sábado, 21 de abril de 2012

CAMBIO DESCARADO E ILEGAL DEL SISTEMA POLITICO


Las decisiones tomadas por el orteguismo en los últimos días evidencian de manera descarada el cambio de sistema político en el país. No podría esperarse menos de un gobierno y un presidente inconstitucional ”legitimado” por un Consejo Supremo Electoral de facto y con autoridades en los demás poderes del estado también ilegales, fraudulentos y al margen de la ley.

A partir del 2007, año en que Ortega accedió al poder en elecciones cuyos resultados todos aceptamos, a pesar de que a la fecha aún se desconoce el paradero del 8 % de los mismos, se ha venido desmontando paulatina e indeteniblemente el sistema político y de gobierno que recibió de manos del ex presidente Bolaños y que a su vez este recibió de los dos gobernantes anteriores a él, Arnoldo Alemán y doña Violeta Barrios de Chamorro, quienes transformaron el sistema político heredado de la Revolución, que entre sus mayores problemas dejaban el mal recuerdo y la casi institucionalización del hegemonismo del partido único, la visión totalizante y totalitaria de la sociedad, la conculcación de las principales libertades y derechos de los nicaragüenses  y la concepción de un estado policíaco.

Si bien es cierto que los gobiernos de la post guerra trataron de restablecer la democracia en nuestro país, tampoco es menos cierto que este proceso sirvió para que grupos de vivianes se coludieran con el poder de turno y aprovecharse del erario público, en la continuidad del latrocinio somocista  que enriqueció a no pocos delincuentes de cuello blanco, quienes tenían como excusa el haber sido confiscados por la Revolución, confiscación de riquezas muchas de ellas producto del robo y saqueo a las arcas del estado.

Durante los 16 años de gobiernos neoliberales democráticos, el actual es neoliberal - dictatorial, Ortega y el orteguismo participaron de todas las decisiones tomadas en todo este periodo, sea por que gobernaron desde abajo o cogobernaron por la vía del chantaje, la presión o el pacto. Quieranlo o no, son parte indisoluble de la historia de esos 16 años de gobierno. Así, estuvieron en la privatización de las empresas de la CORNAP y la repartición de las del APP, en la privatización de los servicios públicos, electricidad y telefonía, en la quiebra de bancos, en la repartidera de cargos de las instituciones del estado, en la privatización del sistema de salud a través de las Empresas Medicas Previsionales, vilipendiadas y muy bien aprovechadas por ellos, en la aprobación del CAFTA, del que renegaron a más no poder, pero no tuvieron la valentía de asistir a la Asamblea a votar en contra de él, por oportunismo o por el eterno doble discurso que manejan para afuera y para adentro del partido.

Ahora, la situación ha cambiado y con un Ortega dueño de una cuantiosa fortuna hecha gracias, y no podía ser de otra forma, al abuso del poder y estando al frente de un gobierno autoritario y dictatorial en el que maneja a su gusto y antojo todos los resortes del gobierno y del estado, resulta necesario asegurar la continuidad del poder, aun en las peores condiciones. De hecho, las condiciones internacionales se presentan altamente desfavorables en estos momentos y en el futuro inmediato, toda vez que su mecenas y patrocinador Hugo Chávez no continúe en la escena política, amén de que los Estados Unidos aun no se deciden a aprobar o negar los famosos Waiver, sobre todo debido al profuso cabildeo hecho en los propios Estados Unidos, orientado por los operadores económicos del gobierno, por un sector del empresariado nacional, lo que ha dejado un margen de duda a la Administración Obama.

Sin tener clara la sucesión en Venezuela y con un serio cuestionamiento a la legitimidad y legalidad de su tercer mandato y segundo consecutivo (violatorio del Arto. 147 de la Constitución) por parte de Europa y los mismos Estados Unidos, Ortega está tomando todas las previsiones posibles para continuar manteniendo esos resortes de poder aun estando nominalmente fuera del Gobierno, posiblemente a través de un Referéndum Revocatorio amarrado previamente con la “oposición” pactista, en caso de que la situación internacional se torne inmanejable. Por eso vemos que las últimas medidas tienen que ver con asegurar la hegemonía orteguista pasando encima de la Constitución y las leyes. Por eso es que aun no se deciden a llamar a las elecciones municipales, hasta no tener asegurado el control de no menos de 135 alcaldías, sea con mayoría propia, con dóciles aliados, con topos o a través de “opositores a la medida”. 

La ley 50 – 50, persigue, además de haber sometido al tanteo la capacidad de aguante de los diputados opositores ante la violación flagrante de la Constitución, buscar como congraciarse con el voto y la voluntad de las mujeres nicaragüenses, mediante un grosero acto populista y propagandístico, que pretende contrarrestar el creciente malestar de las amas de casa, cuya economía familiar se encuentra seriamente golpeada debido al inalcanzable costo de la canasta básica. El recién aprobado código de la familia pretende, además de dividir nuevamente a las familias nicaragüenses, darle estatus de orejas oficiales a los CPC hasta en el seno mismo de los hogares, en una reedición aumentada y corregida de los fracasados CDS de triste recordación. Por último, la próxima propuesta a aprobarse en la Asamblea Nacional de triplicar el número de concejales en las alcaldías municipales, busca como mantener la mayoría orteguista en los Concejos Municipales, de paso aplacar las demandas de democracia interna hecha por miles y miles de militantes del partido orteguista en la mayoría de los municipios del país y garantizar que todos aquellos partidos de alquiler que vayan a las elecciones municipales tengan su premio con alguno que otro concejal. El mensaje es, indudablemente, que todos alcanzaran en la nueva repartidera de cargos en los municipios porque el partido vela y se preocupa por ellos.  

Leyes aprobadas al margen de la legalidad, que violentan la constitución misma ya que contradicen la Ley Electoral de innegable rango constitucional, pretendiendo subordinarla en una maniobra burda a la Ley de Municipios o usando a esta ultima como la vía para legalizar lo ilegal. En todo caso se trata de un nuevo intento de transformar nuestra democracia representativa, la misma con la que Ortega recibió el poder en el 2007, en una democracia directa, en la que el pueblo es Ortega  y Ortega encarna al pueblo mismo. En el peor de los casos, estando fuera del poder, tomar las decisiones basado en la hegemonía que tendría asegurada con todos los resortes del poder en sus manos, ya sea en las instituciones del estado, en las alcaldías municipales, en el barrio, en la cuadra y en el hogar mismo.

Una perversión facistoide a la que el pueblo consciente, no lo dudamos, la rechazara una vez más.