DE CANDADOS, LLAVES Y SOLICITOS CERRAJEROS

Luego de las firmes y directas declaraciones de la recién nombrada Embajadora de los Estados Unidos Sra. Phyllis Powers, en relación a la dificultad de que sean aprobadas este año las famosas Dispensas (Waivers) que posibilitan la ayuda económica bilateral entre ambos países, la situación en el campamento del gobierno, de sus aliados políticos y empresariales es de extremada alarma y justificada preocupación, ya que por primera vez el régimen inconstitucional de Ortega enfrenta su primer serio desencuentro con el país del norte, luego que sus relaciones durante el periodo anterior fueron de mutuo respeto y estricto cumplimiento de los compromisos acordados, uno vigilaba los tres problemas fundamentales del otro, a saber: narcotráfico, terrorismo e inmigración ilegal y el otro respetaba la actuación del gobierno, evitando micro administrar la política interna del país. Hay que recordar que esto continuó luego del fraude electoral de las elecciones municipales del 2008 y a pesar de haber suspendido indefinidamente la Cuenta Reto del Milenio, los Waivers de ese año y los posteriores nunca estuvieron en duda.

Esta vez, parece que la cosa va en serio, y lo que habíamos advertido a comienzos del año se ha hecho realidad, Nicaragua se volvió tema de campaña en las elecciones norteamericanas debido a las presiones de los Republicanos y la atención hacia nuestro país, disipada luego de la finalización del conflicto bélico, se reactiva nuevamente y para desgracia nuestra, con el mismo protagonista de antes. Ahora sí es objeto de atención el fraude electoral del 2011 y repentinamente nos hemos vuelto noticia de primera plana en los medios internacionales. Con la nominación del candidato Republicano, el proceso electoral en los Estados Unidos estaría próximo a iniciar y es previsible que el tema Nicaragua - Ortega – Democracia se torne todavía más incisivo y obligue a los demócratas a ser mucho más firmes en su tolerancia con el comandante Ortega, lo que sería el presagio de nuevas malas noticias para su régimen inconstitucional.

Se habla en público y en privado, que Ortega tiene la llave del candado que representa la aprobación de las dispensas norteamericanas, toda una alegoría a la popular canción mexicana “La Puerta Negra”, solo que esta puerta Made in USA no tiene tres candados, sino solamente uno y no está tan remachada ya que la llave que lo abre se encuentra en sus propias manos. Con lo que no se contaba, es la repentina aparición de oficiosos cerrajeros, que solícitamente han viajado a Washington a cabildear y solicitar la llave del famoso candado, sin exigir compromisos inequívocos a quien los ha enviado, de Retorno a la Democracia, Respeto a las Instituciones, Restablecimiento de la Institucionalidad y Regreso al Estado de Derecho.

Todo parece indicar, que los cerrajeros en cuestión están más interesados en los negocios que les ha representado en todos estos años de maridaje con Ortega la cooperación internacional, en especial la norteamericana, sumada a las no pocas migajas que recogen de la privatizada ayuda venezolana, que contribuir a reencausar al país en la senda democrática, abandonada desde el 10 de Enero del 2007. Todavía no comprenden que en un país donde impera la democracia, la institucionalidad y el estado de derecho, el clima de negocios facilita de mejor manera el desarrollo de la actividad empresarial. Habría que recordarles a estos cerrajeros voluntarios, que hacen causa común con el gobierno, que uno de los Pilares más importantes que miden el clima de negocios de un país es el referido a las Instituciones Públicas, desglosándose este en los siguientes Indicadores: Derecho de propiedad; Protección a la propiedad intelectual; Independencia judicial; Eficiencia del marco legal en resolución de conflictos; Costos comerciales del terrorismo; Costos comerciales del crimen y violencia; Fiabilidad de los servicios policiales y Protección de los accionistas minoritarios.

Sería importante conocer de estos individuos, que muy eficientemente cumplieron su rol de cabilderos del régimen inconstitucional de Ortega, qué criterio tienen en cuanto al cumplimiento de algunos de los indicadores enunciados anteriormente, muy especialmente los referidos al derecho a la propiedad, independencia judicial, lo relativo a la resolución de conflictos y a los servicios policiales. Posiblemente la opinión de estos difiera notablemente de la que tenga la familia Buhler, dueña del complejo turístico Punta Teonoste, o de la familia Solórzano, dueños de Laboratorios Solka, o de la familia Arévalo – Gutiérrez, dueña de las valiosas tierras ubicadas frente a Galerías en Managua, o de tantos otros cuyas propiedades han sido usurpadas por la maquinaria estatal.

Se ufanan de haber consensuado 53 leyes con el gobierno, lo que no hace más que confirmar su alianza con un régimen que ha demolido sistemáticamente la gobernabilidad que durante 16 años, mucho o poco, se logró avanzar en el país. Exigieron, en el colmo del descaro, tener oficinas en la Asamblea Nacional, como si de un grupo político se tratara, para cabildear de manera directa con el gobierno –y no con la oposición- las iniciativas de ley antes de que estas lleguen al plenario. Sin embargo, dice el adagio popular que “mal paga el diablo a quien bien le sirve”, ya que a pesar de haber ido velozmente a Washington a abogar por el gobierno, éste, en una repetición de su histórico proceder y manteniendo la concepción de que con los empresarios es una alianza táctica, de corto plazo, les clava la daga en la espalda con la aprobación unilateral de la Unidad de Análisis Financiero, UAF, una verdadera espada de Damocles que desde ahora penderá sobre sus cabezas por si pretenden salirse del redil que Ortega les ha construido. Complacientes y timoratos, ahora tendrán que tragar gordo pues no hay almuerzo gratis y compartir el festín del erario público, sea en la participación del pastel energético o en las exenciones tributarias, tiene sus costos.        

Ojalá y esta puñalada trapera sirva para incentivarlos a exigir con la misma vehemencia que han exigido la aprobación de los Waivers, el CAMBIO TOTAL de los  magistrados del Consejo Supremo Electoral, de la Corte Suprema de Justicia, de la Contraloría y la Fiscalía General de la Republica, del Procurador General y el de Derechos Humanos, instituciones y funcionarios que están completamente al servicio de Ortega, cumpliendo roles partidarios y totalmente alejados de los mandatos constitucionales; que exijan el respeto a la institucionalidad y al carácter apartidario de los cuerpos armados de la NACION; que exijan una profunda investigación en las instituciones del estado que salieron salpicadas por el escándalo narco mas reciente: el CSE, la CSJ y la PN y que exijan un verdadero Diálogo Nacional con TODAS las fuerzas políticas, sociales, religiosas y económicas de la nación, donde se pongan en agenda los temas pendientes de este inconstitucional gobierno: democracia, estado de derecho, gobernabilidad, institucionalidad, elecciones libres y transparentes, transparencia en el uso de los recursos del estado, incluida la cooperación internacional, entre los más importantes.

Nunca es tarde para rectificar y sólo los soberbios no reconocen los errores cometidos. El Gran Capital, las cúpulas empresariales aliadas del gobierno y los supuestos líderes de la oposición todavía están a tiempo de marchar con el pueblo y con la historia. Nunca está demás recordar los últimos años del régimen somocista y aquella máxima de George Santayana que sabiamente dice que “quien no aprende de la historia está condenado a repetirla”.

(Nota del Autor: Foto sacada del diario La Prensa) 

NARCOTRAFICO E INSTITUCIONALIDAD

“¿Han dicho, las evidencias son estas?

No, no lo han dicho. Han especulado, nada más,

puras especulaciones y ahí me parece que no es correcto

porque se está ensuciando el nombre de una persona”.

Magistrada Alba Luz Ramos

Presidenta de Facto de la CSJ

(En defensa de Henry Fariñas)

A pesar de los esfuerzos gubernamentales de levantar una cortina de humo sobre las serias acusaciones que penden sobre la cabeza del CSE, producto de la Narco trama en que se ha visto envuelta la Institución a partir de la captura del Magistrado Suplente Julio Cesar Ozuna, cada día que pasa salen a flote nuevos elementos que permiten tejer una serie de suposiciones acerca de qué tan profundo han penetrado los tentáculos del narcotráfico en las instituciones del estado nicaragüense.

La defensa inicial que la Magistrada Presidenta de Facto de la Corte Suprema de Justicia Alba Luz Ramos hizo en relación a la supuesta inocencia de Henry Fariñas se ha venido al piso y ha estallado en la propia cara de la misma institución, toda vez que al ahora acusado se le ha comprobado su pertenencia a una célula del Cartel de la Familia Michoacana, a la que también pertenece el “ciudadano nicaragüense” cuya cédula de identidad corresponde al nombre de José Fernando Treminio Díaz, conocido como Alejandro Jiménez, (a) El Palidejo, con domicilio conocido en el Km. 10 ¾ de la Carretera Sur, en el sector conocido como El Refugio, vecino inmediato de la Escuela de la Policía Nacional “Walter Mendoza”. Cédula extendida, como todos sabemos, en trámite rápido y expedito por el Consejo Supremo Electoral a través del Magistrado Suplente Ozuna, subordinado directo de Roberto José Rivas Reyes, ambos de Facto.

