DESESPERADA BUSQUEDA DE LEGITIMIDAD

Durante los últimos días hemos visto acciones desesperadas del comandante Ortega intentando le legitimidad de su inconstitucional tercer periodo, no solo al interior de su desgastada militancia, sino también dirigida hacia el exterior, en la búsqueda afanosa de recuperar la confianza perdida por la comunidad internacional, Europa y Estados Unidos fundamentalmente, originada por los tres fraudes consecutivos en sendos procesos electorales: Elecciones Municipales del 2008, Elecciones Regionales del 2010 y Elecciones Nacionales del 2011.

En efecto, primero fue la iniciativa de ley conocida como Ley 50 – 50, un invento que roza con la Ley Electoral, dirigido a aplacar el descontento de las mujeres, el sector más golpeado por las constantes e inalcanzables alzas de la canasta básica, que según fuentes oficiales del BCN, al mes de Marzo se encontraba en C$ 10,095.40, habiéndolo recibido en C$ 2,937.70 de manos del Presidente Bolaños. Son las mujeres, la inmensa mayoría pobres, las que más están sufriendo el impacto del elevado costo de la vida, a partir de la llegada de Ortega al poder en el 2007, ya que son ellas las que tienen que hacer malabares para que alcance el presupuesto familiar, con el agravante de que lograr un empleo digno y estable es cada día más difícil de conseguir, amén de los salarios de hambre a los que hay que conformarse. Son las mujeres las que tienen que soportar la inmensa carga de ser padre y madre en una buena parte de los hogares nicaragüenses, sea porque los hombres están fuera del país buscando el empleo que no encuentran aquí o sencillamente por irresponsabilidad. Sin embargo, esta ley está muy lejos de servir de consuelo a miles y miles de mujeres que no alcanzarán en las listas del partido para aspirar a cargos públicos, toda vez que sean los comisarios políticos quienes escogerán a las elegidas para vivir del erario público.

Pero esto no bastaba, el asunto de quedar bien con las mujeres estaba zanjado, ahora el problema estaba en meter a la mayor cantidad posible de ellas y como dice la canción “Nuay cama pa´tanta gente”, por lo que surgió la genial idea de triplicar los concejales en todos los municipios. Con esto se solventaba el problema interno y se hacía espacio para incluir también a los aliados que harán el coro en el próximo circo electoral del 4 de Noviembre. Se asegura que no habrá incremento del presupuesto, ni mayores gastos por la iniciativa, algo que ni ellos mismos se lo creen, a menos que los candidatos a ocupar las concejalías y los nuevos cargos que acechan bajo el anuncio de “Concejos Ampliados”, se conformen con recibir migajas salariales en momentos en que el comandante Ortega está solicitando un aumento de salarios a sus funcionarios del gobierno central. O habría que preguntarle a la militancia que, igual que la mayoría de la población atraviesa difíciles condiciones económicas, si es ejemplar que la cúpula se enriquezca desproporcionadamente e incursionen en cuanto negocio se les ocurra  gracias a los petrodólares chavistas y a ellos les pidan que el poco salario que ganan como concejales, ahora lo tengan que repartir entre tres. Socialista, Cristiana y Solidaria la petición, pero el ejemplo que dan los de “arriba” en nada se parece a lo que les están pidiendo a los de “abajo”.

Resuelto, aparentemente, el problema a lo interno, queda lo más complicado, convencer a la comunidad internacional que las recomendaciones hechas a raíz del fraude electoral por las Misiones de Observación Electoral de la Unión Europea y de la OEA serán atendidas. La situación internacional, decíamos en Editoriales anteriores, es la que se le presenta a Ortega más complicada. 1) Serios señalamientos hechos por parte de la Unión Europea motivados por el fraude electoral del pasado 6 de Noviembre,  lo que ha alentado a que mas países y agencias de cooperación anuncien su decisión de suspender la ayuda a nuestro país, la última de ellas, la Agencia de Cooperación Catalana; 2) la amenaza del rechazo a la aprobación de los dos Waiver previstos para este año por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos, lo que repercutiría en el acceso a los fondos concesionales del Banco Mundial, el FMI y el BCIE, entre otros; 3) la precaria salud de Hugo Chávez, quien al parecer ya asumió la irreversibilidad de su situación personal, lo que dejaría un complicado escenario político en Venezuela, ya que el chavismo tendría que optar por nombrar al sucesor de Chávez en el más breve plazo o ir a las elecciones de Octubre próximo con un candidato moribundo, lo cual, en ambos casos no es garantía de victoria electoral, a menos que de Nicaragua se envíe en calidad de refuerzo a Roberto Rivas para “asesorar” a los que contarán los votos en Venezuela. El cuarto elemento de la situación internacional lo representa la crisis económica mundial, que a como se está viendo, tendrá un efecto muy fuerte en Nicaragua, ya que somos excesivamente dependientes de muy pocos productos de exportación, mismos que están viendo disminuidos sus precios en el mercado externo.

Ante este sombrío panorama internacional, Ortega tomó la iniciativa enviando a su Canciller a Bruselas para anunciarles el paquete de reformas electorales que se introducirían a la Asamblea Nacional, en la búsqueda de calmar los ánimos de los europeos y tratar de disminuir las eventuales presiones económicas que es de esperar sean ejecutadas si no se atienden las recomendaciones hechas por la Misión de Observación Electoral. Con esto pretende “matar dos pájaros de un tiro”, ya que también seria la carta de presentación que le mostraría a la nueva Embajadora de los Estados Unidos, próxima a venir al país, como una muestra de su repentina reconversión e interés por la democracia, las elecciones libres, justas y transparentes.

Sin embargo habrá que ver si ellos permitirán que les den “atol con el dedo” a como pretende Ortega, acostumbrado a dárselo a los nicaragüenses, ya que la principal demanda nacional e  internacional y condición sine qua non para devolver la esperanza electoral a la nación, es la salida inmediata de TODOS los magistrados del Consejo Supremo Electoral, los que, además de ser funcionarios de facto, están señalados con pruebas fehacientes, masivas y documentadas, de violentar la decisión soberana del pueblo en los tres últimos procesos  electorales y para rematar el asunto, su presidente, el magistrado de facto Roberto Rivas Reyes, ha sido señalado de innumerables actos de corrupción al frente de la institución que dirige y está siendo esperado en Costa Rica para que responda a las acusaciones de enriquecimiento ilícito que se le imputan, ya que en Nicaragua goza de la total impunidad que le garantiza el mismo Ortega, por los mismos delitos por los que es acusado en la vecina del sur. 

Finalmente, pareciera ser que esta ofensiva diplomática y legislativa está dejando por fuera a aquellos que pretendían ser los interlocutores de un nuevo pacto, el que aparentemente ya no es del interés de Ortega, debido a que considera que está lo suficientemente fuerte a nivel nacional y asume que con la debilidad mostrada por la oposición, la comunidad internacional se verá obligada a tener que entenderse con él. A los que ansiaban convertirse en los sucesores de Arnoldo Alemán, solamente les quedará la triste misión de aprobar todo lo que el dictador envíe a la Asamblea Nacional, sumándose al coro vergonzante del “Grupo de los 63”, so pena de no agarrar los cargos que de seguro ya les tienen escogidos. 

CAMBIO DESCARADO E ILEGAL DEL SISTEMA POLITICO

Las decisiones tomadas por el orteguismo en los últimos días evidencian de manera descarada el cambio de sistema político en el país. No podría esperarse menos de un gobierno y un presidente inconstitucional ”legitimado” por un Consejo Supremo Electoral de facto y con autoridades en los demás poderes del estado también ilegales, fraudulentos y al margen de la ley.

A partir del 2007, año en que Ortega accedió al poder en elecciones cuyos resultados todos aceptamos, a pesar de que a la fecha aún se desconoce el paradero del 8 % de los mismos, se ha venido desmontando paulatina e indeteniblemente el sistema político y de gobierno que recibió de manos del ex presidente Bolaños y que a su vez este recibió de los dos gobernantes anteriores a él, Arnoldo Alemán y doña Violeta Barrios de Chamorro, quienes transformaron el sistema político heredado de la Revolución, que entre sus mayores problemas dejaban el mal recuerdo y la casi institucionalización del hegemonismo del partido único, la visión totalizante y totalitaria de la sociedad, la conculcación de las principales libertades y derechos de los nicaragüenses  y la concepción de un estado policíaco.

