En la antigua Roma, el Dictador era un título otorgado por el Senado a un Magistrado, escogido por los cónsules en situaciones de emergencia o excepcionalidad. El dictador gobernaba por lo general durante seis meses y ejercía como magistrado superior del Estado. La jurisdicción civil seguía en manos de magistrados ordinarios, subordinados todos ellos al dictador. Según los historiadores, el cargo fue creado en la Roma imperial para responder a los disturbios civiles entre patricios y plebeyos, así como para que el Estado tuviera una autoridad máxima definida y única en tiempos de guerra, sin embargo, Julio Cesar, quizás el más famoso emperador romano, se proclamó dictador vitalicio hasta su muerte en el año 45 AC. Luego de su deceso, la figura del Dictador fue abolida, quizás para evitar que otro emperador tuviera la tentación de auto proclamarse dictador por el resto de sus días.
En los tiempos modernos y según la definición de Wikipedia, “la dictadura es una forma de gobierno en la cual el poder se concentra en torno a la figura de un solo individuo, el dictador, generalmente a través de la consolidación de un gobierno de facto, que se caracteriza por una ausencia de división de poderes, una propensión a ejercitar arbitrariamente el mando en beneficio de la minoría que la apoya, la inexistencia de consentimiento alguno por parte de los gobernados y la imposibilidad de que a través de un procedimiento institucionalizado la oposición llegue al poder”. Cualquier parecido de la definición anterior con lo que pasa en Nicaragua es mera coincidencia.
Según los últimos eventos políticos en la Asamblea Nacional, las bancadas supuestamente opositoras del PLC y ALN, asumiendo el rol de cónsules chapiollos del “Senado nicaragüense”, han entregado en bandeja de plata el título de Dictador al Presidente Daniel Ortega, para que asuma por encargo de ellos mismos, todos los poderes militares que le faltaban, ya que los duros tiempos de guerra en que nos encontramos, ante los invasores del poderoso imperio vecino de ticolandia que pretenden el Rio San Juan y quizás hasta la histórica y colonial Granada, así lo demandan.
En una votación a mata caballo y presionados tal vez por cumplir con el intercambio de regalos propio de estos días navideños, los supuestos diputados de oposición exhibiendo una docilidad jamás vista, aprobaron en tiempo record las tres leyes que crean, a partir de su publicación en La Gaceta, un estado policíaco con el presidente Ortega al frente del mismo, legalizado y legitimado por estas dos bancadas mal llamadas opositoras, PLC y ALN. Se cumplió a cabalidad lo que estaba previsto en el guión asignado a cada quien, aunque la férrea y a la vez patética defensa del encargado de maquillar las susodichas leyes no estaba incluida, por lo que no se sabe si este diputado es muy cándido, muy bobo o piensa que la mayoría de los nicaragüenses somos tontos. Lo más probable es que la respuesta sea, como en las preguntas de exámenes, todas las anteriores.
El PLC ha cumplido con la parte que le toca del nuevo pacto tripartito, en una dramática carrera por llegar de primero a la repartición de las prebendas con olor a promesas incumplidas. Muy de cerca y casi resoplando en la nuca de estos, los de ALN corren veloz y casi alcanzan a sus antiguos correligionarios, desesperados en no llegar de últimos a la repartición que se aproxima. Ellos también han cumplido e igualmente esperan ser recompensados con generosidad. Ambos grupos quieren tres cargos en la próxima directiva del vulgar remedo del Senado Romano y una cuota importante de los 25 funcionarios pendientes de nombramiento, para sus familiares, amigos o para ellos mismos.
Ante las próximas elecciones nacionales, conscientes del repudio provocado en la población durante todo este tiempo en que han sido material de compra y venta, no se sienten seguros de repetir en sus curules. Realista la mayoría de ellos, saben que necesitan un buen hueso que roer durante los próximos cinco años y para lograrlo habrá que hacer lo que sea necesario hacer, al mejor estilo de las proféticas palabras dichas por nuestro Embajador en Perú, repetidas hasta la saciedad en Radio Corporación para que no se le olvide a la población con quienes tratamos, a propósito de las encuestas que dan por ganador, desde ya, a un angelical Daniel Ortega.
No importa si con las tres leyes aprobadas por los “gloriosos y valientes” diputados del PLC y ALN, se le dio lo que tanto ansiaba el presidente Ortega: los mecanismos legales y jurídicos para lograr la consolidación de la dictadura por la vía que le faltaba, la militar. Ya no son necesarias las reformas constitucionales para legalizar y legitimar su reelección presidencial. Bastó crear un conflicto artificial con Costa Rica, para encender las pasiones patrioteras de los nicaragüenses y embaucar a todo el país. Sucede que, según las propias palabras de Ortega dichas durante la reciente visita del Presidente Colom de Guatemala, el diferendo con los costarricenses es “minúsculo”. El daño al país está hecho y la victoria del presidente, gracias a la contumacia de los diputados traidores a la democracia, es total. Ante tanto ofrecido, estaba más difícil robarle a un ciego en la oscuridad de la noche, pidiendo las debidas disculpas a los amigos no videntes.
Con tanto poder depositado en las manos de Ortega, se ha escogido la ruta más dura y difícil para la oposición, la del fraude electoral, que iniciará con una violación mas a la Constitución Política, al permitirle ser candidato en el 2011, pasando por encima de la doble prohibición constitucional y para rematar, con el actual Consejo Supremo Electoral contando los votos de los nicaragüenses el próximo año. El mismo Consejo que fraguó el robo de las elecciones municipales del 2008, que cuatro años después no ha entregado los resultados finales de la elección del 2006 y que viola las leyes a diestra y siniestra, sobre todo cuando de rendir cuentas de gastos se trata.
Ahora, con las leyes aprobadas y que le dan al presidente Ortega poderes omnímodos en el plano militar, solamente con una montaña de votos que hagan imposible el robo de las próximas elecciones y con la firme voluntad de defender este voto en las calles, podremos los nicaragüenses, que ansiamos vivir en paz y en libertad, evitar que se repita en Nicaragua la historia del Emperador Julio Cesar, auto proclamado Dictador Vitalicio del Imperio Romano, máxime si nos atenemos a la amenaza del presidente Ortega de vivir hasta los 97 años. Ante esta posibilidad, que Dios nos agarre confesados.
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