Los elementos anteriores cubren con un manto de duda a tres instituciones, Sin embargo, hay varios hechos que se hace necesario profundizar para que la opinión pública, que con sus impuestos paga a los funcionarios del estado, tenga una visión mas amplia y pueda por consiguiente hacer una mejor valoración de los acontecimientos. En primer lugar, el Poder Judicial se ha visto vulnerado en su actuar ante las denuncias de trámites de reposición de partidas de nacimiento, con testigos inexistentes y madres que procrearon hijos a los 9 años. Una total colusión entre jueces y narcotraficantes que confirma todas las denuncias hechas durante la campaña electoral acerca de la manipulación de los registros civiles de las personas en muchas alcaldías del país, para extender partidas de nacimientos a menores de edad, con fechas alteradas a fin de que pudieran tramitar sus cédulas y votar por el partido de gobierno. El sacrificado resultó ser el Juez Local Civil de Tipitapa, pero este caso amerita una profunda revisión en TODOS los juzgados civiles del país para ver en cuantos de ellos se han tramitado las reposiciones famosas. Dejamos a criterio de la gente la valoración de la acérrima defensa hecha por la Magistrada Ramos acerca de la inocencia de Henry Fariñas, aunque quedan dos preguntas en el ambiente: Porqué estaba tan segura de su inocencia? Y ahora que se ha demostrado su involucramiento en una célula narco, Cuál es su posición al respecto?

Luego tenemos al Consejo Supremo Electoral, la madre del cordero en todo este relajo. Si ya existían antecedentes de trámites de cédulas a personeros de la narco guerrilla de las FARC colombianas, Cómo es posible que se haya continuado la práctica de seguir extendiendo cedulas a cualquiera que pueda pagar 300 córdobas, ya no digamos 1,500 dólares, sin los debidos controles que esto requiere. Se informa por parte de la Policía Nacional en el curso de las investigaciones iniciales, que el Magistrado de Facto Ozuna salió innumerables veces del país utilizando hasta tres y cuatro vehículos oficiales del CSE para trasladar dinero del narcotráfico a Costa Rica y otros países centroamericanos. Nadie en el Consejo controlaba este excesivo uso de los vehículos del estado? Quién en el Gobierno, donde no se mueve ni una hoja sin que lo sepa y autorice la Primera Dama, sabía de los constantes viajes al extranjero de Ozuna?  Migración no informaba de sus constantes salidas con varios vehículos oficiales? Roberto Rivas lo autorizaba o sencillamente no sabía nada de las andanzas de su subordinado? Si lo sabía habría que pensar que era cooperador necesario, según la jerga policial, y si no lo sabia, habría que destituirlo, no por tener cargo vencido o por corrupción, sino por inoperante e incapaz, ya que le montaron en sus propias barbas y bigotes una célula narco que lo enloda a él mismo y a toda la institución que mal dirige.

Finalmente tenemos a la Policía Nacional, como el tercer vértice de este triángulo, que poco a poco se va pareciendo al de Las Bermudas. Al igual que las otras dos, la CSJ y el CSE, la Policía está también pegada, como se dice popularmente, en la trama hecha pública en Nicaragua sólo hasta después de las investigaciones llevadas a cabo en Guatemala y Costa Rica a raíz de la muerte de Facundo Cabral. Vamos a apartar algunos elementos de corrupción que en el pasado han sido admitidos como casos puntuales y que involucran a altos mandos de la Policía, tales como el tráfico de vehículos robados en los años 90´s, la muerte de Jerónimo Polanco y las asiduas visitas al “establecimiento” del occiso, vínculos con el narcotráfico en Rivas, pago a soplones con droga incautada a los propios narcos, inconsistencias entre el dinero capturado a los narcos y lo reflejado en los informes, entre otros. El caso que nos ocupa es de mucha mayor repercusión que los anteriormente citados, puesto que de continuar esta situación nos encaminaríamos sin ninguna duda hacia lo que podríamos presagiar como un Narco Estado o en el menor de los casos a un Estado Fallido, en el que, además de la demolición de la Institucionalidad y el Estado de Derecho por obra y gracia de quienes nos desgobiernan, estaríamos padeciendo, desde las mismas instituciones del Estado, el flagelo del narcotráfico.

La Policía Nacional tiene mucho que explicar en torno al involucramiento de varios de sus mandos superiores con Henry Fariñas y sus familiares. Cómo es que, conociendo que éste estaba involucrado en una célula del narcotráfico, eran “Clientes VIP – Todo Incluido” del negocio de Fariñas? No lo sabían? Desconocían que tanto Fariñas y El Palidejo eran vecinos de la Escuela Nacional Walter Mendoza? Si ambas cosas no eran del conocimiento de los altos mandos de la Policía, entonces estamos ante una institución cuyos oficiales de Inteligencia son totalmente inoperantes en la penetración del narcotráfico en las instituciones del estado, pero altamente efectivos en darle seguimiento a las andanzas de los líderes de la oposición a Ortega, tanto a nivel nacional como territorial. La politización de la Policía, subordinada totalmente al orteguismo, trae este tipo de consecuencias. Pareciera ser, de acuerdo a las evidencias, que la lucha contra la oposición es más importante que la que se debiera hacer contra el Crimen Organizado. La denuncia de Karla, la hermana de Henry, involucra a muchos altos mandos de la Policía en actos ilícitos, por lo que la población demanda una amplia y profunda investigación a lo interno para saber a qué atenerse.

Independientemente de que se quieran minimizar los hechos y se pretenda arrojar sobre la opinión publica las famosas sondas a que nos tienen acostumbrados la maquinaria mediática del gobierno, para que, o un nuevo escándalo dirija la atención hacia otros temas o una nueva noticia salvadora mande al olvido el escándalo actual, el pueblo necesita conocer la verdad. Solo así se podrá devolver la confianza y rescatar algunas instituciones que se suponen están al servicio y protección de la ciudadanía. Con otras ni siquiera vale la pena intentarlo y lo único que cabría es su desaparición total y el encausamiento de sus cabecillas, que contrario al precepto legal, son culpables hasta que no demuestren lo contrario y ya saben a quienes nos referimos.  

(Las fotos utilizadas fueron tomadas del diario La Prensa)

OSUNA: EL CHIVO EXPIATORIO EN LA NUEVA TERCIA GEOPOLITICA?

Los sandinistas recibían de Pablo entre 500 y 1000 dólares

por cada kilo de cocaína, dependiendo del tamaño del embarque.

Aparte de esto, cobraban 200 dólares

por el almacenamiento y custodia de cada kilo de coca.

Pág. 55. “El verdadero Pablo”. Astrid Legarda.

Confesiones de “Popeye”, su principal lugarteniente.

En los últimos días y con una gran cobertura, los medios de comunicación han destacado el quiebre de una supuesta red de narcotraficantes en la que estaría involucrado el Magistrado Suplente del Consejo Supremo Electoral Julio Cesar Ozuna, vinculándolo a la estructura que el Cartel de la Familia Michoacana tiene en Centroamérica y cuyo cabecilla local es Alejandro Jiménez (a) “El Palidejo”, principal sospechoso de haber dado muerte al cantautor argentino Facundo Cabral. El Cartel en cuestión, está identificado como uno de los más extraños y mortíferos del mundo, ya que aparte de su alianza con el Cartel de Sinaloa, cultiva una rara mezcla de mesianismo religioso, defensa de la dignidad y bienestar de los Michoacanos.

Debido a las acusaciones de Karla Fariñas, la hermana del detenido Henry Fariñas, es que se ha logrado destapar una olla podrida que salpica a varias instituciones. Karla ha denunciado los estrechos vínculos amistosos de altos mandos de la Policía Nacional con su hermano, destacando el financiamiento para reparaciones en delegaciones policiales, así como las constantes visitas de jefes policiales al negocio de Fariñas, un “Club” para adultos, en el cual, según la hermana, muchos departían alegremente con “El Palidejo”, algo que según ella lo tiene grabado en videos. Pareciera ser que este tipo de comportamiento no es nuevo, recordemos cuando en Marzo del 2006 y tras la muerte de Jerónimo Polanco, dueño también de un lupanar llamado “Aquí Polanco”, un hijo del occiso denunció, entre otros, a un alto comisionado a quien se le pagaba mensualmente grandes cantidades de dinero supuestamente por “protección”. Con la baja del alto jefe policial se pretendió sepultar cualquier vínculo de la institución con el caso. El problema de éste y el de Fariñas – “El Palidejo”, es que hay un elemento en común, la relación de altos mandos policiales con los personajes mencionados en el escándalo, ya sea brindando “protección”, al mejor estilo de la mafia italiana o involucrados en situaciones indeseables que manchan la institucionalidad de quienes deben de estar al servicio de toda la ciudadanía, no solo de los que pueden pagar altas sumas de dinero o de los que tienen negocios donde se comercia con la dignidad y el cuerpo de las mujeres.