Si bien es cierto que los gobiernos de la post guerra trataron de restablecer la democracia en nuestro país, tampoco es menos cierto que este proceso sirvió para que grupos de vivianes se coludieran con el poder de turno y aprovecharse del erario público, en la continuidad del latrocinio somocista  que enriqueció a no pocos delincuentes de cuello blanco, quienes tenían como excusa el haber sido confiscados por la Revolución, confiscación de riquezas muchas de ellas producto del robo y saqueo a las arcas del estado.

Durante los 16 años de gobiernos neoliberales democráticos, el actual es neoliberal - dictatorial, Ortega y el orteguismo participaron de todas las decisiones tomadas en todo este periodo, sea por que gobernaron desde abajo o cogobernaron por la vía del chantaje, la presión o el pacto. Quieranlo o no, son parte indisoluble de la historia de esos 16 años de gobierno. Así, estuvieron en la privatización de las empresas de la CORNAP y la repartición de las del APP, en la privatización de los servicios públicos, electricidad y telefonía, en la quiebra de bancos, en la repartidera de cargos de las instituciones del estado, en la privatización del sistema de salud a través de las Empresas Medicas Previsionales, vilipendiadas y muy bien aprovechadas por ellos, en la aprobación del CAFTA, del que renegaron a más no poder, pero no tuvieron la valentía de asistir a la Asamblea a votar en contra de él, por oportunismo o por el eterno doble discurso que manejan para afuera y para adentro del partido.

Ahora, la situación ha cambiado y con un Ortega dueño de una cuantiosa fortuna hecha gracias, y no podía ser de otra forma, al abuso del poder y estando al frente de un gobierno autoritario y dictatorial en el que maneja a su gusto y antojo todos los resortes del gobierno y del estado, resulta necesario asegurar la continuidad del poder, aun en las peores condiciones. De hecho, las condiciones internacionales se presentan altamente desfavorables en estos momentos y en el futuro inmediato, toda vez que su mecenas y patrocinador Hugo Chávez no continúe en la escena política, amén de que los Estados Unidos aun no se deciden a aprobar o negar los famosos Waiver, sobre todo debido al profuso cabildeo hecho en los propios Estados Unidos, orientado por los operadores económicos del gobierno, por un sector del empresariado nacional, lo que ha dejado un margen de duda a la Administración Obama.

Sin tener clara la sucesión en Venezuela y con un serio cuestionamiento a la legitimidad y legalidad de su tercer mandato y segundo consecutivo (violatorio del Arto. 147 de la Constitución) por parte de Europa y los mismos Estados Unidos, Ortega está tomando todas las previsiones posibles para continuar manteniendo esos resortes de poder aun estando nominalmente fuera del Gobierno, posiblemente a través de un Referéndum Revocatorio amarrado previamente con la “oposición” pactista, en caso de que la situación internacional se torne inmanejable. Por eso vemos que las últimas medidas tienen que ver con asegurar la hegemonía orteguista pasando encima de la Constitución y las leyes. Por eso es que aun no se deciden a llamar a las elecciones municipales, hasta no tener asegurado el control de no menos de 135 alcaldías, sea con mayoría propia, con dóciles aliados, con topos o a través de “opositores a la medida”. 

La ley 50 – 50, persigue, además de haber sometido al tanteo la capacidad de aguante de los diputados opositores ante la violación flagrante de la Constitución, buscar como congraciarse con el voto y la voluntad de las mujeres nicaragüenses, mediante un grosero acto populista y propagandístico, que pretende contrarrestar el creciente malestar de las amas de casa, cuya economía familiar se encuentra seriamente golpeada debido al inalcanzable costo de la canasta básica. El recién aprobado código de la familia pretende, además de dividir nuevamente a las familias nicaragüenses, darle estatus de orejas oficiales a los CPC hasta en el seno mismo de los hogares, en una reedición aumentada y corregida de los fracasados CDS de triste recordación. Por último, la próxima propuesta a aprobarse en la Asamblea Nacional de triplicar el número de concejales en las alcaldías municipales, busca como mantener la mayoría orteguista en los Concejos Municipales, de paso aplacar las demandas de democracia interna hecha por miles y miles de militantes del partido orteguista en la mayoría de los municipios del país y garantizar que todos aquellos partidos de alquiler que vayan a las elecciones municipales tengan su premio con alguno que otro concejal. El mensaje es, indudablemente, que todos alcanzaran en la nueva repartidera de cargos en los municipios porque el partido vela y se preocupa por ellos.  

Leyes aprobadas al margen de la legalidad, que violentan la constitución misma ya que contradicen la Ley Electoral de innegable rango constitucional, pretendiendo subordinarla en una maniobra burda a la Ley de Municipios o usando a esta ultima como la vía para legalizar lo ilegal. En todo caso se trata de un nuevo intento de transformar nuestra democracia representativa, la misma con la que Ortega recibió el poder en el 2007, en una democracia directa, en la que el pueblo es Ortega  y Ortega encarna al pueblo mismo. En el peor de los casos, estando fuera del poder, tomar las decisiones basado en la hegemonía que tendría asegurada con todos los resortes del poder en sus manos, ya sea en las instituciones del estado, en las alcaldías municipales, en el barrio, en la cuadra y en el hogar mismo.

Una perversión facistoide a la que el pueblo consciente, no lo dudamos, la rechazara una vez más.  

RESTITUCION DE DERECHOS ENERGETICOS SOLO PARA UNA FAMILIA

Para nadie es un secreto que los precios del petróleo son los que definen el costo de la vida en nuestro país. De este depende el costo de la tarifa eléctrica, que es la que determina de manera importante los costos de producción y por consiguiente el precio final de lo que compramos en el mercado. Si sube el petróleo, sube el costo de la tarifa eléctrica y si sube la luz, sube todo aquello que usa energía eléctrica para producirse.

La famosa Matriz Energética, que no es más que la relación existente entre las distintas fuentes de generación eléctrica, todavía nos hace excesivamente dependientes del petróleo para generar energía. En Nicaragua, aproximadamente el 75 % de la energía que se genera es a base de derivados del petróleo y el 25 % restante es generación Hidroeléctrica, Eólica, Biomasa y Geotérmica. Mientras esto no cambie, seguiremos condenados a sufrir en carne propia las alzas constantes del precio del crudo, cuya tendencia en el mediano plazo es a continuar incrementándose ya que son recursos no renovables, independientemente de que se anuncie del descubrimiento de nuevos yacimientos petroleros. Cualquier alza en el precio del petróleo, impacta en los precios de los combustibles, ya sea el que se utiliza en el transporte o el que se utiliza para generar electricidad, Fuel Oil o Bunker y esto a su vez impacta en los precios de la canasta básica, el dolor de cabeza de la población nicaragüense.  

Si la leche es refrigerada, sube el precio del litro de leche en la pulpería porque el pulpero tiene que pagar más en su recibo de luz debido al incremento del mismo por usar la mantenedora, la refrigeradora o el freezer. Suben las verduras y los vegetales porque el costo del transporte ha subido debido al alza semanal del combustible. Sube el precio del arroz porque el costo de la energía que utilizan los equipos de riego aumentó y ese costo lo tiene que pagar el consumidor no el productor. Suben los frijoles porque, además de la escasez del producto debido a las exportaciones, hay que sumarle el costo del transporte para llevarlo del productor al mercado, debido al alza del diesel o de la gasolina. En fin, los ejemplos abundan para clarificar que dependemos del petróleo como el pez del agua y que cualquier movimiento alcista del barril de crudo nos afecta de manera directa.

El alza puede ser debido a mayores costos de producción en los países donde se extrae o debido a la especulación que los grandes intermediarios mundiales hacen para inflar el precio y sacar las mayores ganancias posibles. Se calcula que el costo de producir un barril de petróleo son aproximadamente 15 dólares. La especulación se puede originar por noticias alarmantes o sencillamente por hechos que a lo mejor nada tienen que ver con la realidad. La guerra en Irak, la posibilidad de que Israel ataque a Irán y la amenaza de bloquear el Estrecho de Ormuz, inclusive el lanzamiento de un cohete norcoreano ha servido de excelente excusa para elevar artificialmente los precios del barril de petróleo a nivel mundial. Igualmente se puede aumentar el precio del barril cuando hay un convenio entre privados y ambos, comprador y vendedor, deciden poner un sobreprecio a su valor real, como pareciera ser que ocurre entre Nicaragua y Venezuela, ya que estamos pagando desde el año pasado mas de US $ 15 dólares por barril encima del precio fijado al crudo de Texas (WTI) que es el que sirve como referencia  a esta parte del mundo. Los países que no producen petróleo, como el nuestro, están condenados a sufrir el impacto del vaivén de los precios en sus economías, ya sea por las condiciones de los productores o por el capricho voraz de los agentes intermediarios y comercializadores.

