Corrían los primeros meses del
año 1914 y se encontraba al frente de la presidencia en Nicaragua el
conservador Adolfo Díaz, impuesto por la intervención yanqui luego de haber
depuesto al General José Santos Zelaya, entre otras cosas por oponerse a
conceder el derecho a los Estados Unidos de construir un canal interoceánico en
nuestras tierras. Díaz nombró en el cargo de Embajador en Washington al General
Emiliano Chamorro, quien siguiendo instrucciones de su jefe, negoció con el entonces
Secretario de Estado norteamericano Williams Jennings Bryan, la concesión por
99 años de los derechos a construir un canal interoceánico a través del Rio San
Juan, la cesión de las Islas del Maíz en el Atlántico y la construcción de una
base militar en el Golfo de Fonseca. Esta venta de la soberanía nacional fue
tasada en… 3 Millones de Dólares! Eran los dorados tiempos de las Bannana Republics. El tratado se firmaba
el mismo año en que iniciaba sus operaciones el Canal de Panamá.
Los Estados Unidos en
realidad nunca quisieron construir un canal por Nicaragua, pero la concesión
les daba el derecho a que nadie más lo pudiese construir, ya que su verdadero
interés era evitar la intromisión de Inglaterra en tierras americanas y que los
ingleses pusieran en riesgo la inversión hecha en Panamá. No lo hago, pero
evito que nadie más lo haga, parecía ser la mentalidad de los gobernantes
gringos de aquella época, quienes habían cercenado el territorio panameño a
Colombia, precisamente para construir el gran proyecto canalero. La concesión
además impedía a terceros, la construcción de un oleoducto que transportara el
petróleo desde la Costa Caribe hasta el Pacifico, algo que era del interés de
un personaje que pasó raudo en la historia nacional, el multimillonario Howard Hughes,
quien en alianza con Anastasio Somoza Debayle pretendía desarrollar dicha obra.
La historia convierte en
héroes a los villanos y a estos en héroes, en determinados episodios del
devenir histórico de las naciones. Es así que el dictador Somoza Debayle se transforma,
aunque parezca increíble, en el personaje que logró la tercera independencia de
Nicaragua, con la abolición del Tratado Chamorro – Bryan en 1972, 56 años
después de su oprobiosa firma. Los billetes de 20 córdobas de la época
recogerían para la posteridad este episodio. Sin embargo el terremoto de este
año, dio al traste con los planes inversionistas del misterioso Hughes y su
socio Tachito. Rubén Darío, nuestro inmortal panida, calificó a Adolfo Díaz y a
Emiliano Chamorro como VENDEPATRIAS por haber vendido la soberanía nacional por
Tres Millones de Dólares.
Augusto Cesar Sandino, el
General de Hombres Libres y supuestamente santo y seña de quienes usufructúan
el poder en nuestro país, uno de los cuales dice que habla todos los días con
él, se refería en los siguientes términos a quienes entregaban la soberanía
nacional, en su carta a Juan Bautista Sacasa, con fecha 7 de Agosto de 1933: “… sale sobrando en esta Suprema Proclama de
Unión Centroamericana, referir lo que han hecho nuestros traidores gobernantes,
concertando criminales e ilegales Tratados, Pactos y Convenios, como los Bryan
– Chamorro…”.
99 años después de la firma
del tratado indigno y entreguista, la historia se repite en nuestra sufrida
nación, victima recurrente de gobernantes inescrupulosos, quienes disfrazados
de conservadores, de liberales o de sandinistas, siempre están dispuestos a
enajenar al país siguiendo sus propias ambiciones. Nuevamente se entrega la
soberanía nacional, solo que esta vez aumentaron su precio, ahora la venta se estaría
haciendo por 10 millones de dólares anuales y no por los tres millones que
recibieron Adolfo Díaz y Emiliano Chamorro.
