Las decisiones tomadas por
el orteguismo en los últimos días evidencian de manera descarada el cambio de
sistema político en el país. No podría esperarse menos de un gobierno y un
presidente inconstitucional ”legitimado” por un Consejo Supremo Electoral de
facto y con autoridades en los demás poderes del estado también ilegales,
fraudulentos y al margen de la ley.
A partir del 2007, año en
que Ortega accedió al poder en elecciones cuyos resultados todos aceptamos, a
pesar de que a la fecha aún se desconoce el paradero del 8 % de los mismos, se
ha venido desmontando paulatina e indeteniblemente el sistema político y de
gobierno que recibió de manos del ex presidente Bolaños y que a su vez este recibió
de los dos gobernantes anteriores a él, Arnoldo Alemán y doña Violeta Barrios
de Chamorro, quienes transformaron el sistema político heredado de la Revolución,
que entre sus mayores problemas dejaban el mal recuerdo y la casi institucionalización
del hegemonismo del partido único, la visión totalizante y totalitaria de la
sociedad, la conculcación de las principales libertades y derechos de los nicaragüenses y la concepción de un estado policíaco.
Si bien es cierto que los
gobiernos de la post guerra trataron de restablecer la democracia en nuestro país,
tampoco es menos cierto que este proceso sirvió para que grupos de vivianes se
coludieran con el poder de turno y aprovecharse del erario público, en la
continuidad del latrocinio somocista que
enriqueció a no pocos delincuentes de cuello blanco, quienes tenían como excusa
el haber sido confiscados por la Revolución, confiscación de riquezas muchas de
ellas producto del robo y saqueo a las arcas del estado.
Durante los 16 años de
gobiernos neoliberales democráticos, el actual es neoliberal - dictatorial,
Ortega y el orteguismo participaron de todas las decisiones tomadas en todo
este periodo, sea por que gobernaron desde abajo o cogobernaron por la vía del
chantaje, la presión o el pacto. Quieranlo o no, son parte indisoluble de la
historia de esos 16 años de gobierno. Así, estuvieron en la privatización de
las empresas de la CORNAP y la repartición de las del APP, en la privatización
de los servicios públicos, electricidad y telefonía, en la quiebra de bancos,
en la repartidera de cargos de las instituciones del estado, en la privatización
del sistema de salud a través de las Empresas Medicas Previsionales,
vilipendiadas y muy bien aprovechadas por ellos, en la aprobación del CAFTA,
del que renegaron a más no poder, pero no tuvieron la valentía de asistir a la
Asamblea a votar en contra de él, por oportunismo o por el eterno doble
discurso que manejan para afuera y para adentro del partido.
Ahora, la situación ha
cambiado y con un Ortega dueño de una cuantiosa fortuna hecha gracias, y no podía
ser de otra forma, al abuso del poder y estando al frente de un gobierno
autoritario y dictatorial en el que maneja a su gusto y antojo todos los
resortes del gobierno y del estado, resulta necesario asegurar la continuidad
del poder, aun en las peores condiciones. De hecho, las condiciones
internacionales se presentan altamente desfavorables en estos momentos y en el
futuro inmediato, toda vez que su mecenas y patrocinador Hugo Chávez no continúe
en la escena política, amén de que los Estados Unidos aun no se deciden a aprobar
o negar los famosos Waiver, sobre todo debido al profuso cabildeo hecho en los
propios Estados Unidos, orientado por los operadores económicos del gobierno,
por un sector del empresariado nacional, lo que ha dejado un margen de duda a
la Administración Obama.
Sin tener clara la sucesión
en Venezuela y con un serio cuestionamiento a la legitimidad y legalidad de su
tercer mandato y segundo consecutivo (violatorio del Arto. 147 de la Constitución)
por parte de Europa y los mismos Estados Unidos, Ortega está tomando todas las
previsiones posibles para continuar manteniendo esos resortes de poder aun
estando nominalmente fuera del Gobierno, posiblemente a través de un Referéndum
Revocatorio amarrado previamente con la “oposición” pactista, en caso de que la
situación internacional se torne inmanejable. Por eso vemos que las últimas
medidas tienen que ver con asegurar la hegemonía orteguista pasando encima de
la Constitución y las leyes. Por eso es que aun no se deciden a llamar a las
elecciones municipales, hasta no tener asegurado el control de no menos de 135
alcaldías, sea con mayoría propia, con dóciles aliados, con topos o a través de
“opositores a la medida”.
La ley 50 – 50, persigue,
además de haber sometido al tanteo la capacidad de aguante de los diputados
opositores ante la violación flagrante de la Constitución, buscar como
congraciarse con el voto y la voluntad de las mujeres nicaragüenses, mediante
un grosero acto populista y propagandístico, que pretende contrarrestar el
creciente malestar de las amas de casa, cuya economía familiar se encuentra
seriamente golpeada debido al inalcanzable costo de la canasta básica. El
recién aprobado código de la familia pretende, además de dividir nuevamente a
las familias nicaragüenses, darle estatus de orejas oficiales a los CPC hasta
en el seno mismo de los hogares, en una reedición aumentada y corregida de los
fracasados CDS de triste recordación. Por último, la próxima propuesta a
aprobarse en la Asamblea Nacional de triplicar el número de concejales en las
alcaldías municipales, busca como mantener la mayoría orteguista en los
Concejos Municipales, de paso aplacar las demandas de democracia interna hecha
por miles y miles de militantes del partido orteguista en la mayoría de los
municipios del país y garantizar que todos aquellos partidos de alquiler que
vayan a las elecciones municipales tengan su premio con alguno que otro
concejal. El mensaje es, indudablemente, que todos alcanzaran en la nueva
repartidera de cargos en los municipios porque el partido vela y se preocupa por
ellos.
Leyes aprobadas al margen de
la legalidad, que violentan la constitución misma ya que contradicen la Ley
Electoral de innegable rango constitucional, pretendiendo subordinarla en una
maniobra burda a la Ley de Municipios o usando a esta ultima como la vía para
legalizar lo ilegal. En todo caso se trata de un nuevo intento de transformar
nuestra democracia representativa, la misma con la que Ortega recibió el poder
en el 2007, en una democracia directa, en la que el pueblo es Ortega y Ortega encarna al pueblo mismo. En el peor
de los casos, estando fuera del poder, tomar las decisiones basado en la
hegemonía que tendría asegurada con todos los resortes del poder en sus manos,
ya sea en las instituciones del estado, en las alcaldías municipales, en el
barrio, en la cuadra y en el hogar mismo.
Una perversión facistoide a
la que el pueblo consciente, no lo dudamos, la rechazara una vez más.
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