En el caso de Nicaragua, desde el año 2007 fue suscrito un convenio petrolero con Venezuela, supuestamente de Estado a Estado, que nos garantizaría el suministro del crudo en condiciones súper favorables, ya que la factura petrolera se pagaría el 50 % a tres meses y el restante 50 % a 25 años. Esto significaba la posibilidad de tener combustible a menores precios y que el cambio de la matriz energética se diera al menor costo posible para todos nosotros, ya que el gobierno no estaría agobiado, a como lo estuvieron los anteriores, por pagar de inmediato el petróleo importado, una factura que ha sido una pesada carga en nuestra débil economía. Habría un compás de espera que serviría como un colchón para amortiguar la transición tan esperada entre la generación a base de derivados del petróleo y la generación mediante fuentes más baratas y renovables.

La famosa Matriz Energética sería finalmente transformada y las economías familiares a su vez serían altamente beneficiadas. Una bendición para los nicaragüenses, que no solamente se despedirían de los famosos apagones que nos atormentaron durante 26 años, sino que la mejoría de las condiciones de vida estaba a la vuelta de la esquina, ya que lo que pudiera considerarse como un ahorro, podría ser dirigido hacia otras áreas que habían estado esperando ser atendidas: infraestructura vial y productiva, salud, educación, viviendas, inversión en desarrollo tecnológico, desarrollo de la agroindustria, etc. etc.

Sin embargo, hay cosas que son demasiado buenas para ser verdad y lo que en realidad pasó fue que un convenio entre dos estados soberanos se convirtió de la noche a la mañana en un convenio privado entre el Estado venezolano y un grupo familiar, que poco a poco se fue convirtiendo en el mayor emporio empresarial del país y por cosas de la vida, este grupo familiar resultó ser también la familia gobernante. Del 2007 a la fecha se calcula, según cifras oficiales venezolanas, que el usufructo del convenio en mención ronda los U$ 2,500 MILLONES DE DOLARES, sin incluir las ganancias provenientes de la privatización ilegal de las plantas donadas por Venezuela y Taiwán, las que basadas en el convenio con el Ministerio de Energía y Minas, MEM, se tiene que pagar a los “inversionistas” US $ 14.0352 por Kilowatt hora de potencia instalada durante los quince años que dure el convenio, independientemente de si generen o no energía, el pago por generación es aparte. La capacidad instalada nominal de acuerdo a la información del INE es la siguiente: las plantas Hugo Chávez 291.20 MW y las plantas Che Guevara 231.20 MW, sumadas ambas disponen de 522.4 MW, equivalente al 47.76 % de la capacidad instalada nacional. Para tener una idea de lo que esto significa, durante el año 2011 la demanda máxima anual en promedio fue de 569.5 MW.

Haciendo números nos daríamos también una idea de las ganancias actuales y futuras por las famosas plantas generadoras, a las que habría que agregar las correspondientes al manejo del monopolio de la importación del petróleo. Estas ganancias deberían estar siendo usufructuadas por el pueblo nicaragüense, no por un grupo empresarial familiar. Deberían de estar contribuyendo al desarrollo del país, no enriqueciendo a una casta de nuevos empresarios inescrupulosos. Deberían de estar incidiendo en disminuir los precios del combustible tanto para el transporte público como el privado. Deberían estar subsidiando el costo de la tarifa eléctrica para dar un respiro a la economía familiar de todos los nicaragüenses, en vez de estar financiando al estado para convertir en deuda pública una deuda privada. De ser una bendición para el país, el convenio petrolero con Venezuela se ha convertido en una maldición que nos condena a vivir endeudados quien sabe por cuantos años con el prestamista de la familia que, con la misma plata del petróleo, le presta al estado nicaragüense para supuestamente subsidiar combustible y luz, préstamo que tendrá que ser pagado por los consumidores, ya sea con el aumento de la tarifa eléctrica o a través del presupuesto de la nación. Un negocio mas que redondo en el que muy pocos participan y en donde el pueblo es el invitado de piedra a cuyo nombre, igual que siempre, se conquistan nuevas victorias.

    

LA COYUNTURA POLITICA DE SEMANA SANTA

Es de suponer que estos próximos días, en que se recuerda la Pasión y Muerte de Jesús, sea un período de reflexión para todos los ciudadanos, ya que la tradición heredada de nuestros ancestros así lo demanda. Son días en que unos aprovechan para el escape veraniego, otros para mantener el fervor religioso, y otros más, sencillamente para poner la casa en orden y descansar un poco. Sin embargo, se ha vuelto una tradición, que durante el periodo de las vacaciones de Semana Santa, los políticos aten todas sus negociaciones y aprovechan la siguiente semana, la de Pascua, en que la población está exhausta por el cansancio y los gastos que hay que sumar a los de meses anteriores, para dar a conocer lo que ellos han decidido y amarrado. Una versión a la nica de los arreglos entre pretores y gobernadores romanos, allá en las alturas, que a la gleba, allá abajo, no le queda mas remedio que aplaudir o refunfuñar. Demasiados problemas en la economía familiar dejarán las vacaciones, como para ponerle atención a lo que hacen y deshacen los políticos. La tradición vuelta perversión por parte de quienes, sin el menor escrúpulo, han estado dispuestos, ya sea a crucificar a Jesús o bien a Barrabas, en dependencia del cálculo político que haya que hacer al momento de tomar la decisión.

En el ambiente previo a la Semana Mayor, se percibe que los puntos y comas de la famosa negociación entre un sector de la oposición “pragmática”, llevada de la mano por el Gran Capital y la cúpula orteguista, serán definidos en su totalidad posiblemente en una de las playas del Pacifico, para darle el tradicional marco “mareño” a un nuevo amarre político, que como todos los anteriores, será “por el bien de Nicaragua”. Muchos políticos criollos tienden a confundir los intereses particulares y de sus grupos partidarios, con los intereses del resto de los nicaragüenses. Y los grandes empresarios siempre tienen la mala costumbre de creer que lo que es bueno para ellos es lo mejor para el pueblo. Queremos a Nicaragua, repiten hasta el cansancio y la quieren tanto que no pretenden dejar nada para los demás.

Pragmáticos y Grandes Empresarios van, como en una carrera contra el tiempo, desesperados por alcanzar acuerdos con Ortega. El panorama internacional no pinta nada bien y el golpe de timón que quieren dar en estos días, suponen debe traer la estabilidad y legitimidad que tanto desean quienes están más preocupados por los negocios que por la institucionalidad y el estado de derecho en nuestro país. Pretenden sepultar los reclamos del fraude electoral de las elecciones del 6 de Noviembre. Consideran que así como el pueblo ya olvidó el fraude de las elecciones municipales del 2008 y de las regionales del 2010, también debe olvidar el del 2011. Desean que hagamos borrón y cuenta nueva, pues esto no es bueno para la estabilidad macroeconómica. No importa si la inestabilidad microeconómica de la mayoría de las familias nicaragüenses nos está llevando a una crisis social próxima a estallar.

La probable suspensión del Waiver por parte del Departamento de Estado Norteamericano y la ya casi oficial irreversibilidad del estado de salud de Hugo Chávez, está poniendo nerviosos al Gran Capital por un lado y al gobierno por el otro. En el primer caso, es de esperarse que los Estados Unidos se sumarían a una eventual posición de mayor dureza de los países de la Unión Europea, lo que tendría un impacto severo en las relaciones con los organismos multilaterales (FMI, BM, BID) y las posibilidades de acceder a los préstamos concesionales de los que ha disfrutado Nicaragua durante todos estos años. En el segundo caso, sumado a lo anterior, la casi segura desaparición del escenario político del Presidente Venezolano en el futuro inmediato, estaría obligando al régimen orteguista a replantearse su estadía en el poder, toda vez que la continuidad al frente del mismo, con las acusaciones de fraude y el gran peso de ilegitimidad internacional que acarrea, no asegurarían mantener a buen recaudo las multimillonarias ganancias acumuladas gracias al convenio petrolero con Venezuela.