Sin embargo, el fenómeno de la corrupción en las instituciones del estado nicaragüense no es nuevo. Acostumbrados a la vida fácil, muchos políticos y funcionarios han vendido gustosamente su alma al diablo para mantener un nivel de vida que nada tiene que ver con lo que ganan “nominalmente” y esto, en un país donde la institucionalidad y el estado de derecho son tan frágiles, es fácilmente detectable por los grandes carteles de la droga, convirtiendo a nuestro territorio en presa fácil de sus tentáculos. Hay muchos ejemplos de esto, que no es de ahora, sino veamos. Durante los años 80´s, el Capo colombiano Pablo Escobar Gaviria estableció sus redes en Nicaragua bajo el amparo oficial. Eran los años de la famosa triangulación creada por Escobar con Panamá, Cuba y Nicaragua para el trasiego de la droga, en cuya operación quien pagó los platos rotos fue el General Arnaldo Ochoa ya que fue fusilado por el régimen cubano. Años después de la muerte del “Patrón”, a como le gustaba que le llamaran a Escobar, han salido en varios libros escritos por gente muy cercana al Capo los vericuetos de esta nefasta asociación. En dos de ellos, uno escrito por la amante de Pablo, Virginia Vallejos “Amando a Pablo, Odiando a Escobar” y otro escrito por Astrid Legarda “El Verdadero Pablo, sangre, traición y muerte”, se habla profusamente de esta sórdida relación entre supuestos “revolucionarios” y quien fuera el jefe del mayor cartel de drogas del mundo.

En el primer atentado al World Trade Center, el 26 de Febrero de 1993, durante los allanamientos a los sospechosos de haber planeado y ejecutado el ataque, se encontraron pasaportes nicaragüenses extendidos por autoridades nacionales. En el año 2003, el mismo Primer Comisionado de la Policía Edwin Cordero, en una “cándida” declaración que sacudió los cimientos de toda la sociedad, por increíble que parezca legitimaba el hecho de que a sus soplones la policía les pagaba con drogas, incautadas a su vez al narcotráfico. Aunque tuvo que retractarse por presiones de sus antecesores, Caldera y Montealegre, ya el daño y la confesión estaban hechos. 

En el año 2004, nos enteramos cómo un Magistrado de la “Honorable” Corte Suprema de Justicia hace desaparecer 600 mil dólares capturados al narcotraficante Luis González Largo y alegremente se los reparte con otro u otros, en un alarde de impunidad y cinismo. A pesar de haber cometido un flagrante delito que ensuciaba al máximo tribunal de justicia del país, la cosa quedó ahí. Eran los felices años del pacto y todo quedaba entre socios. Entre el año 2004 al 2008, el “Honorable” Magistrado Presidente del CSE “extrajo” 407 millones de córdobas de la institución, burlando todas las normas de control gubernamental. A través de facturas falsas y empresas igualmente falsas, Rivas aumentó su patrimonio familiar a costa del erario público, sin que nadie tuviese nada que señalar, en el colmo de la desfachatez y el encubrimiento gubernamental. 

En el año 2008, el miembro de las FARC Alberto Bermúdez (a) “El Cojo” recibió cédula nicaragüense en un trámite expedito que ni los mismos nacionales lo pueden disfrutar. Bermúdez se encontraba en Nicaragua desde un año atrás, posiblemente en acciones de tipo logístico para la guerrilla colombiana. En el año 2011, nuevamente Roberto Rivas Reyes fue acusado en la vecina Costa Rica por enriquecimiento ilícito, siendo requerido a partir de este año por las autoridades ticas. Aviones, mansiones, vehículos de lujo, valiosas propiedades en el mar y un largo etcétera no bastan, ni siquiera, para sonrojar a un gobierno que se auto llama Cristiano, Socialista y Solidario. Ninguna autoridad nacional se ha hecho eco de la denuncia tica y más bien da la impresión que el Magistrado de Facto goza, además de su ilegal inmunidad, de total impunidad para delinquir tanto dentro como fuera del país.

Corrupción aparte, surge ahora el caso Ozuna, que por las aristas que presenta pareciera ser que forma parte de un juego a mayor escala y todo indica que el hermano de la recién nombrada Presidenta del PLC será quien pague los platos rotos de la fiesta. Existen algunos elementos para presumir que Ortega ha decidido tomar al toro por los cuernos en su relación con los Estados Unidos y ha subido el tono en un intento de negociar al filo de la navaja, conociendo cuáles serían los puntos débiles de la actual Administración Obama. 

En el mes de Mayo se dieron varios eventos que se hace necesario analizar para comprobar que nada de lo que pasa en el país es producto de la casualidad. El primero de ellos fueron las declaraciones de la Embajadora de los Estados Unidos Phyllis Powers cuando argumentaba el porqué estaba difícil la aprobación de los Waivers, un golpe en la cara a Ortega y sus comparsas “capitalistas y burgueses”. El segundo fue la respuesta de Bayardo Arce Castaño, asesor económico de Ortega, cuyas declaraciones eran una amenaza velada de dejar de lado el compromiso de Nicaragua con los norteamericanos en la lucha contra el narcotráfico, la inmigración ilegal y el terrorismo a cambio de no meterse en los asuntos domésticos de Nicaragua. El tercer evento fue la captura de 44 cubanos ilegales en el Departamento de Ocotepeque en el occidente de Honduras el pasado 25 de Mayo. De acuerdo a las investigaciones de las autoridades hondureñas, los ilegales pasaron por Nicaragua como ultimo destino antes de llegar a tierras catrachas. Un cuarto evento es la condonación de la deuda contraída por Nicaragua con Irán durante los años 80´s. Esto ha sido paralelamente al anuncio de la visita del vicepresidente iraní a tierras nicaragüenses y el compromiso de conceder un préstamo de 250 millones de dólares, algo que se ve todavía más largo que el camino transitado para que nos perdonaran los 160 millones de dólares de la deuda. Finalmente, el quinto evento es la captura del Magistrado Suplente del CSE Julio Cesar Ozuna Ruiz, pieza importante en el trasiego del dinero narco en vehículos oficiales y la entrega de cedulas express a narcotraficantes. Cuesta creer que en este país donde existe un férreo control de todo el engranaje estatal, la actividad de Ozuna era desconocida para sus superiores, independientemente de que un trastabillante y desprestigiado Roberto Rivas Reyes haya jurado lo contrario en su patética conferencia de prensa.

No hace falta ser un avezado analista político para intuir que nuevamente Ortega juega con fuego, subiendo al máximo la apuesta para forzar una eventual negociación con Estados Unidos, cuyo objetivo final sería la aprobación de los Waivers, sobre todo el de la propiedad, que es el que mayor daño haría a su administración, toda vez que su rechazo bloquearía el acceso a fondos del FMI, el BM y el BID. Con un Chávez que aparentemente vive sus últimos días, la crisis europea encima, el corte de la ayuda bilateral de muchos países de Europa y atravesando una seria crisis de legitimidad, la negativa de las dispensas norteamericanas sería fatal para su gobierno. Es por eso que aparentemente ha decidido ir a fondo con el asunto y estaríamos una vez más en presencia de la práctica política orteguista del garrote y la zanahoria. El Garrote que representa la amenaza y el chantaje de disminuir la lucha contra el narcotráfico, la inmigración ilegal y el coqueteo con los iraníes y la Zanahoria expresada en la entrega de la célula del Cartel de la Familia Michoacana en Nicaragua, que dicho sea de paso, nadie o casi nadie sabía que operaba en el país, y el chivatazo a los hondureños que conllevó a la captura de los inmigrantes ilegales cubanos.

Un juego peligroso en que nuevamente Ortega pretende involucrar al país. Si antes fue una guerra fratricida que desangró al país, ahora sería algo mucho peor: caer totalmente en las garras del narcotráfico. México, Colombia, Guatemala y El Salvador son algunos ejemplos de estados sometidos a este flagelo y que se deberían evaluar muy bien antes de continuar con esta loca aventura. 

