Indudablemente
que a medida que un régimen arrecia la represión hacia sus ciudadanos, en esa misma
medida descubre sus carencias y temores, reflejando a fin de cuentas su propia debilidad
en la relación que debería mantener con los gobernados. En el caso de
Nicaragua, estamos asistiendo a la intensificación de la represión desde las
esferas del poder, utilizando distintas formas y mecanismos coercitivos, que
han ido desde la “simple” presión económica, utilizando la Dirección General de
Ingresos, DGI, la Dirección General de Aduanas, DGA, y las Alcaldías, pasando
por la utilización de los jueces como arma legal, en lo que hemos denunciado
como la “judicialización” de la actividad de oposición al criminalizar la
protesta en contra del gobierno, hasta llegar a los limites inconcebibles de poner
en marcha la ya famosa Doctrina de Seguridad Nacional, en la que todos los nicaragüenses
nos convertimos en sospechosos de conspirar contra el régimen de Ortega, en
tanto no demostremos lo contrario.
En nombre
y aplicación de dicha doctrina, a partir de su creación a inicios del 2014, se
han cometido barbaridades tales como golpizas, secuestros, detenciones
arbitrarias e ilegales, torturas y asesinatos. Julio del 2014 en Ciudad Darío, diciembre
de ese mismo año en Rivas y en estos días Rivas, Bonanza y Mina El Limón son
prueba fehaciente de lo que aquí aseveramos. Un gobierno que se ufana de tanta popularidad
y apoyo ciudadano, repetida hasta la saciedad por las también famosas
encuestas, no necesita demostrar tanta debilidad.
MILTON ARCIA: UN CASO EMBLEMATICO
La Semana
Santa de este año no fue un paseo veraniego para la familia de don Milton Arcia
en la Isla de Ometepe. Fue víctima de la furia gubernamental por no estar de
acuerdo con la estafa canalera y apoyar a los que reclaman el derecho a vivir
en sus propiedades sin temor al desalojo y desarraigo y que defienden además el
derecho de los nicaragüenses a usufructuar como patrimonio de todos el Gran
Lago de Nicaragua, bajo amenaza de su destrucción a manos de la empresa extranjera
dueña de la Soberanía Nacional por voluntad expresa del comandante Ortega. No
contentos con humillarlo y destruir su propiedad con saña inaudita, ahora es silenciado
y ha quedado prácticamente en la indefensión jurídica. Los miles y miles de ciudadanos
que vieron el video de su detención y han seguido el calvario al que Arcia ha
sido sometido, no deben de estar nada contentos con el régimen y si tenían alguna
duda de su verdadera naturaleza, estas ya tienen que estar aclaradas. Conclusión:
Fue peor la cura que la enfermedad y miles de ciudadanos abrieron los ojos y se
han distanciado del régimen. En Rivas no creo que vayan por más victorias.
BONANZA Y MINA EL LIMON
El recién
pasado 6 y 7 de mayo se conoció de las protestas de mineros artesanales y pobladores
en Bonanza y Mina El Limón respectivamente, por reclamos a dos empresas extranjeras,
HEMCO y B2GOLD. En el primer caso, los trabajadores artesanales de Bonanza
reclamaban el pago justo por la venta del material aurífero y la reubicación en
áreas con mejores posibilidades de extracción de dicho material. Es importante
recalcar que la extracción de este material por parte de los mineros
artesanales es ínfimo comparado con la capacidad de procesamiento de la empresa:
1,200 toneladas de material aurífero diariamente.
En
el caso de Mina El Limón, los pobladores exigían el restablecimiento del
servicio eléctrico en la comunidad, un compromiso contraído por parte de la
empresa. En ambos casos, HEMCO y B2GOLD, son empresas que explotan a mas no
poder nuestros recursos naturales, degradan el medio ambiente en donde operan,
pagan salarios bajísimos en comparación con las ganancias obtenidas y estas
ganancias son repatriadas a sus países de origen, aunque muy orondamente el
gobierno las presente en su informe anual como parte de “nuestras”
exportaciones. Sin embargo, el caso que nos ocupa es a quien protegió el
gobierno y a quien agredió. Como siempre, el régimen de Ortega, fiel al modelo economico
que desarrolla, se puso del lado de las empresas extranjeras y en contra del
pueblo pobre a quien dice representar.