El casi seguro pacto que se amarre en Semana Santa y que a decir verdad, se cuece desde tiempo atrás, podría traernos como novedad la posibilidad de que por la vía legal y antes de terminar los cinco años de gobierno, el orteguismo pueda pasar a la oposición, ya que un escenario sin Hugo Chávez, sin convenio petrolero privado, sin la cooperación europea y norteamericana, sumado al cierre de las puertas del financiamiento internacional, no garantizan conservar el capital acumulado. Obviamente, se asegurarían de tener todos los mecanismos de control en las instituciones del estado, sobre todo de la Corte Suprema de Justicia, retocadas por supuesto en las negociaciones, y en la mayor parte de las alcaldías del país. Esto sería, ni más ni menos, un orteguismo sin Ortega y hecho a tiempo.  Otra novedad que podrían traernos las negociaciones, sería una eventual posposición de las elecciones municipales previstas  para el próximo mes de Noviembre, algo que beneficiaría a las dos agrupaciones pactantes, FSLN y MVCE, ya que los reclamos de democracia interna de la base orteguista en la mayoría de los municipios aun no ha sido resuelta, antes bien, estos se han profundizado. El MVCE tendría tiempo para tratar de recomponer su situación política en los municipios, la que quedaría totalmente deslegitimada, en una reedición, como copia al carbón, del agüerismo después del Kupia Kumi. No nos asustemos si en otra de las novedades del pacto se plantea el cambio del sistema político, para pasar del actual presidencialismo al parlamentarismo que tiempo atrás propusieron. 

Como puede apreciarse, el pueblo nicaragüense no tendría ni arte ni parte en este amarre. No serían pláticas para buscarle solución al alucinante incremento del costo de la canasta básica, a las semanales alzas de precios de los combustibles, al alza de la tarifa eléctrica, al alza del transporte, a la falta de abastecimiento de agua en un sinnúmero de barrios y comunidades del país, a las pensiones reducidas que reclaman jubilados y militares retirados, a la falta de empleo, a la inseguridad ciudadana, a la migración por razones económicas, a la corrupción gubernamental, a la falta de institucionalidad, a la falta de democracia, a la falta de credibilidad en el sistema electoral, al robo de las elecciones, etc. etc. etc. Un nuevo pacto daría un respiro al régimen inconstitucional y míseras prebendas a la contraparte. No refundarían al país, pero es casi seguro que nos seguirían refundiendo a todos.

Conformar una Mesa Nacional de Concertación o un verdadero Dialogo Nacional es lo único que podría dar estabilidad al país, en tanto todas las fuerzas estarían representadas y poniendo sobre la mesa una verdadera Agenda Nacional que nos incluya a todos.

EN EL UMBRAL DE UN NUEVO PACTO

“Nosotros nos oponemos rotundamente a un diálogo

que aparentemente lo que pretenden es repartirse alguna carroña”

Maximino Rodríguez

Casi todos los historiadores nacionales coinciden que en Nicaragua han habido catorce pactos a través de las diferentes etapas históricas en que ha transitado nuestro país y aunque muchos no se ponen de acuerdo en incluir como el numero quince al Protocolo de Transición, realizado el 27 de Marzo de 1990 entre Humberto Ortega y Antonio Lacayo, la inmensa mayoría coincide en que de todos ellos, solamente uno ha beneficiado a los nicaragüenses, el llamado Pacto Providencial, del 12 de Septiembre de 1856, mismo que fue acordado entre los líderes Democráticos y Legitimistas (liberales y conservadores), Máximo Jerez y Tomas Martínez, para unir a todas las fuerzas de la nación en contra de los filibusteros que encabezaba William Walker. Existe también uno llevado a cabo entre nacionales y extranjeros, el famoso Pacto del Espino Negro, firmado el 4 de Mayo de 1927, entre el Coronel Henry Stimpson y el General José María Moncada. Este es más famoso por las consecuencias que tuvo, que por el pacto en sí, ya que el mismo sirvió para dar inicio a la lucha que libró el General Augusto Cesar Sandino en las montañas segovianas y que finalizó el 2 de Febrero de 1933.

Entre los pactos más famosos en la historia de nuestro país, apartando los dos anteriormente citados, se encuentra el Pacto de los Generales, suscrito el 3 de Abril de 1950 entre el General Anastasio Somoza García y el General Emiliano Chamorro, caudillos ambos de los partidos Liberal y Conservador respectivamente. En este, luego de la consabida repartición de cargos en el estado y curules parlamentarios, se hizo una reforma constitucional que le permitió a Somoza García poder presentarse como candidato a la reelección en las elecciones previstas para 1956, lo que no pudo concluirse por haber sido ajusticiado a manos del poeta Rigoberto López Pérez  un 21 de Septiembre de este año en el Club de Obreros de León.

Otro pacto, no menos famoso, fue el que llevaron a cabo el General Anastasio Somoza Debayle, descendiente y continuador de la dinastía de los Somoza y el Dr. Fernando Agüero Rocha, líder del Partido Conservador, el 28 de Marzo de 1971. Este es conocido en la historia como El Pacto del Kupia Kumi, “Un Solo Corazón” en lengua misquita y al igual que el anterior, repartía curules en las Cámaras de Diputados y del Senado, 60 % para los liberales y 40 % para los conservadores, así como una proporción de cargos en los diferentes poderes del estado, para conservar la “armonía” en el país. A cambio, se reformaba la Constitución Política para permitir la reelección de Somoza Debayle. Aunque la responsabilidad ante la historia la carga el Dr. Agüero, no es menos cierto que fueron los grupos económicos de las familias conservadoras las que empujaron el pacto, no para buscar una salida al somocismo, sino para coexistir con él y de paso, disfrutar del botín en que se ha concebido desde siempre al presupuesto nacional.

Finalmente, llegamos al último de esta galería del oprobio, el pacto suscrito entre Arnoldo Alemán y Daniel Ortega en el año 1999, bautizado como el Pacto de los Mengalos por quien fuera alguna vez el ideólogo del orteguismo, el Dr. Orlando Núñez Soto. Como una continuidad de la “tradición” de la clase política de nuestro país, ambos caudillos velaron por sus intereses personales y de sus cúpulas partidarias, quedando a salvo de las acusaciones de robo al erario público uno y abuso sexual en contra de su hijastra el otro, repartición proporcional de las instituciones del estado entre ambos partidos, inmunidad parlamentaria para uno y allanarle el camino a la presidencia para el otro. Este pacto ha sido, y en esto coinciden todos, el que desmanteló la institucionalidad del país, permitió la demolición del estado de derecho y pavimentó el camino para que hoy presenciemos la consolidación de la dictadura orteguista. El pacto Alemán – Ortega ha sido el único en el que, el que busca pactar como segunda fuerza política, se lleva la mejor parte. La expresión más clara del divorcio entre "inteligencia política" y testosterona.   

Como se puede apreciar con los tres pactos más emblemáticos en la historia de nuestro país, quienes accedieron a complacer al dictador de turno o en el caso del último, a alguien con antecedentes dictatoriales comprobados, pasaron de ser líderes o caudillos con legítimo arrastre popular, a figuras repudiadas por las generaciones que los precedieron. Vieron en poco tiempo desmantelado dicho arrastre y lo que es peor, condenados a formar parte de la galería de la ignominia que la historia les reserva a aquellos que traicionan a quienes depositaron su confianza en ellos.

En los últimos días, y quizás no tan últimos, se viene hablando con insistencia de una eventual negociación entre Daniel Ortega y un sector de la oposición aglutinados en el Movimiento Vamos con Eduardo, para, según sus defensores, enrumbar al país en la senda democrática y restablecer la institucionalidad y el estado de derecho. Resulta incomprensible que a estas alturas se hable de pláticas, negociaciones o pacto con quien, sin ningún miramiento, continúa su paso arrasador de lo poco que ha dejado, precisamente de esa institucionalidad y estado de derecho, que ingenuamente se pretende restablecer. Jamás se ha visto en la historia de nuestro país, que quien se sienta a negociar, regrese al dictador de turno al cauce democrático. Jamás. Antes bien, la historia lo que nos dice es que son los que llegan a negociar quienes regresan contentos por los acuerdos alcanzados, lastimosamente a cambio de dejar en peor situación la democracia en el país. No hay un solo caso en que acuerdos de cúpulas hayan llevado beneficios al país.