ENTRE DIGNIDAD Y TRADICIONALISMO POLITICO

Luego de anunciado el calendario electoral, dicho sea de paso caprichoso y hecho como un traje a la medida de los intereses orteguistas, los partidos políticos que poseen personería jurídica, 18 en total, han tenido que entregar la carta de intenciones exigida por el Consejo Supremo Electoral, como un requisito previo para poder participar en los próximos comicios del 4 de Noviembre. Demás está decir que dicha carta de intenciones no es mas que un chantaje al que ya se acostumbró el magistrado presidente de facto Roberto José Rivas Reyes, para presionar a los partidos políticos a aceptar todas las arbitrariedades contenidas en el famoso calendario, el que fue presentado una vez que las leyes enviadas a la Asamblea Nacional desde la presidencia inconstitucional fueron aprobadas, nos referimos a las leyes conocidas como 50 – 50 y la que triplica a los concejales en las alcaldías municipales.

A partir de esto y luego de conocidas las irrelevantes reformas a la Ley Electoral con la que Ortega pretende confundir a la opinión publica nacional y engañar a la comunidad internacional, el debate gira en torno a si la “oposición” debe ir a no a las elecciones municipales. Teniendo como marco de referencia dos elementos de indiscutible importancia, los informes de las misiones de observación de la Unión Europea y el de la OEA, se impone el análisis de esta decisión que para la inmensa mayoría de la población “está mas clara que el ojo del piche”, según el decir popular, aunque para algunos dirigentes políticos todavía es una situación de vida o muerte para sus aspiraciones o ambiciones, según sea el caso. Y nos estamos refiriendo a lo que la gente de a pie considera la legítima oposición, no a aquellos partidos que todos identifican como aliados, apéndices, infiltrados o mercenarios a sueldo del orteguismo. Nos referimos a la Alianza PLI, por la que miles de ciudadanos de este país confiaron su voto y depositaron su total confianza en la fórmula de Fabio Gadea y Mundo Jarquin, la Esperanza Democrática para Nicaragua.

La principal recomendación, de las muchas que hicieron las dos Misiones de Observación, se remitía fundamentalmente al Consejo Supremo Electoral, a quien señalaron en términos muy diplomáticos como carente de prestigio profesional, falto de perfil independiente y no neutral. Ambas delegaciones coincidieron en lo que todos los nicaragüenses ya sabemos, por que lo hemos sufrido en carne propia: 1) Que la institución a cargo de contar los votos está totalmente desprestigiada por tener como antecedentes tres fraudes consecutivos: las municipales del 2008, las regionales del 2010 y las nacionales del 2011 y eso sin contar el “pequeño fraude” del 2006, dado que seis años después aun no entregan el restante 8 % del total de votos emitidos en dichos comicios. 2) Tampoco son independientes porque el Consejo mismo, al igual que el resto de instituciones del Estado nicaragüense, han sido cooptadas por el orteguismo en un proceso de demolición de la institucionalidad y el estado de derecho que dio inicio en enero del 2007. 3) Mucho menos que sean neutrales, donde “liberales” y orteguistas por igual responden al caudillo en el poder e inclinan la balanza hacia los intereses de este, al inicio guardando las apariencias (2006) y al final de manera descarada, consumando cuanto fraude haya que cometer con tal de dar la victoria al que les mantiene el cargo contra viento, marea y la Constitución. Al mejor estilo de la Guardia Nacional, que leía a como quería, estos impresentables cuentan los votos también a como quieren.

Las acciones llevadas a cabo  por el Consejo en lo que va del proceso electoral  municipal, ni generan confianza ni demuestran imparcialidad, que es precisamente lo que reclama la población nicaragüense y la comunidad internacional. Pretenden nombrar los Concejos Electorales Municipales y Departamentales (CEM y CED) antes de la conformación de las alianzas, lo que “inocentemente” conllevaría a que los partidos aliados del orteguismo ocuparían la mayoría de los cargos en dichas instancias, segundo y tercer eslabón del fraude en los territorios, siendo el primero las JRV. Sin embargo, la actitud conformista mostrada por el PLI – VCE ha dejado mucho que desear y tanto más que lamentar. La votación con la que se aprobaron las reformas enviadas por Ortega no hacen mas que confirmar lo que es un secreto a voces, de que existe un proceso de negociaciones entre el orteguismo y el Movimiento Vamos Con Eduardo (MVCE), encaminado a repartir los cargos en las instituciones del estado, mismas que estarían en un punto muerto por la pretensión de los “negociadores” de Montealegre de retener 3 magistrados en el CSE ante el ofrecimiento de Ortega de entregar solamente dos y la condición irrenunciable de este ultimo de mantener a Roberto Rivas en la presidencia del Consejo.

Estas razones serían las causas del retiro de la Alianza de Maximino Rodríguez, líder del Movimiento Liberales con Visión de Nación y veterano luchador por la democracia en nuestro país, quien se integró desde niño a las filas de la Contrarrevolución en los años 80´s. Desilusionado y frustrado ante la forma en que el eduardismo se ha comportado antes, durante y después de las elecciones nacionales del 2011, Maximino no está dispuesto a cargar con la pesada lápida que sepultará a quienes pretenden sustituir a Arnoldo Alemán en el puesto vacante del Pacto de los Mengalos. La pregunta que cabría hacerse es: Cuál es la garantía del partido PLI - VCE de que no le quiten la personería jurídica, a como ya le hicieron con ALN y se la entreguen a cualesquiera de las facciones del PLI que se la disputan y garantizarse el orteguismo de contar los votos con gente afín a ellos?; y de suceder esto ultimo, Valió la pena tanto desprestigio, perder la confianza de la gente como opción política creíble y dejar ante la población la percepción de haberse convertido en un partido pactista mas, de tantos que ha dado la historia del tradicionalismo político en nuestro país?.

En estos momentos cruciales de la historia, ni es válido ni decente alegar la pérdida de la personería jurídica para someterse a un nuevo fraude y someter a los nicaragüenses a  un nuevo escarnio electorero. Hay que recordarle a aquellos que tienen memoria corta, de que el PLI fue un referente histórico de dignidad y honorabilidad del liberalismo ante las pretensiones dictatoriales y continuista del viejo Tacho Somoza y que pasó muchos años sin personería jurídica, sin haber perdido su valiosa personalidad política y el prestigio de haber dado verdaderos estandartes de patriotismo a la nación; que el FSLN, el de Carlos Fonseca, el verdadero movimiento guerrillero que condujo al pueblo nicaragüense al triunfo sobre el dictador Somoza Debayle, jamás tuvo personería jurídica ni diputados en el parlamento somocista, fue perseguido a muerte por el somocismo, pero al final se alzó con la victoria ante un gobierno dinástico y dictatorial que se prolongó por 45 largos años, sencillamente porque supo rectificar sus propios errores y pudo interpretar los sentimientos del pueblo para poderlo conducir con éxito a la victoria.

Se trata de escoger entre terminar de una vez por todas con el tradicionalismo político o seguir por la senda que conduce a las componendas, al pactismo y a la traición. Se trata de pensar en el pueblo o en los mezquinos intereses personales, familiares y de un grupo reducido de caballeros que han hecho de la política un modus vivendi. Se trata de enfrentar con dignidad al régimen o continuar agachados recogiendo las migajas que este lanza desde las alturas del poder. Se trata de escoger entre al calor del pueblo o el frio vergonzante de los cargos gubernamentales cedidos por el dictador de turno. Se trata de elegir entre ir a unas elecciones en las que ya todos sabemos como será el resultado o de resistir con dignidad junto al pueblo que demanda acciones firmes de aquellos a quienes se les dio el voto para que fueran dignos representantes de la voluntad popular. Que no se equivoquen, si el pueblo está planteando que ni hay porqué ir a votar ni por quien votar, esto también los incluye a ellos.  

DE MENSAJES Y MENSAJEROS

En los últimos meses se ha incrementado el ir y venir de la clase política nacional en torno a las urgentes necesidades del partido de gobierno y su caudillo, abocados afanosamente en recomponer el panorama político nacional y superar la crisis de legitimidad en que está sumido a raíz del fraude electoral de Noviembre del 2011, el que hasta hace pocas semanas no era, ni mucho menos, la preocupación del inconstitucional Daniel Ortega, a todas luces indiferente a  los reclamos de la población por el asalto a la voluntad popular cometido en dichos comicios. La reacción de la comunidad internacional no se ha hecho esperar y por activa y pasiva, los mensajes enviados al régimen han sido dados en alta voz y por diversos mecanismos, poniéndolo por primera vez a la defensiva estratégica.

En efecto, las noticias llegadas de Venezuela o de Cuba, acerca del verdadero estado de salud del Presidente Hugo Chávez Frías y sus expectativas de vida, han encendido, y con justa razón, las alarmas del orteguismo acerca de la posibilidad de la disminución, o en el peor de los casos, del corte del inmenso flujo de recursos provenientes de la privatización de la ayuda venezolana. Divorciado de los europeos por la misma razón, el manejo discrecional de tanta plata, rescindió de la peor manera la generosa cooperación de muchos de los países del viejo continente y ni siquiera se inmutó por la cancelación de la Cuenta Reto del Milenio financiada por los Estados Unidos de América.

