El pasado 6 de Noviembre fue el epílogo de un proceso destinado a violentar la voluntad de la mayoría de los nicaragüenses y la posibilidad de que a través del voto popular pudiésemos elegir libremente a nuestras autoridades, todo con el fin de asegurar el continuismo y la reelección del caudillo del orteguismo, quien se considera, junto a su esposa, predestinados por una supuesta divinidad hecha culebra, a gobernar Nicaragua hasta el fin de sus días.
Este proceso tiene marcada una hoja de ruta que inicia el mismo día de la toma de posesión del gobierno del Presidente Ortega el 10 de Enero del 2007 y finalizó, en su primera parada, el 6 de Noviembre recién pasado. Desde entonces se tienen marcadas todas las estaciones previstas, que en la ruta del fraude, la maquinaria orteguista tenía que realizar, para poder llegar al final esperado y concluir con lo que todos conocimos, la “victoria” que garantiza el primero de los tres períodos que Ortega espera gobernar, de acuerdo a lo expresado en el documento “Socialismo del Siglo XXI, Hermandad Revolucionaria”, plataforma ideológica del orteguismo. Plantean en el citado documento: “Asegurar no entregar el poder hasta después de tres mandatos continuos del sandinismo. Es decir, después de 15 años de gobierno revolucionario”. A confesión de parte, relevo de pruebas.
Pretender creer o hacernos creer que lo vivido el día de las elecciones fue producto de algunas “inconsistencias” de parte del Consejo Supremo Electoral y de su Magistrado Presidente (de facto) Roberto Rivas Reyes, es ser demasiado inocente o querer vernos la cara de tontos a los que fuimos a votar con la esperanza de un cambio, aun a sabiendas de lo que se avecinaba y que estaba debidamente preparado desde mucho tiempo antes. Sin embargo, no ir era equivalente a dejar servida la mesa para que los suscriptores del pacto y las nuevas adquisiciones, ALN y APRE, se recetaran con la cuchara grande. Los resultados indican que fue uno de estos, el FSLN, quien se sirvió a gusto y placer y al otro socio, el PLC, lo dejaron con el plato casi vacío, ya que fue la oportunidad de oro de Ortega para abandonar una relación que políticamente había tenido un costo muy alto para el. De los otros dos advenedizos de última hora, fue el pueblo el que pasó factura, desapareciéndolos de la arena política, Dios quiera que para siempre.
Decíamos que la hoja de ruta del fraude comenzó el mismo día de la toma de posesión en Enero del 2007, con la juramentación de los mandos de las Fuerzas Armadas, Policía y Ejercito Nacional, recordándoles, no por casualidad, su origen sandinista. Iniciaba con esto el proceso de cooptación de ambas instituciones, para neutralizarlas o subordinarlas al plan que estaba fraguándose. Resistió el Ejército al embate, no así la Policía, ya que con el retiro de la mayoría de los mandos fieles a la Primer Comisionada Granera, la dejaban a merced de la voluntad del Caudillo, convirtiendo la institución de hecho y a los ojos de la población, en cómplice del proyecto continuista de Ortega.
Dado que el Articulo 147 de la Constitución Política prohíbe taxativamente la reelección continua o por tercera vez, la siguiente estación en la Hoja de Ruta del Fraude era la eliminación de dicho articulo, a fin de allanar el camino a la candidatura del Presidente Ortega. Ni más ni menos era declarar inconstitucional a la misma Constitución, lo cual no fue ningún impedimento para cometer semejante atrocidad legal. Sirvió también para comprobar la tremenda pasividad de la población y de la clase política, la cual con pocas excepciones se pronunció en contra del adefesio jurídico cometido. La sentencia 504, dictada por una Sala Constitucional conformada ilegalmente, declaraba que el candidato Daniel Ortega podía correr en la contienda electoral que se avecinaba.
