Los últimos días han sido traumáticos para la economía del país a raíz de las protestas de un grupo de oficiales retirados del Ejercito organizados en el Concejo Nacional de Defensores de la Patria, CNDP, una de varias organizaciones que aglutinan a los 12,500 oficiales que salieron en condición de licenciados del Ejército en los planes de retiro conocidos como PL 1, 2 y 3. Tal a como ha sido expresado por ellos mismos, estos no gozan en la actualidad de ningún beneficio de parte del estado, a pesar de que la mayoría de ellos estuvieron durante los años 80´s participando directamente en el conflicto bélico que durante casi 10 años asoló al país.
Las opiniones en torno a los mecanismos de protesta utilizados por los ex militares han sido criticados por unos y defendidos por otros, pero de algo existe plena certeza, los tranques a las carreteras han sido el único método que Daniel Ortega ha entendido para proceder a sentarse a negociar con este grupo, que con justicia ha demandado atención por parte del gobierno. Algunos observadores han señalado que, contrario a las protestas de la oposición o de organizaciones de la Sociedad Civil, la Policía brilló por su ausencia y si hizo presencia en algunos lugares, contrastó mucho la beligerancia que en el caso de los primeros ha demostrado en el pasado reciente, y que con los demandantes que integraron las filas del Ejercito, su actuación ha sido “excesivamente prudente”.
En realidad, la situación de la mayoría de los oficiales que salieron antes de que se conformara el Instituto de Previsión Social Militar, IPSM, es lamentable, toda vez que ninguno de ellos está en condiciones de un retiro digno, gozando de una pensión que les de estabilidad, con atención médica gratuita de calidad, acceso a medicamentos en condiciones favorables, apoyo para la educación de sus hijos menores de edad, capacitación técnica o profesional para poder integrarse en mejores condiciones al mercado laboral, atención medica especializada para los lisiados de guerra, ya que algunos de ellos tienen las mismas prótesis de hace mas de 10 años, ademas de financiamiento para respaldar sus actividades productivas.
Muchos dirán que eso no puede ser cargado en los hombros de la población, que está en iguales o peores condiciones, sin embargo, todos estos ciudadanos, 12,500 oficiales retirados del Ejercito, 5,000 oficiales del Ministerio del Interior, 150,000 desmovilizados del Servicio Militar Patriótico y cerca de 25,000 desmovilizados de la Resistencia Nicaragüense, estuvieron inmersos en un conflicto bélico que desangró al país, dieron su juventud, expusieron sus vidas y sacrificaron a sus familias por causa de la guerra; una guerra azuzada por potencias extranjeras y de la que los menos responsables fueron quienes hoy hacen justas demandas al Estado nicaragüense. Estamos hablando de aproximadamente un millón de personas, si asumimos un entorno familiar directo de al menos 5 miembros por cada uno de ellos. Un potencial conflicto social que puede llegar a alcanzar límites insospechados si no se atiende a tiempo.
Luego de cuatro gobiernos constitucionales que sobrevinieron después del conflicto armado, ninguno de ellos se preocupó por enfrentar la problemática de los Veteranos de Guerra y ofrecer soluciones mediante Políticas de Estado, como efectivamente sí lo han hecho otros gobiernos que en Centro América también vivieron y sufrieron guerras civiles por causas políticas e ideológicas. El Salvador y Guatemala han dado pasos correctos en la atención a los combatientes de ambos bandos, porque los gobiernos pasados y actuales tuvieron voluntad política para hacerlo. En Nicaragua en cambio, cada gobierno se hizo de su grupo particular de combatientes, para sus propios y mezquinos intereses partidistas y personales.
Es incomprensible que el mismo gobernante de los años 80´s que mandó a la guerra a miles de jóvenes, hoy los ignore y les de la espalda. En los cinco años del gobierno constitucional de Ortega, del 2007 al 2011, en los que gobernó con más ayuda económica internacional que ningún otro gobierno anterior, jamás se preocupó por dar solución a la situación de los Veteranos de Guerra. Antes bien, los manipuló y utilizó en labores partidarias, formando parte de los Comandos Electorales o de las fuerzas de choque del orteguismo. Su mayor ayuda fue crear la famosa Comisión de Paz y Reconciliación a cargo del Cardenal, que más que ayudar a mitigar la pobreza de quienes estuvieron en la guerra de los 80´s, se dedicó a comprar votos para el gobierno, en un clientelismo político y partidario ofensivo a la dignidad de la gente mas pobre y necesitada.
Hoy, que miles de retirados y desmovilizados contemplan el increíble enriquecimiento de la camarilla gobernante en tan pocos años, ellos también y con justa razón, exigen, reclaman y demandan una verdadera atención a su problemática por parte del Estado. La mayoría de ellos fueron abandonados a su suerte por mas de una década y sus razones tendrán para no haber reclamado antes, pero ahora que las condiciones económicas del país han llegado a extremos tales en que la canasta básica luce inalcanzable, el desempleo cada día se convierte en la plataforma para la creación de conflictos sociales mayores y mantener a la familia en condiciones dignas pareciera ser el privilegio de unos cuantos, han decidido tomar cartas en el asunto y de la única forma que al parecer entiende el gobierno, la presión en las calles.
Luego de varios días de movilizaciones y tranques, Ortega logró desmontar las protestas con la carta de siempre, negociaciones en base a promesas que no tiene la mínima intención de cumplir. Los negociadores del CNDP exigieron la presencia del comandante para iniciar las pláticas y finalizar las acciones, sin embargo se tuvieron que conformar con una delegación de cuarto nivel, que a como lo dicta la experiencia, con el tiempo irá bajando mas aun su nivel y al final tendrán que hacer fila en las puertas de la comisión del Cardenal. Ortega ha sido experto en aquello de Firmar me harás, Cumplir jamás, y esta vez nada parece indicar que las cosas vayan a cambiar.
Habrá que esperar cuál será la actitud de las otras organizaciones de oficiales retirados del EPS y del MINT, de los desmovilizados de la Resistencia Nicaragüense y aquellas que agrupan a los cerca de 150 mil desmovilizados del Servicio Militar Patriótico, SMP, sobre los que descansó el peso fundamental de la guerra y a quienes se les han negado cualquier tipo de derechos. Mientras los que usufructúan el poder no desarrollen verdaderas Políticas de Estado para atender la problemática de los Veteranos de Guerra de nuestro país con la seriedad y responsabilidad que el caso amerita, cualquier solución temporal que se pretenda dar para ganar tiempo, solamente serán parches a un vestido que tiene demasiados años de uso.
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