La alianza estratégica con un Chávez rebosante de salud y de petróleo, con inmensos mega proyectos en mente, con una oposición débil, fragmentada y desconcertada, la alianza táctica con una clase empresarial de cara mas a la repartición del enorme pastel económico que al restablecimiento de la democracia y el estado de derecho, con  la Administración Obama contenta por los cinco años en que Ortega hizo muy bien la tarea encomendada: lucha contra el narcotráfico, el terrorismo, la inmigración ilegal y la promesa de no desestabilizar a los vecinos centroamericanos, además de una fluida y sumisa relación con el Fondo Monetario Internacional, acatando todas las sugerencias dictadas por este en beneficio de una fortalecida estabilidad macroeconómica, le daban al régimen un amplísimo margen de maniobra a nivel interno para mediatizar y controlar cualquier intento de protesta por el fraude pasado y prepararse para agregar uno mas, el cuarto, el 4 de Noviembre próximo.

Sin embargo, las cosas no están saliendo a como lo planeado y en asunto de siete meses, un acelerado cruce de mensajes y mensajeros han inundado la atmosfera política nacional. El primero de ellos, en Noviembre del 2011, luego de finalizadas las elecciones nacionales, la comunidad internacional reaccionó al fraude con el informe de la OEA en la voz del Jefe de la Misión de Observación Electoral, Dante Caputo, en el que hacía serios señalamientos a la transparencia de los comicios. Posteriormente, en Enero de este año, se dan dos mensajes muy significativos, el primero de ellos en la persona del recién llegado Embajador de la OEA, el brasileño Ricardo Steinflus, quien prácticamente legitimaba el triunfo de Ortega al declarar irresponsablemente de que el conteo rápido llevado por ellos era compatible con los resultados finales dados por el CSE. Esto fue descalificado por el Secretario General, aunque la sensación que quedó fue de una maniobra dirigida desde Venezuela por Hugo Chávez, a la postre el gran elector de Miguel Insulza, ya que el desmentido fue mediáticamente menos importante que lo aseverado por Steinflus. En este mismo mes, la Secretaria de Estado Hillary Clinton golpeaba la mesa de Ortega anunciando la revisión de la ayuda económica a su gobierno y la aplicación de un agresivo escrutinio a los prestamos de los organismos multilaterales, lo que provocó una estampida hacia Washington de una delegación de empresarios enviadas por el mismo Ortega a cabildear en su favor.

En el mes de Febrero tocó el turno al Jefe de la Misión de Observación de la Unión Europea Luis Yáñez y su mensaje, aunque muy diplomático, fue lo suficientemente explícito como para dejar claro que: 1) El Consejo Supremo Electoral estaba urgido de magistrados con prestigio profesional, perfil independiente y neutral; 2) La necesidad de restablecer la observación electoral nacional; y 3) Atender la composición y funcionamiento de los Concejos Electorales Departamentales, Regionales y Municipales, así como las Juntas Receptoras de Votos. En total fueron 24 recomendaciones para mejorar el sistema electoral nacional y devolver la esperanza electoral a los nicaragüenses.

En Marzo, el mensaje estuvo a cargo de Daniel Ortega, quien atendiendo la recomendación personal del mismo Yáñez procedió a enviar a la Asamblea Nacional el proyecto de ley conocido como 50 – 50, en un claro guiño a los europeos. Aprovechó el impulso para introducir la iniciativa de ley que triplicaba los concejales en todas las alcaldías del país, una medida para aplacar los ánimos de su propia base, que hasta el día de hoy reclama por los famosos dedazos y de paso incluir en las listas de beneficiados a los partidos satélites, que para dar la sensación de alta participación en el proceso electoral municipal, correrían solos en el mismo.   

El mes de Abril fue uno de los más profusos en mensajes y mensajeros, ya que como es tradicional entre los políticos criollos de nuestro país, la Semana Santa ha servido para efectuar los amarres políticos y dejarnos amarrados al resto. El primer mensaje fue dado por Eduardo Montealegre, anunciando que se encontraba listo para sentarse a negociar con Ortega, enviando a su primo, el también diputado Mauricio Montealegre con un mensaje mucho mas claro: no se vetaba a Roberto Rivas y el triunfo electoral de Noviembre del 2011 era inobjetable y revestido de toda legalidad. El segundo mensaje lo hizo Ortega, quien manteniendo en el congelador a un solícito Montealegre, decidió prescindir de él y tratar de buscar un arreglo directo con los europeos, enviando al Canciller Santos a Bruselas e informar de las reformas electorales que enviaría a la Asamblea Nacional. Dichas reformas, por demás insustanciales y sin ir al fondo de las recomendaciones dadas por la Misión de Observación de la Unión Europea, fueron introducidas este mismo mes, Abril, dando Ortega un mensaje al PLI – VCE de que el papel asignado a estos seria únicamente el de aprobar las reformas electorales, lo que efectivamente y para vergüenza ajena, fue lo que sucedió.

El mes de Mayo posiblemente sea el más agitado de todos los anteriores, ya que luego de muchos meses de no tener, los Estados Unidos enviaron a la Embajadora Phyllis Powers a cargo de su delegación diplomática en Nicaragua, nombramiento resultante de una suerte de negociación entre Demócratas y Republicanos, estos últimos llevando el tono de la presión a Ortega. Powers, acostumbrada a climas políticos espesos tales como Irak, Colombia, Rusia, Jordania y Polonia, no esperó mucho para hacer llegar el mensaje que nadie en el gobierno, la clase empresarial y muchos “opositores” esperaban y mucho menos deseaban oír: la dificultad de la aprobación de los Waivers de este año, lo que dejaría en una posición nada cómoda para el régimen de cara al año 2013.

En este mismo mes, se han enviado cuatro mensajes mas que contrastan con la actitud timorata de parte de la clase política nacional: el de la Unión Ciudadana por la Democracia, UCD, el de Fabio Gadea Mantilla, líder de la verdadera oposición y ex candidato presidencial de la Alianza PLI, el del Movimiento Renovador Sandinista, MRS, y el del Movimiento Patriótico Republicano, MPR, expresando con la mayor claridad posible de que en las condiciones en que se estarían desarrollando las elecciones municipales, las mismas que ampararon y propiciaron el fraude de Noviembre del 2011, participar en ellas seria ser cómplices de un nuevo asalto a la voluntad popular, ya que ni habría por qué ir a votar, ni mucho menos por quién votar.  

ESTRATEGIA DEL ORTEGUISMO PARA LAS ELECCIONES MUNICIPALES

La semana anterior el magistrado presidente (de facto) del fraudulento Consejo Supremo Electoral, solicitado además por la justicia costarricense por acusaciones de Enriquecimiento Ilícito, Roberto Rivas Reyes, hizo la atrasada convocatoria a participar en las elecciones municipales del próximo 4 de Noviembre. Con la soberbia y pedantería que le caracteriza, anunció con bombos y platillos el calendario electoral y como de si algo nuevo se tratara, exigió la entrega del famoso documento de intenciones que en las elecciones nacionales recién pasadas también obligó a firmar a las alianzas participantes, con la intención de dar, adentro y afuera, una imagen de legalidad y pretender el tan rebuscado reconocimiento de los partidos políticos al gobierno y al adefesio de institución que mal dirige, desprestigiada a más no poder por los fraudes perpetrados a la voluntad popular en las últimas tres elecciones organizadas por estos impresentables personajes.

Luego del desastre nacional e internacional en que se convirtieron los pasados comicios, los que resultaron en la ilegal investidura presidencial del candidato inconstitucional por el también ilegal Rivas Reyes, el desprestigio institucional del Consejo Supremo Electoral es aún mayor, ya que los informes de las Misiones de Observación Electoral, tanto de la OEA como de la Unión Europea, lo convierte en el ojo del huracán del colosal fraude cometido a vista y paciencia, incluso de los mismos observadores nacionales e internacionales. La demanda de TODOS los que participaron como vigilantes de lo que debería haber sido un proceso justo, limpio y transparente, es la salida inmediata de TODOS los “magistrados”, que no está demás repetir, TODOS se encuentran con periodos vencidos, por lo que son ILEGALES, DE FACTO Y AL MARGEN DE LA CONSTITUCION. Otra cosa es que, en el reinado de la ilegalidad y la inconstitucionalidad en que ha caído nuestro país a partir del 2007, año en que inició la demolición del Estado de Derecho en Nicaragua, ellos no desentonen y estén al mismo nivel que se encuentran 38 funcionarios de los “poderes del estado”, presidente incluido.

