo, para acallar las voces de las bases orteguistas y evitar que ni siquiera piensen en esta rápida involución de sus principales líderes, de supuestos revolucionarios a una nueva clase “mengalo – oligarca”, les regalan láminas de zinc, les otorgan prestamos vía programa “Usura Cero”, les facilitan Bonos Productivos Alimentarios y a los que tienen mayor suerte, pueden recibir, eso sí, financiadas por su propio banquito, una de las “Casas para el Pueblo”, con su antena de Claro TV incluida.
Lo tremendo de esto es que nada de los supuestos beneficios anteriormente señalados sale de los recursos de la cooperación venezolana, sino que proviene de las partidas presupuestarias asignadas a las distintas instituciones del Estado, es decir, de los impuestos de todos los nicaragüenses. Pero las ganancias de todas estas operaciones, irremediablemente quedan en manos de empresas privadas, siempre ligadas a la omnipresente ALBANISA. Corrupción pura y dura que haría palidecer a cualquiera de los más connotados depredadores del erario público que ha tenido que sufrir nuestra nación en el pasado reciente y lejano.
Por eso es que la población ya casi ni se inmuta ante los últimos casos de la estela de corrupción que de manera impune y descarada, el presidente de facto del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas Reyes, viene dejando desde inicios de los años 90. Ahora es acusado de contraer un préstamo con una entidad bancaria por 37 millones de córdobas a nombre de la institución que, por las vías de hecho preside, sin tener la autorización necesaria para poderlo hacer y lo que es peor, sin rendir cuentas en que lo gastó. Adicional a esto, se denuncia el pago anómalo, a través de proveedores del CSE, a quienes adeuda cantidades millonarias, de más de medio millón de dólares para la supuesta compra o abono a la compra, solo ellos lo saben, de un avión privado de catorce plazas.
Roberto Rivas Reyes es la cara más visible de la corrupción de este gobierno, pero no es peor que la que se pretende ocultar tras su obesa figura. Rivas Reyes hospeda en las mansiones que posee en San José, Costa Rica, a hijos del presidente Ortega, facilitándole vehículos de lujo para su movilización y posiblemente hasta el “avioncito” en mención, lo cual, en el menor de los casos, coloca a este último como encubridor de los delitos de Roberto Rivas, delitos por los que, en cualquier país del mundo, este sujeto estaría tras las rejas purgando una larga y merecida condena.
Sin embargo, los corruptos se atraen y complementan entre sí. En lugar de prisión, Daniel Ortega lo premia con una extensión de su magistratura en el CSE, usando vías igualmente ilegitimas, consciente que nada ni nadie le impedirán violar la Constitución para inscribirlo como candidato a la presidencia en Marzo del próximo año y reconocerlo como virtual ganador en la mañana del lunes 7 de noviembre del 2011.
Pareciera ser que ambos están perfectamente convencidos de lo mucho que se necesitan entre ellos y de lo que tienen que dar cada uno a cambio de los favores correspondientes. La impunidad por tanto no es gratis, como tampoco será de gratis asumir el próximo fraude electoral que tan afanosamente se prepara desde el propio seno de la institución encargada de contar los votos. Roberto Rivas sabe lo que vale y representa para Ortega y cobra de acuerdo a esta circunstancia. De ahí que desde su desfachatez, desprecio y burla a las leyes pareciera decirnos a todos los nicaragüenses: Soy corrupto y que!!.
Y así, mientras uno es el blanco de los reflectores por tan descarada y evidente corrupción, el otro, más corrupto aun, pasa con sigilo y de puntillas por detrás, aparentemente inadvertido, con el país dentro de un saco a cuestas. Ambos saben que el plazo para sus fechorías se vence el 6 de Noviembre del 2011 y para tratar de prolongarlo, se recurre a la mentira disfrazada de patriotismo, pero esa es la otra cara del mismo rostro del orteguismo, de la que hablaremos la próxima semana.
