LA PROBLEMATICA DE LOS VETERANOS DE GUERRA

Los últimos días han sido traumáticos para la economía del país a raíz de las protestas de un grupo de oficiales retirados del Ejercito organizados en el Concejo Nacional de Defensores de la Patria, CNDP, una de varias organizaciones que aglutinan a los 12,500 oficiales que salieron en condición de licenciados del Ejército en los planes de retiro conocidos como PL 1, 2 y 3. Tal a como ha sido expresado por ellos mismos, estos no gozan en la actualidad de ningún beneficio de parte del estado, a pesar de que la mayoría de ellos estuvieron durante los años 80´s participando directamente en el conflicto bélico que durante casi 10 años asoló al país.

Las opiniones en torno a los mecanismos de protesta utilizados por los ex militares han sido criticados por unos y defendidos por otros, pero de algo existe plena certeza, los tranques a las carreteras han sido el único método que Daniel Ortega ha entendido para proceder a sentarse a negociar con este grupo, que con justicia ha demandado atención por parte del gobierno. Algunos observadores han señalado que, contrario a las protestas de la oposición o de organizaciones de la Sociedad Civil, la Policía brilló por su ausencia y si hizo presencia en algunos lugares, contrastó mucho la beligerancia que en el caso de los primeros ha demostrado en el pasado reciente, y que con los demandantes que integraron las filas del Ejercito, su actuación ha sido “excesivamente prudente”.

En realidad, la situación de la mayoría de los oficiales que salieron antes de que se conformara el Instituto de Previsión Social Militar, IPSM, es lamentable, toda vez que ninguno de ellos está en condiciones de un retiro digno, gozando de una pensión que les de estabilidad, con atención médica gratuita de calidad, acceso a medicamentos en condiciones favorables, apoyo para la educación de sus hijos menores de edad, capacitación técnica o profesional para poder integrarse en mejores condiciones al mercado laboral, atención medica especializada para los lisiados de guerra, ya que algunos de ellos tienen las mismas prótesis de hace mas de 10 años, ademas de financiamiento para respaldar sus actividades productivas.

Muchos dirán que eso no puede ser cargado en los hombros de la población, que está en iguales o peores condiciones, sin embargo, todos estos ciudadanos, 12,500 oficiales retirados del Ejercito, 5,000 oficiales del Ministerio del Interior, 150,000 desmovilizados del Servicio Militar Patriótico y cerca de 25,000 desmovilizados de la Resistencia Nicaragüense, estuvieron inmersos en un conflicto bélico que desangró al país, dieron su juventud, expusieron sus vidas y sacrificaron a sus familias por causa de la guerra; una guerra azuzada por potencias extranjeras y de la que los menos responsables fueron quienes hoy hacen justas demandas al Estado nicaragüense. Estamos hablando de aproximadamente un millón de personas, si asumimos un entorno familiar directo de al menos 5 miembros por cada uno de ellos. Un potencial conflicto social que puede llegar a alcanzar límites insospechados si no se atiende a tiempo.

Luego de cuatro gobiernos constitucionales que sobrevinieron después del conflicto armado, ninguno de ellos se preocupó por enfrentar la problemática de los Veteranos de Guerra y ofrecer soluciones mediante Políticas de Estado, como efectivamente sí lo han hecho otros gobiernos que en Centro América también vivieron y sufrieron guerras civiles por causas políticas e ideológicas. El Salvador y Guatemala han dado pasos correctos en la atención a los combatientes de ambos bandos, porque los gobiernos pasados y actuales tuvieron voluntad política para hacerlo. En Nicaragua en cambio, cada gobierno se hizo de su grupo particular de combatientes, para sus propios y mezquinos intereses partidistas y personales.

Es incomprensible que el mismo gobernante de los años 80´s que mandó a la guerra a miles de jóvenes, hoy los ignore y les de la espalda. En los cinco años del gobierno constitucional de Ortega, del 2007 al 2011, en los que gobernó con más ayuda económica internacional que ningún otro gobierno anterior, jamás se preocupó por dar solución a la situación de los Veteranos de Guerra. Antes bien, los manipuló y utilizó en labores partidarias, formando parte de los Comandos Electorales o de las fuerzas de choque del orteguismo. Su mayor ayuda fue crear la famosa Comisión de Paz y Reconciliación a cargo del Cardenal, que más que ayudar a mitigar la pobreza de quienes estuvieron en la guerra de los 80´s, se dedicó a comprar votos para el gobierno, en un clientelismo político y partidario ofensivo a la dignidad de la gente mas pobre y necesitada.

