Luego de anunciado el
calendario electoral, dicho sea de paso caprichoso y hecho como un traje a la
medida de los intereses orteguistas, los partidos políticos que poseen
personería jurídica, 18 en total, han tenido que entregar la carta de
intenciones exigida por el Consejo Supremo Electoral, como un requisito previo
para poder participar en los próximos comicios del 4 de Noviembre. Demás está
decir que dicha carta de intenciones no es mas que un chantaje al que ya se
acostumbró el magistrado presidente de facto Roberto José Rivas Reyes, para
presionar a los partidos políticos a aceptar todas las arbitrariedades
contenidas en el famoso calendario, el que fue presentado una vez que las leyes
enviadas a la Asamblea Nacional desde la presidencia inconstitucional fueron
aprobadas, nos referimos a las leyes conocidas como 50 – 50 y la que triplica a
los concejales en las alcaldías municipales.
A partir de esto y luego de
conocidas las irrelevantes reformas a la Ley Electoral con la que Ortega
pretende confundir a la opinión publica nacional y engañar a la comunidad
internacional, el debate gira en torno a si la “oposición” debe ir a no a las
elecciones municipales. Teniendo como marco de referencia dos elementos de indiscutible
importancia, los informes de las misiones de observación de la Unión Europea y
el de la OEA, se impone el análisis de esta decisión que para la inmensa
mayoría de la población “está mas clara que el ojo del piche”, según el decir
popular, aunque para algunos dirigentes políticos todavía es una situación de
vida o muerte para sus aspiraciones o ambiciones, según sea el caso. Y nos
estamos refiriendo a lo que la gente de a pie considera la legítima oposición,
no a aquellos partidos que todos identifican como aliados, apéndices,
infiltrados o mercenarios a sueldo del orteguismo. Nos referimos a la Alianza
PLI, por la que miles de ciudadanos de este país confiaron su voto y
depositaron su total confianza en la fórmula de Fabio Gadea y Mundo Jarquin, la
Esperanza Democrática para Nicaragua.
La principal recomendación,
de las muchas que hicieron las dos Misiones de Observación, se remitía fundamentalmente
al Consejo Supremo Electoral, a quien señalaron en términos muy diplomáticos
como carente de prestigio profesional, falto de perfil independiente y no neutral.
Ambas delegaciones coincidieron en lo que todos los nicaragüenses ya sabemos,
por que lo hemos sufrido en carne propia: 1) Que la institución a cargo de
contar los votos está totalmente desprestigiada por tener como antecedentes
tres fraudes consecutivos: las municipales del 2008, las regionales del 2010 y
las nacionales del 2011 y eso sin contar el “pequeño fraude” del 2006, dado que
seis años después aun no entregan el restante 8 % del total de votos emitidos
en dichos comicios. 2) Tampoco son independientes porque el Consejo mismo, al
igual que el resto de instituciones del Estado nicaragüense, han sido cooptadas
por el orteguismo en un proceso de demolición de la institucionalidad y el
estado de derecho que dio inicio en enero del 2007. 3) Mucho menos que sean
neutrales, donde “liberales” y orteguistas por igual responden al caudillo en
el poder e inclinan la balanza hacia los intereses de este, al inicio guardando
las apariencias (2006) y al final de manera descarada, consumando cuanto fraude
haya que cometer con tal de dar la victoria al que les mantiene el cargo contra
viento, marea y la Constitución. Al mejor estilo de la Guardia Nacional, que
leía a como quería, estos impresentables cuentan los votos también a como
quieren.
