Pareciera
ser que en esta Nicaragua de lagos pacíficos y volcanes rebeldes, de consensos
y con sonsos, ya nada nos puede asustar, sin embargo, el régimen de Ortega –
Murillo cada vez en cuando la saca del estadio, en el mejor de los léxicos
beisbolisticos y nos sorprenden con un disparate cada vez mayor que el
anterior, confirmándose el pensamiento casi generalizado de la población de que
aquí el plomo flota y el corcho se hunde, o lo que es lo mismo, con este
gobierno y estos “gobernantes” cualquier disparate es posible. No se había
terminado de “enfriar” el dislate de Ortega y Murillo con el PNUD, considerado
el desprecio más grosero a la cooperación internacional, superando inclusive al
del neo nazi que acusó a Holanda de ser un “paisucho”, cuando se aparecen con
dos nuevos relajos jurídicos que deja pintado en la pared al Poder Judicial, a
la Policía y amenaza de manera directa a las mujeres y a la sociedad en
general.
CESE DE LA VEDA DE LAS MUJERES
El
mensaje lanzado por el matrimonio presidencial en contra de las mujeres es
descomunal. Luego de haber lanzado la Ley 779 con bombos y platillos en Enero del
2012, invocando a la Convención para la
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención Interamericana para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la Convención sobre los derechos del niño y la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con
discapacidad y según dijeron en aquel entonces “para asegurar una efectiva igualdad ante la ley, a eliminar la
discriminación y prohibir explícitamente la violencia hacia la mujer en
cualquiera de sus manifestaciones”, de un solo plumazo borran todo lo
actuado al eliminar la posibilidad que los infractores cumplan penas
carcelarias, pues según la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, las
cárceles están llenas. Al tipificar los delitos contra las mujeres, sobre todo
en agresiones físicas y psicológicas, como delitos cuyas penas serían menores a
los cinco años, en la práctica es “abrir la temporada de caza de mujeres”, todo
un regalo de Semana Santa de la pareja presidencial para las féminas de todo el
país, quienes estarían en el punto de mira de maridos celosos, padres
irresponsables, violadores, abusadores y cualquier otro energúmeno que piensa
en las mujeres como algo sumiso y subordinado.
EL FALSO POSITIVO
Desde
ya, muchos voceros oficiales y oficiosos del régimen plantean la medida tomada
con la Ley 779 como un “acuerdo” entre el gobierno y la Iglesia Católica, léase
la Conferencia Episcopal, a fin de que la carta pastoral que se encuentra en
proceso salga lo más light posible, con la intención final de desprestigiarla
ante la opinión publica previo a su salida. La idea es hacer creer a la
ciudadanía que existe una “relación secreta” entre ambos y que el apoyo de los líderes
religiosos a elecciones libres y transparentes, a observación nacional e
internacional irrestricta, por ejemplo, es pura demagogia, pues el gobierno les
da lo de la Ley 779 a cambio de una carta pastoral acomodada a los intereses
del orteguismo, o al menos que no sea tan “ácida” para dichos intereses.
En
Operaciones de Inteligencia, un Falso Positivo no es más que tratar de
convertir en verdad una mentira a partir de ciertos montajes, falsos, ya sea para
involucrar a un tercero, para hacer creer a la ciudadanía que lo que se está
planteando es la “única” verdad o para desorientar a la opinión pública sobre
un hecho especifico. En este caso, el montaje son las “sondas” lanzadas por los
ecos del régimen de que algo se cuece entre la Jerarquía y el gobierno y el
hecho cierto es el desmontaje de la Ley 779 por conveniencias políticas del
orteguismo de cara a la próxima campaña electoral. Una vida y dos mandados. Se mina
la confianza de la población católica en sus líderes religiosos al momento de
que se presente la carta pastoral y se desmonta en la práctica la Ley.
OPERACIÓN
SICARIATO
Casi
al mismo tiempo de la “operación en contra de las mujeres”, se conoció la
liberación de más de 8,000 reos hecha desde el 2014 a la fecha, en la más
absoluta discrecionalidad gubernamental, violentando todos los procedimientos
jurídicos establecidos, pasando olímpicamente por encima de la Asamblea Nacional,
a quien también dejan pintada en el mural del relajo institucional que es
nuestro país, pero además, poniendo en serio peligro a la sociedad nicaragüense,
cuyos niveles de seguridad ciudadana cada día se deterioran más y más. Luego de
escuchar las palabras de Daniel Ortega refiriéndose al pistolero de Metrocentro
Samir Antonio Matamoros como “un muchacho loco que solo voló cuatro tiros” y enterarnos
del intento de asesinato llevada a cabo sin ninguna duda por los nuevos
sicarios del régimen, a Carlos Bonilla, dirigente del MDN y la agresión física
a su esposa Gaby García, saliendo ambos de su casa de habitación, no quedan
muchas incógnitas de que parte de estos 8,000 reos que han salido de las
cárceles conformarán los grupos de choque del régimen, el sicariato oficial que
hemos visto en otros lados, con el objetivo de intimidar, en primer lugar a la
oposición, para que desistan de tomarse las calles en demanda de elecciones
libres y transparentes, y a la población opositora en segundo lugar, a fin de
evitar que se sumen o apoyen a los primeros, dando una seria advertencia de lo
que se puede esperar en los próximos comicios electorales.
Esta
nueva modalidad de sicariato será la encargada de hacer el trabajo sucio que
las fuerzas de inteligencia militar y policial no quieren hacer, habida cuenta
del desprestigio en que han caído por todas las acciones desarrolladas
anteriormente. Ya no les basta sacar a los pandilleros que acompañan a los "rejodines y forfonicos" los miércoles de protesta, ahora quieren que la sangre
llegue al río como si eso los liberará del triste destino que desde ya tienen
asegurado. Pero el problema va mucho más allá de un mero cálculo político de
cara a las elecciones y a la agresión e intimidación a líderes opositores,
también estamos hablando de la impunidad que tendrán estos eventuales “aliados”
del régimen para cometer sus fechorías con la población civil, tales como robos
con intimidación, robos con escalamiento, carterismo, chapeo de vehículos,
pasadas de cuenta a enemigos personales, venganzas contra grupos rivales y lo
peor, venganzas contra los mismos policías que los golpearon, capturaron o
vejaron en las cárceles. Aquí y gracias a Ortega, nadie estará seguro, por lo
que habrá que tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar ser
sorprendidos por este nuevo sicariato.