Pretenden, mediante la
aprobación de una ley oprobiosa, conceder por 50 años, prorrogables por 50 más,
a discreción y voluntad de la misteriosa empresa creada para este fin, la
soberanía de todo el país, para la construcción de una serie de proyectos,
denominados eufemísticamente “sub proyectos”, y que comprenden: un canal
interoceánico tradicional para naves que atravesaría el Lago de Nicaragua; un
canal seco para construir una línea férrea de transporte de carga que una el
Atlántico con el Pacifico; un puerto de aguas profundas en el Atlántico y otro
en el Pacifico; un oleoducto desde el Atlántico hasta el Pacifico; dos zonas de
libre comercio que se establecerán en las terminales del canal interoceánico;
dos aeropuertos, uno en cada zona de libre comercio y la infraestructura que el
inversionista considere necesaria para desarrollar los sub proyectos
mencionados. Difícilmente Adolfo Díaz y Emiliano Chamorro lo habrían redactado
en términos más ignominiosos para al país. Pero apartando las digresiones
históricas, conviene reflexionar
profundamente en lo que estos prestidigitadores nos quieren endosar.
Lo primero es que la
soberanía nacional tiene ahora un solo dueño, y no es el pueblo nicaragüense,
es la “Empresa Desarrolladora de Grandes Infraestructuras S. A.”. Como no
existe ninguna ruta especificada, ni para el canal interoceánico, ni para el
canal seco, ni para el oleoducto, ni para los restantes “sub proyectos”, el
país entero estaría a disposición de estos modernos filibusteros y ninguna ley
en el país, ni siquiera la Constitución Política podría oponérseles.
Lo segundo es que esta
misteriosa empresa, a quien le otorgan “el
derecho de ceder, novar, transferir o gravar todos o cualquiera de sus derechos
u obligaciones respecto a todos o cualquiera de los subproyectos…” se
convierte en una concesionaria exclusiva de derechos, con la facultad de hacer
con ellos lo que le plazca. Una variante de lo que hizo el gobierno
norteamericano en 1914, cuando se otorgó la exclusividad de la construcción del
canal interoceánico, lo cual le permitía no hacerlo ni dejarlo hacer. Esto amarra por 100 años al
país entero con la Empresa Desarrolladora de Grandes Infraestructuras S.A.,
quienes, si no encuentran socios que inviertan en todos estos “sub proyectos”,
tampoco dejarían a futuros gobiernos que los busquen. Todo tendría que pasar
por ellos necesaria y obligatoriamente. Cálculo perverso, propio de mentes
retorcidas.
Lo tercero, uno de los “sub
proyectos”, el Canal Interoceánico, condena a muerte al Lago de Nicaragua.
Cualquiera con tres dedos de frente, sabe que un proyecto de tal magnitud en la
principal y estratégica reserva de agua del país y posiblemente de Centro
América, tendría tal afectación en el mediano plazo que haría inviable su
aprovechamiento como fuente de agua potable. El Gran Lago resiste heroicamente el cambio climático, el despale,
la desaparición de los ríos que desembocan en sus aguas, el uso indiscriminado
de sus aguas para la agricultura, la contaminación, la sedimentación, entre
otros males, pero sería incapaz de resistir la construcción de un Canal que
traslade barcos de gran calado desde el Atlántico hacia el Pacifico.
Cuarto y final, el dueño de
la empresa que aparece como firmante del “Tratado Ortega – Wang”, (aunque hayan
puesto a firmar al inefable Coronel Kautz, el del “paisucho”), el inversionista
chino Wang Jing, es también el Presidente de la empresa Xinwei Telecom
Enterprise Group, la misma que autorizaron para operar en Nicaragua la telefonía
celular y que construirá el famoso “satélite mandarín”. En esta última
concesión, es vox populi que la Fammilia
tiene no menos del 40 % de participación. La pregunta del millón es: Cuál es el
porcentaje que nuestros avezados gobernantes – empresarios, tienen en la nueva
empresa formada para llevar a cabo los “sub proyectos” que se señalan en la Ley Especial para el Desarrollo de
Infraestructura y Transporte Nicaragüense atingente a El Canal, Zonas de Libre
Comercio e Infraestructuras Asociadas???????