Pareciera que todavía no se entiende o no se quiere entender por una parte de la clase política, que la ilegitimidad del régimen inconstitucional de Ortega es su mayor debilidad y que de alguna manera trata de legitimarse mediante un interlocutor político que él mismo se da el lujo de escoger, toda vez que los interlocutores económicos que le interesan ya lo han hecho. El Gran Capital está totalmente de acuerdo con el estado de cosas existente en el país. Están usufructuando parte de las fabulosas ganancias que la relación entre Hugo Chávez y Daniel Ortega les proporcionan, pero necesitan de una vez por todas estabilizar, a nivel nacional e internacional, la situación de ilegalidad e ilegitimidad del régimen, para que haya más ganancias. Necesitan ayudarle a Ortega en la “pacificación” del país a cambio de una mayor cuota en los negocios. No importa si los derechos ciudadanos han sido severamente coartados, no importa si hubo fraude electoral, tampoco importa si habrá un nuevo fraude en las elecciones municipales o si la Constitución Política es papel mojado a quien nadie le interesa respetar.

Valdría la pena que quienes están empecinados en marchar hacia el abismo, se vean en el espejo del Dr. Fernando Agüero Rocha, quien empujado por el Capital Oligárquico Conservador de la época, se aventuró a pactar con Somoza. Las consecuencias que la historia le reservó todos las conocemos, sin embargo, nadie menciona a quienes estuvieron detrás de él, los eternos anónimos que mueven los hilos de los políticos a quienes consideran sus marionetas, los que nunca dan la cara, los que exponen a los demás y nunca se exponen ellos, los indemnes de siempre. Estos mismos, que han dejado de ser ideológicamente conservadores o liberales y tienen un solo partido, el del dinero, son quienes ahora, como una continuidad del 71, siguen moviendo los hilos, solo que esta vez en sociedad con el dictador. Empujan un nuevo pacto, cuyo nombre de bautizo bien podría ser El Pacto de los Oligarcas, un pacto entre la vieja y la nueva oligarquía.  

LA PROBLEMATICA DE LOS VETERANOS DE GUERRA

Los últimos días han sido traumáticos para la economía del país a raíz de las protestas de un grupo de oficiales retirados del Ejercito organizados en el Concejo Nacional de Defensores de la Patria, CNDP, una de varias organizaciones que aglutinan a los 12,500 oficiales que salieron en condición de licenciados del Ejército en los planes de retiro conocidos como PL 1, 2 y 3. Tal a como ha sido expresado por ellos mismos, estos no gozan en la actualidad de ningún beneficio de parte del estado, a pesar de que la mayoría de ellos estuvieron durante los años 80´s participando directamente en el conflicto bélico que durante casi 10 años asoló al país.

Las opiniones en torno a los mecanismos de protesta utilizados por los ex militares han sido criticados por unos y defendidos por otros, pero de algo existe plena certeza, los tranques a las carreteras han sido el único método que Daniel Ortega ha entendido para proceder a sentarse a negociar con este grupo, que con justicia ha demandado atención por parte del gobierno. Algunos observadores han señalado que, contrario a las protestas de la oposición o de organizaciones de la Sociedad Civil, la Policía brilló por su ausencia y si hizo presencia en algunos lugares, contrastó mucho la beligerancia que en el caso de los primeros ha demostrado en el pasado reciente, y que con los demandantes que integraron las filas del Ejercito, su actuación ha sido “excesivamente prudente”.

En realidad, la situación de la mayoría de los oficiales que salieron antes de que se conformara el Instituto de Previsión Social Militar, IPSM, es lamentable, toda vez que ninguno de ellos está en condiciones de un retiro digno, gozando de una pensión que les de estabilidad, con atención médica gratuita de calidad, acceso a medicamentos en condiciones favorables, apoyo para la educación de sus hijos menores de edad, capacitación técnica o profesional para poder integrarse en mejores condiciones al mercado laboral, atención medica especializada para los lisiados de guerra, ya que algunos de ellos tienen las mismas prótesis de hace mas de 10 años, ademas de financiamiento para respaldar sus actividades productivas.

Muchos dirán que eso no puede ser cargado en los hombros de la población, que está en iguales o peores condiciones, sin embargo, todos estos ciudadanos, 12,500 oficiales retirados del Ejercito, 5,000 oficiales del Ministerio del Interior, 150,000 desmovilizados del Servicio Militar Patriótico y cerca de 25,000 desmovilizados de la Resistencia Nicaragüense, estuvieron inmersos en un conflicto bélico que desangró al país, dieron su juventud, expusieron sus vidas y sacrificaron a sus familias por causa de la guerra; una guerra azuzada por potencias extranjeras y de la que los menos responsables fueron quienes hoy hacen justas demandas al Estado nicaragüense. Estamos hablando de aproximadamente un millón de personas, si asumimos un entorno familiar directo de al menos 5 miembros por cada uno de ellos. Un potencial conflicto social que puede llegar a alcanzar límites insospechados si no se atiende a tiempo.

Luego de cuatro gobiernos constitucionales que sobrevinieron después del conflicto armado, ninguno de ellos se preocupó por enfrentar la problemática de los Veteranos de Guerra y ofrecer soluciones mediante Políticas de Estado, como efectivamente sí lo han hecho otros gobiernos que en Centro América también vivieron y sufrieron guerras civiles por causas políticas e ideológicas. El Salvador y Guatemala han dado pasos correctos en la atención a los combatientes de ambos bandos, porque los gobiernos pasados y actuales tuvieron voluntad política para hacerlo. En Nicaragua en cambio, cada gobierno se hizo de su grupo particular de combatientes, para sus propios y mezquinos intereses partidistas y personales.

Es incomprensible que el mismo gobernante de los años 80´s que mandó a la guerra a miles de jóvenes, hoy los ignore y les de la espalda. En los cinco años del gobierno constitucional de Ortega, del 2007 al 2011, en los que gobernó con más ayuda económica internacional que ningún otro gobierno anterior, jamás se preocupó por dar solución a la situación de los Veteranos de Guerra. Antes bien, los manipuló y utilizó en labores partidarias, formando parte de los Comandos Electorales o de las fuerzas de choque del orteguismo. Su mayor ayuda fue crear la famosa Comisión de Paz y Reconciliación a cargo del Cardenal, que más que ayudar a mitigar la pobreza de quienes estuvieron en la guerra de los 80´s, se dedicó a comprar votos para el gobierno, en un clientelismo político y partidario ofensivo a la dignidad de la gente mas pobre y necesitada.

Hoy, que miles de retirados y desmovilizados contemplan el increíble enriquecimiento de la camarilla gobernante en tan pocos años, ellos también y con justa razón, exigen, reclaman y demandan una verdadera atención a su problemática por parte del Estado. La mayoría de ellos fueron abandonados a su suerte por mas de una década y sus razones tendrán para no haber reclamado antes, pero ahora que las condiciones económicas del país han llegado a extremos tales en que la canasta básica luce inalcanzable, el desempleo cada día se convierte en la plataforma para la creación de conflictos sociales mayores y mantener a la familia en condiciones dignas pareciera ser el privilegio de unos cuantos, han decidido tomar cartas en el asunto y de la única forma que al parecer entiende el gobierno, la presión en las calles.

Luego de varios días de movilizaciones y tranques, Ortega logró desmontar las protestas con la carta de siempre, negociaciones en base a promesas que no tiene la mínima intención de cumplir. Los negociadores del CNDP exigieron la presencia del comandante para iniciar las pláticas y finalizar las acciones, sin embargo se tuvieron que conformar con una delegación de cuarto nivel, que a como lo dicta la experiencia, con el tiempo irá bajando mas aun su nivel y al final tendrán que hacer fila en las puertas de la comisión del Cardenal. Ortega ha sido experto en aquello de Firmar me harás, Cumplir jamás, y esta vez nada parece indicar que las cosas vayan a cambiar.

Habrá que esperar cuál será la actitud de las otras organizaciones de oficiales retirados del EPS y del MINT, de los desmovilizados de la Resistencia Nicaragüense y aquellas que agrupan a los cerca de 150 mil desmovilizados del Servicio Militar Patriótico, SMP, sobre los que descansó el peso fundamental de la guerra y a quienes se les han negado cualquier tipo de derechos. Mientras los que usufructúan el poder no desarrollen verdaderas Políticas de Estado para atender la problemática de los Veteranos de Guerra de nuestro país con la seriedad y responsabilidad que el caso amerita, cualquier solución temporal que se pretenda dar para ganar tiempo, solamente serán parches a un vestido que tiene demasiados años de uso.