Hoy, que miles de retirados y desmovilizados contemplan el increíble enriquecimiento de la camarilla gobernante en tan pocos años, ellos también y con justa razón, exigen, reclaman y demandan una verdadera atención a su problemática por parte del Estado. La mayoría de ellos fueron abandonados a su suerte por mas de una década y sus razones tendrán para no haber reclamado antes, pero ahora que las condiciones económicas del país han llegado a extremos tales en que la canasta básica luce inalcanzable, el desempleo cada día se convierte en la plataforma para la creación de conflictos sociales mayores y mantener a la familia en condiciones dignas pareciera ser el privilegio de unos cuantos, han decidido tomar cartas en el asunto y de la única forma que al parecer entiende el gobierno, la presión en las calles.

Luego de varios días de movilizaciones y tranques, Ortega logró desmontar las protestas con la carta de siempre, negociaciones en base a promesas que no tiene la mínima intención de cumplir. Los negociadores del CNDP exigieron la presencia del comandante para iniciar las pláticas y finalizar las acciones, sin embargo se tuvieron que conformar con una delegación de cuarto nivel, que a como lo dicta la experiencia, con el tiempo irá bajando mas aun su nivel y al final tendrán que hacer fila en las puertas de la comisión del Cardenal. Ortega ha sido experto en aquello de Firmar me harás, Cumplir jamás, y esta vez nada parece indicar que las cosas vayan a cambiar.

Habrá que esperar cuál será la actitud de las otras organizaciones de oficiales retirados del EPS y del MINT, de los desmovilizados de la Resistencia Nicaragüense y aquellas que agrupan a los cerca de 150 mil desmovilizados del Servicio Militar Patriótico, SMP, sobre los que descansó el peso fundamental de la guerra y a quienes se les han negado cualquier tipo de derechos. Mientras los que usufructúan el poder no desarrollen verdaderas Políticas de Estado para atender la problemática de los Veteranos de Guerra de nuestro país con la seriedad y responsabilidad que el caso amerita, cualquier solución temporal que se pretenda dar para ganar tiempo, solamente serán parches a un vestido que tiene demasiados años de uso.

ANTE LA CONSOLIDACION DE LA DICTADURA, LA UNIDAD DE LA NACION.

Nosotros, miembros del Grupo Patriótico de Militares Retirados, ciudadanos nicaragüenses en pleno ejercicio de nuestros derechos constitucionales, a un año de haber salido a luz pública, nuevamente nos pronunciamos frente a la Nación para manifestar la crisis institucional y de legitimidad en que está sumido el país.

Con anterioridad habíamos advertido de las consecuencias que traería la ruptura del Orden Constitucional, sin embargo, se persiste en repetir los abusos y errores que todos creíamos ya superados en 1979.

Situación Electoral.

Producto de un proceso electoral viciado, el gobierno actual ha arrebatado el poder, en un ejercicio continuista cuya tradición y antecedentes datan de la época somocista. Impunemente, se ha violentado la Constitución Política y la Ley Electoral, designándose a un presidente Inconstitucional, con una mayoría espuria en la Asamblea Nacional.

Ante las demandas de la población, de la comunidad internacional y de los organismos de observación electoral internos y externos para conocer los resultados electorales por cada una de las Juntas Receptoras de Votos, a como lo mandata la ley, la única respuesta ha sido el silencio sumiso y cómplice de los magistrados de Facto del Consejo Supremo Electoral. 

Ilegitimidad del Régimen.

Consecuencia del fraude electoral, denunciado por miles de fiscales y ciudadanos a quienes se les violentó su derecho a elegir, estamos en presencia de un régimen ilegitimo e ilegal, que no goza del reconocimiento de una parte importante de la ciudadanía y de la comunidad internacional, lo que pone en inminente riesgo el funcionamiento del sistema democrático, por la falta de garantías de que sean los procesos electorales la vía constitucional para cambiar gobernantes.

