Si
algo ha caracterizado a todos los caudillos de los regímenes despóticos,
autoritarios y dictatoriales en el mundo, independientemente de las épocas en
que se han desarrollado, es su ambición desmedida de poder, la soberbia y el
orgullo con el que actúan, el desprecio a todo orden legal, moral o
constitucional, pero sobre todo, a ampararse en un supuesto amor al pueblo, a
quien dicen proteger, para cometer cualquier clase de tropelías. La historia
nos recuerda constantemente a personajes que siempre manifestaron gobernar por
y para el pueblo, ofreciendo promesas a diestra y siniestra, con tal de llegar
a la cima del poder y una vez puestos ahí, es cuando reflejan su verdadera
esencia: se consideran indispensables, puestos por la divina providencia y
absolutamente necesarios para que el país pueda marchar. Para desgracia de
todos los ciudadanos, en cualquier país del mundo que han tenido la desgracia
de sufrir esta clase de enfermedades, el costo de echarlos del poder ha sido
enorme, en vidas, en destrucción, en atraso y en muchos casos, en generaciones
perdidas. Sin embargo, esta enfermedad de los caudillos, el ansia de poder
absoluto, refleja siempre una sintomatología, que si se analiza con mucha
atención, resulta fácil de identificar y por consiguiente poder tomar las medidas
necesarias para que el costo a pagar sea menor.
OPERACIÓN GARROTE O “BERTHA” DE BAJA
INTENSIDAD.
La
crisis actual de desabastecimiento de frijol rojo en el país y la consiguiente
alza de los precios en el mercado nacional responde a una bien estudiada
operación de agiotismo que persigue sacar el dinero de los bolsillos de los
nicaragüenses para financiar la burocracia partidaria y estatal, así como los
programas clientelistas del gobierno. Esto se complementa con la recién
aprobada Ley de Tránsito, que impone multas de primer mundo al segundo país más
pobre de América, así como también con el alza constante del precio de los
combustibles, independientemente de que los precios del petróleo bajen en el
mercado internacional. Hay que pagar el supernumerario de un estado inflado
artificialmente, a una cantidad enorme de concejales partidarios en las
alcaldías del país, cuya única finalidad es servir como activistas políticos
del orteguismo, y además, garantizar el dinero necesario para que el
presupuesto pueda soportar los famosos programas del gobierno, que para lo
único que han servido es para la compra de votos y conciencias, porque la
reducción de la pobreza en Nicaragua está muy lejos de disminuir. Estamos ante
lo que podríamos considerar una “Operación
Bertha de Baja Intensidad”, que por lo grosero y burdo de su ejecución se
puede definir como la “Operación Garrote” a los escuálidos bolsillos de los
ciudadanos de este país: orteguistas pobres, opositores, independientes, ateos,
creyentes, con trabajo y sin trabajo, taxistas, buseros, mujeres, hombres,
viejos, jóvenes. Aquí no hay distingos, todos tenemos que pagar el peaje de ley
para que La Fammilia continúe
usufructuando el poder en Nicaragua, sobre todo ahora que la cooperación venezolana
desaparece lentamente, si no es que ya desapareció totalmente.
REFORMA
A LA LEY DE LA POLICÍA…NACIONAL?
Las
indetenibles reformas a la Ley de la Policía complementan el esfuerzo iniciado
este año para terminar de demoler lo poco que quedaba, si es que algo quedaba,
de la institucionalidad en el país. Primero fueron las reformas a la
Constitución Política que le facilitaba a Ortega la reelección indefinida,
entre las más importantes. Luego vinieron las reformas al Código de
Organización Militar del Ejército, que lo subordinaba de manera personal al
comandante, convirtiendo de hecho a la institución militar en una Guardia
Pretoriana, al mejor estilo de la Guardia Nacional. Faltaba legalizar, mediante
reformas a la Ley, la actuación que desde el año 2007 venía desarrollando la
Policía, al posicionarse como una organización armada, partidaria, impune ante
las violaciones más elementales de las leyes y al servicio personal de Ortega.
Todo el aparato coercitivo del estado subordinado a la pareja presidencial, quienes
se consideran la personificación del pueblo nicaragüense. Jamás se había visto
en el país tanta concentración de poder en tan pocas personas, ni siquiera en
los mejores tiempos del somocismo, pues estos de alguna forma guardaban las
apariencias con la complicidad de ciertos opositores de aquel entonces.
EL CANAL, EL NEGOCIO DEL SIGLO O UN SIGLO
PARA HACER NEGOCIOS.
Lo
que tantas veces se denunció por diversas organizaciones y partidos políticos,
se ha convertido en una triste realidad: el proyecto del canal interoceánico no
es más que la mampara para la ejecución de una enorme operación de negocios a
gran escala, en la que están involucrados, en primer lugar, los que usufructúan
el poder en Nicaragua. Las noticias dadas por los personeros de la empresa
HKND, concesionaria del Mega Proyecto, de la creación de cuatro nuevos sub
proyectos y la eliminación de un aeropuerto de los dos previstos originalmente,
solo deja en evidencia las verdaderas intenciones de los codiciosos negociantes
de la soberanía nacional. Todos nos preguntamos: ¿Qué tiene que ver un proyecto
vacacional con la supuesta construcción del Canal Interoceánico? ¿Estamos ante
el inicio de la creación de las famosas Ciudades
Modelos en nuestro país, verdaderos enclaves coloniales donde la soberanía
y las leyes nacionales son inexistentes? ¿Se inició ya la venta en pedazos del
territorio nacional a los inversionistas extranjeros? ¿Los nuevos negocios que estarían
por venir de la mano de los mercaderes de la independencia y la soberanía nacional,
pagarán algún día impuestos al estado nicaragüense o prosperarán en base a la
competencia desleal a los empresarios locales? Estamos a las puertas de una
enorme operación de lavado de dinero a gran escala, sin más control que aquel
que establezca un chinito que habla a través de intermediarios?
Como
puede apreciarse, a partir del mes de enero de este año las cosas han empezado
a cambiar muy rápidamente en Nicaragua. La perceptible ausencia de la cooperación
venezolana, producto del acelerado colapso económico y político del régimen de Maduro, ha
obligado al orteguismo a trabajar más de prisa, para de alguna forma reponer la
plata que llega muy poco o ya no llega del todo. Multas exorbitantes; especulación
a escala nacional del frijol rojo; alzas semanales, sin ningún fundamento, de los
precios del combustible; concentración acelerada del poder mediante reformas a
la Constitución Política, a las leyes del Ejército y la Policía; venta al
remate de la soberanía nacional, convirtiendo al país en un protectorado del
chinito Wang Jing. La pregunta que cabe es: ¿Qué es lo que viene después?
