Nosotros, miembros del Grupo Patriótico de Militares Retirados, ciudadanos nicaragüenses en pleno ejercicio de nuestros derechos constitucionales, a un año de haber salido a luz pública, nuevamente nos pronunciamos frente a la Nación para manifestar la crisis institucional y de legitimidad en que está sumido el país.
Con anterioridad habíamos advertido de las consecuencias que traería la ruptura del Orden Constitucional, sin embargo, se persiste en repetir los abusos y errores que todos creíamos ya superados en 1979.
Situación Electoral.
Producto de un proceso electoral viciado, el gobierno actual ha arrebatado el poder, en un ejercicio continuista cuya tradición y antecedentes datan de la época somocista. Impunemente, se ha violentado la Constitución Política y la Ley Electoral, designándose a un presidente Inconstitucional, con una mayoría espuria en la Asamblea Nacional.
Ante las demandas de la población, de la comunidad internacional y de los organismos de observación electoral internos y externos para conocer los resultados electorales por cada una de las Juntas Receptoras de Votos, a como lo mandata la ley, la única respuesta ha sido el silencio sumiso y cómplice de los magistrados de Facto del Consejo Supremo Electoral.
Ilegitimidad del Régimen.
Consecuencia del fraude electoral, denunciado por miles de fiscales y ciudadanos a quienes se les violentó su derecho a elegir, estamos en presencia de un régimen ilegitimo e ilegal, que no goza del reconocimiento de una parte importante de la ciudadanía y de la comunidad internacional, lo que pone en inminente riesgo el funcionamiento del sistema democrático, por la falta de garantías de que sean los procesos electorales la vía constitucional para cambiar gobernantes.
Ante tal circunstancia, el régimen busca afanosamente un interlocutor político que transforme su estado de ilegitimidad. La sangre derramada en Coperna y en El Carrizo demanda acciones firmes de la clase política. Bajo ninguna circunstancia, la inmensa mayoría del pueblo nicaragüense aprobará nuevas versiones de colaboracionismo, pactos y componendas que nos remitan a un pasado de oprobio, traición y engaño.
Carácter del Régimen.
El fraude Electoral constituyó un elemento adicional, pero no el fundamental, a través del cual se completó un Golpe de Estado Técnico Institucional, mediante el cual se pretende consolidar una Dictadura y DEMOLER la Democracia Republicana.
Dictadura que se caracteriza por mantener el control absoluto en todas las instituciones del Estado; violentar el Estado de Derecho; usar selectivamente la fuerza para acallar las justas demandas de la población; abusar de las leyes para mantener como rehén a todo el país; no permitir que la oposición tenga la mínima oportunidad de llegar al poder por las vías que la Constitución y las leyes establecen; condenarnos a la mono dependencia de una cooperación económica condicionada política e ideológicamente que compromete nuestra Soberanía y Dignidad Nacional y que ilegal e inmoralmente ha sido privatizada, dando vida a una nueva oligarquía que se enriquece obscenamente frente a la miseria del pueblo. Dictadura que con el manejo irresponsable de las relaciones internacionales, nos expone a caer en nuevos conflictos geopolíticos ajenos al interés nacional.
Elecciones Municipales.
La realización de elecciones municipales previstas para noviembre de este año, resultan inaceptables si no hay un nuevo Consejo Supremo Electoral, si no se producen las condiciones de transparencia e independencia de dicho órgano, así como las reformas electorales reclamadas por varios organismos de la sociedad civil, que den las garantías necesarias a la ciudadanía para ejercer el sufragio universal, libre y secreto, tal a como lo recomendaron los Observadores Electorales Nacionales y las Misiones de Observación Electoral de la OEA y la Unión Europea.
En tal escenario, la repetición del fraude es casi un hecho, por lo que advertimos un abrumador nivel de abstencionismo, ante la peligrosa pérdida de confianza de la población en el sistema electoral, en la clase política y en los partidos políticos. Denunciamos la ilegitimidad e ilegalidad de todos aquellos alcaldes que pretendan reelegirse en abierta violación a la Constitución Política. Denunciamos desde ya a aquellos partidos políticos, que con su participación en estas condiciones, no harán más que legitimar al régimen, convirtiéndose en cómplices de la dictadura y colaboracionistas zancudos a los que el pueblo, en su momento, exigirá cuentas.
Situación Económica y Social del país.
Con indignación observamos el control y la manipulación mediática del gobierno con el que ocultan la cruda realidad del país: pobreza que crece en el campo y la ciudad; desempleo; migración; atraso tecnológico; deterioro de la educación; encarecimiento del costo de la vida; el combustible más caro de Centroamérica que afecta en cadena los precios de los bienes y servicios; canasta básica inalcanzable para los trabajadores; setenta por ciento de la Población Económicamente Activa, PEA, que vive en el subempleo o empleo informal y solamente 600,000 personas tienen acceso al Seguro Social.
