El
29 de Enero del 2014 marca una de las fechas más aciagas en la historia de la
Nicaragua post – revolucionaria, ya que es el día en que se aprobaron las
Reformas Constitucionales que daban a Ortega el poder absoluto que día a día
venia construyendo desde la derrota electoral de 1990 y que se fijaba como
objetivos inmediatos: 1) Retomar el control de todo el aparato judicial, a
partir de la infiltración de cientos de abogados que habían salido de las
estructuras de la Dirección General de la Seguridad del Estado, DGSE, y del
antiguo Ministerio del Interior, y 2) Apoderarse del Consejo Supremo Electoral,
institución clave para poder controlar los votos de los nicaragüenses sin
necesidad de estresarse más de la cuenta en las Juntas Receptoras de Votos, los
Consejos Electorales Municipales, Departamentales y en el ya famoso Centro
Nacional de Cómputos.
Ambos
objetivos fueron cumplidos satisfactoriamente, en parte gracias a la voluntad
de un sector de la oposición que se convirtió en cooperador necesario, ya sea
por cobardía, por ambición y avaricia o simplemente por caer inocentemente en
las trampas colocadas por los operadores de inteligencia del orteguismo.
Faldas, pantalones, fotos, videos, dinero, chantajes, presión, amenazas fueron algunos
de los “argumentos” que convencieron a muchos que hoy disfrutan de los míseros
pesos que lograron o de los cargos que disfrutaron y disfrutan aun hoy en día,
pero que dejaron en la estacada a todo un país que rápidamente retrocede hasta
los peores días, no solo del somocismo, si no de las nefastas dictaduras
militares que padeció el sub continente en los años 60’s y 70’s, aquellas que
florecieron en los países del Triángulo del Norte de Centroamérica, Guatemala,
El Salvador y Honduras o el cono sur latinoamericano, Brasil, Argentina, Chile,
Uruguay, República Dominicana, Venezuela y la Nicaragua de los Somoza y la
Guardia Nacional.
El
29 de enero del año pasado se abrían de par en par las puertas que dejarían pasar
inmediatamente las reformas al Código de Organización Militar y a la Ley de la Policía
Nacional, reformas que le daban a Ortega, a su partido y a su familia, el
control y monopolio de las armas y de la represión, para consolidar un modelo
dictatorial con el que ha soñado desde los años 80’s, en el que al menos le restringía
el tener que convencer a ocho pares más, con iguales o casi iguales cuotas de
poder en la dirección de la Revolución. Hombre acostumbrado a imponerse sobre
los demás, no con el peso de la razón sino con el peso de la fuerza, necesitaba
imperiosamente el control absoluto de las armas para poder someter al país a su
voluntad dictatorial. Pero no le bastaba tener el control sobre las armas y la represión,
sino que había que dotarlos del argumento legal para ponerlos a funcionar y
nuevamente revivió el pasado ignominioso de las dictaduras militares del siglo anterior,
dando vida a un moderno y a la vez vetusto Frankenstein, bajo el nombre de
Doctrina de Seguridad Nacional.
Esta
doctrina, que tanto el Ejercito como la Policía dominan y aplican con tanta devoción
y efectividad, es lo que ha permitido que nuevamente resurjan, de tiempos que creíamos
ya superados y olvidados, acciones tales como: capturas y secuestros llevados a
cabo por encapuchados en la más vil de las impunidades e ilegalidades como en
Ciudad Darío y Rivas; tortura, como las denunciadas por los capturados en Nueva
Guinea y Rivas; violaciones de mujeres en las cárceles por oficiales de la Policía,
como el caso de la denuncia de la madre de la joven violada en el Distrito IV y
que señala directamente a un Comisionado Mayor como presunto violador;
asesinatos de reos, que a su vez fueron secuestrados o capturados violando
todas las leyes y procedimientos establecidos, como es el caso del joven
Francisco Javier Ponce Sanarrusia y que en el colmo de la increíble chapucería oficial,
la policía declara que cuando lo capturaron ya se había ahorcado en su celda;
vejaciones a ciudadanos capturados por ejercer el legítimo derecho a la
protesta, como los de Nueva Guinea y Rivas nuevamente; utilización de fuerzas
paramilitares, preparadas y entrenadas militarmente, para reprimir marchas
opositoras o expresiones de rechazo al actuar del gobierno, como fue el caso de
los Ocupa – INSS y las protestas ante el Consejo Supremo Electoral.
¿Qué
es lo que hace falta para repetir la dolorosa experiencia del pasado somocista,
incluido su final? ¿Los jóvenes asesinados y tirados en la fatídica Cuesta del
Plomo? ¿Los patrullajes en los BECATS? ¿Los asesinatos políticos a cargo de
sicarios gubernamentales? Ya nos roban impune y continuamente las elecciones
nacionales, regionales y municipales. Nos robaron y continúan robándonos en
nuestras propias caras la cooperación venezolana que venía dirigida al pueblo nicaragüense.
Han criminalizado la protesta cívica ciudadana. Secuestran, torturan y asesinan
a sospechosos de haber cometido cualquier delito. Roban y asaltan a ciudadanos
indefensos con la complicidad de la policía nacional. Asaltan y destruyen la
propiedad ajena con la complicidad de todas las instituciones del estado, y para
colmo de males, los victimarios se convierten de la noche a la mañana en
agraviados ciudadanos que demandan ante jueces parcializados a las víctimas de
la ira gubernamental.
Y
pensar que todavía existen algunos que dicen que vamos bien, que nunca habíamos
estado mejor, que es el país donde la gente vive en la felicidad casi absoluta.
Habrase Visto!
