La semana anterior el
magistrado presidente (de facto) del fraudulento Consejo Supremo Electoral, solicitado
además por la justicia costarricense por acusaciones de Enriquecimiento Ilícito,
Roberto Rivas Reyes, hizo la atrasada convocatoria a participar en las
elecciones municipales del próximo 4 de Noviembre. Con la soberbia y pedantería
que le caracteriza, anunció con bombos y platillos el calendario electoral y
como de si algo nuevo se tratara, exigió la entrega del famoso documento de
intenciones que en las elecciones nacionales recién pasadas también obligó a
firmar a las alianzas participantes, con
la intención de dar, adentro y afuera, una imagen de legalidad y pretender el tan
rebuscado reconocimiento de los partidos políticos al gobierno y al adefesio de
institución que mal dirige, desprestigiada a más no poder por los fraudes
perpetrados a la voluntad popular en las últimas tres elecciones organizadas
por estos impresentables personajes.
Luego del desastre nacional
e internacional en que se convirtieron los pasados comicios, los que resultaron
en la ilegal investidura presidencial del candidato inconstitucional por el
también ilegal Rivas Reyes, el desprestigio institucional del Consejo Supremo
Electoral es aún mayor, ya que los informes de las Misiones de Observación
Electoral, tanto de la OEA como de la Unión Europea, lo convierte en el ojo del
huracán del colosal fraude cometido a vista y paciencia, incluso de los mismos
observadores nacionales e internacionales. La demanda de TODOS los que
participaron como vigilantes de lo que debería haber sido un proceso justo,
limpio y transparente, es la salida inmediata de TODOS los “magistrados”, que
no está demás repetir, TODOS se encuentran con periodos vencidos, por lo que
son ILEGALES, DE FACTO Y AL MARGEN DE LA CONSTITUCION. Otra cosa es que, en el
reinado de la ilegalidad y la inconstitucionalidad en que ha caído nuestro país
a partir del 2007, año en que inició la demolición del Estado de Derecho en
Nicaragua, ellos no desentonen y estén al mismo nivel que se encuentran 38
funcionarios de los “poderes del estado”, presidente incluido.
Ahora y a pesar de cargar
con semejante baldosa anti ética, inmoral y poco técnica, se pretende continuar con el
circo electoral puesto en escena desde el 2008, en un intento de “normalizar” la
situación del país y aparentar legitimidad a partir de la famosa carta de
intenciones que obligatoriamente tendrían que entregar los partidos políticos,
so pena de perder sus personerías jurídicas. Bajo este chantaje político y
jurídico, el gobierno a través del Consejo Supremo Electoral armaría la
comparsa del próximo 4 de Noviembre. Sin embargo, existen algunas
consideraciones que desde ya se están barajando para garantizar las “nuevas
victorias” previstas en las elecciones municipales.
En primer lugar está la
participación del PLI, que como segunda fuerza electoral en virtud de los
resultados de Noviembre del 2011, la Ley Electoral lo faculta para contar los
votos con la primera fuerza, el FSLN. No hace falta devanarse los sesos para
prever que, al igual que hizo con ALN, el orteguismo le dará la personería
jurídica del PLI a alguien que “cuente” los votos como a ellos les
interesa que se cuenten. En este sentido, se baraja formalizar la idea de aquella medida
salomónica que tanto se habló después de las elecciones pasadas: respetar los
diputados de la Alianza PLI, pero entregar la personería a una de las tres facciones
que reclaman la legitimidad. En este caso, se menciona insistentemente que los
premiados serán los que están alrededor del caudillo Virgilio Godoy, con la
salvedad que la representación legal se la entregarían a quien en su momento
fue el “Delfín” del anciano líder liberal, el célebre Wilfredo Navarro, esto posterior
a su renuncia o expulsión del PLC y su reincorporación a la facción del PLI
Godoyista. Esta movida garantizaría al orteguismo que nadie se dispare por su
propia cuenta a la hora del conteo de los votos o que pretenda cobrar mas de lo
debido por el tendido electoral, como el caso aquel conocido por todos, y
trataría de atraer a algunos diputados de la bancada democrática. Navarro trataría de consolidar una
bancada del PLI Godoyista, la que tendría el apoyo incondicional del orteguismo
en la Asamblea Nacional. Se matan dos pájaros de un tiro: por un lado se
garantiza el “correcto” conteo de los votos para que la Alianza de Ortega -
Murillo conquiste al menos 135 alcaldías, con una abrumadora mayoría de
concejales provenientes de los CPC en cada una de ellas y por otro lado, se
fracciona la bancada democrática y por consiguiente, “la oposición” a Ortega.
En segundo lugar, se
permitiría la participación de ALN,
quien de acuerdo a la Ley Electoral perdió su personería jurídica debido a la
mísera cantidad de votos que obtuvo en Noviembre pasado. En este caso se
alegaría jurisprudencia por otros casos similares en el pasado para garantizar
que corran legalmente en la contienda municipal. Esta situación sería prácticamente
igual para el Partido Conservador, quien perdió también su personería jurídica
por las mismas razones de ALN. Ambos partidos correrían solos en las elecciones
y si se preguntan quién financiaría a ambos después del desastre del 2011, la
respuesta es la misma que todos están pensando. Del mismo cuero salen todas las
coyundas, dice el refrán muy nicaragüense.
En tercer lugar y para dar
la sensación de masiva participación en el proceso electoral, que ellos lo leen
como apoyo y confianza en las autoridades electorales y a la gestión del
gobierno, ademas entrarían al circo electoral: 1) La Resistencia Nicaragüense, con la
promesa de cederle algunas alcaldías en el corredor de la guerra; 2) El PLC,
quien todavía aspira, de la mano de un “reingenierizado” Arnoldo Alemán, a
convertirse en la segunda fuerza política del país o al menos a ser recompensado
por favores prestados en el pasado reciente, y 3) Algunos partidos satélites
del orteguismo, sobre todo los vinculados a denominaciones religiosas
evangélicas, con la promesa de que van a ganar unos cuantos concejales, de los no tan milagrosamente multiplicados.
Con esta estrategia,
pretenden dar la sensación de que las “instituciones políticas” del país han
dejado atrás los alegatos de fraude electoral y que, dada la “confiabilidad”
del Consejo Supremo Electoral, estarían dando un voto de confianza a esta institución.
Se da por descontado que toda esta trama contaría con la bendición del Gran
Capital, los más interesados en alcanzar la estabilidad que tanto necesitan los
negocios. Con el paso inicial dado por Ortega, de enviar a aprobación de la
Asamblea Nacional las insustanciales reformas electorales, estaría dejando para
una eventual negociación, mas de cara al exterior, el cambio de algunos
rostros en el CSE. Esa sería su carta debajo de la manga, en caso de que los
Estados Unidos y la Unión Europea presionen por la transformación de tan
desprestigiada institución. Tal a como se maneja públicamente, porque no han
tenido empacho en anunciar sus mezquinas ambiciones personales, algunos diputados dizque opositores,
ya estarían listos para “sacrificarse por la patria” y asumir las magistraturas
que tenga a bien Ortega concederles.
Habría que ver que de esto aprobaría
el pueblo nicaragüense, harto del tradicionalismo político del que han hecho
gala muchos filibusteros de la política criolla durante tantos y tantos años.
Es casi seguro que, al igual que don Fabio Gadea, la inmensa mayoría se quede
en sus casas contemplando como, en otra repetición del fraude del 2008, el
orteguismo anuncia con bombos y platillos un nuevo triunfo electoral el 4 de Noviembre.