Se necesitaba entonces que todos los funcionarios con periodos vencidos pudieran continuar en sus cargos, a fin de salvaguardar en primer lugar a los miembros del Consejo Supremo Electoral, futuros garantes de la “victoria” del 6 de Noviembre. Sin un Consejo dócil y capaz de ejecutar el atraco del Día “D”, de nada servía todo lo actuado, por lo que se procedió a emitir el Decreto Presidencial 03-2010, con el que se prorrogaban los plazos de todos los funcionarios de las instituciones del estado. Para justificar esto, se revivió el Artículo 201 de la Constitución de 1987 y se ejecutó mediante el Gacetazo que legalizaba lo actuado, dejando en sus cargos a todos los funcionarios de facto.
El otro eslabón necesario para el plan lo constituía la Asamblea Nacional. Con 38 diputados era muy poco lo que podría hacerse de cara al objetivo que se perseguía, sin embargo Ortega contaba con dos elementos a su favor: plata a manos llenas y la fragilidad de conciencia de muchos diputados de “oposición”. Pacientemente y a punta de billetazos logró alcanzar una mayoría simple para poder subordinar al Parlamento a sus intereses. Lo único que no pudo fue llegar al número mágico de 56 diputados, que le permitiera la reforma constitucional que legalizara su reelección, por lo que tuvo que optar a andar toda la ruta del fraude explicada. En este proceso de compra - venta, logró incluir en las “negociaciones” la adquisición del tendido electoral de ALN y APRE, casi a precio de saldo.
Con todas las instituciones bajo su control y la complicidad de los partidos de alquiler que le garantizaban el conteo casi impune de los votos, lo que restaba era poner a funcionar al Consejo Supremo Electoral, a fin de evitar la posibilidad de que se repitiera lo del 2008, cuando el fraude cometido en las elecciones municipales fue ampliamente documentado por observadores nacionales, internacionales, los partidos políticos participantes y por todos los que de una forma u otra se vieron inmersos en el proceso. Muy diligentemente el CSE, de la mano de su Presidente Roberto Rivas Reyes, cortó las piernas a la observación electoral independiente, nacional e internacional; partidarizó al máximo las estructuras electorales hasta el nivel de Junta Receptora de Votos; manipuló perversamente la cedulación a los ciudadanos, afectando a todos los sospechosos de no ser orteguistas; hizo un manejo discrecional de la cartografía electoral, moviendo grupos de votantes de una circunscripción a otra; declaró al Padrón Electoral como propiedad intelectual del Consejo, para evitar que en su depuración incidieran los partidos de oposición y finalmente, la imposición de la famosa boleta única que iba a permitir un manejo mucho mas rápido y sencillo a la hora de su manipulación fraudulenta. Era mas fácil, a la hora del robo, manejar una que cuatro boletas, una que cuatro valijas.
Con todos estos antecedentes, lo acontecido el día del sufragio fue únicamente la puesta en práctica de la coreografía, ampliamente practicada en los famosos simulacros de votaciones del partido de gobierno, ya que la decisión tomada era ejecutar el atraco en las JRV y no en los Concejos Electorales Municipales, Departamentales y Centros de Cómputos, tal a como sucedió en el 2008 y que dejó en manos de la oposición las pruebas que demostraban ampliamente el fraude de aquellos comicios.
La historia del famoso Día “D” es ampliamente conocida, sobre todo por los fiscales orteguistas que son los mas conscientes del robo: Apertura de juntas en horas de la madrugada, centralización en Managua de la acreditación de fiscales, intentos de compra de fiscales y limitación al trabajo de estos, doble y hasta triple voto, urnas preñadas, sobre todo en aquellas JRV en donde el orteguismo había obtenido resultados adversos en el 2006, entrega de copias de actas inservibles como pruebas por su falta de legibilidad y un rosario de etcéteras que no hacen mas que corroborar que la decisión del robo a la voluntad popular estaba tomada desde años atrás e inspirada en las palabras “proféticas” de Tomas Borge: Todo puede pasar, menos que el frente sandinista pierda el poder…
No hay comentarios:
Publicar un comentario