CAPTURAS, TORTURAS Y ASESINATOS
Julio
del 2014 representó para Ciudad Darío la peor de las celebraciones del 35 aniversario
de la Revolución Popular Sandinista. Acusados de emboscar a una caravana de
partidarios del FSLN, muchos ciudadanos fueron capturados ilegalmente, otros
secuestrados, muchas casas cateadas y todos enviados a las celdas de la
tenebrosa Dirección de Auxilio Judicial, DAJ, en la tristemente célebre Loma de
Tiscapa. La argumentación del gobierno en el juicio celebrado adquirió ribetes cómicos,
pues nada de lo expuesto tenía lógica y seriedad. Tira piedras, Zetas,
conspiradores en galleras, en fin, un mamotreto legal sin pies ni cabeza. Se
inauguraba la famosa Doctrina de Seguridad Nacional.
Luego
fue Rivas, en pleno diciembre y próximos a celebrar el año nuevo, varios
ciudadanos rivenses que tenazmente se han opuesto al Canal de Ortega, fueron
capturados en medio de una protesta, encarcelados en… otra vez la DAJ y
vapuleados en prisión. Posteriormente fue de nuevo en Rivas, luego del
asesinato del oficial de la Inteligencia Militar Rafael Ángel Delgadillo Mora,
varios jóvenes fueron capturados y trasladados de nuevo a la DAJ , lugar en el que fueron sometidos a torturas
y vejaciones, de acuerdo a versiones de los familiares, hasta llegar al extremo
de entregar muerto al joven Francisco Javier Ponce Sanarrusia, con señales
evidentes de haber sido torturado con saña y crueldad. La versión oficial fue
que se ahorcó en la celda con una camisa manga larga, ¡16 horas antes de su
captura!. Luego alegaron que había sido un error lo de las horas en el informe
oficial y haberlo dejado en la celda con la camisa que llevaba, sin embargo
nada dijeron de las condiciones en que se encontraba el cadáver. Todas las capturas
en los casos anteriores tienen la misma modalidad, fueron hechas por
encapuchados para poder negar, en caso de que se “suiciden”, haber sido
detenidos por las autoridades competentes.
CAPTURAS, ACUSACIONES INFUNDADAS Y
DEPORTACIONES
El día
de ayer, viernes 15 de mayo, fueron capturados en el Aeropuerto Sandino, los
funcionarios del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL, los
ciudadanos extranjeros Luis Carlos Boub y Marta González. El CEJIL cabe
destacar, es una importante y prestigiosa organización que respalda y promueve
la defensa de los Derechos Humanos en el continente americano. Ambos fueron
vejados, cateados, amenazados de acusarlos por narcotráfico y como ya se está
volviendo común en nuestro país, quizás un eco del OcupaINSS, asaltados por las
mismas autoridades. Finalmente fueron deportados en abierta violación a los
derechos humanos de ambos, precisamente derechos que ellos defienden en su
trabajo cotidiano. Cuál sería el delito de Luis y Marta? Venir como invitados del
CENIDH a su celebración de 25 años de estar defendiendo los derechos de todos
los nicaragüenses?
Serán tan mezquinos, miopes y torpes que no piensen que esta
acción más bien puso en el tapete internacional la triste situación del Estado
de Derecho existente en Nicaragua? O pretenderán creer que si el avestruz
entierra la cabeza para no ver el peligro que le acecha, es que en realidad ese
peligro no existe? En fin, ellos sabrán su cuento, pero los nicaragüenses también
saben el propio y cada día son más y más los ciudadanos que sacan la cabeza de
la arena y ven el peligro que se cierne sobre la nación.