Ante tal circunstancia, el régimen busca afanosamente un interlocutor político que transforme su estado de ilegitimidad. La sangre derramada en Coperna y en El Carrizo demanda acciones firmes de la clase política. Bajo ninguna circunstancia, la inmensa mayoría del pueblo nicaragüense aprobará nuevas versiones de colaboracionismo, pactos y componendas que nos remitan a un pasado de oprobio, traición y engaño. 

Carácter del Régimen.

El fraude Electoral constituyó un elemento adicional, pero no el fundamental, a través del cual se completó un Golpe de Estado Técnico Institucional, mediante el cual se pretende consolidar una Dictadura y DEMOLER la Democracia Republicana.

Dictadura que se caracteriza por mantener el control absoluto en todas las instituciones del Estado; violentar el Estado de Derecho; usar selectivamente la fuerza para acallar las justas demandas de la población; abusar de las leyes para mantener como rehén a todo el país;  no permitir que la oposición tenga la mínima oportunidad de llegar al poder por las vías que la Constitución y las leyes establecen; condenarnos a la mono dependencia de una cooperación económica condicionada política e ideológicamente que compromete nuestra Soberanía y Dignidad Nacional y que  ilegal e inmoralmente ha sido privatizada, dando vida a una nueva oligarquía que se enriquece obscenamente frente a la miseria del pueblo. Dictadura que con el manejo irresponsable de las relaciones internacionales, nos expone a caer en nuevos conflictos geopolíticos ajenos al interés nacional. 

Elecciones Municipales.

La realización de elecciones municipales previstas para noviembre de este año, resultan inaceptables si no hay un nuevo Consejo Supremo Electoral, si no se producen las condiciones de transparencia e independencia de dicho órgano, así como las reformas electorales reclamadas por varios organismos de la sociedad civil, que den las garantías necesarias a la ciudadanía para ejercer el sufragio universal, libre y secreto, tal a como lo recomendaron los Observadores Electorales Nacionales y las Misiones de Observación Electoral de la OEA y la Unión Europea.

En tal escenario, la repetición del fraude es casi un hecho, por lo que advertimos un abrumador nivel de abstencionismo, ante la peligrosa pérdida de confianza de la población en el sistema electoral, en la clase política y en los partidos políticos. Denunciamos la ilegitimidad e ilegalidad de todos aquellos alcaldes que pretendan reelegirse en abierta violación a la Constitución Política. Denunciamos desde ya a aquellos partidos políticos, que con su participación en estas condiciones, no harán más que legitimar al régimen, convirtiéndose en cómplices de la dictadura y colaboracionistas zancudos a los que el pueblo, en su momento, exigirá cuentas.

Situación Económica y Social del país.

Con indignación observamos el control y la manipulación mediática del gobierno con el que ocultan la cruda realidad del país: pobreza que crece en el campo y la ciudad; desempleo; migración; atraso tecnológico; deterioro de la educación; encarecimiento del costo de la vida; el combustible más caro de Centroamérica que afecta en cadena los precios de los bienes y servicios; canasta básica inalcanzable para los trabajadores; setenta por ciento de la Población Económicamente Activa, PEA, que vive en el subempleo o empleo informal y solamente 600,000 personas tienen acceso al Seguro Social.

Los programas “cero” pregonados por el régimen de Ortega como sus grandes logros, no son más que proyectos manipuladores de la pobreza, la ignorancia y la dignidad de los mas desfavorecidos, lo que confirma su naturaleza clientelar y excluyente, ya que no están dirigidos a enfrentar la pobreza estructural y en el colmo de la mentira gubernamental, ni siquiera son financiados con los recursos del petróleo venezolano, sino con los impuestos de todos los nicaragüenses a través del presupuesto nacional.

Al amparo del poder y la privatización de la cooperación venezolana, una familia, la élite partidaria en alianza con el gran capital y una minoría de la cúpula empresarial, continúan enriqueciéndose a niveles jamás vistos en la historia de nuestro país, mientras la inmensa mayoría de la población transita entre la incertidumbre y la precariedad económica.

