El
primero de Febrero de este año, hace exactamente 6 meses, publicamos el Editorial
que se titulaba “Un viaje sin retorno”, en el que denunciábamos y advertíamos
las implicancias y alcances de las Reformas al Código de Organización Militar,
con las cuales “Ortega ha abierto una
puerta que peligrosamente condena a la nación entera a sufrir un nuevo ciclo de
violencia”. Pasaron solamente 6 meses para que lo señalado en aquel momento
se convirtiera en una triste realidad, una pesadilla que viven muchos
ciudadanos nicaragüenses de varios municipios del norte de nuestro país, como
consecuencia –y revancha- del criminal ataque a los buses la fatídica noche del
19 de Julio.
Decíamos
entonces, que las reformas transformaban los conceptos de Defensa y Soberanía
Nacional y en su lugar dotaban al Ejército de una nueva doctrina, La Doctrina de Seguridad Nacional y
planteábamos que: “Bajo esta, se ordena al ejercito “Disponer
de sus fuerzas y medios para combatir las amenazas a la seguridad y defensa
nacional, y cualquier actividad ilícita que pongan en peligro la existencia del
Estado nicaragüense, sus instituciones y los principios fundamentales de la
nación”. Mencionábamos también que: “Ahora, los peligros que acechan a Nicaragua
no estarán fuera de las fronteras, sino que también estarán dentro del país y
estos enemigos son todos aquellos que no comulguen con el régimen, todos los que
de alguna forma se opongan al gobierno o a sus políticas, todos los que se
llamen o los llamen de oposición y a juicio del gobierno y el Ejercito, pongan
en peligro el poder que detentan o propaguen ideas en contra del modelo de
sociedad nacional que ellos han definido: El Estado Socialista, Cristiano y
Solidario”. Advertíamos hace 6 meses que: “En este sentido, el ejército controlaría la FRONTERA IDEOLÓGICA,
vigilando y controlando todas las actividades políticas que realice la
ciudadanía, organizada o no en partidos políticos, reprimiendo las actividades
que ellos consideren subversivas, manteniendo un férreo control sobre la
sociedad civil y la vida privada de los ciudadanos sospechosos. Dicho
en pocas palabras, la legalización del espionaje y la represión. La vieja
Dirección General de Seguridad del Estado, DGSE, resucitada en una fortalecida
Dirección de Información para la Defensa, DID,
legalizada y autorizada a hacer el mismo trabajo que aquella hacía en
los 80`s y más todavía, porque en aquellos duros años de guerra algunos no
habían sacado a flote sus aberraciones capitalistas”.
La
cacería indiscriminada que estamos viendo en el norte del país por parte de los
organismos represivos del estado nicaragüense, llámense ejército, policía, órganos
de seguridad con el uso autorizado de grupos paramilitares y chivatos, es la
prueba palpable de que no estábamos equivocados. Ante un hecho deleznable y
condenable, como fueron las dos emboscadas a simpatizantes del partido de
gobierno por miembros del mismo partido,
según las declaraciones oficiales de las autoridades competentes, dichos
organismos han sumido en el terror a ciudadanos que claramente son de tendencia
opositora, utilizando los métodos y estilos propios de las dictaduras que en
Centroamérica y Sudamérica conocimos en los años 60’s, 70’s y 80’s y que
algunos de los que hoy están en el poder denunciaban a galillo tendido,
dictaduras que se amparaban precisamente en la famosa Doctrina de Seguridad Nacional para cometer las tropelías que hoy se
están cometiendo impunemente en municipios de Jinotega, Matagalpa y Nueva
Segovia.
Las
noticias que inundan los medios son en extremo alarmantes: soplones
encapuchados señalando personas y casas de habitación de opositores acusados de
quien sabe qué; asalto con lujo de violencia a dichas casas en horas de la
noche y la madrugada por efectivos de la policía y el ejército sin orden de
allanamiento y también encapuchados para evitar ser reconocidos; capturas a
altas horas de la noche de ciudadanos señalados por los chivatos sin que medie
orden de captura; secuestros y desapariciones forzosas de ciudadanos que son
capturados en la calle o en sus casas y nadie da cuenta de ellos, ya que las
autoridades policiales en una irresponsabilidad mayúscula niega dichas
detenciones; y lo peor que se podía esperar, asesinatos a mansalva -caso del ex
miembro de la Resistencia Nicaragüense Carlos García- sin que ninguna autoridad
inicie una investigación, porque la prioridad son los muertos del bando del
gobierno.
Qué
hará falta para completar el recetario de las dictaduras militares de años
atrás, que todo parece indicar se están
reciclando? Lanzamientos de capturados en helicópteros? Torturas y asesinatos a
ciudadanos sospechosos de cualquier cosa? Juicios sumarios sin derecho a la
defensa? Condenas absurdas en juicios absurdos con falsos testigos y pruebas
inventadas por los organismos de seguridad? Toques de queda? Estado de Sitio? Mas
asesinatos? Mas secuestros? Mas desapariciones?
La
mayoría de los que ocupan altos cargos en el gobierno, al igual que los jefes
militares y policiales que hoy están al frente de la policía y el ejército,
conocen perfectamente lo que sucedió a inicios de los años 80’s, tanto en
Pantasma como en Nueva Guinea. Saben, porque muchos vivieron sus consecuencias,
que los abusos cometidos y la represión desatada en esos municipios, alegando
la “defensa de la revolución”, fue la génesis de la contrarrevolución y de diez
años de guerra civil en Nicaragua, con miles de muertos, heridos, mutilados y
desaparecidos a los que nunca se les pudo dar cristiana sepultura; que todos
supimos cómo había comenzado el conflicto, pero que absolutamente nadie sabía
cómo y cuándo iba a terminar y que después de una enorme sangría, sobre todo de
la juventud que cargó con el peso fundamental de la guerra, después de la
destrucción del aparato productivo a un costo de miles de millones de dólares, luego
de haber dividido el país y la sociedad en dos bandos casi irreconciliables,
hasta después de eso, se entendió que se habían cometido errores que no
debieron haberse cometido y que hubieron abusos que debieron haber sido
castigados y no lo fueron.
Todavía
estamos a tiempo de detener esta vorágine de violencia que se ha desatado en el
norte de Nicaragua; todavía el gobierno y el comandante Ortega en particular,
está a tiempo de retomar las propuestas de los Obispos de la Conferencia
Episcopal contenidas en el documento entregado el 21 de Mayo recién pasado: “En Búsqueda de Nuevos Horizontes para una Nicaragua
Mejor”; todavía estamos a tiempo de que las autoridades policiales,
haciendo uso de las leyes y respaldada por las técnicas investigativas,
encuentre y muestre a los verdaderos autores materiales e intelectuales de las
dos emboscadas ocurridas la noche del 19 de Julio; todavía estamos a tiempo de
abandonar esa nefasta doctrina, la de Seguridad
Nacional, pues todos sabemos -y ellos mejor que nadie- en qué sitio de la
historia se encuentran aquellos gobiernos, que amparándose en ella, intentaron
mantener por tiempo indefinido la bota militar en el cuello de sus pueblos. Al
menos en Latinoamérica, ninguno de ellos sobrevivió al juicio de la historia.
Todavía estamos a tiempo.
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