ANTE LA CONSOLIDACION DE LA DICTADURA, LA UNIDAD DE LA NACION.

Nosotros, miembros del Grupo Patriótico de Militares Retirados, ciudadanos nicaragüenses en pleno ejercicio de nuestros derechos constitucionales, a un año de haber salido a luz pública, nuevamente nos pronunciamos frente a la Nación para manifestar la crisis institucional y de legitimidad en que está sumido el país.

Con anterioridad habíamos advertido de las consecuencias que traería la ruptura del Orden Constitucional, sin embargo, se persiste en repetir los abusos y errores que todos creíamos ya superados en 1979.

Situación Electoral.

Producto de un proceso electoral viciado, el gobierno actual ha arrebatado el poder, en un ejercicio continuista cuya tradición y antecedentes datan de la época somocista. Impunemente, se ha violentado la Constitución Política y la Ley Electoral, designándose a un presidente Inconstitucional, con una mayoría espuria en la Asamblea Nacional.

Ante las demandas de la población, de la comunidad internacional y de los organismos de observación electoral internos y externos para conocer los resultados electorales por cada una de las Juntas Receptoras de Votos, a como lo mandata la ley, la única respuesta ha sido el silencio sumiso y cómplice de los magistrados de Facto del Consejo Supremo Electoral. 

Ilegitimidad del Régimen.

Consecuencia del fraude electoral, denunciado por miles de fiscales y ciudadanos a quienes se les violentó su derecho a elegir, estamos en presencia de un régimen ilegitimo e ilegal, que no goza del reconocimiento de una parte importante de la ciudadanía y de la comunidad internacional, lo que pone en inminente riesgo el funcionamiento del sistema democrático, por la falta de garantías de que sean los procesos electorales la vía constitucional para cambiar gobernantes.

Ante tal circunstancia, el régimen busca afanosamente un interlocutor político que transforme su estado de ilegitimidad. La sangre derramada en Coperna y en El Carrizo demanda acciones firmes de la clase política. Bajo ninguna circunstancia, la inmensa mayoría del pueblo nicaragüense aprobará nuevas versiones de colaboracionismo, pactos y componendas que nos remitan a un pasado de oprobio, traición y engaño. 

Carácter del Régimen.

El fraude Electoral constituyó un elemento adicional, pero no el fundamental, a través del cual se completó un Golpe de Estado Técnico Institucional, mediante el cual se pretende consolidar una Dictadura y DEMOLER la Democracia Republicana.

Dictadura que se caracteriza por mantener el control absoluto en todas las instituciones del Estado; violentar el Estado de Derecho; usar selectivamente la fuerza para acallar las justas demandas de la población; abusar de las leyes para mantener como rehén a todo el país;  no permitir que la oposición tenga la mínima oportunidad de llegar al poder por las vías que la Constitución y las leyes establecen; condenarnos a la mono dependencia de una cooperación económica condicionada política e ideológicamente que compromete nuestra Soberanía y Dignidad Nacional y que  ilegal e inmoralmente ha sido privatizada, dando vida a una nueva oligarquía que se enriquece obscenamente frente a la miseria del pueblo. Dictadura que con el manejo irresponsable de las relaciones internacionales, nos expone a caer en nuevos conflictos geopolíticos ajenos al interés nacional. 

Elecciones Municipales.

La realización de elecciones municipales previstas para noviembre de este año, resultan inaceptables si no hay un nuevo Consejo Supremo Electoral, si no se producen las condiciones de transparencia e independencia de dicho órgano, así como las reformas electorales reclamadas por varios organismos de la sociedad civil, que den las garantías necesarias a la ciudadanía para ejercer el sufragio universal, libre y secreto, tal a como lo recomendaron los Observadores Electorales Nacionales y las Misiones de Observación Electoral de la OEA y la Unión Europea.

En tal escenario, la repetición del fraude es casi un hecho, por lo que advertimos un abrumador nivel de abstencionismo, ante la peligrosa pérdida de confianza de la población en el sistema electoral, en la clase política y en los partidos políticos. Denunciamos la ilegitimidad e ilegalidad de todos aquellos alcaldes que pretendan reelegirse en abierta violación a la Constitución Política. Denunciamos desde ya a aquellos partidos políticos, que con su participación en estas condiciones, no harán más que legitimar al régimen, convirtiéndose en cómplices de la dictadura y colaboracionistas zancudos a los que el pueblo, en su momento, exigirá cuentas.

Situación Económica y Social del país.

Con indignación observamos el control y la manipulación mediática del gobierno con el que ocultan la cruda realidad del país: pobreza que crece en el campo y la ciudad; desempleo; migración; atraso tecnológico; deterioro de la educación; encarecimiento del costo de la vida; el combustible más caro de Centroamérica que afecta en cadena los precios de los bienes y servicios; canasta básica inalcanzable para los trabajadores; setenta por ciento de la Población Económicamente Activa, PEA, que vive en el subempleo o empleo informal y solamente 600,000 personas tienen acceso al Seguro Social.

Los programas “cero” pregonados por el régimen de Ortega como sus grandes logros, no son más que proyectos manipuladores de la pobreza, la ignorancia y la dignidad de los mas desfavorecidos, lo que confirma su naturaleza clientelar y excluyente, ya que no están dirigidos a enfrentar la pobreza estructural y en el colmo de la mentira gubernamental, ni siquiera son financiados con los recursos del petróleo venezolano, sino con los impuestos de todos los nicaragüenses a través del presupuesto nacional.

Al amparo del poder y la privatización de la cooperación venezolana, una familia, la élite partidaria en alianza con el gran capital y una minoría de la cúpula empresarial, continúan enriqueciéndose a niveles jamás vistos en la historia de nuestro país, mientras la inmensa mayoría de la población transita entre la incertidumbre y la precariedad económica.

Situación de las Fuerzas Armadas.

En anteriores pronunciamientos hemos demandado que las Fuerzas Armadas de la nación cumplan su función en estricto apego a la Constitución Política, a la que deben respeto y obediencia; protejan y defiendan la institucionalidad que la misma Carta Magna les garantiza y que además mantengan su carácter nacional, patriótico y profesional. Con alarma justificada confirmamos la acelerada cooptación de ambos cuerpos, con la pretensión de subordinarlas de manera directa y personal al dictador, en abierta violación a las leyes. Nos preocupa que se intenten violentar los plazos ya establecidos para la sucesión de mandos en el Ejército Nacional, al igual que lo hicieron en la Policía, con el objetivo de manchar la legitimidad de la institución, que fue alcanzada con muchos sacrificios.

Desde nuestra condición de Militares Retirados, apoyamos las justas demandas de los 12,000 miembros retirados del Ejército, los 5,000  oficiales retirados del Ministerio del Interior y los casi 150 mil desmovilizados  del Servicio Militar Patriótico, con quienes el Estado Nicaragüense tiene una deuda histórica. Luego de cuatro gobiernos constitucionales posteriores al conflicto bélico, ninguno de ellos quiso asumir la responsabilidad de enfrentar la problemática de los veteranos de guerra, tanto del Ejército como de la Resistencia Nicaragüense, con la seriedad que correspondía. La sangre derramada todavía clama por respuestas.

Al servicio del gobierno de la época, cuyo dirigente era el mismo que actualmente usufructúa el poder, todos ellos fueron a la guerra y a la mayoría les han negado las reivindicaciones a las que tienen absoluto derecho, entre ellas las relacionadas con el acceso a la salud, educación, crédito, tierras, entrega de pensiones reducidas, de fundamental obligación legal, en tanto las cotizaciones del Seguro Social de sus miembros permanentes no fueron enteradas en los años 80´s por el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior. No menos crucial es la venta de activos del EPS, donde fue fundamentado que dichos recursos, sumados a las cotizaciones que habían dejado de ser entregados al INSS, servirían para la capitalización del Instituto de Previsión Social Militar, IPSM.  Por tales antecedentes, mas el inmenso compromiso moral, instamos al Alto Mando del Ejército a involucrarse en la búsqueda de soluciones para nuestros hermanos de armas.

 Llamado a la Nación.

