Analizábamos en el Editorial anterior, sábado 11 de Febrero, el primer lineamiento del documento Socialismo del Siglo XXI, Hermandad Revolucionaria, en la definición de las líneas estratégicas identificadas como fundamentales para la Recuperación de los Derechos Revolucionarios Perdidos, según los sesudos estrategas del orteguismo.
En el segundo lineamiento, plantean: “Establecer el Poder Ciudadano como la figura central de liderazgo y organización revolucionaria, que sustituirá a la Histórica Dirección Nacional del antiguo FSLN. Reestructurar al partido con un nuevo liderazgo donde el Comandante Daniel Ortega y el Poder Ciudadano será el símbolo por excelencia de la matriz de la Segunda Revolución Sandinista.” Conviene remitirnos un poco a la historia para hacer un mejor análisis de lo anterior. A partir de la derrota electoral del 90, un grupo de militantes del FSLN se dio a la tarea estratégica de adecuar al partido a las condiciones que planteaba un nuevo escenario político, ya alejado del poder y los recursos que eso significaba para el desarrollo del trabajo partidario. Las contradicciones habidas en el camino dieron lugar al nacimiento del orteguismo, como expresión caudillesca de un sandinismo deformado que se imponía sobre la corriente que planteaba la modernización política. Luego de dos intentos sucesivos, en el 2007 el orteguismo llegaba por fin al poder, deslegitimado ideológicamente por el evidente abandono de los principios y valores sandinistas, Pacto con Arnoldo de por medio, sumado al rechazo de las principales figuras históricas de la Revolución.
Llegaba de la mano de Rosario Murillo, esposa y jefa de campaña de Ortega, quien reclamaba para sí el protagonismo negado en los 80´s. Esto implicaba construir nuevos referentes de lo que denominó la Segunda Etapa de la Revolución. El primero, realzar la figura de Daniel Ortega, haciendo uso desmedido del culto a la personalidad, como el líder indiscutible del “Nuevo Orden Revolucionario”. El segundo, la propia figura de Murillo, encarnada en una estructura de poder que relegaba a los Comandos Electorales, la antigua estructura partidaria. Esta vez, el Poder Ciudadano, es decir, ella misma, era la figura llamada a dirigir los destinos del partido, del poder, del gobierno y del país. Ambos, La Pareja Presidencial, se constituían en los amos y señores de un proyecto mesiánico, fundamentalista y primitivo, que no deja títere con cabeza en su afán de copar todo lo que se necesitase copar a fin de perpetuarse en el poder.
Obviamente, para desarrollar este proyecto era imperativo demoler el viejo estado republicano recibido y construir uno nuevo que calzara con el modelo en ciernes. Por esta razón el tercer lineamiento reza: “Transformar a las instituciones del estado en bastiones inexpugnables del sandinismo, cumplirlo lo más secreto posible, incluyendo a las Fuerzas Armadas: Policía y Ejército, vinculándolos directamente con el partido y sus organizaciones del Poder Ciudadano. Rápidamente se tiene que volver a sentir entre el pueblo a las “fuerzas armadas del poder ciudadano” Para esto implementar jornadas revolucionarias nacionales, en donde participen juntos sin ninguna delación, militantes, militares y policías junto al pueblo”.
Rápidamente y sin que casi nadie protestara, desmontaron todas las instituciones del estado nicaragüense, contando con la colaboración necesaria de Arnoldo Alemán, de sus fieles seguidores y de una nueva especie de sanguijuelas: los ALN, quienes no pretendían quedarse fuera de la nueva repartidera. Del PLC Arnoldista, muchos abandonaron al caudillo liberal y con todo y cartuchera se pasaron alegremente al fortalecido orteguismo, en un asqueroso transfuguismo que llevaba como slogan: “La calle está dura”. Corte Suprema de Justicia, Consejo Supremo Electoral, Procuraduría de Derechos Humanos, Fiscalía General de la República, Contraloría General de la República, Asamblea Nacional, entre las más importantes, fueron sistemáticamente cooptadas y se constituyeron en bastiones, no del sandinismo, sino del orteguismo, en un desmantelamiento de la institucionalidad, el estado de derecho y el orden constitucional jamás visto en la historia de nuestro sufrido país.
El trabajo con las Fuerzas Armadas del Estado nicaragüense: Policía y Ejército Nacional era un poco mas complicado, por lo que adicionaron un cuarto lineamiento dirigido específicamente a los dos cuerpos: “Romper el vínculo que pueda existir de los miembros de las Fuerzas Armadas, con la derecha y adoctrinarlos en nuevos conceptos revolucionarios, bajo la cooperación de nuestros hermanos venezolanos y cubanos”. Esto requería volver al esquema de los años 80´s, algo muy difícil, sino imposible en la actualidad, por la amplitud de relaciones que el Ejercito Nacional ha cultivado con muchos países, la mayoría de “derecha”, Taiwán, México, Estados Unidos, Francia, España, entre otros. Por tal razón, el esfuerzo de cooptación ha sido aplicado en dos etapas, la primera de ellas dirigida al cuerpo policial. Expulsión de las filas de los cuadros policiales con mayor profesionalización y alejados de la corriente orteguista, cuestionados ascensos, separación de los cargos o desvinculación con las agencias internacionales (INTERPOL, DEA, etc.), interrupción de la jerarquía de mando, halagos y presiones, fueron algunos de los métodos utilizados. Al día de hoy, la Policía Nacional ha perdido aceleradamente el justificado prestigio alcanzado años atrás a costa de esfuerzo, mística, sacrificio y honor. Con el Ejército, el proceso ha sido más delicado, por las características propias del cuerpo militar. No hay muchas victorias que asumir, ya que la alta oficialidad está mas inmune a las presiones económicas y politicas, además que el proceso de institucionalización que durante 16 años tuvo que atravesar, le proporcionan los anticuerpos necesarios para ser tentados a volver a convertirse en un ejercito politizado, partidista, deliberante y adoctrinado, al igual que lo fue en los años 80´s.
El quinto lineamiento es prácticamente la “declaración de principios” de cómo hacer cumplir el tercero: “Profundizar el debilitamiento y la división de la oposición política, aprovechándose de sus debilidades, por las vías y métodos que fuera necesario monopolizando la Asamblea Nacional, La Corte Suprema de Justicia y El Consejo Supremo Electoral”. Según el viejo adagio popular, A confesión de parte, relevo de pruebas, lo anterior no es ni más ni menos la aceptación de todo lo perverso que hicieron y están haciendo con las instituciones del Estado. Cuando hablan de usar las vías y métodos que fueran necesarios con tal de cumplir los objetivos, no podemos sino acudir a la cita de Nicolás Maquiavelo de que “El Fin Justifica los Medios”, en donde los límites impuestos por la moral y la ética no existen, únicamente existe la obsesión enfermiza por acumular poder y riquezas. Sin embargo, en esto no han caminado solos, han tenido la complicidad absoluta de una clase política atrasada, prebendaría y medrosa, que lejos de generar confianza a la población, se han remitido a darle continuidad al tradicionalismo político que se mantiene vivo desde la época de Anastasio Somoza García; un tradicionalismo que tiene como estandarte el caudillismo, el nepotismo, el amiguismo, el zancudismo y pareciera que últimamente se le empieza a sumar el “pragmatismo”.