Los programas “cero” pregonados por el régimen de Ortega como sus grandes logros, no son más que proyectos manipuladores de la pobreza, la ignorancia y la dignidad de los mas desfavorecidos, lo que confirma su naturaleza clientelar y excluyente, ya que no están dirigidos a enfrentar la pobreza estructural y en el colmo de la mentira gubernamental, ni siquiera son financiados con los recursos del petróleo venezolano, sino con los impuestos de todos los nicaragüenses a través del presupuesto nacional.
Al amparo del poder y la privatización de la cooperación venezolana, una familia, la élite partidaria en alianza con el gran capital y una minoría de la cúpula empresarial, continúan enriqueciéndose a niveles jamás vistos en la historia de nuestro país, mientras la inmensa mayoría de la población transita entre la incertidumbre y la precariedad económica.
Situación de las Fuerzas Armadas.
En anteriores pronunciamientos hemos demandado que las Fuerzas Armadas de la nación cumplan su función en estricto apego a la Constitución Política, a la que deben respeto y obediencia; protejan y defiendan la institucionalidad que la misma Carta Magna les garantiza y que además mantengan su carácter nacional, patriótico y profesional. Con alarma justificada confirmamos la acelerada cooptación de ambos cuerpos, con la pretensión de subordinarlas de manera directa y personal al dictador, en abierta violación a las leyes. Nos preocupa que se intenten violentar los plazos ya establecidos para la sucesión de mandos en el Ejército Nacional, al igual que lo hicieron en la Policía, con el objetivo de manchar la legitimidad de la institución, que fue alcanzada con muchos sacrificios.
Desde nuestra condición de Militares Retirados, apoyamos las justas demandas de los 12,000 miembros retirados del Ejército, los 5,000 oficiales retirados del Ministerio del Interior y los casi 150 mil desmovilizados del Servicio Militar Patriótico, con quienes el Estado Nicaragüense tiene una deuda histórica. Luego de cuatro gobiernos constitucionales posteriores al conflicto bélico, ninguno de ellos quiso asumir la responsabilidad de enfrentar la problemática de los veteranos de guerra, tanto del Ejército como de la Resistencia Nicaragüense, con la seriedad que correspondía. La sangre derramada todavía clama por respuestas.
Al servicio del gobierno de la época, cuyo dirigente era el mismo que actualmente usufructúa el poder, todos ellos fueron a la guerra y a la mayoría les han negado las reivindicaciones a las que tienen absoluto derecho, entre ellas las relacionadas con el acceso a la salud, educación, crédito, tierras, entrega de pensiones reducidas, de fundamental obligación legal, en tanto las cotizaciones del Seguro Social de sus miembros permanentes no fueron enteradas en los años 80´s por el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior. No menos crucial es la venta de activos del EPS, donde fue fundamentado que dichos recursos, sumados a las cotizaciones que habían dejado de ser entregados al INSS, servirían para la capitalización del Instituto de Previsión Social Militar, IPSM. Por tales antecedentes, mas el inmenso compromiso moral, instamos al Alto Mando del Ejército a involucrarse en la búsqueda de soluciones para nuestros hermanos de armas.
Llamado a la Nación.
Ante la gravedad de la situación actual debido al evidente deterioro del sistema democrático, hacemos un llamado a la conciencia nacional y patriótica de la ciudadanía, que no quiere ni desea retornar a la violencia del pasado, para enfrentar UNIDOS los intentos de consolidación de la dictadura que pretende reciclar episodios ya vividos y sufridos por todos. Al igual que en el pasado, una familia pretende dar desarrollo económico a cambio de negar libertad. Al igual que en el pasado, una familia se enriquece a costa de la pobreza de la mayoría. Al igual que en el pasado, el pueblo sabrá organizarse para reencauzar al país por la senda democrática. Llamamos a todas las fuerzas sociales, políticas, económicas, a todos los nicaragüenses dignos y honestos a presentar un solo bloque frente a la dictadura.
Llamamos a la UNIDAD de la Nación para alcanzar Justicia, Democracia y Paz.
Grupo Patriótico de Militares Retirados.
Patria y Libertad para Todos los Nicaragüenses!
Carlos Brenes Sánchez. Coronel (R)
Irving Dávila Escobar. Teniente Coronel (R)
Francisco Enríquez Torrentes. Teniente Coronel (R)
Roberto Samcam Ruiz. Mayor (R)
Sergio Martínez Vega. Capitán (R)
Pedro Rivas Guatemala. Capitán (R)
Mario Jiménez. Capitán (R)
Claudio Selva Salamanca. Capitán (R)
Camilo Grillo. Por los Desmovilizados del SMP de Chinandega.
Eduardo Bonilla. Por los Desmovilizados del SMP de León.
Saúl Gómez. Por los Desmovilizados del SMP de Granada
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