Las acciones llevadas a
cabo por el Consejo en lo que va del
proceso electoral municipal, ni generan
confianza ni demuestran imparcialidad, que es precisamente lo que reclama la
población nicaragüense y la comunidad internacional. Pretenden nombrar los
Concejos Electorales Municipales y Departamentales (CEM y CED) antes de la
conformación de las alianzas, lo que “inocentemente” conllevaría a que los
partidos aliados del orteguismo ocuparían la mayoría de los cargos en dichas
instancias, segundo y tercer eslabón del fraude en los territorios, siendo el
primero las JRV. Sin embargo, la actitud conformista mostrada por el PLI – VCE
ha dejado mucho que desear y tanto más que lamentar. La votación con la que se
aprobaron las reformas enviadas por Ortega no hacen mas que confirmar lo que es
un secreto a voces, de que existe un proceso de negociaciones entre el
orteguismo y el Movimiento Vamos Con Eduardo (MVCE), encaminado a repartir los
cargos en las instituciones del estado, mismas que estarían en un punto muerto
por la pretensión de los “negociadores” de Montealegre de retener 3
magistrados en el CSE ante el ofrecimiento de Ortega de entregar solamente dos
y la condición irrenunciable de este ultimo de mantener a Roberto Rivas en la
presidencia del Consejo.
Estas razones serían las
causas del retiro de la Alianza de Maximino Rodríguez, líder del Movimiento Liberales con Visión de Nación
y veterano luchador por la democracia en nuestro país, quien se integró desde
niño a las filas de la Contrarrevolución en los años 80´s. Desilusionado y
frustrado ante la forma en que el eduardismo se ha comportado antes, durante y
después de las elecciones nacionales del 2011, Maximino no está dispuesto a
cargar con la pesada lápida que sepultará a quienes pretenden sustituir a
Arnoldo Alemán en el puesto vacante del Pacto de los Mengalos. La pregunta que
cabría hacerse es: Cuál es la garantía del partido PLI - VCE de que no le
quiten la personería jurídica, a como ya le hicieron con ALN y se la entreguen
a cualesquiera de las facciones del PLI que se la disputan y garantizarse el
orteguismo de contar los votos con gente afín a ellos?; y de suceder esto
ultimo, Valió la pena tanto desprestigio, perder la confianza de la gente como
opción política creíble y dejar ante la población la percepción de haberse
convertido en un partido pactista mas, de tantos que ha dado la historia del
tradicionalismo político en nuestro país?.
En estos momentos cruciales
de la historia, ni es válido ni decente alegar la pérdida de la personería
jurídica para someterse a un nuevo fraude y someter a los nicaragüenses a un nuevo escarnio electorero. Hay que recordarle
a aquellos que tienen memoria corta, de que el PLI fue un referente histórico
de dignidad y honorabilidad del liberalismo ante las pretensiones dictatoriales
y continuista del viejo Tacho Somoza y que pasó muchos años sin personería
jurídica, sin haber perdido su valiosa personalidad política y el prestigio de
haber dado verdaderos estandartes de patriotismo a la nación; que el FSLN, el
de Carlos Fonseca, el verdadero movimiento guerrillero que condujo al pueblo
nicaragüense al triunfo sobre el dictador Somoza Debayle, jamás tuvo personería
jurídica ni diputados en el parlamento somocista, fue perseguido a muerte por
el somocismo, pero al final se alzó con la victoria ante un gobierno dinástico
y dictatorial que se prolongó por 45 largos años, sencillamente porque supo
rectificar sus propios errores y pudo interpretar los sentimientos del pueblo
para poderlo conducir con éxito a la victoria.
Se trata de escoger entre terminar
de una vez por todas con el tradicionalismo político o seguir por la senda que
conduce a las componendas, al pactismo y a la traición. Se trata de pensar en
el pueblo o en los mezquinos intereses personales, familiares y de un grupo
reducido de caballeros que han hecho de la política un modus vivendi. Se trata
de enfrentar con dignidad al régimen o continuar agachados recogiendo las
migajas que este lanza desde las alturas del poder. Se trata de escoger entre
al calor del pueblo o el frio vergonzante de los cargos gubernamentales cedidos
por el dictador de turno. Se trata de elegir entre ir a unas elecciones en las
que ya todos sabemos como será el resultado o de resistir con dignidad junto al
pueblo que demanda acciones firmes de aquellos a quienes se les dio el voto
para que fueran dignos representantes de la voluntad popular. Que no se
equivoquen, si el pueblo está planteando que ni hay porqué ir a votar ni por
quien votar, esto también los incluye a ellos.
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