Ahora y a pesar de cargar con semejante baldosa anti ética, inmoral y poco técnica, se pretende continuar con el circo electoral puesto en escena desde el 2008, en un intento de “normalizar” la situación del país y aparentar legitimidad a partir de la famosa carta de intenciones que obligatoriamente tendrían que entregar los partidos políticos, so pena de perder sus personerías jurídicas. Bajo este chantaje político y jurídico, el gobierno a través del Consejo Supremo Electoral armaría la comparsa del próximo 4 de Noviembre. Sin embargo, existen algunas consideraciones que desde ya se están barajando para garantizar las “nuevas victorias” previstas en las elecciones municipales.

En primer lugar está la participación del PLI, que como segunda fuerza electoral en virtud de los resultados de Noviembre del 2011, la Ley Electoral lo faculta para contar los votos con la primera fuerza, el FSLN. No hace falta devanarse los sesos para prever que, al igual que hizo con ALN, el orteguismo le dará la personería jurídica del PLI a alguien que “cuente” los votos como a ellos les interesa que se cuenten. En este sentido, se baraja formalizar la idea de aquella medida salomónica que tanto se habló después de las elecciones pasadas: respetar los diputados de la Alianza PLI, pero entregar la personería a una de las tres facciones que reclaman la legitimidad. En este caso, se menciona insistentemente que los premiados serán los que están alrededor del caudillo Virgilio Godoy, con la salvedad que la representación legal se la entregarían a quien en su momento fue el “Delfín” del anciano líder liberal, el célebre Wilfredo Navarro, esto posterior a su renuncia o expulsión del PLC y su reincorporación a la facción del PLI Godoyista. Esta movida garantizaría al orteguismo que nadie se dispare por su propia cuenta a la hora del conteo de los votos o que pretenda cobrar mas de lo debido por el tendido electoral, como el caso aquel conocido por todos, y trataría de atraer a algunos diputados de la bancada democrática. Navarro trataría de consolidar una bancada del PLI Godoyista, la que tendría el apoyo incondicional del orteguismo en la Asamblea Nacional. Se matan dos pájaros de un tiro: por un lado se garantiza el “correcto” conteo de los votos para que la Alianza de Ortega - Murillo conquiste al menos 135 alcaldías, con una abrumadora mayoría de concejales provenientes de los CPC en cada una de ellas y por otro lado, se fracciona la bancada democrática y por consiguiente, “la oposición” a Ortega.

En segundo lugar, se permitiría la participación de  ALN, quien de acuerdo a la Ley Electoral perdió su personería jurídica debido a la mísera cantidad de votos que obtuvo en Noviembre pasado. En este caso se alegaría jurisprudencia por otros casos similares en el pasado para garantizar que corran legalmente en la contienda municipal. Esta situación sería prácticamente igual para el Partido Conservador, quien perdió también su personería jurídica por las mismas razones de ALN. Ambos partidos correrían solos en las elecciones y si se preguntan quién financiaría a ambos después del desastre del 2011, la respuesta es la misma que todos están pensando. Del mismo cuero salen todas las coyundas, dice el refrán muy nicaragüense.

En tercer lugar y para dar la sensación de masiva participación en el proceso electoral, que ellos lo leen como apoyo y confianza en las autoridades electorales y a la gestión del gobierno, ademas entrarían al circo electoral: 1) La Resistencia Nicaragüense, con la promesa de cederle algunas alcaldías en el corredor de la guerra; 2) El PLC, quien todavía aspira, de la mano de un “reingenierizado” Arnoldo Alemán, a convertirse en la segunda fuerza política del país o al menos a ser recompensado por favores prestados en el pasado reciente, y 3) Algunos partidos satélites del orteguismo, sobre todo los vinculados a denominaciones religiosas evangélicas, con la promesa de que van a ganar unos cuantos concejales, de los no tan milagrosamente multiplicados.

Con esta estrategia, pretenden dar la sensación de que las “instituciones políticas” del país han dejado atrás los alegatos de fraude electoral y que, dada la “confiabilidad” del Consejo Supremo Electoral, estarían dando un voto de confianza a esta institución. Se da por descontado que toda esta trama contaría con la bendición del Gran Capital, los más interesados en alcanzar la estabilidad que tanto necesitan los negocios. Con el paso inicial dado por Ortega, de enviar a aprobación de la Asamblea Nacional las insustanciales reformas electorales, estaría dejando para una eventual negociación, mas de cara al exterior, el cambio de algunos rostros en el CSE. Esa sería su carta debajo de la manga, en caso de que los Estados Unidos y la Unión Europea presionen por la transformación de tan desprestigiada institución. Tal a como se maneja públicamente, porque no han tenido empacho en anunciar sus mezquinas ambiciones personales, algunos diputados dizque opositores, ya estarían listos para “sacrificarse por la patria” y asumir las magistraturas que tenga a bien Ortega concederles.

Habría que ver que de esto aprobaría el pueblo nicaragüense, harto del tradicionalismo político del que han hecho gala muchos filibusteros de la política criolla durante tantos y tantos años. Es casi seguro que, al igual que don Fabio Gadea, la inmensa mayoría se quede en sus casas contemplando como, en otra repetición del fraude del 2008, el orteguismo anuncia con bombos y platillos un nuevo triunfo electoral el 4 de Noviembre.   

DESESPERADA BUSQUEDA DE LEGITIMIDAD

Durante los últimos días hemos visto acciones desesperadas del comandante Ortega intentando le legitimidad de su inconstitucional tercer periodo, no solo al interior de su desgastada militancia, sino también dirigida hacia el exterior, en la búsqueda afanosa de recuperar la confianza perdida por la comunidad internacional, Europa y Estados Unidos fundamentalmente, originada por los tres fraudes consecutivos en sendos procesos electorales: Elecciones Municipales del 2008, Elecciones Regionales del 2010 y Elecciones Nacionales del 2011.

En efecto, primero fue la iniciativa de ley conocida como Ley 50 – 50, un invento que roza con la Ley Electoral, dirigido a aplacar el descontento de las mujeres, el sector más golpeado por las constantes e inalcanzables alzas de la canasta básica, que según fuentes oficiales del BCN, al mes de Marzo se encontraba en C$ 10,095.40, habiéndolo recibido en C$ 2,937.70 de manos del Presidente Bolaños. Son las mujeres, la inmensa mayoría pobres, las que más están sufriendo el impacto del elevado costo de la vida, a partir de la llegada de Ortega al poder en el 2007, ya que son ellas las que tienen que hacer malabares para que alcance el presupuesto familiar, con el agravante de que lograr un empleo digno y estable es cada día más difícil de conseguir, amén de los salarios de hambre a los que hay que conformarse. Son las mujeres las que tienen que soportar la inmensa carga de ser padre y madre en una buena parte de los hogares nicaragüenses, sea porque los hombres están fuera del país buscando el empleo que no encuentran aquí o sencillamente por irresponsabilidad. Sin embargo, esta ley está muy lejos de servir de consuelo a miles y miles de mujeres que no alcanzarán en las listas del partido para aspirar a cargos públicos, toda vez que sean los comisarios políticos quienes escogerán a las elegidas para vivir del erario público.

Pero esto no bastaba, el asunto de quedar bien con las mujeres estaba zanjado, ahora el problema estaba en meter a la mayor cantidad posible de ellas y como dice la canción “Nuay cama pa´tanta gente”, por lo que surgió la genial idea de triplicar los concejales en todos los municipios. Con esto se solventaba el problema interno y se hacía espacio para incluir también a los aliados que harán el coro en el próximo circo electoral del 4 de Noviembre. Se asegura que no habrá incremento del presupuesto, ni mayores gastos por la iniciativa, algo que ni ellos mismos se lo creen, a menos que los candidatos a ocupar las concejalías y los nuevos cargos que acechan bajo el anuncio de “Concejos Ampliados”, se conformen con recibir migajas salariales en momentos en que el comandante Ortega está solicitando un aumento de salarios a sus funcionarios del gobierno central. O habría que preguntarle a la militancia que, igual que la mayoría de la población atraviesa difíciles condiciones económicas, si es ejemplar que la cúpula se enriquezca desproporcionadamente e incursionen en cuanto negocio se les ocurra  gracias a los petrodólares chavistas y a ellos les pidan que el poco salario que ganan como concejales, ahora lo tengan que repartir entre tres. Socialista, Cristiana y Solidaria la petición, pero el ejemplo que dan los de “arriba” en nada se parece a lo que les están pidiendo a los de “abajo”.