Situación de las Fuerzas Armadas.

En anteriores pronunciamientos hemos demandado que las Fuerzas Armadas de la nación cumplan su función en estricto apego a la Constitución Política, a la que deben respeto y obediencia; protejan y defiendan la institucionalidad que la misma Carta Magna les garantiza y que además mantengan su carácter nacional, patriótico y profesional. Con alarma justificada confirmamos la acelerada cooptación de ambos cuerpos, con la pretensión de subordinarlas de manera directa y personal al dictador, en abierta violación a las leyes. Nos preocupa que se intenten violentar los plazos ya establecidos para la sucesión de mandos en el Ejército Nacional, al igual que lo hicieron en la Policía, con el objetivo de manchar la legitimidad de la institución, que fue alcanzada con muchos sacrificios.

Desde nuestra condición de Militares Retirados, apoyamos las justas demandas de los 12,000 miembros retirados del Ejército, los 5,000  oficiales retirados del Ministerio del Interior y los casi 150 mil desmovilizados  del Servicio Militar Patriótico, con quienes el Estado Nicaragüense tiene una deuda histórica. Luego de cuatro gobiernos constitucionales posteriores al conflicto bélico, ninguno de ellos quiso asumir la responsabilidad de enfrentar la problemática de los veteranos de guerra, tanto del Ejército como de la Resistencia Nicaragüense, con la seriedad que correspondía. La sangre derramada todavía clama por respuestas.

Al servicio del gobierno de la época, cuyo dirigente era el mismo que actualmente usufructúa el poder, todos ellos fueron a la guerra y a la mayoría les han negado las reivindicaciones a las que tienen absoluto derecho, entre ellas las relacionadas con el acceso a la salud, educación, crédito, tierras, entrega de pensiones reducidas, de fundamental obligación legal, en tanto las cotizaciones del Seguro Social de sus miembros permanentes no fueron enteradas en los años 80´s por el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior. No menos crucial es la venta de activos del EPS, donde fue fundamentado que dichos recursos, sumados a las cotizaciones que habían dejado de ser entregados al INSS, servirían para la capitalización del Instituto de Previsión Social Militar, IPSM.  Por tales antecedentes, mas el inmenso compromiso moral, instamos al Alto Mando del Ejército a involucrarse en la búsqueda de soluciones para nuestros hermanos de armas.

 Llamado a la Nación.

Ante la gravedad de la situación actual debido al evidente deterioro del sistema democrático, hacemos un llamado a la conciencia nacional y patriótica de la ciudadanía, que no quiere ni desea retornar a la violencia del pasado, para enfrentar UNIDOS los intentos de consolidación de la dictadura que pretende reciclar episodios ya vividos y sufridos por todos. Al igual que en el pasado, una familia pretende dar desarrollo económico a cambio de negar libertad.  Al igual que en el pasado, una familia se enriquece a costa de la pobreza de la mayoría. Al igual que en el pasado, el pueblo sabrá organizarse para reencauzar al país por  la senda democrática. Llamamos a todas las fuerzas sociales, políticas, económicas, a todos los nicaragüenses dignos y honestos a presentar un solo bloque frente a la dictadura.

Llamamos a la UNIDAD de la Nación para alcanzar Justicia, Democracia y Paz. 

Grupo Patriótico de Militares Retirados.

Patria y Libertad para Todos los Nicaragüenses!

Carlos Brenes Sánchez. Coronel (R)

Irving Dávila Escobar. Teniente Coronel (R)

Francisco Enríquez Torrentes. Teniente Coronel (R)

Roberto Samcam Ruiz. Mayor (R)

Sergio Martínez Vega. Capitán (R)

Pedro Rivas Guatemala. Capitán (R)

Mario Jiménez. Capitán (R)

Claudio Selva Salamanca. Capitán (R)

Camilo Grillo. Por los Desmovilizados del SMP de Chinandega.

Eduardo Bonilla. Por los Desmovilizados del SMP de León.

Saúl Gómez. Por los Desmovilizados del SMP de Granada