viernes, 1 de agosto de 2014

TODAVIA ESTAMOS A TIEMPO


El primero de Febrero de este año, hace exactamente 6 meses, publicamos el Editorial que se titulaba “Un viaje sin retorno”, en el que denunciábamos y advertíamos las implicancias y alcances de las Reformas al Código de Organización Militar, con las cuales “Ortega ha abierto una puerta que peligrosamente condena a la nación entera a sufrir un nuevo ciclo de violencia”. Pasaron solamente 6 meses para que lo señalado en aquel momento se convirtiera en una triste realidad, una pesadilla que viven muchos ciudadanos nicaragüenses de varios municipios del norte de nuestro país, como consecuencia –y revancha- del criminal ataque a los buses la fatídica noche del 19 de Julio.

Decíamos entonces, que las reformas transformaban los conceptos de Defensa y Soberanía Nacional y en su lugar dotaban al Ejército de una nueva doctrina, La Doctrina de Seguridad Nacional y planteábamos que: “Bajo esta, se ordena al ejercito Disponer de sus fuerzas y medios para combatir las amenazas a la seguridad y defensa nacional, y cualquier actividad ilícita que pongan en peligro la existencia del Estado nicaragüense, sus instituciones y los principios fundamentales de la nación”. Mencionábamos también que:Ahora, los peligros que acechan a Nicaragua no estarán fuera de las fronteras, sino que también estarán dentro del país y estos enemigos son todos aquellos que no comulguen con el régimen, todos los que de alguna forma se opongan al gobierno o a sus políticas, todos los que se llamen o los llamen de oposición y a juicio del gobierno y el Ejercito, pongan en peligro el poder que detentan o propaguen ideas en contra del modelo de sociedad nacional que ellos han definido: El Estado Socialista, Cristiano y Solidario”. Advertíamos hace 6 meses que: “En este sentido, el ejército controlaría la FRONTERA IDEOLÓGICA, vigilando y controlando todas las actividades políticas que realice la ciudadanía, organizada o no en partidos políticos, reprimiendo las actividades que ellos consideren subversivas, manteniendo un férreo control sobre la sociedad civil y la vida privada de los ciudadanos sospechosos. Dicho en pocas palabras, la legalización del espionaje y la represión. La vieja Dirección General de Seguridad del Estado, DGSE, resucitada en una fortalecida Dirección de Información para la Defensa, DID,  legalizada y autorizada a hacer el mismo trabajo que aquella hacía en los 80`s y más todavía, porque en aquellos duros años de guerra algunos no habían sacado a flote sus aberraciones capitalistas”.

La cacería indiscriminada que estamos viendo en el norte del país por parte de los organismos represivos del estado nicaragüense, llámense ejército, policía, órganos de seguridad con el uso autorizado de grupos paramilitares y chivatos, es la prueba palpable de que no estábamos equivocados. Ante un hecho deleznable y condenable, como fueron las dos emboscadas a simpatizantes del partido de gobierno por miembros del mismo partido, según las declaraciones oficiales de las autoridades competentes, dichos organismos han sumido en el terror a ciudadanos que claramente son de tendencia opositora, utilizando los métodos y estilos propios de las dictaduras que en Centroamérica y Sudamérica conocimos en los años 60’s, 70’s y 80’s y que algunos de los que hoy están en el poder denunciaban a galillo tendido, dictaduras que se amparaban precisamente en la famosa Doctrina de Seguridad Nacional para cometer las tropelías que hoy se están cometiendo impunemente en municipios de Jinotega, Matagalpa y Nueva Segovia.

Las noticias que inundan los medios son en extremo alarmantes: soplones encapuchados señalando personas y casas de habitación de opositores acusados de quien sabe qué; asalto con lujo de violencia a dichas casas en horas de la noche y la madrugada por efectivos de la policía y el ejército sin orden de allanamiento y también encapuchados para evitar ser reconocidos; capturas a altas horas de la noche de ciudadanos señalados por los chivatos sin que medie orden de captura; secuestros y desapariciones forzosas de ciudadanos que son capturados en la calle o en sus casas y nadie da cuenta de ellos, ya que las autoridades policiales en una irresponsabilidad mayúscula niega dichas detenciones; y lo peor que se podía esperar, asesinatos a mansalva -caso del ex miembro de la Resistencia Nicaragüense Carlos García- sin que ninguna autoridad inicie una investigación, porque la prioridad son los muertos del bando del gobierno.

Qué hará falta para completar el recetario de las dictaduras militares de años atrás,  que todo parece indicar se están reciclando? Lanzamientos de capturados en helicópteros? Torturas y asesinatos a ciudadanos sospechosos de cualquier cosa? Juicios sumarios sin derecho a la defensa? Condenas absurdas en juicios absurdos con falsos testigos y pruebas inventadas por los organismos de seguridad? Toques de queda? Estado de Sitio? Mas asesinatos? Mas secuestros? Mas desapariciones?

La mayoría de los que ocupan altos cargos en el gobierno, al igual que los jefes militares y policiales que hoy están al frente de la policía y el ejército, conocen perfectamente lo que sucedió a inicios de los años 80’s, tanto en Pantasma como en Nueva Guinea. Saben, porque muchos vivieron sus consecuencias, que los abusos cometidos y la represión desatada en esos municipios, alegando la “defensa de la revolución”, fue la génesis de la contrarrevolución y de diez años de guerra civil en Nicaragua, con miles de muertos, heridos, mutilados y desaparecidos a los que nunca se les pudo dar cristiana sepultura; que todos supimos cómo había comenzado el conflicto, pero que absolutamente nadie sabía cómo y cuándo iba a terminar y que después de una enorme sangría, sobre todo de la juventud que cargó con el peso fundamental de la guerra, después de la destrucción del aparato productivo a un costo de miles de millones de dólares, luego de haber dividido el país y la sociedad en dos bandos casi irreconciliables, hasta después de eso, se entendió que se habían cometido errores que no debieron haberse cometido y que hubieron abusos que debieron haber sido castigados y no lo fueron.

Todavía estamos a tiempo de detener esta vorágine de violencia que se ha desatado en el norte de Nicaragua; todavía el gobierno y el comandante Ortega en particular, está a tiempo de retomar las propuestas de los Obispos de la Conferencia Episcopal contenidas en el documento entregado el 21 de Mayo recién pasado: “En Búsqueda de Nuevos Horizontes para una Nicaragua Mejor”; todavía estamos a tiempo de que las autoridades policiales, haciendo uso de las leyes y respaldada por las técnicas investigativas, encuentre y muestre a los verdaderos autores materiales e intelectuales de las dos emboscadas ocurridas la noche del 19 de Julio; todavía estamos a tiempo de abandonar esa nefasta doctrina, la de Seguridad Nacional, pues todos sabemos -y ellos mejor que nadie- en qué sitio de la historia se encuentran aquellos gobiernos, que amparándose en ella, intentaron mantener por tiempo indefinido la bota militar en el cuello de sus pueblos. Al menos en Latinoamérica, ninguno de ellos sobrevivió al juicio de la historia. Todavía estamos a tiempo.