Resuelto, aparentemente, el problema a lo interno, queda lo más complicado, convencer a la comunidad internacional que las recomendaciones hechas a raíz del fraude electoral por las Misiones de Observación Electoral de la Unión Europea y de la OEA serán atendidas. La situación internacional, decíamos en Editoriales anteriores, es la que se le presenta a Ortega más complicada. 1) Serios señalamientos hechos por parte de la Unión Europea motivados por el fraude electoral del pasado 6 de Noviembre,  lo que ha alentado a que mas países y agencias de cooperación anuncien su decisión de suspender la ayuda a nuestro país, la última de ellas, la Agencia de Cooperación Catalana; 2) la amenaza del rechazo a la aprobación de los dos Waiver previstos para este año por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos, lo que repercutiría en el acceso a los fondos concesionales del Banco Mundial, el FMI y el BCIE, entre otros; 3) la precaria salud de Hugo Chávez, quien al parecer ya asumió la irreversibilidad de su situación personal, lo que dejaría un complicado escenario político en Venezuela, ya que el chavismo tendría que optar por nombrar al sucesor de Chávez en el más breve plazo o ir a las elecciones de Octubre próximo con un candidato moribundo, lo cual, en ambos casos no es garantía de victoria electoral, a menos que de Nicaragua se envíe en calidad de refuerzo a Roberto Rivas para “asesorar” a los que contarán los votos en Venezuela. El cuarto elemento de la situación internacional lo representa la crisis económica mundial, que a como se está viendo, tendrá un efecto muy fuerte en Nicaragua, ya que somos excesivamente dependientes de muy pocos productos de exportación, mismos que están viendo disminuidos sus precios en el mercado externo.

Ante este sombrío panorama internacional, Ortega tomó la iniciativa enviando a su Canciller a Bruselas para anunciarles el paquete de reformas electorales que se introducirían a la Asamblea Nacional, en la búsqueda de calmar los ánimos de los europeos y tratar de disminuir las eventuales presiones económicas que es de esperar sean ejecutadas si no se atienden las recomendaciones hechas por la Misión de Observación Electoral. Con esto pretende “matar dos pájaros de un tiro”, ya que también seria la carta de presentación que le mostraría a la nueva Embajadora de los Estados Unidos, próxima a venir al país, como una muestra de su repentina reconversión e interés por la democracia, las elecciones libres, justas y transparentes.

Sin embargo habrá que ver si ellos permitirán que les den “atol con el dedo” a como pretende Ortega, acostumbrado a dárselo a los nicaragüenses, ya que la principal demanda nacional e  internacional y condición sine qua non para devolver la esperanza electoral a la nación, es la salida inmediata de TODOS los magistrados del Consejo Supremo Electoral, los que, además de ser funcionarios de facto, están señalados con pruebas fehacientes, masivas y documentadas, de violentar la decisión soberana del pueblo en los tres últimos procesos  electorales y para rematar el asunto, su presidente, el magistrado de facto Roberto Rivas Reyes, ha sido señalado de innumerables actos de corrupción al frente de la institución que dirige y está siendo esperado en Costa Rica para que responda a las acusaciones de enriquecimiento ilícito que se le imputan, ya que en Nicaragua goza de la total impunidad que le garantiza el mismo Ortega, por los mismos delitos por los que es acusado en la vecina del sur. 

Finalmente, pareciera ser que esta ofensiva diplomática y legislativa está dejando por fuera a aquellos que pretendían ser los interlocutores de un nuevo pacto, el que aparentemente ya no es del interés de Ortega, debido a que considera que está lo suficientemente fuerte a nivel nacional y asume que con la debilidad mostrada por la oposición, la comunidad internacional se verá obligada a tener que entenderse con él. A los que ansiaban convertirse en los sucesores de Arnoldo Alemán, solamente les quedará la triste misión de aprobar todo lo que el dictador envíe a la Asamblea Nacional, sumándose al coro vergonzante del “Grupo de los 63”, so pena de no agarrar los cargos que de seguro ya les tienen escogidos. 

CAMBIO DESCARADO E ILEGAL DEL SISTEMA POLITICO

Las decisiones tomadas por el orteguismo en los últimos días evidencian de manera descarada el cambio de sistema político en el país. No podría esperarse menos de un gobierno y un presidente inconstitucional ”legitimado” por un Consejo Supremo Electoral de facto y con autoridades en los demás poderes del estado también ilegales, fraudulentos y al margen de la ley.

A partir del 2007, año en que Ortega accedió al poder en elecciones cuyos resultados todos aceptamos, a pesar de que a la fecha aún se desconoce el paradero del 8 % de los mismos, se ha venido desmontando paulatina e indeteniblemente el sistema político y de gobierno que recibió de manos del ex presidente Bolaños y que a su vez este recibió de los dos gobernantes anteriores a él, Arnoldo Alemán y doña Violeta Barrios de Chamorro, quienes transformaron el sistema político heredado de la Revolución, que entre sus mayores problemas dejaban el mal recuerdo y la casi institucionalización del hegemonismo del partido único, la visión totalizante y totalitaria de la sociedad, la conculcación de las principales libertades y derechos de los nicaragüenses  y la concepción de un estado policíaco.

Si bien es cierto que los gobiernos de la post guerra trataron de restablecer la democracia en nuestro país, tampoco es menos cierto que este proceso sirvió para que grupos de vivianes se coludieran con el poder de turno y aprovecharse del erario público, en la continuidad del latrocinio somocista  que enriqueció a no pocos delincuentes de cuello blanco, quienes tenían como excusa el haber sido confiscados por la Revolución, confiscación de riquezas muchas de ellas producto del robo y saqueo a las arcas del estado.

Durante los 16 años de gobiernos neoliberales democráticos, el actual es neoliberal - dictatorial, Ortega y el orteguismo participaron de todas las decisiones tomadas en todo este periodo, sea por que gobernaron desde abajo o cogobernaron por la vía del chantaje, la presión o el pacto. Quieranlo o no, son parte indisoluble de la historia de esos 16 años de gobierno. Así, estuvieron en la privatización de las empresas de la CORNAP y la repartición de las del APP, en la privatización de los servicios públicos, electricidad y telefonía, en la quiebra de bancos, en la repartidera de cargos de las instituciones del estado, en la privatización del sistema de salud a través de las Empresas Medicas Previsionales, vilipendiadas y muy bien aprovechadas por ellos, en la aprobación del CAFTA, del que renegaron a más no poder, pero no tuvieron la valentía de asistir a la Asamblea a votar en contra de él, por oportunismo o por el eterno doble discurso que manejan para afuera y para adentro del partido.

Ahora, la situación ha cambiado y con un Ortega dueño de una cuantiosa fortuna hecha gracias, y no podía ser de otra forma, al abuso del poder y estando al frente de un gobierno autoritario y dictatorial en el que maneja a su gusto y antojo todos los resortes del gobierno y del estado, resulta necesario asegurar la continuidad del poder, aun en las peores condiciones. De hecho, las condiciones internacionales se presentan altamente desfavorables en estos momentos y en el futuro inmediato, toda vez que su mecenas y patrocinador Hugo Chávez no continúe en la escena política, amén de que los Estados Unidos aun no se deciden a aprobar o negar los famosos Waiver, sobre todo debido al profuso cabildeo hecho en los propios Estados Unidos, orientado por los operadores económicos del gobierno, por un sector del empresariado nacional, lo que ha dejado un margen de duda a la Administración Obama.

Sin tener clara la sucesión en Venezuela y con un serio cuestionamiento a la legitimidad y legalidad de su tercer mandato y segundo consecutivo (violatorio del Arto. 147 de la Constitución) por parte de Europa y los mismos Estados Unidos, Ortega está tomando todas las previsiones posibles para continuar manteniendo esos resortes de poder aun estando nominalmente fuera del Gobierno, posiblemente a través de un Referéndum Revocatorio amarrado previamente con la “oposición” pactista, en caso de que la situación internacional se torne inmanejable. Por eso vemos que las últimas medidas tienen que ver con asegurar la hegemonía orteguista pasando encima de la Constitución y las leyes. Por eso es que aun no se deciden a llamar a las elecciones municipales, hasta no tener asegurado el control de no menos de 135 alcaldías, sea con mayoría propia, con dóciles aliados, con topos o a través de “opositores a la medida”. 

La ley 50 – 50, persigue, además de haber sometido al tanteo la capacidad de aguante de los diputados opositores ante la violación flagrante de la Constitución, buscar como congraciarse con el voto y la voluntad de las mujeres nicaragüenses, mediante un grosero acto populista y propagandístico, que pretende contrarrestar el creciente malestar de las amas de casa, cuya economía familiar se encuentra seriamente golpeada debido al inalcanzable costo de la canasta básica. El recién aprobado código de la familia pretende, además de dividir nuevamente a las familias nicaragüenses, darle estatus de orejas oficiales a los CPC hasta en el seno mismo de los hogares, en una reedición aumentada y corregida de los fracasados CDS de triste recordación. Por último, la próxima propuesta a aprobarse en la Asamblea Nacional de triplicar el número de concejales en las alcaldías municipales, busca como mantener la mayoría orteguista en los Concejos Municipales, de paso aplacar las demandas de democracia interna hecha por miles y miles de militantes del partido orteguista en la mayoría de los municipios del país y garantizar que todos aquellos partidos de alquiler que vayan a las elecciones municipales tengan su premio con alguno que otro concejal. El mensaje es, indudablemente, que todos alcanzaran en la nueva repartidera de cargos en los municipios porque el partido vela y se preocupa por ellos.  