Ante la gravedad de la situación actual debido al evidente deterioro del sistema democrático, hacemos un llamado a la conciencia nacional y patriótica de la ciudadanía, que no quiere ni desea retornar a la violencia del pasado, para enfrentar UNIDOS los intentos de consolidación de la dictadura que pretende reciclar episodios ya vividos y sufridos por todos. Al igual que en el pasado, una familia pretende dar desarrollo económico a cambio de negar libertad.  Al igual que en el pasado, una familia se enriquece a costa de la pobreza de la mayoría. Al igual que en el pasado, el pueblo sabrá organizarse para reencauzar al país por  la senda democrática. Llamamos a todas las fuerzas sociales, políticas, económicas, a todos los nicaragüenses dignos y honestos a presentar un solo bloque frente a la dictadura.

Llamamos a la UNIDAD de la Nación para alcanzar Justicia, Democracia y Paz. 

Grupo Patriótico de Militares Retirados.

Patria y Libertad para Todos los Nicaragüenses!

Carlos Brenes Sánchez. Coronel (R)

Irving Dávila Escobar. Teniente Coronel (R)

Francisco Enríquez Torrentes. Teniente Coronel (R)

Roberto Samcam Ruiz. Mayor (R)

Sergio Martínez Vega. Capitán (R)

Pedro Rivas Guatemala. Capitán (R)

Mario Jiménez. Capitán (R)

Claudio Selva Salamanca. Capitán (R)

Camilo Grillo. Por los Desmovilizados del SMP de Chinandega.

Eduardo Bonilla. Por los Desmovilizados del SMP de León.

Saúl Gómez. Por los Desmovilizados del SMP de Granada

EL MODELO DE LOS ORTEGA – MURILLO

Mucha gente ha pensado que el relajo institucional, la violación al estado de derecho, los intentos de homogenizar hasta el pensamiento de los ciudadanos e inclusive instaurar una nueva religión en nuestro país, es obra únicamente de la primera dama, tratando de liberar de culpas al pobre comandante, quien, según la gente de a pie, se ha visto prácticamente chantajeado por un episodio del que todos murmuran en voz baja. Nada más alejado de la realidad, uno y otra, como una sola persona, representan  un único proyecto estratégico, aunque en lo táctico difieran en la forma de ejecutarlo y con quienes echarlo a andar. El proyecto de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes encarnan el orteguismo y el murillismo, como expresiones políticas de las dos ramas del mismo árbol, persigue un objetivo común: la permanencia en el poder, indistintamente de quien sea, en al menos tres períodos consecutivos, contados a partir de la reelección ilegal del 2011. Esto establecería las bases necesarias para la continuidad del proyecto con los sucesores de ambos, que todo parece indicar serían sus hijos.

Esta situación está bastante clara en la cúpula, no así en la base, quienes han entablado una lucha entre murillistas, representados por quienes doña Rosario ha decidido serán su soporte: mujeres y juventud, y los orteguistas, identificados con la vieja guardia del sandinismo histórico, retirados del Ejército y Ministerio del Interior incluidos. Lo que este segundo grupo desconoce o pretende desconocer, es que arriba no hay diferencias y por mucho que protesten, el proyecto de la “compañera” ya está en proceso de consolidación, toda vez que es ella quien administra el Estado y por tanto los cuantiosos recursos que provienen de el. Quienes se le opongan serán descartados y abandonados a su suerte, así se llame Lenin Cerna, Manuel Calderón o Antenor Rosales. No importan grados militares, historial revolucionario o capacidad y prestigio. Las consideraciones hechas en las alturas del poder es que este grupo de los llamados históricos, no supera el 20 % del total de la base y representan el pasado del sandinismo con el que “la doña” quiere tomar distancia.  

Una vez dilucidado el asunto de la base de seguidores del proyecto, quedan otros no menos importantes: lo ideológico, lo político, lo social y lo económico. En lo que concierne a la ideología del proyecto, esta descansa en una amalgama de ideas en las que se juntan varios elementos. Entre los más importantes están: 1) Sandino, pero no el guía de la Revolución Sandinista de los años 80´s, sino el identificado con la masonería, el Sandino metafísico que se adecúa perfectamente a los intereses de la suprema ideóloga. 2) Las concepciones espiritualistas provenientes de la Secta Hindú del desaparecido Sathya Sai Babá, aclamado por él mismo y sus seguidores, como el Avatar de nuestra era. 3) El sincretismo de la santería afro caribeña y 4) La interpretación propia y a conveniencia de determinados elementos de la religión católica. El modelo pregona un falso cristianismo que tiene como referencia principal la figura de un sumiso Cardenal Obando y Bravo; el no menos difuso Socialismo del Siglo XXI, hecho a la medida del laberinto mental de Hugo Chávez y un solidarismo que distribuye las migajas que salen del Presupuesto Nacional, no de la ayuda venezolana. Para asegurar la completa difusión de las ideas se tiene a disposición un sistema de comunicación que incluye varios canales de televisión, cerca de 150 emisoras de radio distribuidas en todo el país, una legión de periodistas que mes a mes reciben su “incentivo laboral” en las secretarías departamentales del partido y el diario digital que dirige la compañera, voz oficial de la familia. 

En el plano político, el modelo se apoya en un partido que ha abandonado las banderas del sandinismo histórico y la figura del Sandino guerrillero y anti imperialista, que relega al olvido la del fundador del FSLN Carlos Fonseca Amador y la de todos los miembros de la Dirección Histórica del sandinismo. En cambio se  dimensiona la figura del Gran Líder, quien representa a la nueva Dirección Nacional, esta vez unipersonal. Se sobredimensiona su liderazgo internacional, las hazañas guerrilleras y su capacidad de conducción, para convencer a las nuevas generaciones de “sandinistas” que no vivieron la época de los 80´s o eran apenas unos niños. Se le da sustento político a los recién llegados, con la idea de que construyen la Segunda Etapa de la Revolución. Se plantea la hegemonía del partido de gobierno, fundamentada en el control total de todas las instituciones del estado, las alcaldías, los partidos políticos y hasta la actividad opositora en el país. Mediante la alianza con el gran capital se pretende demostrar la estabilidad política del gobierno y la validez del modelo. A nivel internacional se hace alianza política con los países que giran alrededor del petróleo y la cartera de Chávez y con lo más selecto de países que están enfrentados al “Imperialismo Norteamericano”, Cuba, Rusia, Irán entre ellos.

En lo social, se busca la supremacía a través de los Concejos del Poder Ciudadano, CPC, versión corregida de los Concejos de Defensa Sandinista, CDS, de los años 80´s. La idea es convertirlos en la organización omnipresente en el gobierno, el departamento, el municipio, la comarca, el barrio y la cuadra. El experimento no ha tenido los resultados esperados ya que los CPC fueron creados de manera verticalista, de arriba hacia abajo, priorizando los liderazgos partidarios y gubernamentales, que muchas veces no se corresponden con las simpatías de la gente. Para corregir esto y de paso entrar al núcleo vital de la sociedad con el fin de controlarla desde adentro, están hablando de la creación de los Concejos de la Familia. Un invento  practicado desde mucho antes en la Italia de Mussolini o en la Alemania Hitleriana, que persigue mediante el acompañamiento del estado mantener la vigilancia permanente de la familia, pero sobre todo, tener control político e ideológico sobre los niños, futuros votantes en el mediano plazo. Cuentan para ello con la precariedad de gran parte de la población nicaragüense que se debate entre la incertidumbre económica y la pobreza.

El factor económico es el elemento que con más sencillez han desarrollado. Luego de la derrota electoral del 90, se constituyó el llamado “patrimonio del partido” en base a los recursos provenientes del estado que se estaba entregando a la Presidenta Violeta Barrios de Chamorro. Con la concepción de crear un Holding de empresas, se esperaba que el mismo auxiliara económicamente al FSLN en el nuevo escenario que tocaba vivir. Con lo que no se contó era que sin experiencia empresarial en un mercado abierto, sin el flujo de recursos del estado al que se estaba acostumbrado, sin el debido control y con mucho testaferro arribista de por medio, el experimento estaba condenado al fracaso. Ahora, en el nuevo modelo, no se podían dar el lujo de cometer los mismos errores, por lo que, con la privatización de la cooperación venezolana han creado un poderoso polo económico - familiar que tiene incidencia determinante en la vida del país. El monopolio de la importación y almacenamiento del petróleo, la generación de aproximadamente el 60 % de la energía que consumimos, la distribución de poco mas del 30 %  del combustible, la exclusividad del comercio con Venezuela y un flujo enorme de efectivo, les da posibilidad real de consolidar el modelo y volverlo sostenible en el futuro, toda vez que se mantengan en el poder el tiempo necesario para transformar la mentalidad de los nicaragüenses, acostumbrarnos a su presencia permanente al frente del país y dejarles servida la mesa a los sucesores de la nueva dinastía. 