Leyes aprobadas al margen de la legalidad, que violentan la constitución misma ya que contradicen la Ley Electoral de innegable rango constitucional, pretendiendo subordinarla en una maniobra burda a la Ley de Municipios o usando a esta ultima como la vía para legalizar lo ilegal. En todo caso se trata de un nuevo intento de transformar nuestra democracia representativa, la misma con la que Ortega recibió el poder en el 2007, en una democracia directa, en la que el pueblo es Ortega  y Ortega encarna al pueblo mismo. En el peor de los casos, estando fuera del poder, tomar las decisiones basado en la hegemonía que tendría asegurada con todos los resortes del poder en sus manos, ya sea en las instituciones del estado, en las alcaldías municipales, en el barrio, en la cuadra y en el hogar mismo.

Una perversión facistoide a la que el pueblo consciente, no lo dudamos, la rechazara una vez más.  

RESTITUCION DE DERECHOS ENERGETICOS SOLO PARA UNA FAMILIA

Para nadie es un secreto que los precios del petróleo son los que definen el costo de la vida en nuestro país. De este depende el costo de la tarifa eléctrica, que es la que determina de manera importante los costos de producción y por consiguiente el precio final de lo que compramos en el mercado. Si sube el petróleo, sube el costo de la tarifa eléctrica y si sube la luz, sube todo aquello que usa energía eléctrica para producirse.

La famosa Matriz Energética, que no es más que la relación existente entre las distintas fuentes de generación eléctrica, todavía nos hace excesivamente dependientes del petróleo para generar energía. En Nicaragua, aproximadamente el 75 % de la energía que se genera es a base de derivados del petróleo y el 25 % restante es generación Hidroeléctrica, Eólica, Biomasa y Geotérmica. Mientras esto no cambie, seguiremos condenados a sufrir en carne propia las alzas constantes del precio del crudo, cuya tendencia en el mediano plazo es a continuar incrementándose ya que son recursos no renovables, independientemente de que se anuncie del descubrimiento de nuevos yacimientos petroleros. Cualquier alza en el precio del petróleo, impacta en los precios de los combustibles, ya sea el que se utiliza en el transporte o el que se utiliza para generar electricidad, Fuel Oil o Bunker y esto a su vez impacta en los precios de la canasta básica, el dolor de cabeza de la población nicaragüense.  

Si la leche es refrigerada, sube el precio del litro de leche en la pulpería porque el pulpero tiene que pagar más en su recibo de luz debido al incremento del mismo por usar la mantenedora, la refrigeradora o el freezer. Suben las verduras y los vegetales porque el costo del transporte ha subido debido al alza semanal del combustible. Sube el precio del arroz porque el costo de la energía que utilizan los equipos de riego aumentó y ese costo lo tiene que pagar el consumidor no el productor. Suben los frijoles porque, además de la escasez del producto debido a las exportaciones, hay que sumarle el costo del transporte para llevarlo del productor al mercado, debido al alza del diesel o de la gasolina. En fin, los ejemplos abundan para clarificar que dependemos del petróleo como el pez del agua y que cualquier movimiento alcista del barril de crudo nos afecta de manera directa.

El alza puede ser debido a mayores costos de producción en los países donde se extrae o debido a la especulación que los grandes intermediarios mundiales hacen para inflar el precio y sacar las mayores ganancias posibles. Se calcula que el costo de producir un barril de petróleo son aproximadamente 15 dólares. La especulación se puede originar por noticias alarmantes o sencillamente por hechos que a lo mejor nada tienen que ver con la realidad. La guerra en Irak, la posibilidad de que Israel ataque a Irán y la amenaza de bloquear el Estrecho de Ormuz, inclusive el lanzamiento de un cohete norcoreano ha servido de excelente excusa para elevar artificialmente los precios del barril de petróleo a nivel mundial. Igualmente se puede aumentar el precio del barril cuando hay un convenio entre privados y ambos, comprador y vendedor, deciden poner un sobreprecio a su valor real, como pareciera ser que ocurre entre Nicaragua y Venezuela, ya que estamos pagando desde el año pasado mas de US $ 15 dólares por barril encima del precio fijado al crudo de Texas (WTI) que es el que sirve como referencia  a esta parte del mundo. Los países que no producen petróleo, como el nuestro, están condenados a sufrir el impacto del vaivén de los precios en sus economías, ya sea por las condiciones de los productores o por el capricho voraz de los agentes intermediarios y comercializadores.

En el caso de Nicaragua, desde el año 2007 fue suscrito un convenio petrolero con Venezuela, supuestamente de Estado a Estado, que nos garantizaría el suministro del crudo en condiciones súper favorables, ya que la factura petrolera se pagaría el 50 % a tres meses y el restante 50 % a 25 años. Esto significaba la posibilidad de tener combustible a menores precios y que el cambio de la matriz energética se diera al menor costo posible para todos nosotros, ya que el gobierno no estaría agobiado, a como lo estuvieron los anteriores, por pagar de inmediato el petróleo importado, una factura que ha sido una pesada carga en nuestra débil economía. Habría un compás de espera que serviría como un colchón para amortiguar la transición tan esperada entre la generación a base de derivados del petróleo y la generación mediante fuentes más baratas y renovables.

La famosa Matriz Energética sería finalmente transformada y las economías familiares a su vez serían altamente beneficiadas. Una bendición para los nicaragüenses, que no solamente se despedirían de los famosos apagones que nos atormentaron durante 26 años, sino que la mejoría de las condiciones de vida estaba a la vuelta de la esquina, ya que lo que pudiera considerarse como un ahorro, podría ser dirigido hacia otras áreas que habían estado esperando ser atendidas: infraestructura vial y productiva, salud, educación, viviendas, inversión en desarrollo tecnológico, desarrollo de la agroindustria, etc. etc.

Sin embargo, hay cosas que son demasiado buenas para ser verdad y lo que en realidad pasó fue que un convenio entre dos estados soberanos se convirtió de la noche a la mañana en un convenio privado entre el Estado venezolano y un grupo familiar, que poco a poco se fue convirtiendo en el mayor emporio empresarial del país y por cosas de la vida, este grupo familiar resultó ser también la familia gobernante. Del 2007 a la fecha se calcula, según cifras oficiales venezolanas, que el usufructo del convenio en mención ronda los U$ 2,500 MILLONES DE DOLARES, sin incluir las ganancias provenientes de la privatización ilegal de las plantas donadas por Venezuela y Taiwán, las que basadas en el convenio con el Ministerio de Energía y Minas, MEM, se tiene que pagar a los “inversionistas” US $ 14.0352 por Kilowatt hora de potencia instalada durante los quince años que dure el convenio, independientemente de si generen o no energía, el pago por generación es aparte. La capacidad instalada nominal de acuerdo a la información del INE es la siguiente: las plantas Hugo Chávez 291.20 MW y las plantas Che Guevara 231.20 MW, sumadas ambas disponen de 522.4 MW, equivalente al 47.76 % de la capacidad instalada nacional. Para tener una idea de lo que esto significa, durante el año 2011 la demanda máxima anual en promedio fue de 569.5 MW.

Haciendo números nos daríamos también una idea de las ganancias actuales y futuras por las famosas plantas generadoras, a las que habría que agregar las correspondientes al manejo del monopolio de la importación del petróleo. Estas ganancias deberían estar siendo usufructuadas por el pueblo nicaragüense, no por un grupo empresarial familiar. Deberían de estar contribuyendo al desarrollo del país, no enriqueciendo a una casta de nuevos empresarios inescrupulosos. Deberían de estar incidiendo en disminuir los precios del combustible tanto para el transporte público como el privado. Deberían estar subsidiando el costo de la tarifa eléctrica para dar un respiro a la economía familiar de todos los nicaragüenses, en vez de estar financiando al estado para convertir en deuda pública una deuda privada. De ser una bendición para el país, el convenio petrolero con Venezuela se ha convertido en una maldición que nos condena a vivir endeudados quien sabe por cuantos años con el prestamista de la familia que, con la misma plata del petróleo, le presta al estado nicaragüense para supuestamente subsidiar combustible y luz, préstamo que tendrá que ser pagado por los consumidores, ya sea con el aumento de la tarifa eléctrica o a través del presupuesto de la nación. Un negocio mas que redondo en el que muy pocos participan y en donde el pueblo es el invitado de piedra a cuyo nombre, igual que siempre, se conquistan nuevas victorias.