Una mesa de cinco patas sobre la que se encuentra el país dispuesto como un gran festín, en el que, al igual que en la época somocista, el que tiene más galillo traga más pinol.

    

LA FICTICIA ESTABILIDAD DEL ORTEGUISMO

Luego del fraude electoral del 6 de Noviembre del 2011, el régimen de Daniel Ortega se encuentra sumido en una crisis de legitimidad de la que difícilmente podrá salir, a pesar de los ingentes esfuerzos que hace en la búsqueda de un interlocutor político creíble que le ayude a superarla. En este intento, de forma paralela y complementaria, se han dedicado a la tarea de construir y publicitar a lo interno y de cara al exterior, una estabilidad política, social y económica en el país, que les permita convencer, adentro y afuera, no solo lo justo, limpio y real de su “victoria” en las elecciones nacionales del año pasado, sino de lo necesario que significa la tranquilidad del país, para acometer los Mega Proyectos que impulsarán a la nación hacia la prosperidad y permitirán generar las riquezas para todos, tantas veces prometidas y siempre postergadas.

Anastasio Somoza Debayle mantuvo un crecimiento económico del 6 % en promedio durante la década de los 70´s, hasta su caída en Julio del 79. 1978 constituyó su mejor año en las exportaciones con 646 Millones de Dólares, cifra superada solo hasta en el año 2004, 26 años después. La aparente estabilidad del régimen somocista descansaba en varios elementos, entre los cuales se pueden citar los siguientes: 1) Su alianza con el sector empresarial, la que después se fracturó al dejarlos a un lado en la repartición del pastel de la reconstrucción de la Managua post terremoto; 2) El pacto político con el Partido Conservador, que le garantizaba una oposición confeccionada como traje a la medida; 3) La muerte y encarcelamiento de los principales dirigentes de la oposición armada, el FSLN, cuyo debilitamiento los confinaba a actuar en la profundidad de la montaña, sin posibilidad alguna de poner en riesgo al gobierno; 4) La estabilidad macroeconómica y la bonanza económica de la clase media del país, que mantenía a la mayoría de la población urbana mediatizada; 5) El apoyo de los Estados Unidos y la mayoría de los gobiernos de América Latina, y finalmente, 6) Un fuerte aparato militar que funcionaba en la práctica como una guardia pretoriana al servicio de él y su familia y que además le garantizaba el control militar de la población.

Sin embargo y a pesar de que la situación del país mostraba un pujante desarrollo económico, existían una serie de factores que carcomían desde sus entrañas al régimen somocista: - Una masa empobrecida, aproximadamente el 40 % de los cerca de 2.5 millones de habitantes existentes en la época; - Una injusta distribución de la riqueza, que concentraba en manos de las elites políticas y económicas, la mayor parte de la abundancia que era generada por todos los nicaragüenses; - Miles de pobladores sin tierra, que demandaban el acceso a este recurso para poder trabajar y vivir en algo propio, en lugar de estar condenados de por vida a ser precaristas y jornaleros al servicio de los terratenientes; - La represión política y la pérdida de los espacios de libertad para los opositores, cada vez mas sistemática, para poder sostenerse en el poder; - La poca credibilidad de la población en las instituciones políticas y el sufragio electoral como vía legítima para la alternabilidad en el poder. Somoza no pudo mantener la estabilidad del país y por consiguiente el poder, ya que las contradicciones sociales, políticas y económicas lo rebasaron.

34 años después, quienes ilegítimamente están el frente del poder en Nicaragua y sin aprender las lecciones de la historia, pretenden convencernos de que la ilegalidad del régimen es poca cosa ante los ríos de leche y miel que nos ofrecen y que provendrán de la ejecución de inmensos proyectos, que según ellos, ya están en estudio o adelantados. Nos ofrecen la esperanza de estabilidad económica de futuro, a cambio de la desaparición en el presente de la institucionalidad del país; nos ofrecen el espejismo de una distribución más equitativa de la riqueza que generarán los famosos proyectos, a cambio de permitirles seguir en el poder por, al menos, 15 años más. No importa el respeto al estado de derecho, ni a la democracia, ni siquiera a los más elementales derechos ciudadanos, lo que verdaderamente importa es estar convencidos de que solamente con ellos alcanzaremos nuestros sueños. 

Frente a las promesas que nos hacen, la realidad es que en los anteriores cinco años que estuvieron en el poder, ellos y la camarilla que los acompaña, se enriquecieron de manera alucinante. Privatizaron las plantas de generación eléctrica que les asegurará en 15 años ingresos brutos no menores de 900 MILLONES DE DOLARES, hablando de una capacidad instalada de 370 MW. Privatizaron el convenio petrolero con Venezuela que les ha permitido embolsarse, según cifras del Congreso venezolano, por lo menos 2,500 MILLONES DE DOLARES. Privatizaron el intercambio comercial con Venezuela, a despecho de sus aliados del COSEP, lo que ha facilitado a sus empresas exportar a este país, según cifras oficiales del Banco Central, 307 MILLONES DE DOLARES el año pasado. El modelo de desarrollo impulsado por el orteguismo ha sido el mismo que impulsó el somocismo en la década de los 70´s: Inequidad, Exclusión, Favoritismo, Nepotismo, Acumulación desmedida de capital a costa del usufructo del poder político, Represión política y Pérdida de las libertades públicas para la población. No ha habido  mejoría en las condiciones de vida de la mayoría de los nicaragüenses. El salario real de los trabajadores se continuó desmejorando y se mantiene en los niveles del año 2003. La canasta básica ya sobrepasó los Diez Mil Córdobas. La tarifa de energía eléctrica sigue en aumento y pagamos el combustible más caro de Centro América y de muchos países del continente. 

Ahora nos quieren vender la panacea de dos Mega Proyectos: el Canal Interoceánico y la Central Hidroeléctrica Tumarín. El Canal, una aventura de cerca de 20 MIL MILLONES DE DÓLARES, se pretende desarrollar con la plata de los países del ALBA que gravitan alrededor de Venezuela, léase Hugo Chávez. Si tomamos en cuenta los problemas que existen en ese país, motivados por la enfermedad del gobernante venezolano y los conflictos que desde ya se vislumbran por la sucesión presidencial, sumados a los que se originarían con la vecina Costa Rica, este proyecto podría haber nacido muerto. En relación al segundo, según el prestigiado economista Adolfo Acevedo, “La planta hidroeléctrica de Tumarín, con una inversión estimada de US$ 1,100 millones y una capacidad instalada de  253 MW, tendrá un costo por MW de US$ 4.3 millones, cuando las centrales hidroeléctricas en el resto de América Latina, tienen un costo de entre US$ 1 y 1.5 Millones por MW”. Esto significa, que en lugar de disminuir la tarifa por el cambio en la matriz energética, esta se mantendrá igual o aumentará, lo que nuevamente nos remite al ciclo perverso de enriquecimiento para unos pocos y empobrecimiento para el resto.

Al igual que magos de feria, pretenden que les compremos a ojos cerrados la propuesta que hacen: A cambio de una estabilidad ficticia, la aceptación del fraude electoral del 2011 y su permanencia futura en el poder, nos ofrecen la ilusión de un mejor porvenir, basado en dos proyectos que solamente ellos son los únicos capaces de impulsar. Proponen un cambio, que por los antecedentes a mano y la información de la que se dispone, ninguna ventaja ni beneficios traerán al pueblo. Nada parece indicar que las condiciones estructurales cambien en el país. Las contradicciones dentro de la sociedad nicaragüense empiezan a aflorar y significativamente es a lo interno del partido de gobierno donde la ebullición es más fuerte. Han privilegiado los beneficios para los de “arriba”, que no han hecho mucho, y los de “abajo”, que han hecho todo, también quieren su parte del pastel.

Mientras tanto, Somoza continúa sonriendo en el taquezal, viendo como se repite la historia.